El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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El tema del desarrollo económico surgió después de la II Guerra Mundial (1939-1945), asociado con la Guerra Fría. La razón fue que las condiciones sociales de los países de Asia, África y América Latina, a los que también se llamó el “Tercer Mundo”, podían resultar explosivas y favorables a proyectos socialistas, con temor del derrumbe del capitalismo. La preocupación de los países del “Primer Mundo” fue promover el “desarrollo” del Tercer Mundo. En los Estados Unidos comenzaron a aparecer los teóricos “expertos” en desarrollo, como W. W. Rostow, autor de The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960), que tuvo enorme influencia y que pretendía fundamentar cinco etapas de obligado ascenso al desarrollo, siempre vinculadas con el modelo de economía “libre” de los EE.UU., es decir, solo en camino al capitalismo.
 
En América Latina la institución que, además de integrar a prestigiosos investigadores, supo realizar pioneros estudios sobre el “subdesarrollo” de la región fue la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada por las Naciones Unidas en 1948. Sus teorías contrastaron con las que provenían de los EE.UU. y ofrecieron soluciones contrarias e innovadoras frente a las de los expertos del Primer Mundo. El golpe inesperado llegó con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y el camino que este país inició, que finalmente sería el del socialismo. El terror a un desenlace parecido en cualquier otro país latinoamericano condujo a que durante la presidencia de J. F. Kennedy (1961-1963) se planteara el plan “Alianza para el Progreso” como instrumento para impulsar el desarrollo de América Latina. Por cierto, Rostow pasó a ser Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y luego presidente del Consejo de Planificación Política en el Departamento de Estado.  Y esa especie de “Plan Marshall” para la región formó parte de una estrategia de largo plazo para el fortalecimiento del modelo norteamericano de economía “libre” frente al ruso-comunista, acompañado del objetivo por lograr la primacía militar y en el espacio (que llegó al primer descenso humano en la Luna) y fortalecer la hegemonía de los EE.UU. La reconocida economista Mariana Mazzucato, en tres obras: El Estado emprendedor (2014), Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo (2021) y en Cambio transformacional en América Latina y el Caribe: un enfoque de política orientada por misiones (2022), tomó como ejemplo esos procesos, para fundamentar sus concepciones sobre la necesidad de las políticas de Estado para la actualidad, rechazando la visión neoliberal que intenta arrinconarlo y hasta suprimirlo en su acción económica.
 
De aquella época al presente hay un contraste abismal. El desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 en América Latina, con clara participación estatal en la economía y que en países como Ecuador sirvieron para superar el escandaloso atraso de su sociedad (el “cuadro del subdesarrollo”, en un conjunto de índices muy propio de la época, ocupaba el primer lugar en América del Sur, junto con Bolivia), progresivamente fue abandonado. Se articularon la crisis de la deuda externa en 1982, las intervenciones del FMI, la consolidación del reaganismo y la indetenible expansión de la ideología neoliberal entre las élites latinoamericanas, a raíz de la globalización transnacional provocada con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. En la región cambió todo el lenguaje económico sobre el desarrollo y, además, sobre el bienestar humano colectivo. Y en la vía señalada se abandonó la construcción de teorías económicas propias de la región, como lo había postulado la CEPAL, y se pasó a manejar las reducidas consignas de los grupos económicos, con un recetario que ha caracterizado la conducción de los gobiernos empresariales latinoamericanos y de los presidentes-empresarios. Entre ellos se repite, hasta el presente: achicar al Estado, aliviar o suprimir impuestos, privatizar bienes y servicios, transferir recursos públicos y nacionales al sector privado, “liberar” mercados, flexibilizar/precarizar las relaciones laborales y nada de redistribución de la riqueza generada por el trabajo social apropiado campantemente por las elites económicas, que disfrutan de una vida de privilegios.
 
