Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que se generaron «incidentes» en algunos centros penitenciarios, por lo que se desconoce cuántos carcelarios y personal administrativo y en qué reclusorios han sido tomados como rehenes.

La entidad también señaló que los desmanes fueron provocados por reos de un grupo de delincuencia organizada (GDO) que amenazaron a las autoridades para presionar por un traslado masivo de PPL de esta banda criminal.

«Este traslado resulta antitécnico y representa una intimidación y chantaje al Estado ecuatoriano; razón por la que se presentó una denuncia ante la Fiscalía sobre estos actos criminales que atentan contra la seguridad de todos los ecuatorianos», reza el comunicado del SNAI en su cuenta de X.

También se reportan huelgas de hambre y amenazas por parte de los presos, por lo que la institución solicitó el apoyo inmediato de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para controlar la situación.

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Foto: El Mercurio

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Entre los motivos de las aprehensiones Zapata mencionó que fueron por boletas de apremio, detención, encarcelamiento y de auxilio. Además, señaló que se generaron 225 citaciones por vender o consumir bebidas alcohólicas y 13 por realizar propaganda en días prohibidos.

La Policía ha realizado 5.211 operativos a nivel nacional. Los resultados son los siguientes:

• 430 ciudadanos detenidos
• 93 vehículos y 205 motos retenidas
• 36 vehículos y 47 motos recuperadas
• 29 armas de fuego y 36 armas blancas decomisadas
• 90 controles de libadores

La mayoría de las citaciones (85) ocurrieron en la ciudad de Quito por incumplir la ley seca y el silencio electoral.

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Cámaras de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de la ciudad captaron el recorrido y la captura de los sospechosos. La Policía de la Zona 8 venía persiguiéndolos desde Durán.

Según información preliminar, los aprehendidos llevaban droga en el interior del vehículo en el que se movilizaban. Posteriormente, ingresaron al Terminal Terrestre con el objetivo de evadir a los uniformados y en los exteriores -presumiblemente- habría ocurrido una balacera.

En redes sociales circulan videos de ciudadanos que grabaron el operativo de los efectivos dentro del Terminal. Actualmente, ya opera con normalidad.

La empresa del Terminal informó que activó los protocolos de seguridad interna y coordinó acciones con la Policía Nacional para contribuir en la detención de uno de los implicados.

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Los uniformados fueron emboscados por sujetos armados en las instalaciones de la jefatura en las calles Guayaquil y Juan Pío Montufar, reporta el portal digital Noticias RU.

Las autoridades señalaron que los criminales llegaron hasta la entidad y descargaron sus armas. Como resultado del ataque se registraron vehículos policiales destruidos.

Sin embargo, la Policía informó que detuvo a tres personas que supuestamente estarían vinculadas en el crimen contra la dependencia. El operativo se realizó la mañana de este 6 de abril, así lo publicó la institución en redes sociales.

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El vehículo de las fuerzas del orden tuvo un desperfecto en medio de un operativo en el cual quedó varado en medio de la calle. El arrestado ayudó por breves momentos a empujar el patrullero como se observa en el video que circula en redes sociales.

El hecho ocurrió la noche del 12 de febrero y fue grabado por cámaras de la ciudadanía. (O.S.V)

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El ataque se produjó a las 3 de la madrugada en Socio Vivienda 1 sector Nueva Prosperina. «Como resultado es gravemente herida la policía Verónica Songor de 24 años con un año siete meses en el servicio policial. Su estado de salud es crítico por los impactos de bala con fusil y pistolas 9 milímetros», dijo el funcionario.

Sobre su visita a la gendarme herida, expresó que sus familiares tendrán el apoyo de la Policía y el Gobierno Nacional. «Inmediatamente se activaron nuestras unidades investigativas y en pocas horas se detuvieron a 10 personas y se aislaron a tres. Seguirá en fase de investigación».

Dentro del UPC, agregó Zapata, se identificaron municiones de un arma que está vinculada en otro evento con dos muertes violentas. «El hecho da cuenta de que la institución policial es una de las instituciones con más alto riesgo no solo en el país sino también en el mundo. Por eso los 57 servidores policiales fallecidos en este año. Necesitamos el apoyo de todos los sectores que quieren que enfrentemos a la delincuencia de manera firme».

Solidaridad con la compañera

El comandante general, Fausto Salinas, envió un mensaje solidario a la gendarme herida de parte de los 51.000 compañeros. Añadió que Socio Vivienda 1 es una zona de peligrosidad que necesita a protección de la Policía. «A pesar del servicio policial diario, la delincuencia vulnera y ataca a una mujer que lo único que hacía era cumplir su deber».

