Durante el debate, varios asambleístas mencionaron que varios solicitudes de cambio y otras peticiones no se implementaron en el informe para el debate. Algunos de ellos, la condonación de deudas de hasta USD 10 mil a los agricultores, la discusión de las zonas francas y la eliminación de los impuestos a la salida de divisas.

Algunos de sus cambios luego del primer debate

• Condonación Tributaria: Al inicio, el documento indicaba que los contribuyentes que estén al día en el SRI o se hayan igualado en sus deudas hasta que la ley entre en vigencia tendrán una condonación del 100 % de intereses, multas y recargos. Sin embargo, el primer puesto de los deudores lo tiene la Exportadora Bananera Noboa, empresa de la familia del presidente.

Por lo que la Comisión de Desarrollo Económico pidió que quienes reciban este beneficio no podrán ser familiares de hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente de la República y de los legisladores.

Con eso, los contribuyentes deberán cancelar el capital de su deuda hasta máximo 150 días desde que se publique la ley.

• Deudas con gobiernos locales: El proyecto expone que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales también condonarán las deudas de intereses, multas y recargos de tasas o impuestos. Los ciudadanos que se quieran acoger esta ley deberán pagar el capital de la deuda en máximo 150 días desde la expedición de la ordenanza.

A su vez, las entidades deberán emitir una ordenanza hasta un máximo de 45 días desde que se haya aprobado la ley.

También incluye la condonación del 100 % de los intereses, multas y recargos a deudas vencidas en créditos educativos dados por la banca pública, el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) o el Instituto de Fomento de Talento Humano.

En este apartado se incluye la Agencia Metropolitano de Tránsito, Servicio Público para Accidentes de Tránsito, que podrán realizar una acto similar para las deudas que estén bajo la administración de las entidades que recaudan anualmente el Impuesto de la Propiedad de vehículos Motorizados por el SRI.

Más deudas…

• Deuda con el Banco Central del Ecuador (BCE): El Ministerio de Economía podrá renegociar la deuda con el BCE hasta por 20 años. Es decir, la entidad bancaria podría esperar hasta 2040 para que la cartera de Estado cancele los más de USD 5 millones que adeuda.

En el informe incrementaron las condiciones del pago con una tasa de interés del 1,3 % anual, sistema de amortización francés y pagos de vencimientos semestrales. Las deudas que serán consideradas serán: los bonos de Estado, certificado de depósito e inversión, títulos y obligaciones contractuales del Ministerio de Finanzas y de empresas públicas por contratos financieros.

• Autorretenciones de los grandes contribuyentes: Las empresas que pagan más impuestos deberán pagar un porcentaje de sus ingresos al SRI por mes. La entidad definirá el porcentaje de acuerdo a la actividad económica del contribuyente.

En el primer debate se estableció que esta contribución no supere el 90 %, sin embargo, se eliminado por carecer de argumentos técnicos.

• Impuestos a la vente de inmuebles: De acuerdo con el informe, las personas o empresas que vendan sus oficinas o locales deberán pagar el impuesto a la venta desde 2024. Además, señaló que las personas naturales podrán vender una casa cada cinco años sin tener que pagar el impuesto. Pese a que este inciso se eliminó para el próximo debate, no quiere decir que los ecuatorianos no pagarán impuestos, recalca Jaime Rumbea en Primicias.
• Creación de empleos: Algunas de las modificaciones son: los contribuyentes que generen un incremento neto de las plazas de empleo para jóvenes entre los 18-29 años y las personas obligadas a pagar pensiones alimenticias recibirán una reducción del 50 % sobre el gasto de salarios de los que se aportó para la seguridad social.

Si las plazas son para jóvenes graduados o egresados de instituciones públicas, institutos superiores, conservatorios, entre otros, tendrán una deducción adicional del 75 %.

Por su parte, en el sector de la construcción y agricultura, el contribuyente que genere plazas de empleo tendrá una deducción adicional del 75 % del gasto de sueldos que se haya aportado en seguridad social.

• No entregar comprobantes: Los negocios que no entreguen los comprobantes de multas tendrán una multa de uno a 30 salarios básicos unificados que deberán ser saldados en un plazo de 10 días, pero ya no sería un motivo para cerrar el local.

