Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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Quito, 24 julio (La Calle).- El Gobierno ecuatoriano implementa una reestructuración sin precedentes del aparato estatal que elimina 5.000 puestos de trabajo del sector público, como parte de un agresivo plan de eficiencia que transforma radicalmente la administración nacional. La portavoz gubernamental Carolina Jaramillo confirmó esta decisión durante el anuncio oficial de la fusión ministerial, estableciendo un nuevo paradigma en la gestión pública del país.

MINISTERIOS SE REDUCEN DE 20 A 14 EN REORGANIZACIÓN INTEGRAL

El Decreto Ejecutivo N.º 60 oficializa la fusión de ministerios y secretarías de Estado, concentrando las funciones gubernamentales en estructuras más compactas. La Secretaría General de Administración Pública ejecutará esta transformación institucional bajo la dirección del Gabinete de la Presidencia. «La idea es crear partidas que realmente sean necesarias», explicó Jaramillo, aclarando que «la supresión de estas 5.000 partidas no significa que se generarán otras 5.000 nuevas». Esta medida representa la mayor reorganización administrativa en décadas.

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FMI IMPULSA AJUSTE FISCAL QUE DESENCADENA DESPIDOS MASIVOS

El compromiso gubernamental con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelera los despidos masivos en Ecuador tras la ampliación del programa crediticio de USD 4.000 millones a USD 5.000 millones. El acuerdo internacional exige al Gobierno de Daniel Noboa implementar un ajuste fiscal de 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2025, escalando a 1,7 puntos en 2026. Esta presión financiera internacional convierte los despidos públicos en una herramienta obligatoria para cumplir las metas fiscales establecidas con el organismo multilateral.

TRANSMISIÓN CAROLINA JARAMILLO: https://www.youtube.com/@PresidenciaEc

FUNCIONARIOS RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN BASADA EN AÑOS DE SERVICIO

El reglamento gubernamental establece compensaciones económicas para los funcionarios de carrera afectados por la cesación laboral. Los empleados públicos recibirán cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, calculados desde el quinto año de trabajo y tomando como referencia el salario básico del 1 de enero de 2015. El monto máximo de indemnización alcanza 150 salarios básicos.

ECUADOR ENTRE LOS 10 PEORES PAÍSES PARA TRABAJADORES SEGÚN ÍNDICE INTERNACIONAL

Por segundo año consecutivo, Ecuador figura entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 2025. Esta clasificación convierte al país en el único representante sudamericano dentro de este grupo crítico, evidenciando un deterioro sistemático de las condiciones laborales nacionales. El ranking internacional refleja políticas gubernamentales que debilitan progresivamente los derechos sindicales y las garantías laborales, consolidando un entorno hostil para la clase trabajadora ecuatoriana en el contexto regional.

Los despidos masivos de funcionarios públicos marcan un punto de inflexión en la política laboral ecuatoriana, combinando presiones fiscales internacionales con una reestructuración estatal de gran envergadura. Esta medida, respaldada por compromisos con el FMI, transforma definitivamente el panorama del empleo público mientras Ecuador enfrenta cuestionamientos internacionales sobre sus políticas laborales.

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En total, se registraron 75.602 actas de finiquito, de las cuales 54.548 corresponden a hombres y 21.054 a mujeres.

La provincia de Guayas registró la mayor cantidad de despidos, con 23.192 actas, seguida de Pichincha, con 23.408 actas.

Razones de los despidos

La cartera de Estado reveló que la principal causa de los despidos en octubre de 2023 fue el acuerdo entre las partes, con un total de 46.931 actas de finiquito, lo que representa el 62,07 % del total.

La segunda causa más frecuente fue la conclusión de la obra, periodo de labor o servicios objeto del contrato, con 10.716 actas. Le siguió las causas legalmente previstas en el contrato, con 8.505.

En cuarto lugar se encuentra la terminación dentro del periodo de prueba, con 4.777 actas. El despido intempestivo fue la quinta causa más frecuente, con 2.988 actas. En último lugar se encuentra el desahucio, con 1.291 actas.

