Otro de los detenidos sería alias Feder, un cabecilla de la organización delictiva «Los Águilas», según información extraoficial. Por el momento, la Policía colocó un tuit del operativo, pero no se nombra a ningún detenido. Desde la dirección de comunicación de la institución se indicó que «la Institución no ha informado detención al respecto. El operativo se mantiene y una vez que se cumplan las diligencias legales correspondientes, se informará los pormenores».

De acuerdo con Primicias, al interior de esta finca tuvo lugar una fiesta con artistas nacionales y extranjeros. Según este medio, habría estado allí Gilberto Santa Rosa, al que habrían sacado inmediatamente después del operativo. Los demás invitados estarían esperando a que termine el trabajo de la Policía.

No es la primera vez que Bucaram enfrenta a la justicia. Tiene un proceso por presunta delincuencia organizada. Junto con su padre estan acusados de supuestas irregularidades en la comercialización de mascarillas y pruebas rápidas para detectar la Covid-19. El proceso que empezó en 2021 debía tener su audiencia de juicio el 20 de febrero pasado, sin embargo, por la ausencia de uno de los abogados, ésta no se llevó a cabo.

El expresidente también se pronunció por la situación de su hijo por medio de su cuenta en X.

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Según un asesor de la bancada de Pachakutik, la ahora legisladora está a favor del enjuiciamiento político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Captura de Peter C.

La noche del 15 de mayo de 2023, la Policía Nacional capturó al asambleísta Peter C., acusado del presunto delito de violación, en la parroquia de Lloa, en Quito. El sujeto se quitó el grillete electrónico que le habían colocado como medida sustitutiva.

El ministro del Interior, Juan Zapata confirmó la detención del legislador. El implicado fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para determinar su situación judicial.

Motivo de la detención

El legislador fue detenido en flagrancia por la presunta violación de una joven de 19 años, así lo informó la Fiscalía General del Estado el 26 de abril.

Luego de la audiencia de formulación de cargo, una jueza de Quito ordenó que Peter C., debía presentarse dos veces por semana ante las autoridades, usar grillete electrónico y tenía prohibido salir del país. Además, tiene una retención de fondos de USD 400 mil. 

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Carrera «fue retenido para dar su versión en la entidad de control y luego de esta diligencia se indicó que fue puesto en libertad», según reporta Teleamazonas. El cuñado del presidente Lasso salió la mañana de este miércoles 19 de abril.

La noche del 18 de abril, Fiscalía confirmó la retención de Danilo Carrera en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. El implicado tenía la intención de viajar hacia New York, EE.UU.

Según información oficial de Fiscalía, la notificación relacionada a la pretensión de Danilo Carrera de salir del país ocurrió aproximadamente a las 18h00. Fiscalía solicitó su retención a las 18h30, rigiéndose en el artículo 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas”, se limitó a explicar Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, figura como uno de los implicados directos de una presunta trama de corrupción expuesta a través de la investigación conocida como «El Gran Padrino». Según Fiscalía y la investigación periodística de La Posta, Carrera supuestamente habría gestionado cargos públicos en las empresas del Estado, principalmente las del sector eléctrico.

Carrera, además fue un amigo cercano de Rubén Cherres (otro de los implicados en la investigación), hallado muerto y con signos de tortura a finales de marzo de 2023.

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«Pichincha: dentro de las investigaciones por el caso María Belén Bernal, Fiscalía, con apoyo de Policía, ejecutó dos allanamientos –mediante acto urgente– a las viviendas de la hermana de Germán C. y de una amiga de Joselyn S. (procesada)», explicó la institución.

Los allanamientos se realizaron la noche del 21 de septiembre en inmuebles situados en La Carolina y Pusuquí, en Quito. «En este último, donde se ubica el domicilio de la amiga de Joselyn S. (también cadete de Policía), se levantaron indicios para su posterior análisis», añadió la FGE.

La cadete involucrada habría conocido al teniente y le habría enviado mensajes entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de septiembre. De acuerdo con la fiscal a cargo del caso, María Isabel Jiménez «se presume (que Nadesha) podría tener algún grado de participación en el caso que se investiga».

María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre dentro de las inmediaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional. Su cadáver se encontró el 21 de septiembre en el cerro Casitagua y el principal sospechoso, su esposo, está prófugo de la justicia.