Fueron los gobiernos progresistas del primer ciclo y ahora también los del débil segundo ciclo, los que recuperaron el sentido del desarrollo y, sobre todo, el del bienestar colectivo. Sentaron caminos para la construcción de economías sociales. Por eso sus políticas han chocado no solo con la visión del FMI y de los EE.UU. sino, ante todo, con las élites empresariales que se acostumbraron a la captura del Estado a su favor, durante las décadas finales del siglo XX. Con el libertarianismo, como nueva ideología que da un paso adelante frente al neoliberalismo y que es inducida por el triunfo presidencial de Javier Milei en Argentina, esas élites se han decidido por abandonar, definitivamente, cualquier sentido de justicia social (https://t.ly/csmv3). Sólo se interesan por el progreso de sus negocios y la acumulación de mejores rentabilidades. Y eso confunden como “desarrollo”. De este modo, la economía puede crecer (en cuanto al PIB) y hasta lucir como modernas, con incremento del consumismo y la inundación de mercancías de todo tipo, que llenan supermercados y centros comerciales en urbes que acumulan construcciones y edificios, pero sin lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población, cuya ruina no llega a solucionarse en el largo tiempo. Además, en países como Ecuador, aparecen claros signos de reconfiguración de economías oligárquicas, primario-exportadoras, con hegemonía del capital financiero, comercial, especulativo y el crecimiento de las “economías ilegales”, en manos de mafias que han logrado penetrar en instituciones del Estado. Un nuevo cuadro del subdesarrollo latinoamericano, para el cual no tienen respuestas el neoliberalismo ni el libertarianismo, ya que son los causantes de esta sui géneris época histórica del siglo XXI latinoamericano. La reconcentración agresiva de la riqueza es el signo actual, como lo ha constatado la misma CEPAL. Es tajante la diferencia con los cambios reales que han encabezado los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Lula en Brasil. En Colombia, el camino hacia una economía social conducido por el presidente Gustavo Petro está amenazado por la reacción de los sectores que disfrutaban del control del poder para garantizar sus privilegios.
 
Economías sin desarrollo, es decir sin promover el bienestar colectivo, unidas al dominio estatal de élites neoliberales/libertarias, no solo han provocado democracias oligárquicas (https://t.ly/F9O14), como la que vive Ecuador, sino que no ofrecen un futuro que haga posible el mundo mejor. Y se unen potencias del Primer Mundo que anteponen sus geoestrategias de hegemonía internacional, sin comprometerse en programas de acción conjunta con los países subdesarrollados, para superar, definitivamente, las condiciones estructurales que alimentan la pobreza y el mantenimiento del deterioro en la calidad de vida y trabajo de la mayoría de las poblaciones.

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En 1977, la prestigiosa Editorial Siglo XXI publicó el libro El desarrollo del capitalismo en América Latina, del reconocido sociólogo ecuatoriano Agustín Cueva (1937-1992), obra de interpretación histórica que ganó el Premio Ensayo promovido por la misma empresa. Agustín, con quien mantuve una cercana amistad, examinó, desde la perspectiva teórica, las estructuras precapitalistas como la fuente primaria del subdesarrollo de la región; trató sobre la conflictiva estructuración de los Estados nacionales y cómo se manifestaron las luchas sociales; hasta cuándo rigió el proceso de acumulación originaria de capitales y cómo se conformó el “desarrollo oligárquico dependiente del capitalismo”, las desigualdades que generó y la consolidación de los Estados oligárquicos; prosiguió con los procesos industriales y su incidencia en la superación del régimen oligárquico; las economías de la postguerra mundial en medio de la acumulación de contradicciones sociales; hasta llegar a los años 70, cuando la acumulación capitalista profundiza las desigualdades, agrava la concentración y centralización de los capitales y de la riqueza y, además, acude al fascismo abierto para mantener la nueva era del crecimiento capitalista, visible en las dictaduras del Cono Sur, a partir de la instauración de la sanguinaria dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Desde la época de aquellos pioneros trabajos sobre el capitalismo latinoamericano entre los cuales destacó el de Cueva, han pasado cuatro décadas y media. Las investigaciones han crecido sobre todo por el fortalecimiento que adquirió la economía política entre las ciencias sociales de la región. De manera que hemos avanzado no solo en conocimientos, sino en el esclarecimiento de épocas pasadas y en la previsión de lo que determina el presente histórico. Hoy está muy claro que el modelo neoliberal adquirió su definitiva fisonomía en las décadas de 1980 y 1990. Su consolidación estuvo en manos del FMI, el capital transnacional y, sobre todo, la acción de gobiernos latinoamericanos que, bajo el supuesto de que el neoliberalismo era la alternativa mundial una vez derrumbado el socialismo de tipo soviético, adhirieron a la “nueva” ideología, convertida en la causa definitiva de las burguesías latinoamericanas. Las consecuencias del que podríamos llamar “primer ciclo neoliberal en América Latina”, son desastrosas, por cualquier lado que se examine. Las informaciones y estadísticas lo comprueban, y basta con acudir por internet a los diversos documentos publicados, ante todo, por la CEPAL, pero también por el FMI, el BM, el PNUD o la OIT. Y, más allá de los “datos”, están las vivencias de los pueblos, que han sido afectados por el incremento del desempleo, el subempleo, el arrastre de los derechos laborales, sociales y ambientales.