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Aunque en Facebook todavía postea, este se limita a contenido patrocinado. Tanto X (exTwitter) como Instagram no se han actualizado desde entonces. La misma suerte corre su página web.

El medio de comunicación ya arrastraba problemas con los pagos a sus trabajadores y extrabajadores. Se calcula que son decenas de periodistas, diseñadores y personal de otras áreas que se mantenían impagos por hasta tres meses.

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de CA El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron.

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¿De qué trata el decreto 457? De acuerdo con el documento son los lineamientos para el control del gasto público. Un mecanismo de control de las vacantes y trabajo en el servicio público. Entre otros artículos están. La eliminación de vacantes en el sector público si permanecen vacías por un tiempo de tres meses, sean éstas vacantes activas o inactivas.

En el artículo 32 se solicita la depuración institucional. La Presidencia, Ministerio de Trabajo y la Secretaría de planificación analizarán las unidades en el servicio público que no aporten significativamente y las eliminarán. Con lo que se generarán despidos.

El Ministerio de trabajo deberá mantener un registro de vacantes que se mantengan en el sector público para determinar su necesidad de permanencia. Además, las entidades que terminen con los nombramientos provisionales o los contratos de servicios ocasionales no podrán volver a contratar o incorporar a ese mismo o nuevo personal con cargo a proyectos de inversión.

El Ministerio de Trabajo se podrá abstener de autorizar la contratación de personal adicional en las entidades donde se decida conceder comisión de servicios o licencias sin remuneración a los funcionarios. Si la entidad lo hace, debe reasignar funciones a los miembros de área a la que pertenece ese funcionario contratado.

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Según reportes extraoficiales, los médicos habrían ganado acciones de protección para evitar ser despedidos de la casa de salud. Sin embargo, estos médicos que trabajaron en el área de COVID-19 durante toda la pandemia, fueron notificados.

La noche del domingo se conoció que el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín (HCAM) despidió a 52 médicos y enfermeras. La terminación de contratos ocasionales fue expedida el viernes 25 de febrero de 2022, en vísperas de Carnaval, por parte de la Unidad de Talento Humano de la casa de salud.

De héroes a desempleados

Hace pocos días, el presidente Guillermo Lasso felicitó a los galenos del país por el Día del Médico Ecuatoriano. Asimismo, agradeció el trabajo que han desempeñado. Sin embargo, los despidos al personal de salud en los hospitales públicos del país no han cesado durante su mandato.

«Envío un saludo fraterno a los médicos ecuatorianos en esta fecha tan especial, donde el país entero rinde homenaje a su profesión. Les expresamos nuestra admiración por su vocación de servicio y gratitud por su trabajo en la salud», señaló el presidente en su cuenta de Twitter.

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El periodista, Holguer Guerrero, denunció la situación en Twitter. Además, indicó que, supuestamente, el despido se debería a que el galeno tiene título de internista y no de infectólogo.

El documento que notificó el fin de la relación laboral indica que el doctor Jesús Elías Dawer contaba con un contrato ocasional, que no fue renovado para este período fiscal 2022.

Desde el inicio de la pandemia, el Hospital Pablo Arturo Suárez a tratado a pacientes con COVID-19. En ese marco, el periodista señala que se trata del único profesional que cubría el área y que al momento no existe reemplazo para su salida.

Despidos de médicos

Al inicio de la semana también se reportó el despido de 45 médicos de las unidades médicas de las Fuerzas Armadas y la renovación de contratos de galenos del IESS tan solo por 60 días.

Los médicos de la unidad médica de las Fuerzas Armadas fueron notificados de su despido a finales de diciembre de 2021. Además, se informó que el Ministerio de Trabajo no abrió nuevas plazas para participar en concursos de méritos y oposición.

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Una investigación realizada por el portal Periodistas Sin Cadenas expuso que “desde marzo del 2020 a noviembre de 2021, el Ministerio del Trabajo reportó la desvinculación de 22.948 trabajadores de la información y la comunicación.”