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«Caso MaríaBelénB.: Fiscalía allanó hoy el área del pelotón femenino de la Escuela Superior de Policía en Quito, para ejecutar la orden de detención con fines investigativos de la subteniente Joselyn Brigitte S. P.», escribió la institución.

Recompensa

«El oficial sospechoso, al ausentarse por tres días, enfrentará un proceso disciplinario, que podría terminar en la destitución de las filas policiales. El Gobierno Nacional, ante este lamentable suceso, ha dispuesto una recompensa de hasta USD 20.000 para quien entregue información sobre el paradero del teniente de Policía, Germán Cáceres», dijo Fausto Salinas.

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La captura surge después de que el Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI)  encontró inconsistencias en las boletas de excarcelación de Jorge Glas y Daniel Salcedo. El funcionario se encontraba en su casa de San Jacinto (cantón Sucre).

Mediante un comunicado en sus redes sociales el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó la detención del juez. La aprehensión del implicado estuvo a cargo de la Unidad Judicial de la Policía, en colaboración de la Subzona de Inteligencia de Manabí.

Es preciso recordar que la Fiscalía abrió la investigación tras la denuncia presentada por el Consejo de la Judicatura. “Hay elementos fuertes que pueden llevar a sostener que se cometió ese delito”, señaló Fausto Murillo, titular de la Judicatura, en Ecuavisa. De allí que su director solicitó la aprehensión del juez.

El detenido ya se encuentra en manos de la Fiscalía del Ecuador.

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«Jorge G., prefecto de Cotopaxi, es detenido con fines investigativos por presunta delincuencia organizada en el operativo Depuración 1, que lidera Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional», escribió la institución en un tuit.

La detención del prefecto se realizó en su domicilio durante la madrugada del 28 de julio. Además, la Fiscalía indicó que se detuvieron, por el momento, a 9 personas (funcionarios públicos y contratistas) en el operativo Depuración 1.

También se allanaron las instalaciones de la Prefectura del Cotopaxi en busca de más indicios para la investigación.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez reaccionó a esta detención. Expresó que el Gobierno «es enérgico en la lucha contra la corrupción»:

«El Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido enérgico en la lucha contra la corrupción. El caso del prefecto de Cotopaxi levanta una alerta y un llamado a la Justicia para no dejar estos hechos en la impunidad. Los cargos públicos deben ser honrados», dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

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“Estuvo comunicado 17 horas, sin saber su paradero. Fue detenido en Latacunga, trasladado a Quito y después lo retornaron a Latacunga. No estuvo en una prisión sino en una base militar. Aunque en la audiencia de flagrancia nos dijeron que lo llevaron a otro sitio, resulta que no fue llevado a la subzona de Cotopaxi, sino que seguía en la base militar. Sigue con medidas sustitutivas y prohibición de salida del país”, dijo el abogado a Radio La Calle.

Agregó que a pesar de que la audiencia era por un delito flagrante, la fiscal pidió que lo acusen como autor mediato, lo que genera una contradicción jurídica. “Lo detienen en flagrancia, pero la fiscal del caso lo acusó como autor mediato del presunto delito de paralización de servicios públicos. […] Quiero señalar con toda honestidad que vamos a buscar justicia. No es posible que los dirigentes sociales sean encarcelados”.

Sarzosa explicó que se denunció la detención ilegal y también el atentado que sufrió el pasado 18 de junio. “Pusimos la denuncia por detención ilegal de Leonidas Iza contra el presidente de la República y el ministro del Interior. Con el atentado al vehículo de Leonidas Iza también pusimos una denuncia porque tenemos indicios de quienes serían los responsables, pero Fiscalía no actúa, sin embargo, con una llamada anónima van rápido a allanar la Casa de la Cultura”.

La lucha indefinida

El abogado recalcó que las acciones del dirigente de continuar encabezando la protesta social pueden complicar su situación legal, ha sido su decisión y la del consejo de Gobierno mantenerse visibles en la lucha nacional. Ha dicho textualmente “No seré moneda de cambio por una movilización legítima en el país”.

Sarzosa afirmó que conoce a Iza desde hace varios años. “Trabajo con él desde hace mucho tiempo. Leonidas Iza no es mi cliente, tenemos una amistad de varios años. Lo conozco desde que era catequista. Existe una figura más allá de cliente que es absolutamente legítimo”. MIB

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Añadió que a los ricos que han explotado, incluso, a sus trabajadores los protege la ley. «Me han detenido por terrorismo con un metro, mis llaves de la casa, USD 1,55 y una moneda de dos euros. Esas cosas están en cadena de custodia».