• Empresas de pronósticos deportivos: Las empresas que se dediquen a estos pronósticos, deberán cumplir con los siguientes parámetros.

-Registrar catastro del registro único de contribuyentes RUC.

-Entregar información para fines tributarios al SRI.

-Declarar y pagar el Impuesto para Operadores de Pronósticos Deportivos.

-Nombrar una autoridad residente en Ecuador para la administración del Impuesto a la Renta Único para Operadores pronósticos Deportivos.

En caso de no acatar lo establecido, la dirección de IP del sitio web, por el cual opera la empresa, será bloqueado y tendrá una sanción de 30 salarios básicos.

• El IVA: Las personas naturales o sociedades que pagaron el IVA con las adquisiciones de bienes y servicios para la construcción inmobiliarios tiene derecho a la devolución de los intereses en un plazo de 90 días a través de una emisión de nota de crédito.

Dichas entidades podrán registrarse en el Ministerio o a la institución que corresponda, menos los que se destinen para vivienda propia y no superen los dos proyectos por año.

• En el sector turismo: Se pretende una tarifa del 0 % de IVA a los turistas extranjeros. Además, las inversiones de USD 100.000 no tengan impuesto a la renta por siete años.

La primera ley enviada

El presidente Noboa envió este proyecto el pasado 27 noviembre a las 22:52. Según el régimen, esto reduciría el déficit fiscal que tiene el país, pues Ecuador tendrá USD 832 en ingresos netos.

El proyecto ya tuvo un primero debate el 12 de diciembre de 2023, en el que se analizó el informe aprobado por unanimidad en la Comisión de Desarrollo Económico. El presidente de la Asamblea Nacional suspendió la sesión y el documento regresó a la mesa legislativa y prepararse para el segundo debate.

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El éxodo de los GAD parroquiales rurales inició a mediados del siglo pasado, como parte del denominado régimen administrativo que consideró a provincias, cantones y parroquias. Durante el trayecto, la organización social desempeñó un rol indispensable pues el reconocimiento y la consecución de asignaciones económicas fue fruto de una lucha gremial, que, hasta la fecha continúa en la puja para vislumbrar el horizonte del desarrollo en el territorio rural. Allí un paradigma para repensar la descentralización y el modelo de equidad territorial: un reto para el Gobierno de Daniel Noboa.

La Constitución del Ecuador del año 1945, consideró lo conformación del Consejo Parroquial con las siguientes atribuciones:

1. Atender al mejoramiento de los servicios públicos de la parroquia;
2. Procurar la realización de las obras públicas parroquiales;
3. Invertir las rentas parroquiales en la forma que la ley determine;
4. Trabajar por la cultura popular; y
5. Ejercer las demás atribuciones que les señalen la constitución y las leyes.

Además se especifica la facultad resolutiva y un primer intento por legislar el origen de los recursos, inscrito en el artículo 110, de la norma en mención, determinaba que “el sesenta por ciento, cuanto menos, de los ingresos municipales producidos por cada parroquia rural, se invertirá en obras de la misma”.

Para la Constitución de 1946, se considera el denominado Régimen seccional, donde una vez más a las provincias, cantones y parroquias como la división territorial del país. Lastimosamente, a diferencia de 1945, se excluye noción alguna respecto a las atribuciones y presupuestos: desaparece el Consejo Parroquial del texto mandatorio.

La nominación “Juntas Parroquiales” se inscribe por primera vez en la Constitución de 1967, específicamente en el artículo 243, donde menciona que “en cada parroquia rural habrá una Junta Parroquial, cuyos miembros serás elegidos por votación popular y directa. (…) vigilarán los servicios públicos parroquiales, determinarán obras que interesen a la parroquia y controlarán los fondos destinados a las obras de su jurisdicción. Tales juntas elegirán un presidente de su seno”. Respecto a la conformación presupuestaria, la Carta constitucional de la época consideró “el impuesto predial rústico para las respectivas parroquias rurales” (art. 246, numeral 3).

Paradójicamente, una vez más, la Constitución Política de 1979, borra del texto normativo la nominación de “Juntas Parroquiales” y toda claridad, por mínima que fuere, en torno a las atribuciones y el presupuesto. Se repite la dinámica descrita en párrafos anteriores respecto a los años 1945 y 1946.