Ante semejante cuadro cabe preguntar si el neoliberalismo trajo algún “desarrollo” para América Latina. Sin duda, ocurrió un claro avance y modernización del capitalismo. Hasta podría decirse que hubo “desarrollo” dentro del subdesarrollo capitalista histórico que sigue caracterizando a la región; pero en ningún caso se produjo desarrollo con bienestar social y capaz de, por lo menos, aliviar el abismo entre ricos y pobres, que ha hecho de América Latina la región más inequitativa del mundo. Como reacción a ese primer ciclo neoliberal sobrevino el primer ciclo de gobiernos progresistas y de nueva izquierda, que promovieron economías de tipo social, cuyos logros contrastan con los del neoliberalismo e igualmente cuentan, para los “datos” necesarios, con el mismo tipo de informes de los organismos internacionales, además de los estudios nacionales, en cada país.

Como en una especie de reacción pendular, continuó el segundo ciclo neoliberal, sucedido por un tibio y focalizado segundo ciclo progresista. Pero son las insuficiencias y límites del neoliberalismo los que han provocado que surja una nueva opción capitalista: el libertarianismo anarco-capitalista, que por primera vez en la historia ha triunfado en Argentina con el presidente Javier Milei. Como se observa desde toda la región, el intento por construir la utopía del mercado libre y de la empresa privada absoluta, sin Estado, ha adquirido una velocidad insospechada y las reformas pretendidas a través de la ley DNU (https://t.ly/TB-3D) y del decreto “ómnibus” (https://t.ly/2pO6a) amenazan con arrasar todo lo que signifique obstáculo al sueño del paraíso del empresariado privado, un proceso que no se ha intentado en los Estados Unidos o Japón y peor en Europa, donde rigen economías sociales, a pesar de los medianos avances neoliberales. No se ha descartado la imposición de la utopía libertaria a cualquier costo y, de ser necesario, con la represión a todo movimiento social, con lo cual se está conformando una nueva época de democracia-restringida que utilizará a las fuerzas armadas y policías al servicio de la “casta” de capitalistas, como ya ocurrió en Argentina durante la dictadura militar 1976-1983. 

Volviendo a Agustín Cueva, América Latina se halla en una etapa de aguda confrontación entre clases sociales, reviven los intereses oligárquicos, se afirman las estrategias americanistas en alianza con las burguesías internas, quedan traumatizadas las instituciones del Estado y en camino a la picota los derechos históricamente conquistados por los pueblos de la región. Esto no es desarrollo. Es la profundización del subdesarrollo histórico, que posterga el bienestar colectivo y la posibilidad de promover mejores condiciones de vida y trabajo para las poblaciones.

Para remate de este movimiento acelerado de la historia, en Ecuador el bloque de poder empresarial-neoliberal y derechista, constituido desde 2017 gracias al gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), ha convertido al país en el más inseguro de América Latina durante ese gobierno y más profundamente en el de Guillermo Lasso (2021-2023), un primer y tibio ensayo “libertario”, que resultó un fracaso. Y no hay, hasta el momento, ni un solo signo de que el desarrollo con bienestar social podrá despegar en algo con el transitorio gobierno de Daniel Noboa. El interés se ha concentrado en crear zonas francas, las alianzas público-privadas, la reforma laboral y el fortalecimiento de la represión para tratar de detener el imparable avance de la delincuencia organizada, una política que desea obtener respaldo popular mediante la convocatoria a una consulta popular, en la que, de paso, se introduce una pregunta para revivir “casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar” (https://t.ly/YU8mr), que son, paradójicamente, los vehículos a través de los cuales se logra “lavar” los dineros irregulares, como bien se conoce en el mundo. Desde la perspectiva económica, todo apunta a la continuidad del neoliberalismo, ahora más adecuado a los intereses de la que ha pasado a ser la burguesía más tercermundista en la región.