Al momento, extrabajadores de los medios públicos y medios privados como La Hora, El Comercio y El Universo se encuentran en medio de peleas legales por indemnizaciones justas y el pago de sus liquidaciones.

El trabajo periodístico señala también que hubo despidos con tintes de «represalia política». Además, recalca que aparte de los problemas que esto genera a los periodistas también “constituye un deterioro de la información que reciben las audiencias”.

Otra problemática importante generada por los despidos es que la carga laboral se duplicó para los trabajadores de los medios antes mencionados. Ahora, deben adaptarse a otros roles y generar contenido para las diversas plataformas.

Medios públicos

Los despidos e incertidumbre en cuanto a pagos y liquidaciones en los medios públicos iniciaron en 2017, durante el gobierno de Moreno. La situación se mantuvo hasta mayo del 2020, cuando Moreno decretó el cierre de estos espacios.

En marzo del 2021 se extendió el plazo para la liquidación y con Lasso en el poder la situación no cambió. El mandatario solo añadió otro aplazamiento para la liquidación de once instituciones públicas, entre esas, la empresa que contiene a los medios públicos.

De todos los casos este es el más preocupante, pues hasta el momento ha dejado a 500 personas sin trabajo.

La Hora, El Universo y El Comercio

Estos medios privados registraron varios despidos en 2020, bajo justificación de que los ingresos habían bajado debido a la pandemia. Varias de estas empresas expusieron que era complicado mantener sus ediciones impresas en circulación.

Lasso y su preocupación por El Comercio

Ayer, en horas de la tarde, el presidente Guillermo Lasso se reunió con extrabajadores de diario El Comercio para analizar su situación. Además, porque Fundamedios publicó un artículo donde señalaba que los trabajadores fueron afectados en su salud mental debido a la inestabilidad laboral.

Sin embargo, es claro que no solo los trabajadores de El Comercio son los afectados. La misma preocupación debería existir por los trabajadores de los medios públicos y los más de 6 millones de personas que trabajan en la informalidad o no tienen un empleo.

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“Eso tendrá que suceder en muchas instituciones públicas, porque hay trabajo que es inútil, que no es necesario, que no genera valor. Hay un objetivo que es producir más con menos recursos”, aseguró.

Argumentó que reducir el gasto, permitirá también reducir el déficit fiscal que es mayor a 4 puntos porcentuales del PIB, entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. Según dijo, el gobierno central recibe 21.000 millones por impuestos, tasas y otros servicios y gasta 25.000 millones.

“Yo creo que 21.000 millones es una cantidad inmensa de dinero. Muy mal administrada en los últimos 14 años, dedicados al despilfarro y a la corrupción”, señaló.

En entrevista con Vistazo, ante la tímida pregunta de la periodista, sobre qué les diría a las personas que van a ser desvinculadas, Lasso respondió: “El mensaje es claro: todos los ecuatorianos, no solo los empleados del sector público van a tener más oportunidades y opciones de empleo. También posibilidades de emprendimiento, a través de los fondos de promoción, que vamos a iniciar cuando terminemos una evaluación y un balance de cómo nos entregaron las instituciones financieras públicas”.

Afirmó que su plan es promover la inversión en sectores estratégicos como petróleo, minería electricidad. Según Lasso, esta inversión permitirá generar empleo para aquellos que lo pierdan en el sector público.

El mandatario aseguró que estima incrementar en 30.000 millones de dólares la inversión, en los próximos 4 años. “Esto en colaboración con el sector privado, porque el gobierno tiene una situación, cuyas finanzas no le permite invertir agresivamente. Necesitamos de la alianza público-privada para poder avanzar en ese camino, con el objetivo de crear empleo”, sostuvo.

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Según declaraciones de uno de los afectados, que pidió mantener su identidad en el anonimato, las notificaciones llegaron a partir del mediodía. Asegura que la gerente no dio razones, solo les indicó que era un “ajuste general”.