Con la Constitución de 1998, se retoma el reconocimiento de las Juntas Parroquiales y además se inscribe un hito: la nominación como gobierno seccional autónomo. Sin embargo, excluyó  a las juntas parroquiales la facultad legislativa para crear, modificar o suprimir tasa, en otras palabras, se funda la incapacidad legal para generar recursos propios mediante la recaudación de tasa y tributos que hasta la fecha se encuentra vigente.

Fernando Salazar, dirigente histórico de las juntas parroquiales y ex asambleísta constituyente, manifiesta que “las juntas parroquiales, como nacieron, se extinguieron”, criterio que sostiene su argumentación considerando la dinámica de los textos Constitucionales de 1945 – 1946, y, 1967 – 1979. Para 1998, tras un proceso organizativo de índole nacional de las autoridades parroquiales, las juntas parroquiales se reconocían como gobierno seccional sin embargo, la Constitución Política derivaba hacia una ley que no existía, ni sustantiva, ni adjetiva.

Con el horizonte trazado, en 1999 se funda una organización de hecho denominada Comisión Nacional de Juntas Parroquiales que se formaliza en derecho para el 2001 como Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAJUPARE). El objetivo fue claro: dotar de institucionalidad y recursos toda vez que, a criterio de Salazar, “el Estado no quería que existamos porque decían que éramos la diáspora del país y que se iba socializar la corrupción (…) los cholos, negros e indios no teníamos conocimiento de la cosa pública”.

Previo al mandato de Rafael Correa, surgieron algunos avancen normativos, en cuento a la legislación electoral, el funcionamiento de las juntas parroquiales, inclusión formal a la administración pública y un recurso escueto de alrededor de cuatro millones destinados para aproximadamente 785 Juntas. Realidad que se transforma en 30 millones de dólares, compromiso de campaña, que se cumplió en el Gobierno de Correa. Datos proporcionados por Fernando Salazar.

El enfoque garantiza de derechos impreso en la Constitución de 2008, incluye el modelo de descentralización donde se inscriben como Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, donde la Junta Parroquial configura la función legislativa frente al Ejecutivo de la parroquia. Así también, las diversas legislaciones circundantes a los tres niveles de gobierno fueron sustituidas con la promulgación del COOTAD en el año 2010.

Si bien los avances son notorios, es preciso analizar, tras trece años del COOTAD si el modelo de equidad territorial hace honor a su nombre considerando, por ejemplo, la inequidad en la erogación de recursos por parte del Gobierno Central, donde a los 821 GAD parroquiales apenas les corresponde el 6% del recurso. Por si fuera poco, la herencia de la Constitución de 1998, la incapacidad de generar recursos propios, se traduce en una dependencia exclusiva de las asignaciones de la Cartera de Finanzas, cuyas fluctuaciones atacan a las economías tan deprimidas de los gobiernos parroquiales.

En cuanto a las competencias concurrentes, existe un amalgama de criterios políticos en el terreno de las voluntades subjetivas que lastimosamente, perjudican la ejecución de obras por parte de los GAD parroquiales, aún cuando los municipios o prefecturas no eroguen recursos. En otras palabras, las concurrencias son sinónimo de pedir permiso a los otros niveles de gobierno, pues, así el gobierno parroquial cuente con los recursos para ejecutar una obra, si se trata de una concurrencia, obligatoriamente debe celebrar un convenio con otros niveles de gobierno y depende de la voluntad administrativa para que se firme pronto, o en su defecto, se dilate incluso varios años.

Hoy, 2023, es menester, para todos los actores, repensar el modelo de equidad territorial para no condenar a los GAD parroquiales.

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Borja, en entrevista con Radio La Calle, mencionó que, durante los dos años de gobierno de Lasso las políticas económicas fueron ineficaces para el 90 % de la población. Sin embargo, favoreció a un pequeño grupo privilegiado que estaba vinculado al primer mandatario, al sistema financiero, grandes productores y al arbitraje internacional.

Según el economista, la «reforma a estas leyes viejas» debería tener un acuerdo entre los actores productivos (accionistas, acreedores, trabajadores, empresarios) y de esa manera integrar a todo el sector. Recalcó que todos están sumergidos en un «tejido productivo destrozado» por los dos últimos gobiernos.