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Una vez iniciado el proceso de juicio político, el 16 de mayo, pasado el mediodía, el presidente Guillermo Lasso acudió ante la Asamblea Nacional. En la intervención no solo hizo su defensa, sino que enfatizó en la “estabilidad” del país, utilizando una serie de . Sin embargo, a las 7am del siguiente día, en cadena de radio y tv, anunció el decreto 741 por el que disolvía la Asamblea, aplicando la “muerte cruzada” y utilizando la causal de “ y ”.

El 18 de mayo, entrevistado por , Lasso no solo volvió sobre su defensa, argumentó contra el “bloqueo” permanente de la Asamblea, aclaró la “constitucionalidad” de su decisión, y dio a conocer que reunió a sus funcionarios del Estado para decirles: “tenemos que hacer, en 5 o 6 meses, lo que nos tocaba hacer en los próximos 2 años”. Pero, además, remarcó: “la decisión de disolver la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, es precisamente para detener un plan donde primero venían por mí, luego por la Fiscal, luego por el Contralor, por el Procurador y por más instituciones del Estado. Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado, para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente (se refiere a Rafael Correa), que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia”.

En una intervención igualmente difundida al país, las Fuerzas Armadas y Policía anunciaron respaldar la decisión de Lasso y sentenciaron que es “”. Mucho más tarde la Corte Constitucional desechó toda demanda de inconstitucionalidad, con un argumento sorprendente: “no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna otra autoridad judicial en el ”. Y, como no podía faltar, también el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick dijo que Estados Unidos “respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador” y “seguirá trabajando con el gobierno constitucional, la sociedad civil, el sector privado y el pueblo ecuatoriano”.

Así es que el cuadro está completo. Por primera vez en la historia de la democracia ecuatoriana, un presidente fue sometido a un juicio político, interrumpido con la “muerte cruzada”. Un gobierno con desaprobación ciudadana entre el 80 y 90%, similar a la que ha tenido la Asamblea Nacional, ha querido evitar el bochorno internacional de la destitución por presunto peculado, al mismo tiempo que se auxilia en la Constitución de 2008, la del “correísmo-chavismo”, como ha sido atacada desde las derechas políticas y “”.

El gobierno de los gerentes, de los “libertarios” que soñaban en el paraíso neoliberal, de quienes saben hacer la riqueza, administrar el Estado como una empresa, generar trabajo y hacer buenos negocios, fracasó en dos años y termina social y políticamente derrotado. Como ya ocurrió en el pasado con el gobierno del millonario León Febres Cordero (1984-1988), los empresarios en el poder otra vez han demostrado carecer de la visión y los conocimientos capaces de dar solución a las deterioradas condiciones de vida y de trabajo de la población y de promover el desarrollo nacional con bienestar. Han creído que la economía está bien cuando funciona exclusivamente para su beneficio. Solo que esta vez se suma la imparable delincuencia y la inseguridad, un fenómeno que comenzó a ascender durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien revivió el modelo empresarial-neoliberal, y que ha explosionado, en forma inédita en la historia republicana, durante el gobierno de Guillermo Lasso, de acuerdo con los múltiples informes y que existen sobre el tema. Desde luego, solo a las mentes que han apoyado estos “cambios de rumbo” se les ocurre pensar que la inoperancia, ocasionada con el “achicamiento del Estado” por parte de dos gobiernos de las derechas económicas y políticas sucedidos desde 2017, son consecuencias de las herencias del “correísmo”.

La crisis política que ha vivido Ecuador solo parece actual; pero si se atiene a las palabras del presidente Lasso, viene desde mucho antes, pues “desde el inicio de mi gestión, en cuatro ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido”, esto es, desde junio 2022, cuando, según el mandatario, se produjo la protesta de “los violentos” (el movimiento indígena) unidos a la Asamblea. Bajo la lupa sociohistórica, es el resultado de la conflictividad y de la polarización sociales que solo han crecido.

