¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

Vea también: ¿Abuso del COA para remover presidentes de órganos colegiados?

En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

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Los ciudadanos se reunieron en la noche del 10 de mayo tras la aparición de un documento en donde los dirigentes daban su aprobación al proyecto Echo que busca construir un complejo de edificios en una zona considerada como bosque protector.

¿Qué pasó?

Las cosas en Olón subieron de tono cuando los comuneros se enteraron que parte de los dirigentes, sin consultarlos, firmaron una carta de apoyo para las operaciones que Vinazin planea hacer en Esterillo Oloncito.

Los miembros de la comuna recriminaron que la vicepresidenta Tomasa Suárez y cuatro personas más firmaran en apoyo a la empresa, donde la esposa del presidente es accionista mayoritaria. «Pensamos que iba a llamar realmente a una comisión. Esto es una burla para el pueblo, es decepcionante porque desde el inicio hemos estado aquí, con miedo, pero hemos estado aquí dando respaldo», le increpó uno de los ciudadanos.

Asimismo en la tarde, se reunieron exigiendo una Asamblea extraordinaria para destituir a una directiva que sería afín a los proyectos de la familia Noboa. No se sabe a ciencia cierto porque, dos días después de oponerse a la construcción en un bosque protegido, ahora apoyen el proyecto inmobiliario.

El primer documento

En el documento se redacta que la actual dirigencia de la comuna de Olón «no se apone al desarrollo de nuestra comunidad y al proyecto denominado Echo. (…) Saludamos gustosamente la decisión de la constructora de mantener su proyecto en la comunidad y estaremos atentos a que se cumplan con todas las normas ambientales y de construcción conversadas hoy en la Casa comunal de Olón». Los vecinos de la comuna se preguntan quiénes conversaron aquello porque ellos no fueron tomados en cuenta.

De los firmantes destacan los nombres de Jhon Reyes, presidente de la comuna, la vicepresidenta Tomasa Suárez y un abogado llamado Gilberto Pino. Éste último es nada más y nada menos que el representante del presidente en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

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«Por hoy, no me voy a posesionar como asambleísta, pero seguiré luchando para que se respete la voluntad popular. También, voy a seguir de pie, en nombre de ese gran luchador que fue Fernando Villavicencio y de un Ecuador que se asquea con los pactos que traicionaron su confianza», publicó en su cuenta de X.

Carrillo está inhabilitado de ejercer un cargo público, como lo es el de miembro de la Legislatura, debido a que fue censurado y destituido a través de un juicio político por la Asamblea Nacional en febrero de 2023 por incumplimiento de funciones en el paro nacional de junio de 2022 y por el caso de María Belén Bernal.

La asambleísta Pierina Correa, quien presidirá la sesión inaugural, argumentó que Carrillo está impedido de ingresar como legislador. Asimismo, señaló que él impuso una medida cautelar con acción de protección. «Al momento, Carrillo nunca ingresó los documentos para vincularlo oficialmente en la Asamblea», refirió.

Correa añadió que asumirá la suplente de Carrillo hasta que las autoridades competentes se pronuncien por la acción de protección.

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La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

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Mencionó que el dictamen solo garantiza la impunidad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que ocurrieron después de su designación. Además, comentó que sus actuaciones durante su estadía en el Cpccs «pusieron a temblar» a los «sujetos que se tomaron el Estado y las instituciones».

«Lo actuado es un grave abuso de poder. El poder ciudadano y la democracia han sido gravemente atacados y destruidos», reza la carta que publicó en su cuenta de X.

Enfatizó que los jueces deberán rendir cuentas de lo actuado ante el Sistema Interamericano de Derechos (SIDH). También, cuestionó que su destituido se basó en una «sentencia inventada que los auto protegía» y permitía que gane la «impunidad para algunos actos atroces».

«La herencia nefasta de las atrocidades del trujillato sigue actuando con sus secuaces vacunadores, puestos a dedo en la Corte Constitucional», expresó.

El pronunciamiento de la Corte

La noche del 6 de octubre, la CC destituyó a Vera luego de que aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la entidad.

A este conflicto se suma que el Cpccs aceptó crear otra veeduría para atender el supuesto plagio de la tesis de la fiscal, denunciado por el colectivo Acción Jurídica Popular.

La entidad de control lo acusó de haber incumplido con el dictamen de la CC y ordenó que se archivara las acciones en contra de Salazar y la veeduría del trujillato.