«Deben hacer algo que permita el dinamismo de la economía y no una ley con la que después van a quebrar por una mala política económica», refirió.

¿Son viables estos decretos?

Borja indicó que si bien estos documentos pueden aliviar en algo la preocupación de los ecuatorianos, no presentan una solución a largo plazo. Además, enfatizó que los decretos no pueden ser elaborados a última hora y mucho menos sin analizar todas las aristas.

«Esto no puede ser sobre la base una bibliografía que se leyó al auto y con el ánimo de proteger a los más grandes y a los bancos por los problemas que traerá el fenómeno El Niño», dijo.

Repitió que la alternativa que le quedaría al gobierno es implementar el «derecho concursal». Una opción que permitiría que los procesos de liquidación se apresuren, preservando el empleo y el funcionamiento operativo. Según él, esa sería la manera de llevar un proceso ordenado y rápido en la que se involucren los trabajadores y empresarios.

Ellos mismo se delatan

Borja señaló que el propio régimen explicó que cerca del 25 % de las empresas están en riesgo por las consecuencias del desastre natural. Manifestó que el equipo de Lasso restringió el gasto público y no favorecer a las empresas que están en peligro desde 2022.

«Unos dicen más tarde que nunca, pero ojalá no sea algo demagógico. Esa no es una solución integral al país, habrá despreocupación por seis meses», apuntó.

En cuanto al crédito de condonación de deudas para los estudiantes, aseguró que era un problema que debía ser atendido hace mucho tiempo. Mencionó esa política debería ser algo simple, pues la serie de requisitos impide que se cumpla de manera óptima.

«Si el país tuviera una política que proteja la economía de lo ecuatorianos habría menos problemas operativos y menos endeudamiento de las familias«, resaltó. (N.J.C)

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Muchos de los deportados están endeudados y con un futuro aún más incierto que al inicio. Existe la posibilidad de que lo vuelvan a intentar, porque «el país no les brinda los recursos suficientes para continuar y pagar sus deudas», según un migrante.

«Marco», nombre protegido, mencionó para Radio La Calle que él ahora está más endeudado que antes. «Le debo más de USD 30 mil al hermano de mi mujer, porque quise llevarme a ella y mis dos hijas. Solo en los tres usamos esa cantidad, a aparte yo tuve que pedirles a mis hermanas lo que me faltaba para irme», dijo.

El testigo explicó que vendió su auto y su negocio para poder salir. Asimismo, comentó que se endeudaron porque en el camino para llegar a EE.UU. pasaron por robos y una deportación desde Panamá, así que debían pedir dinero constantemente.

Endeudados

Los ecuatorianos consideran que salir del país es una de las mejores estrategias para mejorar su economía. La fe de llegar es más grande que ponerse a pensar en la posibilidad de ser deportados.

Marco aseguró que el dinero que le prestó su cuñado para que su familia pueda irse con él, la vio como una inversión. Agregó, «su hermano me decía que allá le iba a poder pagar en unos tres meses y ahora me insiste en que lo volvamos a intentar«.

El entrevistado pagó USD 7 mil por cada miembro de su familia a un grupo de coyoteros que se encargaría de llevar a su familia desde Ecuador hasta Guatemala en avión y luego hacerlos cruzar. Se suponía que Marco las encontraría en México para cruzar juntos.

Marco en su travesía desde el país salió en buses interprovinciales y caminando por la selva de Darién. No obstante, para ser trasladado de un lugar a otro tenía que pagar constantemente.

De la misma manera, Marco resaltó que pagó a un coyotero en medio del camino, porque en algunos países había el riesgo de ser detenido o secuestrado. «A mi me cobraban dos mil dólares para pasarme por cada país, eso sin contar que yo tenía que responder por carros, buses y otros medios de transporte en los que me llevaban».

«En México me encontré con mi familia, pensábamos pagar más de USD 20 mil para cruzar la última frontera, pero el coyotero insistió en que lo mejor era que nos entregáramos a migración», narró.

La deportación

La familia de Marco se entregó a migración junto a más migrantes de diferentes nacionalidades. Todos con la esperanza de que les realizarían entrevistas de rutinas para ser liberados en suelo norteamericano. Sin embargo, pasaron más de un mes encerrados y sin darles ninguna información.