El gobierno endosa a cada uno las responsabilidades: la Asamblea disuelta; el PSC, antiguo socio político, cuestionado por su “alianza” con el “correísmo” que el mismo niega; el “correísmo” atacado por querer retornar al Estado y, por cierto, aceptando una salida política que su máximo líder reclamaba hace tiempo (aunque Correa califica la decisión de Lasso como “”; los movimientos sociales y particularmente los indígenas descalificados, reprimidos y al borde de ser considerados “terroristas”. La discusión jurídica sobre el tema, que viene desde todos los ángulos imaginables, aunque es importante, tiene el riesgo de desenfocar el telón de fondo de las realidades socioeconómicas del país.

Hablando con perspectiva histórica, lo que se ha producido es una solución política temporal, que conduce a que las próximas elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo dentro de los 6 meses, se conviertan en el espacio de disputa para la reconfiguración de las fuerzas sociales en el control del Estado. Pero, lo que está atrás de todo este drama es la conducción económica. Si Ecuador no encara la definitiva sepultura del modelo empresarial-neoliberal y oligárquico reconstruido desde 2017, no habrá cambios en el rumbo nacional y peor desarrollo con bienestar humano y colectivo. Y, por lo que declara el mismo mandatario en retirada (“A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes…”), en los próximos meses, el bloque de poder de las derechas económicas y políticas, buscará que queden blindados, con un aparato legal ultraliberal, los intereses de la poderosa y atrasada oligarquía ecuatoriana. Ha resultado memorable que, haciendo suyas las famosas palabras del expresidente Jaime Roldós (1979-1981), atacado de “comunista” por las élites del poder de su época, el presidente Lasso repita: “Mi poder en la constitución y mi corazón en el pueblo ecuatoriano”.

Foto: Diario 1

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 “El Director Distrital del MIES-Guaranda fue cesado de forma inmediata de su cargo debido a los acontecimientos de dominio público, que comprometen los principios de esta administración e incurren en una falta grave (…) se ha procedido con el inicio de una investigación a los funcionarios que estuvieron involucrados”, expresó el MIES.

En un video que se viralizó en redes sociales se observa a un grupo de funcionarios del MIES saliendo en estado de embriaguez de un centro infantil. Esta no sería la primera vez que el funcionario utilizó las instalaciones del centro y los vehículos para libar, informó Comunicaciones Bolívar.  

“El director haciendo cantina. Señor Max Chango diga por qué hace cantina y todos los colabores suyos oliendo a cantina. Porque se agacha, sea varón Hable señor Max Chango” manifestó un usuario su inconformidad. (A.M.B)

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“El Gobierno nacional debe preocuparse por todo el sector agrario. Las organizaciones campesinas, indígenas, negras y montubias son actores importantes y pedimos que cumplan lo que ofrecieron en campaña: los créditos al 1%, el arreglo de carreteras de los caminos vecinales, la reapertura de las escuelitas rurales, es decir, disminuir la pobreza en el área rural”, dijo el presidente de la organización, Gary Espinoza.  

El dirigente explicó que la pobreza rural está en el 51% y la pobreza extrema en le 27%. “Esperamos que el Gobierno pueda sintonizarse con los sectores más encarecidos del país. Por eso presentamos esta propuesta que ya está en la presidencia de la República. Aspiramos que el Gobierno no se haga de oídos sordos y que digiera esa propuesta para encontrar solución a los problemas nacionales”.

“En el marco de la amplia participación de la Fenocin hacemos una propuesta al gobierno nacional, con el fin de que se ofrezca un diálogo nacional público con la Federación. Planteamos el rechazo total a las políticas del fondo monetario internacional. Pedimos la reactivación económica con lo que cumplió en campaña y la democratización de las instituciones educativas”, añadió el dirigente Luis Mullo

Los pedidos

Entre los pedidos que propone la FENOCIN están:

• Derechos de la naturaleza.
• Soberanía alimentaria.
• Desarrollo productivo.
• Género y generacional.
• Agricultura familiar campesina.
• No concesionar a las empresas públicas.
• No a la minería en territorios ancestrales y fuentes de agua.
• Derogar el sistema de fijación de precios de los combustibles.
• Rechazo a las medidas fiscales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional.
• Cobro de deudas a las grandes empresas y bancos privados.
• Nueva ley para la banca pública y reformas al sistema financiero.
• Condonación de deudas, multas e intereses del ex Banco del Fomento.
• Democratización de la entrega de frecuencias de radios comunitarias.

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