Ya lo había anticipado

El 19 de septiembre de 2023, Vera señaló que los miembros de la entidad pedirán medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si la posibilidad de destituirlos se aprueba.

“No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales”, afirmó.

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«Los 92 votos que les habían prometido el día de hoy (9 de mayo) para aprobar la resolución y con ello garantizar que en función de eso se dé el juicio político y además se adelante la votación de lo que sería la destitución del presidente de la República. […] El juicio político está caído y no tienen el respaldo y las alianzas para la censura y la destitución y ahora veremos con mucho cuidado cómo se reconfiguran», dijo el jefe de bloque, Juan Fernando Flores.

Por su parte, la vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL), Nathalie Arias expresó que la votación será menor a los 88 votos. “Esta votación de hoy constituye un techo y no sería una sorpresa que cuando ya se haya completado el proceso (de juicio político) y corresponda la votación como tal, disminuya el número que alcanzaron (88 votos)”, dijo en Notimundo.

Entre las consideraciones del bloque de CREO está no solo el juicio político sino también la elección de las autoridades para los dos años que restan de este período. «Para nosotros la prioridad no sólo está en demostrar, en función del expediente completo que se analizó en la Comisión de Fiscalización, la inocencia del Presidente, sino también en lo que nos compromete los dos próximos años: la definición de autoridades y comisiones».

Sobre la figura de la muerte cruzada, Arias dijo que sigue siendo una posibilidad que se analiza desde el Gobierno, pero será el presidente Lasso quien decida si utilizarla o no. (MIB)

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Ante el evidente cisma en el movimiento, Quishpe pidió a los integrantes del bloque legislativo que actúen unidos y no caigan en «ningún tipo de tentación». Sin embargo, la posición del legislador respecto al juicio político contra el primer mandatario ha sido ambivalente desde el inicio del proceso.

Pachakutik es una de las fuerzas políticas más cuestionadas de la coyuntura, tanto dentro como fuera de la organización política. Sus últimas acciones han estado en el ojo de la crítica por sus polémicas elecciones de autoridades y el audio filtrado de la subcoordinadora Cecilia Velasque.

¿Ahora sí y antes no?

Cuando era jefe de bloque, Quishpe se mantuvo escéptico frente al juicio político al jefe de Estado. Inclusive mantuvo confrontaciones con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por diferencia de criterios.

En un inicio expresó su negativa en apoyar el enjuiciamiento político debido que la bancada no lo había discutido plenamente. Sostuvo que hacía falta una resolución colectiva de las bases, pese a que en la última Asamblea General de la Conaie sus miembros aprobaron la destitución del presidente Lasso.

En esta postura coincide el actual coordinador de la bancada, Mario Ruiz, quien ha señalado en medios de comunicación que sus votos están condicionados a las pruebas que presenten los proponentes al juicio político.

Problemas en el movimiento

Las elecciones de la coordinación nacional del PK dieron como ganador a Guillermo Churuchumbi al mando del movimiento político. No obstante, hubo un ala -identificada con la derecha- que desconoció al coordinador electo.

Al menos una treintena de dirigentes y asambleístas mostraron su preocupación por el ascenso de Churuchumbi, el candidato de Leonidas Iza. Frente a esta situación, los «indispuestos» señalaron que analizan salirse de las filas del PK.

Las elecciones fueron impugnadas y a través de redes sociales Pachakutik anunció que se realizarán nuevos comicios. Sin embargo, miembros del Tribunal hicieron públicos sus desacuerdos tanto a la impugnación como a la ratificación del CNE a favor de Churuchumbi.

Eso no es todo…

El movimiento arcoíris arrastra también las declaraciones de la subcoordinadora Cecilia Velasque, quien en un audio filtrado supuestamente habría explicado negociaciones de votos en el Legislativo para salvar a Lasso a cambio de ministerios.

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Un 81% está a favor, mientras que el 7,6% cree que es inocente. El 11.6% no responde. El 80.5%, por otro lado, desaprueba la gestión presidencial.

El 76& cree que es culpable de las acusaciones de corrupción, el 73% cree que es culpable por un contrato que no se dio haber dado., un 81.7% opina que es culpable de no cumplir con lo ofrecido, mientras que el 78,2% cree que es culpable de no hacer nada.

Otras encuestas

La encuestadora Perfiles de Opinión también presentó su evaluación de abril 2023. El 84.72% de los encuestados cree que la gestión de Lasso es mala y muy mala, mientras que el 13.93% la considera buena y muy buena.