Finalmente fueron subidos a un avión con destino a Guayaquil, donde tuvieron que llamar para llegar a la casa más cercana de un familiar. Desde el incidente Marco salió de Cuenca hacia Loja y trabaja como albañil, para iniciar con los pagos del banco. (DCJ)

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Otros usuarios señalaron que sus deudas no fueron notificadas, sino hasta que sus cuentas de bancarias fueron bloqueadas por los procesos legales que CNT levantó en su contra. Debido a los múltiples reclamos, más de 30.000 acciones coactivas se están revisando.

Según diario Expreso, se reportaron casos de suplantación de identidad, falsificaciones de firma y servicios que no se dieron de baja.

Según la Fiscalía General del Estado, solo en Guayaquil, se registraron 4.809 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y 2022, además es complicado determinar cuántas están relacionadas con CNT.

Existen canales para denunciar las inconsistencias de CNT. Sin embargo, muchos usuarios prefieren pagar la deuda injustificada antes que perder tiempo en procesos legales largos y costosos.

El portal oficial del Ministerio de Telecomunicaciones respondió que «para quienes tengan respaldos que la deuda no les pertenece, las unidades de post venta en los Centros de Atención al Cliente, a escala nacional, tienen la obligación de estudiar dichos casos. Si la deuda no le pertenece se realizarán las enmiendas respectivas».

La principal recomendación para todos los usuarios que finalizan su contrato con CNT es guardar toda documentación posible y exigir un certificado de cancelación de deudas. (O.S.V)

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Más de cien exempleados fueron despedidos hace más de un año y el diario no ha pagado las liquidaciones de los periodistas, prensista y personal de otras áreas. Ellos firmaron acuerdos y mediaciones laborales, pero hasta el día de hoy siguen esperando respuestas.

Según reporta la periodista Mónica Mendoza, «algunos casos se mensualizaron hasta tres años. Los pagos mensuales se hacen con dos y tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con las pensiones de jubilación». Los trabajadores piden al presidente Guillermo Lasso que se respete la ley.

El 5 de septiembre, el periodista Dimitri Barreto acusó que El Comercio no paga las liquidaciones de 250 comunicadores, pese a que existe un convenio de pago para tres años. De los extrabajadores, a 210 les adeudan tres meses; mientras que a 150 periodistas (actuales) no les pagan todavía sus sueldos.

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Estas deudas han afectado a varios ciudadanos. CNT a través de notificaciones les pedía que cancelen las órdenes de cobro. Sin embargo, los ciudadanos aseguraron que no han contratado ningún servicio para dicho cobro.

María Gabriela Erazo es una de las afectadas por estos servicios sin un contrato previo. Según la empresa, la ciudadana tiene una deuda de USD 270 por una línea telefónica, con equipos incluidos. Según el contrato, Erazo solicitó el servicio el 28 de junio del 2007.

La ciudadana acudió en varias ocasiones a CNT, pero la respuesta siempre fue la misma. «Debe cancelar la deuda porque el servicio presuntamente contratado consta en el sistema de la entidad»

Ante la negativa de la telefónica, acudió a la Fiscalía General del Estado, organismo que el 16 de diciembre de 2021, solicitó a CNT los contratos, audios, videos y documentos que demuestren que la ciudadana adquirió un plan con la empresa.

El 23 de diciembre, la analista de post ventas masivas de CNT, Ximena Plaza, respondió a la Fiscalía. Según la analista la entidad no cuenta con el contrato, pero la deuda consta en el sistema transaccional.

Plaza argumentó que hasta el año 2015 un contrato físico no era requisito obligatorio para acceder a servicios. Esto porque así se establecía en la Ley Especial de Telecomunicaciones de 1992.

No obstante, este argumento no fue aceptado por la Fiscalía por lo que señaló que, al no poseer CNT un contrato físico, ni un documento que respalde la contratación de un servicio o plan por parte de la ciudadana María Gabriela Erazo, no existe deuda alguna.

Entre enero y febrero de 2022, CNT recibió 2.161 quejas por procesos de coactiva. Por tal motivo, la entidad suspendió por dos ocasiones los cobros, hasta el pasado 15 de abril.

La Fiscalía detectó 2.107 casos de suplantación de identidad ente los años 2017 y 2021.