Salinas profundizó la información sobre los hallazgos. Se realizaron 25 allanamientos, 10 detenidos y a tres ciudadanos se los aisló por ser menores de edad. Hallaron dos pistolas, una escopeta, 107 municiones de fusil y 165 municiones para nueve milímetros. Siete alimentadoras, cuatro de fusil y tres de pistola. Los antisociales se movilizaban en una motocicleta robada que la policía ya encontró junto con cascos y chalecos antibalas, además de celulares, fundas de heroína y el documento original de los panfletos amenazantes que dejaron en esa y otras UPC. (MIB)

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11 de septiembre del 2022

María Belén Bernal ingresó en la madrugada a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito, para visitar a su esposo Germán Cáceres quien es teniente instructor de cadetes en esa institución. Desde ese momento se pierde rastro de Bernal.

A las 00:45 se registra el ingreso de Bernal, pero la bitácora no registra su salida.

A las 19:00, Cáceres sale de la Escuela de Policía en su vehículo de vidrios polarizados, sin que ninguna autoridad realice la más mínima inspección del automotor.

12 de septiembre

Cáceres contactó a la madre de Bernal y le manifestó que no tiene información del paradero de María Belén. Cáceres procedió a poner la denuncia de desaparición.

13 de septiembre

La Fiscalía retuvo a Cáceres para que rinda declaraciones, pero no dio paso a la formulación de cargos en su contra y ocho horas después lo liberó. Cáceres declaró en su versión que salió de la Escuela de Policía con María Belén y posteriormente la dejó en la av. Simón Bolívar en donde ella abordó un taxi.

14 de septiembre

La Fiscalía anunció sobrevuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas. En ese rastreo, los gendarmes hallaron algunas pertenencias de la abogada Bernal.

Los familiares y amigos de María Belén realizaron un plantón en los exteriores de la Unidad de Flagrancia en Quito para exigir que se investigue el caso.

A las 4:00, las autoridades emiten una orden de seguimiento y vigilancia contra Cáceres.
Autoridades confirman que las pruebas de luminol arrojaron certezas sobre la presencia de manchas de sangre en el colchón y el auto de Cáceres.

15 de septiembre

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que el esposo de Bernal se encuentra prófugo y reconoció que hubo fallas dentro del caso de María Belén.

A las 21:00, Fiscalía ordena la detención de la pareja de Bernal pero ya se había fugado.

16 de septiembre

Se detuvo a la cadete de la Policía, Joselyn Brigitte Sánchez P, alumna de Cáceres, para labores investigativas y se recogieron versiones de otros cadetes.

Una cadete confirmó que la madrugada del domingo 11 de septiembre escuchó que Bernal y su esposo discutían. “Auxilio, me matan”, oyó en esa discusión. Otro cadete vio cuando el esposo de la abogada subía a su auto un bulto envuelto en una cobija.

Ante estos acontecimientos, el presidente Guillermo Lasso removió al director de la Escuela Superior de Policía, Francisco Zumárraga.

17 de septiembre

Se intensificaron las labores de búsqueda y la Fiscalía formuló cargos en contra de la cadete Joselyn Brigitte Sánchez P. La jueza a cargo del caso dictó prisión preventiva por supuesta desaparición involuntaria.

18 de septiembre

El Ministerio del Interior de Ecuador mantiene en firme la recompensa de hasta 20 000 dólares a quien proporcione información comprobable que ayude a encontrar a Germán Cáceres, involucrado en el caso de María Belén Bernal.

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“Se reinstala audiencia preparatoria de juicio contra 12 personas por presunta falsedad de información en operaciones bursátiles entre Decevale y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, en una causa derivada del caso ISSPOL”, escribió el Organismo en Twitter.

Caso ISSPOL

En este caso, la FGE investiga un presunto delito de delincuencia organizada en operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda en el período 2014-2020. El desfalco al ISSPOL alcanzaría los USD 950 millones. La jueza Gianella Noritz Murillo acogió el pedido del fiscal César Suárez y ordenó al Gobierno Nacional iniciar difusión roja para capturar a Jorge Chérrez, quien sería el presunto autor material del desvío de fondos.

En este caso, la Contraloría General del Estado habría cometido omisión debido a que no realizó la auditoría de la institución desde el período 2017 hasta el 2021 por lo que el ISSPOL no registra sus números durante esos años.

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El organismo publicó los siguientes datos:

Existen 39 vulneraciones de derechos humanos que han resultado en:

• 79 detenciones del 13 al 19 de junio del 2022

• 55 personas heridas del 14 al 19 de junio del 2022

Hasta el 19 de junio no se han registrado muertes, sin embargo, existe una cantidad considerable de personas heridas durante las manifestaciones.