En Quito, el 87.72% de los ciudadanos cree que la gestión es mala y muy mala, mientras el 11.73% dice que es buena y muy buena. En Guayaquil, el 82.82 expresó que el trabajo era malo o muy malo. El 15.33% opina que es bueno y muy bueno. (MIB)

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«Ante la falta de sentido común del Presidente para trabajar en beneficio de otra clases social que no sea la propia (…) ante la grave crisis de casos de corrupción en el Ejecutivo (…) ante la falta de respuesta de Fiscalía y jueces que liberan a criminales (…) la respuesta es la muerte cruzada», publicó la organización política.

La muerte cruzada es un mecanismo constitucional en el que el Presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional, pero solamente gobierna durante los próximos seis meses (vía decreto) y llama a elecciones anticipadas. 

Desde el oficialismo y sus aliados, se trata de una «táctica desesperada» debido a que la oposición supuestamente no alcanzaría los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional para censurar y destituir al presidente Guillermo Lasso.

«Traducción del comunicado oficial: a falta de pruebas y votos, se les cae el juicio político en contra de Lasso. Por lo tanto, ustedes, quienes conforman la RC, necesitan urgente la muerte cruzada. No el Ecuador», respondió Ricardo Vanegas, legislador por Pachakutik.

El sociólogo Agustín Burbano de Lara coincide en el desatino del comunicado de la RC. Considera que el escrito refleja una «incapacidad de hacer política y agregar voluntades (votos) en torno al juicio político» y una «voluntad de sacar a Lasso por sacarlo», sin miramientos a las razones y consecuencias.

Muerte cruzada = elecciones anticipadas

Desde el Ejecutivo, la aplicación de la muerte cruzada ha sido ambigua hasta hace poco. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, expresó para varios medios de comunicación que no utilizarían este recurso democrático. Por el contrario, aclaró que el jefe de Estado se defendería ante el Parlamento e iría hasta las últimas consecuencias en el juicio político.

Sin embargo, el primer mandatario declaró para Financial Times que disolverá la Asamblea si intenta destituirlo. Si alcanzan los votos, el jefe de Estado estaría dispuesto a llamar a elecciones anticipadas con tal de no enfrentarse al final de su mandato.

Frente a la situación, el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, desafió al primer mandatario a que decrete la muerte cruzada en pleno proceso de juicio político.

Para Saquicela, la decisión del Ejecutivo sería una inconstitucionalidad debido a que no existen causales. Sin embargo, aclaró que la decisión queda a criterio del presidente de la República.

También cuestionó que Lasso utilice la muerte cruzada como medida de amenaza hacia los asambleístas. Saquicela sugirió -con preguntas- que habrían intereses detrás de la demora de su aplicación.

“Por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año, o por qué no lo hace hoy día, por qué esperar al último día para ver si hay los votos”, replicó.

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Los eventos se precipitaron después de que Castillo hiciera el inesperado anuncio -que fue calificado de «golpe de Estado» por representantes de todo el espectro político- a pocas horas de una sesión del Congreso en la que debía votarse una moción de vacancia en su contra.

Tras el anuncio, el Congreso terminó declarando la vacancia del presidente, es decir, su destitución, con 101 votos a favor y decretó que asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte.

Unas horas antes, Castillo, en un mensaje a la nación, aseguró que su decisión de disolver el Congreso respondía a la «obstrucción» que ha enfrentado su gobierno por parte del Poder Legislativo.

Las medidas de Castillo

«En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia», expuso antes de anunciar las medidas que implicaba su decisión.

• Disolver temporalmente el Congreso.
• Convocar a elecciones de un Congreso constituyente.
• Gobierno a partir de decretos ley hasta que no haya una nueva Constitución.
• Toque de queda a nivel nacional de 22:00 a 04:00 a partir de este 7 de diciembre.
• Reorganización del Poder Judicial y otros órganos de justicia.
• Decomiso de armas en posesión ilegal de civiles.

«Se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado», expuso el mandatario. «Se respeta y garantiza la propiedad privada».

En medio de un rechazo generalizado por parte de las instituciones y de las fuerzas políticas del país, sobre la 01:30 PM hora local (18:30 GMT), la cadena RPP informó que el presidente Castillo abandonó el Palacio de Gobierno en compañía de Aníbal Torres, uno de sus asesores.