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Estos créditos impagos a la Corporación se tratan de deudas que perdieron su vigencia de cobro y ahora están sujetas a intereses. El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dijo que la CFN inició la ejecución de 1.200 acciones coactivas.

En total, la Corporación registra un monto de USD 419 millones en cartera improductiva hasta octubre de 2021. Así lo señaló en diciembre de 2021 el presidente del Directorio de la CFN, Iván Andrade.

Villavicencio se refirió a una investigación realizada por diario Expreso, cuya publicación permitió transparentar y obtener información sobre la situación de la CFN.

Reportaje de Expreso

Según Expreso, entre 2014 y 2019, los créditos se destinaron «a pocas manos, sin las suficientes garantías, con escasos requisitos y plazos poco técnicos».

La apertura de esta investigación se aprobó por unanimidad el pasado 7 de mayo de 2022 y fue mocionada por el legislador Bruno Segovia. Villavicencio expresó que se tendrá un calendario de comparecencias, posiblemente, para la siguiente sesión de la Comisión.

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Quito, 4 Ago (La Calle).- La Confederacion de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) pide al gobierno que de un año de emergencia para que los deudores del sistema financiero nacional puedan pagar sus deudas sin intereses por mora.

El movimiento indígena presentó este miércoles sus demandas en el ámbito económico y las propuestas frente a temas urgentes como el alza de los combustibles, créditos y situación minera.

Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, expuso el documento con demandas y propuestas económicas frente a la crisis que atraviesa el país.

“Queremos dar a conocer al país sobre los tema centrales que se ha venido discutiendo en el último año, no es un problema de una transición política de este momento, sino es un problema estructural de la economía”  

El próximo martes 10 de agosto, la asamblea ampliada de la CONAIE tomará una decisión sobre este pedido. Asimismo, hará una convocatoria pública a todos los sectores populares del país para unificarse en el Gran Parlamento de los Pueblos.

El movimiento indígena espera una respuesta de parte del gobierno hasta ese día, víspera de un nuevo incremento en el precio de los combustibles.

Eduardo Mendua, Dirigente de Relaciones Internacionales de la CONAIE, no descarta la posibilidad de iniciar “jornadas de lucha y resistencia en las calles” con los pueblos y nacionalidades del país, en caso de no tener una respuesta favorable por parte del gobierno.

El documento consta de cuatro puntos importantes sobre la crisis económica, entre ellos la derogatoria de algunos Decretos, y sobre la declaratoria de un año de emergencia para que el pueblo pueda solventar sus deudas con instituciones financieros, es así que exige la reestructuración de las deudas en el sistema financiero nacional, privado, público o sistema de cooperativas.

Pedidos de la CONAIE

La CONAIE exige la derogatoria del Decreto 1158, referente a  liberación de la importación de los combustibles por parte del sector privado; el Decreto 1183, que faculta a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) para la fijación de los precios de los combustibles.

Además, exigen una revisón del Decreto Ejecutivo 1054, que establece el sistema de bandas de los precios para los combustibles.

Una de las prioridades del movimiento indígena es que el gobierno tenga una postura clara respecto del tema minero. La organización exige el cese del proceso de ampliación de la política minera, y que el Gobierno priorice una política nacional que garantice la economía sustentable.

Finalmente pide garantizar una política económica y fiscal mucho más rigurosa, que garantice la reducción de la brecha de la desigualdad.

Situación de los combustibles

El Decreto 1183 está en rigor desde el 11 de noviembre de 2020, y a través del sistema de banda está regulando que los precios no incrementen o disminuyan más del 5%.

Desde el 12 de junio el precio del Diesel es de USD 1,52 por galón, la gasolina súper es de USD 3,07, el precio de la gasolina extra y ecopaís es de USD 2,07.

Los precios para el 11 de agosto se estiman en la gasolina extra y ecopaís USD 2,18, el precio de Diesel en USD 1,56, y el precio en la gasolina súper será de USD 3,18.

Por otro lado, Iza mencionó que el movimiento aún no ha recibido respuesta a sus requerimientos, y que entregarán el documento por escrito durante esta tarde.