A continuación, se detallan las provincias donde han sucedido las detenciones y se han registrado heridos:

• Azuay:  4 detenidos

• Cotopaxi: 19 detenidos

• Pichincha: 50 detenidos

• Sto. Domingo: 4 detenidos

• Sucumbíos: 2 detenidos

Personas heridas según provincia:

• Chimborazo: 11 heridos

• Cotopaxi: 20 heridos

• Imbabura: 5 heridos

• Pichincha: 8 heridos

• Sto. Domingo: 6 heridos

• Sucumbíos: 5 heridos

Durante estos siete días de movilizaciones se evidenció la fuerte represión con la que actuaron los miembros policiales en contra de los manifestantes y se exhorta al Gobierno para que detenga estas constantes violaciones a los derechos humanos.

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Según reportes preliminares, los agentes incautaron tres vehículos, tres armas, municiones y dinero. Entre los detenidos hay una mujer y un ciudadano extranjero.

El jefe del circuito 9 de Obcubre de la Policía, Cristian Vera, señaló que las personas detenidas seguían al ciudadano José Arturo Rivas, que fue herido luego de un atentado en Daule esa misma tarde.

Durante el operativo se constató que los aprehendidos ya tenían antecedentes penales. Finalmente, Fiscalía abrió un proceso de investigación por presunto delito de tráfico y porte de armas de fuego.

«Al identificar a los ciudadanos se pudo constatar que la mayoría consta con detenciones anteriores por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robo, asociación ilícita, entre otros (…) la señora Fiscal de turno dispuso el parte de detención por el presunto delito de tráfico, tenencia y porte de armas de fuego», dijo Vera

Según medios locales, la Policía maneja dos hipótesis. O los detenidos estaban afuera del hospital para cuidar al ciudadano herido, o tenían como objetivo quitarle la vida.

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Miembros de la Policía Nacional allanaron en un operativo múltiple las viviendas de los militantes del movimiento. Los operativos se realizaron en cinco provincias del país: Pichincha, Manabí, Cotopaxi, Portoviejo y Santo Domingo.

Omar Campoverde, Ernesto Flores, Gabriela Gallardo, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza, son los demás dirigentes detenidos según señalaron los voceros del movimiento.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, denunció la arbitrariedad e irrespeto de los derechos humanos fundamentales cometidos en las detenciones.

La Fiscalía fundamentó las detenciones con presuntas acusaciones de asociación ilícita, pero los dirigentes guevaristas afirmaron que se trata de una persecución política del gobierno en contra de la organización.

“Nos pinchan los teléfonos e incluso han impedido que publiquemos nuestro semanario”, expresó Ernesto Flores, uno de los detenidos.

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La tarde del miércoles, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se ejecutó una orden de detención contra uno de los sospechosos dentro de la investigación de la muerte de Miguel Ángel Nazareno.

El Ministerio del Interior informó que el sospechoso fue aprehendido en el cantón Mejía, al sur de la capital. Agregó que “en las próximas horas se resolverá su situación jurídica“.

Mientras tanto, este jueves, en Quitumbe, se detuvo a Eduardo B.V. quien presuntamente también estuvo en el carro que vigilaba a Nazareno. Ambos se encuentran a órdenes del juez.

El caso

“Don Naza” fue encontrado sin vida en la madrugada del 14 de abril del 2022. El cadáver se encontró en la parroquia de Amaguaña, al sur de Quito.

Según las autoridades, el cuerpo se encontraba en posición decúbito dorsal tendido sobre la vía, maniatado con una cuerda azul y al parecer presentaba heridas de arma blanca. Además, se detalló que “Don Naza” tenía una herida por arma de fuego.

El crimen ocurrió una semana después de que Nazareno apareciera en el complejo del Ministerio de Defensa, en Quito, el pasado 7 abril del 2022. Asimismo, ese día cinco personas resultaron detenidas en el parqueadero de la institución. Los detenidos portaban armas de fuego y bolsas con dinero.

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Fiscalía confirmó que entre los detenidos están los presuntos responsables de colocar tacos de dinamita en la Unidad Judicial Albán Borja, hecho suscitado el día de ayer. Los responsables serían parte de la agrupación delictiva denominada «Chonekillers», añadió la institución.

Los detenidos serían responsables de delitos como: decapitaciones, desmembramientos, microtráfico, secuestro, y otros. En el operativo se incautó evidencia que incluye armas, drogas, y vehículos que presuntamente se usaron en varios asesinatos, según indicó Fiscalía.