La reacción del gabinete

Castillo asumió la presidencia en julio de 2021. Desde entonces ha enfrentado múltiples acusaciones de corrupción y se ha visto obligado a reemplazar su cartera de ministros en varias ocasiones.

Tras el anuncio del presidente, los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores, así como el embajador de Perú ante la ONU, anunciaron su dimisión. El abogado de Castillo también anunció que renunciaba a representar a su cliente.

Poco después, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaron: «Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú».

El Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, calificó al gobierno de Castillo como «usurpador».

Redacción: BBC News

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Según Correa, Ulloa habría tratado de contactarse con él para negociar los votos de la bancada UNES con el fin de «salvarse» y continuar en la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana.

El 19 de noviembre, con 85 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a los cuatro consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco bravo por incumplimiento de funciones.

«Parece que hoy Hernán Ulloa, consejero destituido del Cpccs me ha insultado en las cloacas con antenas. Si supieran cómo me buscó este sinvergüenza para «salvarse». Por supuesto, jamás lo antendí. Mi espíritu animalista no llega a tanto», publicó en Twitter el exmandatario.

Causales de la destitución

Durante su intervención, la asambleísta por Pachakutik, Mireya Pazmiño explicó que existen las pruebas suficientes para censurar y destituir a los consejeros. Entre las causales, dijo que hubo una reforma al Reglamento para la designación del Contralor General del Estado, pese a que el concurso ya había iniciado.

Además, mencionó que no hubo transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, “por las conversaciones “privadas”, mantenidas con la ingeniera Ginella Isabel Jácome Loor, postulante a este cargo”.

A la defensiva

Los interpelados, durante su defensa, dijeron que no cometieron ninguna ilegalidad y defendieron las decisiones que se tomaron en el CPCCS. Además, señalaron que es un proceso dirigido, con tintes políticos, y no por la fundamentación de este proceso.

Los consejeros alertaron del inicio de procesos de repetición contra los legisladores, en el caso de que se dé una destitución ilegal en su contra. También hubo varias acciones de protección que se presentaron, a último momento, para evitar su destitución sin embargo los jueces que conocieron dichas causas negaron la petición de los consejeros.

Con la decisión del Pleno de la Asamblea cambian las fuerzas al interior del Consejo de Participación. La próxima semana, el presidente del Legislativo tendrá que notificar a las partes para que los nuevos consejeros asuman el cargo, de acuerdo al orden de prelación, de la última elección.

Los cuatro consejeros no podrán ejercer un cargo público por dos años y serán destituidos, a puertas de una elección de nuevos integrantes de este cuerpo colegiado.

¿Cómo avanza este lío?

La exvicepresidenta María Fernanda Rivadeneira presentó una medida de protección para revocar la decisión de destitución que tomo el Pleno de la Asamblea Nacional en su contra, y de los otros tres exconsejeros.

Rivadeneira señaló que los consejeros expulsados trabajarán como un solo grupo y se defenderán de la misma manera ante la resolución del Legislativo.

Comentó que impugnarán una medida de protección, porque consideran que el juicio «fue nulo, violó los derechos humanos, al debido proceso y es discriminatorio». Además, mencionó que acudirán a instancias internacionales para defender los derechos que fueron vulnerados en este proceso.

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Tras perder 1-2 con Gualaceo, el sábado anterior, el estratega puso a disposición de la dirigencia, liderada por Carlos Alejandro Alfaro Moreno, su cargo.

Casi enseguida, el presidente de la institución «canaria» se reunión con la mesa directiva para tratar el tema como urgente.

Finalmente y luego de extensas conversaciones, los directivos tomaron la resolución de aceptar la renuncia del argentino.

La resolución la dieron a conocer a través de un comunicado en el que agradecían el trabajo de Célico y su cuerpo técnico.

«Barcelona informa que la institución y Jorge Célico han concretado de mutuo acuerdo la finalización de la relación laboral junto con la de su cuerpo técnico», mencionaba el texto.

La misiva continuaba agradeciendo el trabajo desarrollado en estos meses y destaca el haber ganado la primera etapa y la consecuente clasificación a la final local y a la Libertadores 2023.

Finalmente, el documento de prensa cerró deseando «la mejor de las suertes en sus próximos desafíos deportivos.

Jorge Célico estuvo al frente de Barcelona siete meses

El director técnico argentino llegó al club «amarillo» en febrero de este año y tenía contrato hasta diciembre de 2023.

