Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

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UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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Este fue suscrito en 2020 y se renegoció en 2021 por un total de USD 6.500 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció ayer que alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con el FMI y que el país estará sujeto a menos revisiones en 2022, lo cual es un signo de confianza.

Si el país cumple con las «metas previstas» por el FMI este desembolsaría a Ecuador USD 700 millones para diciembre de este año. Este desembolso es adicional al de USD 1.000 millones en caso de que el Directorio Ejecutivo del FMI apruebe las dos revisiones planteadas.

«Parte de las discusiones ha sido como ir reorientando, dado el contexto internacional, dada la crisis internacional, dado los mayores precios del petróleo, e ir priorizando más gasto público y algo más de pago de atrasos que implica liquidez», manifestó el Ministro Simón Cueva, en rueda de prensa.

El programa actual con el FMI prevé un ajuste de 4.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), es decir USD 5 mil millones, hasta 2025. Cueva aseguró que para alcanzar esto, sumarán mayor gasto en vialidad, unos USD 160 millones. Con ello se alcanzarían 3.5 puntos del PIB y otro de contribuciones tributarias.

El FMI desembolsa USD 1.000 millones a Ecuador

Sin embargo, hay objeciones del lado del FMI. Este cuestiona la lentitud para auditar a Petroecuador y Petroamazonas. Ceyda Oner, jefa de la Misión del FMI para Ecuador, explicó en un comunicado que el inicio de las auditorías se ha visto retrasado. A ello se suma que tampoco emitieron las directrices de contratación pública. «Un rápido progreso en estos aspectos será esencial para la culminación de las revisiones combinadas».

El programa actual con el FMI finaliza en diciembre de 2022, no obstante, el ministro Cueva no descarta un posible acuerdo de extensión aunque no se sabe si el país llegue a requerirlo. «Hay muchas opciones posibles», aseveró.

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El organismo internacional autorizó el desembolso inmediato de USD 800 millones para el país, que servirán para financiar el Presupuesto General del Estado.

“La aprobación realizada por el Directorio del FMI demuestra que el Ecuador está actuando de manera responsable, transparente y seria en su manejo económico”, dijo el ministro de Económica y Finanzas, Simón Cueva.

Asimismo, aseguró que el respaldo del FMI le permitirá al Ecuador acceder a más financiamiento, desde otros organismos multilaterales. Según información del Ministerio de Finanzas estos recursos permitirán garantizar la atención de los programas de protección social a la población vulnerable.

Desde septiembre del 2020, el Ecuador mantiene con el FMI un programa SAF, de 27 meses de duración, por USD 6.500 millones. El año anterior recibió USD 4.000 millones; en este año está previsto acceder a USD 1.500 millones; y el próximo año a los USD 1.000 millones restantes.

La evaluación del FMI

El FMI señala que es urgente emprender reformas estructurales, fundamentadas en un diálogo nacional. Asimismo, asegura que las acciones para establecer nuevos acuerdos internacionales de comercio y reformar el mercado laboral pueden ayudar a fomentar el crecimiento del sector privado y la inversión extranjera directa.

Los directores, entre otras medidas, elogiaron las recientes enmiendas de la ley del banco central orientadas a su independencia. También recomendaron elaborar un plan para subsanar las deficiencias regulatorias, establecer condiciones igualitarias y reforzar el sistema financiero en general.

Indican que es necesario el establecimiento de topes presupuestarios en categorías clave de gasto a corto y mediano plazo. Así como avanzar con las reformas estructurales, para reforzar la gestión de las finanzas públicas.

Además, destacaron la necesidad de implementar reformas estructurales para mejorar la competitividad, reforzar el entorno empresarial y acelerar el crecimiento, impulsado por el sector privado.

De igual forma, insistieron en que es necesario redoblar esfuerzos para mejorar las declaraciones de activos de personas expuestas en el ámbito político, reformando el marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; y realizar auditorías tributarias.

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