De los 28 detenidos, 22 tenían una boleta de captura, y los procesarán por delincuencia organizada; 6 se encontraban en delito flagrante. Estos últimos están involucrados en el atentado a la Unidad Judicial.

Sobre el atentado a la Unidad Judicial

La tarde del 20 de abril se alertó de una amenaza de bomba en la Unidad Judicial. Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) controlaron la situación.

En el operativo encontraron seis artefactos explosivos distribuidos en dos cartones, que se encontraban a 11 metros del parqueadero y el otro cerca a la puerta de la Unidad Judicial Albán Borja.

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Las protestas fueron organizadas en las principales ciudades rusas, como Moscú y San Petersburgo.

Según el medio Swiss INFO, en las protestas en Moscú participaron alrededor de 700 personas. Los manifestantes marchan por los bulevares de la ciudad moscovita al grito de “No a la guerra”.

Entre los detenidos en Moscú por pronunciarse contra la guerra en Ucrania se encuentran la activista Marina Litvinovich y la directora teatral Evgueni Berkovich.

“Fui detenida cuando salía de casa”, escribió en Telegram la activista Litvinovich, residente en Moscú. Y confirmó su detención en un mensaje a la agencia Reuters.

Las autoridades rusas advirtieron a los ciudadanos relacionados con la organización de acciones masivas no autorizadas y la infracción de la legislación puede acarrear distintos castigos, incluida responsabilidad pena.

«Cualquier acto de provocación, agresión contra agentes o incumplimiento de sus requisitos legales será reprimido de inmediato», señaló la oficina de prensa del Ministerio del Interior.

La periodista Hanna Liubakova informó mediante su cuenta de Twitter que, según defensores de derechos humanos, más de 150 personas han sido detenidas hasta el momento por las protestas en Rusia y que su número seguramente crecerá.

En otros países

Por otro lado, ucranianos en diferentes países protestaron en contra del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En Reino Unido, los manifestantes solicitaron al primer ministro, Boris Johnson imponga estrictas sanciones y demandan que Rusia finalice su agresión.

Asimismo, se han registrado manifestaciones en Líbano, Francia, Turquía, Estonia y Grecia.

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El grupo estaba conformado por diez personas, nueve ecuatorianos y un colombiano. Según informó la Policía, este grupo se encontraba realizando un falso control antidelincuencial en las calles Piedra y Morales, sector del Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. 

La institución dijo que durante el operativo, los individuos afirmaron pertenecer a la Organización de Delitos Flagrantes (CDF). Los ciudadanos tenían en su posesión motocicletas con distintivos policiales. Además, portaban uniformes similares al Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional (GOM). 

Uno de los ciudadanos tenía en su posesión credenciales e insignias policiales. “Al verificar los datos en el sistema SIIPNE, no registraba como servidor policial”, declaró la Policía.  Se trata de Daniel Alejandro Flores Silva, ecuatoriano de 36 años, que portaba una credencial similar a la de la Policía en el grado de Teniente y Capitán. 

“Su objetivo consistía en recorrer en motocicletas con distintivos (similares a los de la Policía Nacional del Ecuador), en diferentes sectores de la ciudad, realizando operativos antidelincuenciales haciendo pasar a uno de los integrantes como funcionario policial en el grado de Capitán de Policía, quien dirigía y daba instrucciones a los demás para la ejecución de los operativos y registro de las personas”, aseguró la Policía en un comunicado. 

Entre los objetos decomisados se encontraron 7 motocicletas, 10 cascos, 2 radios, 7 chalecos antibalas, 18 documentos personales y 8 teléfonos celulares.

Los detenidos

1.- Daniel Alejandro F. S., ecuatoriano de 36 años, registra antecedente por falsedad en la identidad, en 2008.

2.- Jonnicifer Jean Paul D. C., de 42 años, colombiano, registra antecedente por ejercicio de funciones sin promesa legal, en 2012.

3.- Edison Fabián V. V., ecuatoriano 29 años, no registra antecedentes.

4.- Jonathan Fernando C. S., ecuatoriano de 20 años, no registra antecedentes.

5.- Dilan Fabián M. P., ecuatoriano de 22 años, no registra antecedentes.

6.- Daniel Alexander T. T., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

7.- Brando Jesus T. E., ecuatoriano de 24 años, no registra antecedentes.

8.- Estefanía Elizabeth N. T., ecuatoriana de 38 años, no registra antecedentes.

9.- Sandra Leticia G. L., ecuatoriana de 49 años, no registra antecedentes.

10.- Miguel Ángel M. M., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

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