Iza recalcó que no se encontraba en delito flagrante. «Lo dijimos en la audiencia, pero no fue aceptado por la fiscal que seguramente está presionada por el gobierno».

Expresó que su detención es un acto de persecusión y prisión política. «Nos hicieron una emboscada y prácticamente nos detuvieron de forma ilegal. Nos podrán detener físicamente, pero jamás a nuestras ideas, ni muestro espíritu, tampoco nuestra dignidad. Querrán matarnos, pero no matarán nuestros sueños».

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El mandatario expresó que existió incendio de patrulleros, invasión a productores agrícolas, la rotura de parabrisas, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua a comunidades y el cierre y daños graves a las vías.

“Se produjeron actos vandálicos que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay personas, que deben responder al pueblo”, manifestó Lasso.

Estas declaraciones se dieron luego de la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, por supuestos delitos de rebelión (Art. 336 del Código Integral Penal) y de paralización de servicio público (Art. 346 COIP).

A Iza se lo detuvo a la 01:00 de este martes 14 de junio, en el sector de Pastocalle, en donde estaba participando del corte de la E-35, la carretera Panamericana, en el sector conocido como El Chasqui.

“Ahora le toca a la fiscalía y al poder judicial actuar porque nadie está por encima de la ley”, afirmó el presidente Lasso.

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«La Fiscalía General del Estado ha tenido conocimiento a través de redes sociales sobre la detención de Leonidas I., presidente de la Conaie. Informa a la opinión pública que el ciudadano no está a órdenes de la Fiscalía y tampoco ha recibido el parte policial respectivo para conocer los detalles de la detención», expresó la institución en un comunicado.

Agregaron que la fiscal general Diana Salazar dispuso la coordinación de procedimientos y acciones con las acciones correspondientes para evitar detenciones ilegales y arbitrarias.

Retención de un fiscal

Ciudadanos en Cotopaxi retuvieron al fiscal provincial Franklin Morocho en Saquisilí. Sobre este tema, Fiscalía solicitó a la Policía Nacional que garantice la seguridad de los servidores públicos.

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Añaden que Iza, por defender los derechos de los ecuatorianos, es botín político de persecusión y criminalización por parte del Gobierno Nacional. «Hacemos un llamado a todas las comunas, comunidades y organizaciones de base al gran levantamiento indígena y popular».

Detención de Iza

La detención de Iza estuvo cargo de policías y militares en Pastocalle, Cotopaxi en la madrugada. Lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia en Quito. La zona fue militarizada y el paso por la avenida Patria está cerrado.

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Con quema de llantas y palos, los alumnos restringieron el paso por esa calle por lo que agentes de policía aintidisturbios se acercaron al lugar para dispersar a los estudiantes. Los gendarmes utilizaron gases lacrimógenos y persiguieron con las motocicletas a los adolescentes, que respondieron con piedras.

Además, la Policía se llevó en una motocicleta a un estudiante que se encontraba protestando. Dos madres de familia intentaron evitar que se lo lleven, pero los agentes las apartaron con violencia, según los vídeos de testigos.

En un vídeo compartido por la Policía en su Twitter se indica que los oficiales se apegaron «irrestrictamente» a los derechos humanos.

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En la U. Central

Por otra parte, un grupo de estudiantes de la Universidad Central se encuentra protestando en los exteriores de la institución en la Avenida América, la cual se encuentra cerrada en el sentido norte-sur. Miembros de la policía ya llegaron al lugar.

Tanto los gendarmes como los estudiantes dialogaron. La policía dijo que no deben prender llantas porque dañan la calzada. Los alumnos respondieron que al parecer queman llantas en toda la ciudad que adolece de baches.

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De acuerdo a las autoridades, hasta el momento han detenido a 8 personas, en allanamientos donde se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela.

La tragedia de las familias

Las familias y abogados de los detenidos han sido claros en denunciar que estas detenciones fueron ilegales y son parte de una persecución política en contra de activistas y organizaciones sociales, desde el Gobierno de Guillermo Lasso. Claudia Gallardo, hermana de Gabriela Gallardo, sostuvo que sus familias son chivos expiatorios de un Gobierno que no ha podido manejar la crisis de seguridad que vive el país.

Asimismo, Natalia Sierra, docente y tía de Ernesto Flores, uno de los detenidos, responsabilizó al Estado por la seguridad de los detenidos y los efectos que estas detenciones puedan tener sobre sus familias.