También les informó que la liquidación se pagaría en cuotas y que este proceso sería detallado a través del correo electrónico. El afectado asegura que no les explicaron cómo se hizo la selección o con qué criterios determinaron quienes serían desvinculados.

Señala que desde diciembre del 2020 hay falta de dinero en la empresa. Afirma que, desde entonces, recibían los pagos con retraso y eso continuó hasta la fecha. Los atrasos, dice, eran entre dos y tres meses. De igual forma asegura que no están al día con el pago de obligaciones en el IESS.

No sabe con exactitud cuántos trabajadores fueron notificados, pero indica que en el área de redacción son al menos 20 personas. Añade que en otras áreas también hubo reducción de personal. “En estos meses ha reinado la incertidumbre y la falta de información”, sostiene.

El afectado dice que, desde la venta del diario, se recortaron beneficios hasta que llegaron los despidos.

“Tampoco se conoce si esto implique el cierre del medio. Una de las opciones extraoficiales es que se digitalice totalmente. Ha reinado el hermetismo. Nunca nos dijeron que querían hacer”, afirmó.

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Según el documento, estas finalizaciones de contrato son parte de un proceso de reestructuración institucional y de una “política de manejo eficiente de recursos”. La institución asegura que los despidos representan menos del 1% de personal dentro de la plantilla total, de aproximadamente 38.000 servidores.

El IESS indica también que este proceso no se refiere solo a la desvinculación del personal, sino que es el resultado de una evaluación técnica de la estructura y de cargos que se crearon para proyectos que no se implementaron.

«Implica, además, el análisis de correspondencia de perfiles a los puestos y de partidas que no cuenten con el financiamiento para asumir el pago de los contratos”, señala el texto.

El IESS destaca que estas acciones se sustentan en la Resolución 634, aprobada en marzo de 2021 por el Consejo Directivo, que autoriza el proceso de reestructuración institucional.

Asimismo, sostiene que la optimización no afectará a los servicios y prestaciones de la seguridad social, en especial, las atenciones de salud.

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El documento señala que procederán a terminar contratos ocasionales que no ameritan continuidad o que presentan duplicidad de funciones. Asimismo, la institución asegura que han detectado contrataciones laborales sin contar con financiamiento.

Indican que este proceso se desarrollará hasta diciembre del 2021 y que esta reestructuración institucional no afectará los servicios, sobre todo, el de salud.

Sin embargo, desde el martes, se ha denunciado la desvinculación de varios funcionarios del IESS. Ayer, se notificó la terminación de contratos a 100 servidores públicos del hospital Carlos Andrade Marín (HCAM).

Extraoficialmente se conoce que solo en esta unidad médica se tendría previsto desvincular a unos 400 empleados, mientras que a nivel de toda la institución de seguridad social serían notificados más de 3.000 funcionarios, entre agosto y diciembre.

A inicios de julio, durante una visita del vicepresidente Alfredo Borrero al HCAM, los médicos exigieron los nombramientos para el personal. Los funcionarios indicaron que en este hospital se deben otorgar alrededor de 200 nombramientos.

De igual forma, pidieron garantías para su estabilidad laboral, pues han sido la primera línea de contención, siguen trabajando sin descanso, y hasta sin recursos durante la pandemia. La respuesta de Borrero a los médicos fue que se aplicará un censo nacional para dar solución a este problema.

Pero enfatizó en que la estabilidad laboral fue un ofrecimiento del Gobierno anterior. «Pero verá que es otro Gobierno el que ofreció», dijo.

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Se suman los datos del último periodo de Lenín Moreno entre (1 de enero y 23 de mayo de 2021) y los indicadores obtenidos entre el 24 de mayo y el 15 de julio del año en curso, correspondiente al periodo de Gobierno de Lasso. Un ejemplo, los contratos creados entre mayo y julio de 2021 se suman a los resultados de los últimos meses de Moreno, para dar un total de: 290.482.