Por lo que, tan solo dirigió siete meses a los «toreros», tiempo en el que logró ganar la primera etapa, sin embargo, fue eliminado de las Copas Libertadores y Sudamericana.

En total dirigió 31 partidos, divididos en 13 victorias, 12 empates y 6 derrotas. Pero más allá de estos números, lo que no gustaba a la afición y a algunos directivos era la forma de jugar del equipo.

La dirigencia del elenco más popular del país se encuentra analizando carpetas de entrenadores para reemplazar al argentino.

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“87 votos permitieron que se convoque al juicio político a los vocales del Consejo. Son 92 votos los que se necesitan para la destitución. No creo que logremos esos votos», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Sánchez detalló que la justicia está permeada por muchos grupos de interés, elites económicas y elites políticas que buscan su propio beneficio.

Además recalcó que el sistema de justicia debe ser reestructurado para que garantice justicia al pueblo y no debe seguir siendo manejada y utilizada por las élites del país.

“Esa votación que vivimos ayer es la que se va a reflejar en la sesión convocada para la destitución. Son cálculos políticos», sostuvo la asambleísta.

Además se refirió al altercado que ocurrió en la sesión virtual respecto al asambleísta Ricardo Vanegas y aseveró que debe existir plena conciencia y preparación de los contenidos que se van a tratar en las reuniones.

“Yo entiendo la decisión del señor Vanegas de participar en esa sesión, pero la reunión requería de formalismos”, afirmó la legisladora.

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Guamaní asumió su destitución del cargo de segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, cuando el Pleno ni siquiera había votado sobre si acoger o no el informe de la Comisión Ad Hoc que recomienda su destitución.

“La ciudadanía es inteligente y no la pueden engañar. Cuando se expresan se observa la vergüenza en sus rostros porque saben en su interior que están acostumbrados a contaminar. Me voy con honor y dignidad porque la dignidad no se negocia. La persecución y la conspiración les ha permitido tener los votos, pero no tienen la razón”, dijo en su alegato de defensa.

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“La ciudadanía es inteligente y no la pueden engañar. Cuando se expresan se observa la vergüenza en sus rostros porque saben en su interior que están acostumbrados a contaminar. Me voy con honor y dignidad porque la dignidad no se negocia. La persecución y la conspiración les ha permitido tener los votos, pero no tienen la razón”, dijo en su alegato de defensa.

Por su parte, la denunciante Jhajaira Urresta (UNES) puntualizó que es importante determinar el daño que causó la asambleísta Guamaní al país, con decisiones que van en contra del compromiso que adquirió de trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano.

Urresta reconoció que mocionar es un derecho de los asambleístas. Guamaní pretendió suspender la calificación de un proyecto, que posteriormente fue tratado por el Consejo de Administración Legislativa.

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“El sistema no ha fallado para nada. Al interior no ha habido ninguna intromisión, sino posiblemente de una IP del exterior”, dijo el titular del Legislativo, respecto al ataque informático que sufrieron cuatro curules durante el sufragio: tres de izquierda democrática-Wilma Andrade, Dalton Bacigalupo y Marlon Cadena- y uno del partido CREO-Guido Chiriboga.

La moción para destituir al actual mandatario, que tuvo lugar el martes 28 de junio, fue impulsada por la bancada Unión por la Esperanza (UNES). Al final el presidente Lasso no fue destituido, puesto que se obtuvieron 80 de los 92 votos que se necesitaban para tumbarlo. EB

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Benavides recalcó que a Guamaní no se la destituye por actos de corrupción, por diezmos o violar derechos constitucionales, se la destituye por mocionar.

«Nosotros hemos hecho una defensa técnica en la cual hemos demostrado que no existe el mentado incumplimiento de funciones por el solo pecado de mocionar; y, por otro lado, desbaratamos, jurídicamente, la sustanciación de este proceso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que cuando se conformó la Comisión Pluripartidista, que sustanciaría la destitución en contra de Yeseña Guamaní, existieron 83 voluntades. Entonces, si se observa el número de votos, la decisión al momento de destituirla sería la misma.

“Existe un claro conflicto de intereses y ya existe una decisión pre concebida que tendría la presidenta de la Comisión”, manifestó Benavides.

El abogado explicó que Jhajaira Urresta cuando sustentaba su denuncia, debía practicar la prueba documental y no lo hizo, tenía que presentar los documentos que de muestren el incumplimiento de funciones.