“los documentos que entregaron a través de las gobernaciones en este caso que se dieron en las acciones anteriores creo que no han llegado al Presidente de la Republica, seguramente por eso no tenemos respuesta”

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“Estamos al día con los sueldos de los servidores del sector público. Pagaremos a los 17 mil pequeños y medianos proveedores del Estado, con quienes tenemos deudas de hasta USD 500 mil. Reduciendo así los atrasos a niveles mínimos. Cumpliremos al 100% con los cooperantes de proyectos de inclusión social”, dijo el mandatario.

Moreno agregó que se pondrán al día con 821 juntas parroquiales y cubrirán el modelo de equidad territorial de los municipios pequeños. A los municipios medianos, grandes y los gobiernos provinciales les haremos un pago importante para reducir el atraso.

También pagarán a los más de 3.000 extrabajadores de las empresas públicas en liquidación. Devolverán los impuestos a 350 mil ecuatorianos. USD 300 millones irán al plan Reactívate Ecuador.

Deuda pública

De acuerdo con los datos del Ministerio de Finanzas, hasta agosto del 2020, la deuda pública del Ecuador era de USD 59.260 millones, es decir un 61,40% del producto interno bruto. Trabajadores del sector público como docentes y trabajadores de la salud denunciaron que el Estado les debía dos meses de sueldos y el mes de septiembre en algunos sectores todavía sigue impago.

Por otro lado, los Gobiernos Autónomos Descentralizados optan por la vía judicial para pedir sus recursos. El pasado 30 de septiembre, el juez José Ordóñez aceptó el pedido del Municipio de Guayaquil sobre el pago de USD 30 millones que el Ministerio de Finanzas (MEF) debe hacer al Cabildo por devolución del IVA entre septiembre de 2019 a abril de 2020.

El juez también ordenó que en 72 horas el MEF haga el depósito y que no repita esta vulneración de derechos. Es decir, por orden judicial el Gobierno está obligado a cumplir permanentemente con el pago.

De acuerdo al Legislativo, el Estado adeuda a los GAD municipales USD 3.512 millones; USD 66 millones a las Universidades y Escuelas Politécnicas, y aún falta determinar la deuda con los gobiernos provinciales.

La entrada Desembolso del FMI pagará una parte de la deuda pública, indica Moreno se publicó primero en La Calle.

“Su gobierno es tan pueril don Lenín que pretende sacar dinero hasta de los ecuatorianos muertos. Mi abuela murió hace un cuarto de siglo y su CNT pretende cobrarle una supuesta deuda. Lo que hace es infame. ¿A cuántos ciudadanos más estará incomodando? Ud. es una vergüenza!”, escribió el jurista en un tuit.

En el correo adjunto donde se coloca el nombre y cédula de la ciudadana se le informa que mantiene “una deuda pendiente de pago, por servicios de telecomunicaciones y/o televisión. Para saber el valor pendiente y mayor información sobre la deuda enviar un mail al Ing. Roberto Romero, analista de cobranza extrajudicial”, explica.

“Mi abuela Victoria murió en 1995. No estábamos dolarizados, no existía CNT, ni siquiera había email y su gobierno de payasos don Lenín, ¡tiene la incompetencia Infame de inventarse deudas de los muertos! ¡Le repito Ud. es IMPRESENTABLE!”, agrega indignado Aguilar.

Otras voces de usuarios también compartieron sus denuncias. “No tengo relación con CNT hace varios años por su pésimo servicio y me llegó un correo que debo USD 60 de un teléfono que nunca contraté. Les estoy pidiendo pruebas de mi deuda y sigo esperando. Están desesperados por plata”, dijo un usuario.

“A mí también me llegó una igualita, pero yo no tengo servicio con CNT hace unos 15 años. Y en esa época no tenían ni servicio de tv. Por cable”, indicó otro.

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La reforma permite que los GAD, las Universidades y las Escuelas Politécnicas del país cobren al Gobierno Nacional los montos adeudados por concepto de devolución del IVA.

El asambleísta independiente, Franco Romero, mencionó al Pleno que el objetivo de esta reforma es que las instituciones retengan el IVA y no lo entreguen al Gobierno. De esta manera se evitarían los pagos atrasados.

Romero explicó que la falta de estos recursos pone en riesgos la liquidez de los GAD y de las instituciones de Educación Superior. Esta situación desemboca en un precario servicio a la ciudadanía.