Otro más: según la página del Ministerio de Trabajo existirían 31.000 personas en Teletrabajo, cuando 25.000 ya empezaron con esta modalidad en el periodo de Lenín Moreno y las restantes en esta administración.

Adicionalmente, se puede destacar que este Gobierno haya entregado 167.963 actas de finiquito menos que la administración de Moreno.

La administración de CREO, en cambio, registra más denuncias por incumplir el Código de Trabajo: 3.379 frente a los 2.330 de los últimos meses de Moreno. Ha emitido, además, 5.521 actas por despido intempestivo lo que representa la tercera parte de los emitidos entre enero y mayo.

El ministro de Trabajo Patricio Donoso que compareció hoy ante la Asamblea Nacional afirmó que se han recuperado 75.000 plazas de trabajo.

Esto quiere decir que habrían creado 1.293 empleos diarios desde el inicio de este gobierno. Lo que representa un alivio para poco más del 7% por ciento del más de millón de ecuatorianos que  se encontraba sin trabajo de acuerdo a los indicadores de 2020.

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Hoy, comenzaron a circular videos en redes sociales que daban cuenta de una compleja situación laboral en la empresa productora de bebidas PEPSI. Ecuador. Se trata de una trasnacional muy conocida por sus gaseosas y su auspicio a la Champions Europea, como se puede verificar en sus redes sociales.

Los videos dan cuenta del malestar de los trabajadores luego de recibir la noticia de que no continuarían en la empresa. Al recibir la noticia se organizan en los exteriores de la empresa y, a gritos, solicitan «sus cheques» y la presencia de una personal de talento humano. Los videos pronto se volvieron tendencia a nivel nacional.

Hace poco, situación similar se presentó en la empresa de productos lácteos Toni, y más recientemente en la firma Juan Eljuri, en Quito.

Para el abogado y escritor, Jorge Luis Cáceres, no es casual que estos problemas se presenten a fines de abril, inicios de mayo. “El asunto es las utilidades, las empresas prefieren, inclusive, despedir empleados que pagar este derecho”.

En algunos casos, señala Cáceres, la situación se origina porque estas empresas se rigieron por lo dispuestos por la Ley Humanitaria. Analizando el panorama a futuro, el abogado señala que estas situaciones serán todavía más frecuentes.

“Van a reaparecer en el escenario nacional las empresas tercerizadoras, que utilizarán vericuetos jurídicos, simplemente para no incluir a los empleados en la nómina principal y como es lógico para no pagar lo que por ley les correspondería”. Es decir, agregando a lo que manifiesta el entrevistado, sobresueldos y utilidades.

“Ahora que va a tener un empuje el sector privado, se espera que abran más puestos de trabajo, pero sin pagar lo que en realidad le corresponde al empleado”, sostuvo.

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Quito 29 de abr (La Calle).- En menos de cinco meses, decenas de trabajadores de Almacenes Juan El Juri protestan nuevamente en los exteriores del local de ubicado en la Av Orellana y Diego de Almagro en Quito. El plantón se debe a la falta de pago de sueldos y liquidaciones de los obreros.

El pasado 20 de noviembre de 2020, trabajadores de la misma compañía lideraron una protesta en los exteriores de uno de los locales en rechazo a los despidos que se habrían generado de forma intempestiva.

Trabajadores de TONI protestaron por entrega de USD 5 de utilidades

El pasado 14 de abril decenas de trabajadores de la corporativa TONI exigen respuestas a los propietarios de Tonicorp por la supuesta entrega de USD 5,41 por colaborador + 1,47 por carga familiar con lo que recibirían un total de USD 6,88 como utilidades. A lado de los valores se muestra la frase «A pesar de un año complejo y con grandes retos, cuidamos las plazas de trabajo».

Los obreros, decidieron paralizar sus actividades. A primera hora se reunieron en los parqueaderos de la empresa ubicada en Guayaquil para recibir una respuesta por parte de las autoridades.

¿Qué son la utilidades?