Ana Vera, una de las abogadas de Surkuna, insistió en que el Gobierno está creando un enemigo político. Llamó a la ciudadanía a unirse en este caso, pues hoy fueron los miembros del Movimiento Guevarista, pero mañana podría ser cualquier activista político o defensor de los derechos humanos.

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“La Policía realizó dos allanamientos en la casa de Nelly Yacelga, dirigente del Movimiento Guevarista y la casa de los esposos Omar Campoverde y Gabriela Gallardo. Fiscalía no ha proporcionado ninguna información al respecto, simplemente dicen que es trata de blancas, pero no justifican. Parece más una posición para descabezar los movimientos sociales”, dijo a Radio La Calle el abogado Patricio Almeida.

En principio, el vocero del Movimiento, Ernesto Flores no contestó el teléfono y lo apagó después, según el relato del abogado, lo que llevó a pensar en la posibilidad de desaparición. Ese hecho ocurrió a las 6 de la mañana cuando informaron al jurista de las detenciones. No obstante, a las 8:30, la Policía apareció con él en la Unidad de Flagrancia, al igual que con un joven de nombre Andrés Caiza.

La Policía no permitió tomar fotografía del parte y simplemente para todos los detenidos, la razón es trata de blanca. Una teoría que podría aplicarse en este caso es lo que sucedió en Colombia con Iván Márquez, implicado en el supuesto delito de trata de blancas. Una de las jóvenes, ecuatoriana y menor de edad, declaró en Colombia que le ofrecieron una beca y que la reclutaron a la fuerza.

El procedimiento

Las autoridades tienen 24 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos que están en la unidad de Flagrancia. “Estoy recabando los documentos que justifiquen el arraigo porque en este país, con la fiscal Diana Salazar, a todo el mundo le dan orden de prisión preventiva sin fundamento y abarrotan las cárceles. Deben poner medidas sustitutivas porque no veo ningún elemento de convicción para detener a los dirigentes sociales. Fiscalía va a formular cargo, de todas formas”.

Los familiares de Gabriela Gallardo se comunicaron con el abogado para solicitar su ayuda. La madre de Gallardo se encuentra en Flagrancia y al tener un problema de salud llamaron a los paramédicos. “No permiten que la hija pueda ver a su madre. No se sabe el estado de la señora si está detenida o entró a acompañar a su hija”. MIB

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«La fiscal Diana Salazar forjó un documento para lograr la detención ilegal de Freddy Carrión. Este documento supuestamente firmado el 16 de mayo por Salazar sirvió para que la fiscal Mayra Soria detenga el mismo día a Carrión», dijo en un video.

Uno de los abogados de Carrión toma la palabra e indica que al pasar el código QR de la firma indica que la fecha era 17 de mayo.

«Por lo tanto, la fiscal Salazar aparte de forjar un documento, también los cambió para ejecutar la persecución política en contra de Freddy Carrión.

La fiscal general todavía no se ha pronunciado sobre esta acusación.

Prisión para el exdefensor

La fecha a la que hace referencia Schettini fue el inicio de un proceso judicial y político que terminó con la destitución de Carrión por parte de la Asamblea Nacional y una condena de tres años de prisión por el delito de abuso sexual.

A pesar de que Carrión ha negado las acusaciones, el alegato de la Fiscalía llevó a los jueces a considerar la existencia de abuso sexual. La víctima es la pareja del exministro de Salud, Mauro Falconí a quién visitó en su departamento la noche del 16 de mayo. Las investigaciones dejaron abiertas otras interrogantes como los USD 47.000 encontrados en posesión del exministro.

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“El Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional (SIIPNE) ha sido HACKEADO y por ese motivo se efectuó la aprehensión del ciudadano Juan I. a las 18:30 por una supuesta alerta del Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí. Esta alerta se emitió de manera fraudulenta a nuestro sistema informático a nuestro sistema informático”, indica parte del comunicado.

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La detención

Cinco horas antes del comunicado, la Policía informó de la detención de Izquierdo en Manabí mientras se movilizaba en un vehículo. “Policía Nacional durante operativos antidelincuenciales en el sector La Cadena en Paján, Manabí, DETUVO al ciudadano Juan I., requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí, por el caso de Naomi A.”, escribió la institución en un tuit.

Julio César Cueva, abogado de Izquierdo, indicó que la detención de su detenido fue ilegal y arbitraria. La defensa anunció que demandarán al estado por esta detención.