Según el legislador, el llamado “Gobierno de Todos” adeuda a los GAD municipales USD 3.512 millones; USD 66 millones a las Universidades y Escuelas Politécnicas y aún falta determinar la deuda con los gobiernos provinciales.

La mayoría de los asambleístas considera urgente esta reforma. “El Ecuador debe avanzar hacia la desconcentración y descentralización de los recursos”, manifestó el socialcristiano César Rohón.

Con su punto de vista coincidieron los legisladores Fernando Callejas y Wilma Andrade. Ambos consideran que es un derecho de los GAD recibir estos recursos y el Estado mantiene una deuda histórica con ellos. “USD 997 millones se adeuda a 221 municipios”, puntualizó Wilma Andrade.

Dentro del Legislativo se plantea el establecimiento de un plazo de 180 días para que el Ministerio de Finanzas pague lo que debe a las instituciones afectadas. (DR).

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Seguidamente, permitieron el paso a cinco dirigentes que participaban en la protesta, y que serían recibidos por una funcionaria del Ministerio de Gobierno. Marco Leguízamo, presidente de la Cámara de Computación y representante de la Plataforma de Proveedores del Estado indicó que: “El Gobierno no ha honrado sus deudas por falta de liquidez y ha propuesto pagarles con bonos, iniciativa que no ha tenido acogida”.

Este es uno de los casos de los miles de trabajadores que perdieron su trabajo y no reciben respuesta alguna por parte del Estado. Sin embargo, en un comunicado oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas mencionó que el Ecuador recibió un aporte de 2 mil millones de dólares por parte de varios organismos como el Banco Mundial (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros. Nadie sabe si utilizarán este dinero para el pago de los salarios y responsabilidades que mantiene el Gobierno.

Finalmente, a través de una publicación en Twitter, el asambleísta Pabel Muñoz (RC), mostró un cuadro con datos provenientes del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, donde evidencia una deuda pública de 42 millones de dólares.

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ISSFA: Deudor y machista, un artículo de opinión de Katherine Betancourt

¿Desde cuándo las mujeres somos símbolo de debilidad o incapacidad para emprender? Estoy segura que nos caracterizamos por ser inteligentes y capaces para liderar en cualquier aspecto de la vida.

Un claro ejemplo de ello es Nela Moreno, una mujer cuyo ímpetu y sacrificio la llevó a formar una de las grandes empresas ecuatorianas denominada Gramolino. La llamo grande porque en poco tiempo ha conseguido lo que ninguna otra. Hoy produce una bebida de amaranto que ha traspasado fronteras, Amati, reconocida y premiada a nivel mundial.

Pero no ha servido de nada su esfuerzo compartido con su hija, Carla Novoa. Ambas han sido humilladas en un mundo comercial liderado por el machismo. Nela ha luchado incansablemente por lograr el éxito, sola, sin un hombre a su lado. Y al parecer, eso, en este país es un delito. Madre de dos hijos, uno de ellos víctima del bullying sin que se hiciera nada al respecto. Pedro José falleció hace dos años con apenas 11 años de edad.

No fue fácil

Sumida en una profunda depresión y una enfermedad diagnosticada tiempo después que casi la lleva al fracaso. Un cáncer de mama la inhabilitó por meses, con cirugías y tratamientos interminables. A pesar de eso no se dio por vencida, cosechó más éxitos junto a su hija mayor.

Hoy en día, exigen respeto y justicia a “Aerostar SABCO – Servicio a bordo”, una empresa perteneciente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), que mantiene una deuda de 30 mil dólares contraída a raíz de la entrega de productos y que de manera dolosa se niegan a cancelar.

Sus directivos se lavan las manos, «que no hay plata», que «están en bancarrota», que «cambiaron de gerente», ¡qué casualidad! Pero hace poco cancelaron a Pronaca y no a Gramolino. ¿Por qué? Porque está liderado por mujeres. «No deben meterse en cosas de hombres», esa fue su respuesta tan retrógrada y machista, ¡qué vergüenza!

Nela continúa en la lucha no solo por lo que por derecho le pertenece, sino porque está cansada de esta discriminación absurda y sin sentido.

La justicia debe actuar ante este acto bochornoso y cuestionable, sin bandos. Esperamos que tomen la decisión en beneficio de aquellos pequeños empresarios y no de grandes monopolios.

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