Hasta el 15 de abril de 2021, las empresas deben realizar el pago a sus trabajadores y extrabajadores de un valor correspondiente al 15% de utilidades del ejercicio del año anterior. Las utilidades son el pago que la empresa privada hace al trabajador de acuerdo a las ganancias obtenidas en este periodo. Para la determinación de este monto se toma en cuenta las declaraciones o liquidaciones del pago a la renta.

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Estos recortes se reflejaron sobre todo en la eliminación de empresas públicas y otras de bienestar social que fueron fusionadas o absorbidas por otras entidades.

De las 130 entidades adscritas al Ejecutivo con las que inició su gobierno, Lenín Moreno cerró el 2020 año con 111.

15 embajadas cerradas y una fusionada

12 empresas en proceso de liquidación, eliminadas o absorbidas

12 Ministerios y ministerios coordinadores eliminados o absorbidos

13 secretarías eliminadas o absorbidas

6 Institutos y 4 agencias eliminados, absorbidos y fusionados

Otros organismos

La eliminación de estas 68 instituciones representaron miles de despidos de personal. Muchos, hasta ahora, no han recibido sus liquidaciones correspondientes.

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«El #PeorGobiernoDeLaHistoria y @Telecom_Ec en conjunto con @CNT_EC les desean FELIZ NAVIDAD a más de 650 personas que trabajan el el proyecto de INFOCENTROS COMUNITARIOS», expresó Andrián Ibarra, exviceministro de Telecomunicaciones.

Ibarra dijo para Radio La Calle que «cuando es más evidente que los niños están tratando de normalizar la educación virtual, el Gobierno nacional toma esta decisión de la peor forma. Lo hace mintiendo, dejando sin trabajo a las personas que atienden en los infocentros».

El exfuncionario advirtió que el cierre de los infocentros comunitarios deja sin acceso a internet a más de cuatro millones de personas de 750 parroquias rurales. Este problema ya se venía anunciando desde marzo.

El Gobierno de las mentiras

La víspera, los trabajadores fueron despedidos sin previo aviso y mediante correo electrónico. «Los propios supervisores provinciales, que también fueron despedidos, avisaron a los trabajadores en cada una de las parroquias, de manera telefónica», explicó el exviceministro.

El exfuncionario dejó claro que el Gobierno «le miente al pueblo». Horas antes del despido masivo, el Gobierno nacional emitió un comunicado donde aseguró que los infocentros «continuarán operando».

A partir del próximo lunes 28 de diciembre del 2020, los perjudicados matedrán una reunión para tomar acciones frente al hecho, afirmó Adrián Ibarra. En 2008, los infocentros tomaron un frente de lucha ante la brecha digital; se impusieron a su cierre desde que inició la pandemia. Finalmente, el «Gobierno de Todos» deja en el desempleo a este sector.

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Los trabajadores fueron despedidos de forma intempestiva por Medios Públicos EP en el Gobierno actual.  Por esta razón se efectuó el embargo de bienes de TC Televisión, por el no pago de sus indemnizaciones y lo referente al contrato colectivo de los ex trabajadores de Cable Visión”, especifica el boletín de prensa emitido por los demandantes.

“Es lamentable que se haya tenido que actuar de esta manera para que los extrabajadores puedan al fin cobrar, cuando se pudo haber llegado a un acuerdo entre ambas partes”, concluye el documento.

Cabe recalcar que los afectados pertenecen al Comité de Empresa, que en 2018, ganaron una sentencia. Esta sanción forma parte del pliego de peticiones del conflicto colectivo, a través de un Juez de lo Laboral.

Protestas en TC Televisión

La sentencia refuerza las protestas de este año. Al menos doscientos extrabajadores de Cablevisión, Uminasa y cuatro radios protestaron en los exteriores del canal TC Televisión.

Los protestantes iniciaron una movilización sin obtener respuestas de las autoridades. Los manifestantes exigían el pago de sus liquidaciones y aportaciones al IESS. Ese mismo mes, el presidente de la República Lenín Moreno emitió un plazo para la extinción de la empresa Medios Públicos EP.