“Les confirmo el secuestro de Juan Carlos Izquierdo por parte del Estado ecuatoriano, una vez que unos policías lo detienen le indican que aparecía en el sistema, sin embargo, no le explican por qué de la detención; no le han podido decir quién la ordenó, cuándo lo ordenó, ni ninguno de los requisitos que establece la Constitución”, dijo a Manavisión.

Izquierdo

Izquierdo era la pareja de Arcentales y se espera tener su versión de los hechos. El exfiscal pasó en el anonimato por dos semanas. Durante ese tiempo se han realizado las respectivas investigaciones que buscan identificar la causa de muerte de Arcentales.

Izquierdo y Arcentales convivían en una relación donde el exfuncionario ejercía violencia física y psicológica sobre su pareja. Conversaciones y videos demuestran la abusiva relación. Fiscalía indicó que ha tomado versiones de allegados y familiares de Arcentales.

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«Policía Nacional durante operativos antidelincuenciales en el sector La Cadena en Paján #Manabí, DETUVO al ciudadano Juan I., requerido por el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Provincial de Manabí, por el caso de Naomi A.», indicó la institución en un tuit.

Izquierdo era la pareja de Arcentales y se espera tener su versión de los hechos. El exfiscal pasó en el anonimato por dos semanas y durante ese tiempo se han realizado las respectivas investigaciones que buscan identificar la causa de muerte de Arcentales.

Izquierdo y Arcentales convivían en una relación donde el exfuncionario ejercía violencia física y psicológica sobre su pareja. Conversaciones y videos demuestran la abusiva relación. Fiscalía indicó que ha tomado versiones de allegados y familiares de Arcentales.

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“Los ciudadanos fueron detenidos en delito flagrante. El Gobierno ha procedido a capturar a las personas en ese momento, pero los jueces deciden la culpabilidad de esas personas”, dijo el funcionario.

“El país se ha desarrollado con relativa tranquilidad. Se han cerrado carreteras, pero el gobierno las abrió de inmediato. El gobierno tiene dos puntos importantes: respetar el derecho a la protesta. El otro punto es la legalidad. 18 personas detenidas por cierres de carreteras. 10 están en Daule y fueron puestos a órdenes de los jueces. Un liberado en Latacunga”, añadió.

El vocero también se refirió a la entrega del proyecto de ley tributaria a la Asamblea Nacional. «La intención es entregarla esta semana, todavía no se ha definido una fecha».

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En el audiovisual se puede observar a un grupo de personas protestando en las calles Madrid y Avenida 12 de Octubre donde se encuentra el monumento a la Reina Isabel La Católica. En un momento, los uniformados se acercan con toletes a golpear a los ciudadanos ahí congregados para después arrastrar a un joven, Martín Miranda, fuera de ese grupo.

Los hechos

“Varias personas, colectivos y organizaciones nos dimos cita en el monumento a Isabel La Católica que amaneció vallado y según informaciones policiales estuvo así desde las 23:00 del 11 de octubre. El plantón fue artístico cultural. Hubo música. A partir de que un grupo de compañeras llevó su performance hacia la calle sobre el tema colonial y el falso descubrimiento de América. Se habló con la policía de que iba a ser por un momento, sucedió de manera espontánea. De un momento al otro, la policía nos dijo que nos retiremos o nos iban a reprimir”, explicó a Radio la Calle Álvaro Paredes, uno de los asistentes.

Cuando la lluvia inició y la gente continuaba allí la policía procedió a reprimirlos. “Sacaron sus toletes para golpear a los compañeros, intentando empujarnos. Lanzaron gas pimienta. Allí detienen a un compañero que se encontraba tranquilo, levantó los brazos y posterior la Policía lo empujó y lo arrastró”.

La cosa no queda allí, algunos testimonios de personas que estaban cerca de la UPC móvil indican que fue golpeado, agredido. “Lo quieren judicializar por ataque y resistencia porque en la autodefensa que ejerció un policía resultó herido”, explicó.

Martín está detenido de forma ilegal en una UPC desde las 18:30. Sus compañeros pudieron contactar abogado para su posterior defensa. “Las organizaciones nos mantenemos vigilantes. No sabemos si pertenece a un colectivo. El anterior año estuvo un grupo de hispanista, ahora estuvieron nazi-fascistas provocando a la Policía. Diciendo que somos terroristas. Esto fue un acto de resistencia”, precisó.

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