“En sustentar sus argumentos de cargo se demoró 13 minutos, cuando la ley te da 3 horas para que puedas demostrar el incumplimiento”, aseguró Benavides.

Por otro lado, aseveró que esperaría que al menos la mayoría de la Comisión tome en cuenta todos estos argumentos y entren en razón.

“Mañana cualquier asambleísta podría mocionar cualquier cuestión y le van a destituir si resulta contrario a los intereses de la mayoría”, reiteró el abogado.

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El pasado 27 de mayo, los asambleístas del movimiento Pachakutik, Salvador Quishpe y Sofía Sánchez y su coordinador, Marlon Santi presentaron unas medidas cautelares. El objetivo era que el Pleno evite la revisión del informe elaborado por la Comisión Ad Hoc. Dicho informe recomendaba la destitución de Llori como presidenta de la Asamblea.

Frente a esto, el juez  de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, Pedro Troya ordenó al Pleno y a la expresidenta de la Asamblea abstenerse de conocer y revolver el informe. El alegato era que la conformación de la Comisión Pluripartidista era ilegítima.

Sin embargo, el 31 de mayo, el Pleno retomó la sesión 772. Allí se trató el informe y, con 81 votos a favor, el Pleno destituyó a Llori.

Solicitud de la Función Judicial

Una semana después, el juez Troya pidió a la Defensoria del Pueblo y la Secretaria General del Legislativo y a la Secretaria General del Legislativo información sobre el cumplimiento de la medida cautelar interpuesta. De la misma manera, dispuso que en el plazo de 72 horas remitan un informe sobre lo solicitado.

“Previo proveer lo que en derecho corresponda, oficiese a la Defensoria del Pueblo; Delegación Provincial de Pichincha y Secretaria General de la Asamblea Nacional. A fin de que en el término de 72 horas remitan a esta Autoridad un informe sobre el cumplimiento de lo dispueto en sentencia emitida dentro de la presente causa, de fecha 27 de mayo del 2022”, dice el documento.

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La asambleísta calificó de usurpador a Virgilio Saquicela y aseguró haber sufrido violencia política. “No tuve tiempo para sacar mis cositas, él (Saquicela) de manera prepotente e ilegítima se tomó el despacho”. Llori manifestó que “el Partido Social Cristiano (PSC) quiere un procurador a su medida, mientras que (correísmo) Unión por la Esperanza (UNES) quiere impunidad, quieren la Comisión de la Verdad”.

Usurpador

La expresidenta también criticó en un tuit su destitución. “En el discurso del ilegítimo presidente, donde usurpa mi cargo, no se demoró ni cinco minutos para demostrar sus intenciones de querer tomarse otras funciones del Estado, como el Consejo de Participación Ciudadana y así nombrar autoridades a su medida”.

Añadió que ella ha cumplido sus funciones como presidente. “El señor camisetero y violento sabe que está actuando de manera ilegal. Que el país no lo reconoce como presidente legítimo de la Asamblea Nacional porque todos los ecuatorianos fueron testigos de todas las ilegalidades cometidas en este proceso”. MIB

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«La ex Comisión Pluripartidista Ad Hoc logró llegar a un informe final por unanimidad de los cinco miembros», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Zapata afirmó que ahora la Asamblea debe volcar todo su esfuerzo a los proyectos y reformas de ley que están represados y que la ciudadanía reclama.

«El presidente Virgilio Saquicela debe legitimar su designación a través de actos como la sesión del día viernes, donde, entre varios puntos, se aprobaría el Proyecto de Ley del uso progresivo de la fuerza», aseguró Zapata.

Las fallas de Llori

Además, sostuvo que a Llori le faltó sintonizarse con la gente, le faltó hacer opinión sobre los temas nacionales y pretendió convertir a la Asamblea Nacional en un patio trasero de Carondelet.

“No puede ser posible que quien dirija esta primera función del Estado haya permitido en su momento unas referencias inapropiadas de un primer mandatario contra la Asamblea”, expresó el asambleísta.

Zapata reiteró que Llori jamás defendió el trabajo de los asambleístas y, sobre todo, nunca difundió el trabajo de las Comisiones permanentes. “Era insostenible lo que la señora Guadalupe Llori hacía, ya no nos sentíamos representados, sentíamos que la Asamblea recibía órdenes de Carondelet”, comentó.

El asambleísta aseveró que los 81 votos no reflejan el sentimiento de los 137 asambleístas, porque existen muchos más a los que sus partidos les prohíben tener libertad para votar.

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