En 2008, el Estado incautó alrededor de 200 empresas pertenecientes al grupo Isaías, prófugos de la justicia y expropietarios del Filanbanco, así como de otras instituciones financieras. El actual régimen anunció un “manejo independiente del sistema público de información, incluyendo los medios incautados”, según el oficialismo.

Hace poco, en TC Televisión se presentó un programa en TC televisión, un programa cómico de orden político con presencia, en su primera emisión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. (GG)

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El FUT organizó esta marcha que se dirigió hacia el Ministerio de Trabajo. «¡Abajo la Ley Humanitaria!», «¡Fuera ministro de Trabajo!», entre otras, fueron las consignas coreadas en la protesta por los manifestantes acompañados de banderas, tambores, pitos y cornetas que llamaban la atención de los transeúntes.

También hubo muestras de rechazo al acuerdo firmado por el Gobierno de Lenín Moreno con el FMI.

«A mí no me renovaron el contrato y perdí mi trabajo; gracias a Dios mi esposa está trabajando en un taller de costura, sino no quiero ni pensar como saldríamos adelante. El Gobierno no ve por los ecuatorianos y se ha entregado otra vez al FMI».

Carlos Ramos, exempleado de una empresa pública.

Además de la marcha del FUT, un grupo de médicos, enfermeras y personal de servicio de uno de los hospitales del sistema público de seguridad social realizó el jueves una protesta pacífica en el sur de Quito para pedir que se les otorgue nombramientos en sus puestos de trabajo.

Educación pública afectada por el recorte presupuestario

Estudiantes y docentes de la Universidad Central del Ecuador se movilizaron en Quito para rechazar un recorte por 98 millones de dólares al presupuesto de 32 universidades y escuelas politécnicas.

Las jornadas de protestas son parte de una serie de movilizaciones en el marco de la conmemoración del primer aniversario del Paro Nacional de octubre de 2019.

Para el próximo 22 de octubre, el FUT convocó una gran movilización nacional en contra de la política económica del gobierno de Lenín Moreno.

Según datos publicados a inicios de agosto por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 1,8 millones de personas perdieron un empleo adecuado entre enero y junio de este año.

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Para el exministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, pone en evidencia los intereses para obtener recursos a partir de la sobreexplotación de la naturaleza. «Con la desvinculación del personal y el desmantelamiento del MAE se vislumbra un panorama sombrío en el país; diversos intereses económicos harán lo que sea para obtener ganancias a costa de la naturaleza», indicó Granizo en redes sociales.

El recorte causó malestar en varias organizaciones nacionales, ya que aducen que se está «desmantelando» a la autoridad ambiental en Ecuador. Aparte de la vulneración de derechos laborales, se genera un descuido del sector maderero, minero y la biodiversidad, por la falta de rigurosidad técnica.

 Ahorros de fin de año

El 30 de septiembre último, el Ministerio del Ambiente desvinculó a 398 funcionarios de distintas áreas  a partir de la fusión con la Secretaria del Agua a partir del Decreto Ejecutivo  de marzo del 2020.

Según el “informe técnico”  de la Dirección de Administración del Talento Humano del Ministerio del Ambiente y Agua, este proceso se realiza para optimizar  recursos.  El ahorro sería de un millón doscientos mil dólares aproximadamente, en los meses restantes de 2020.

En este marco, existe una incoherencia al momento de fusionar dos entidades que tienen propósitos diferentes. Granizo, director de WWF-Ecuador, rechazó los despidos y afirmó que  se debe explicar al país “¿cómo se cuidarán áreas protegidas sin guardaparques,  la contaminación sin personal o la vida silvestre sin gente preparada?”.

El análisis técnico emitido no muestra una justificación válida para el despido de los 398 servidores públicos. Si bien el eje de esta medida es, aparentemente, el ahorro económico, precariza, la acción de la autoridad ambiental central. (DC)

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