La jueza Coloma emitió una resolución luego de seis meses de la demanda solicitada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, y el director provincial del movimiento Sociedad Patriótica, Edwin Angulo. Ambos sustentaron que Bayas incumplió tanto la normativa electoral como los principios de transparencia en el uso de bienes del Estado.

La decisión judicial causo alarmas en diversos sectores políticos y sociales. Por otro lado, el mismo tribunal sancionó a la parlamentaria Viviana Veloz de la RC con una multa de USD 9.000 por ejecutar campaña anticipada en las elecciones del 2024. Su defensa alegó una posible suplantación de identidad en el peritaje digital.

Tampoco se conocen acciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) ni del CNE, a pesar de que el caso involucra el uso de recursos estatales durante una campaña electoral. CM

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«La Sentencia 23-25-IN/25 de la Corte Constitucional sobre la prohibición de dispositivos móviles en el sufragio es ambigua y limitada. Valida la medida del CNE bajo condiciones, enfocándose solo en reserva de ley y libertad (Art. 66.29.d), pero ignora aspectos clave de la acción de inconstitucionalidad. (…) Hoy más que nunca, se limita la transparencia del proceso electoral y se vulnera la democracia de los ecuatorianos», escribió en su cuenta de X.

Desde el Gobierno

Por su parte, el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con el dictamen de la CC. En un comunicado expresó que la resolución reconoce que no se vulneran derechos y que refuerza la postura democrática del «voto secreto».

«Es de interés de este Gobierno que durante los procesos democráticos se evite la influencia de los grupos de delincuencia organizada. (…) Aplaudimos la decisión del CNE de escuchar el clamor ciudadano».

El pasado 13 de marzo, el CNE aprobó “PROHIBIR el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio en las Juntas Receptoras del Voto; y, a partir de las 17:00 horas y durante toda la jornada de escrutinio a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV), excepto a uno de sus integrantes para que pueda realizar las operaciones matemáticas necesarias para el llenado de las actas de escrutinio”.

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«No tienen por qué haber más gente para que le tome la foto del voto del ciudadano. Si el candidato o el ciudadano levanta la papeleta, no hay nadie que le tome la foto, para empezar, ¿verdad?, pero si el candidato que va acompañado de los medios de comunicación hace el gesto de levantar su papeleta, no estará en la prohibición«, detalló Atamaint.

El CNE ratificó que, durante la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, los votantes no podrán utilizar teléfonos móviles al momento de emitir su sufragio, aunque sí estarán permitidos en el recinto electoral. La medida busca garantizar el secreto del voto y la seguridad ciudadana ante presuntas extorsiones, según un informe reservado de las Fuerzas Armadas.

Detalles de la restricción:

• Votantes: Podrán ingresar con sus dispositivos, pero deberán guardarlos al recibir la papeleta y hasta terminar de votar.
• Fiscalización: Los miembros de las juntas receptoras del voto supervisarán el cumplimiento y notificarán ante las diferentes delegaciones provinciales a quienes incumplan la norma. Los infractores enfrentarán multas entre USD 9.870 y USD 32.900, según la gravedad.
• Excepciones: Delegados de partidos, medios de comunicación y misiones de observación podrán grabar el proceso de escrutinio, que inicia a las 17H00.

La Corte Constitucional aún no resuelve una acción de inconstitucionalidad contra la medida, aunque la calificó como «prioritaria». Paralelamente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) recibirá los reportes de las infracciones.

Aunque la norma aplica para todos los ciudadanos, incluidos los candidatos Daniel Noboa y Luisa González, el CNE aclaró que no puede impedir que muestren su voto ante cámaras. No obstante, instó a denunciar cualquier registro no autorizado de papeletas. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están habilitados para votar en el balotaje, donde se espera la presencia de 41.000 delegados partidistas. El CNE destacó que el acto de votación, de acuerdo a los simulacros, no supera los dos minutos por persona.

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Nájera reveló que, desde octubre de 2024, presentó ocho memorandos ante la presidencia del CNE, dirigida por Diana Atamaint, exigiendo que el Pleno se pronuncie sobre el incumplimiento del artículo por parte del presidente Daniel Noboa, quien optó por declararse en «ausencia temporal por fuerza mayor» mediante decretos, en lugar de pedir licencia. Sin embargo, el 30 de diciembre, su pedido fue rechazado bajo el argumento de que no contaba con el respaldo de al menos dos consejeros.

El pasado 11 de febrero del 2025 la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea cuestionó que Noboa mezclara actos de gobierno con campaña, aprovechando recursos estatales. Aunque la Corte Constitucional anuló dos de sus decretos de «ausencia», no aclaró si estos equivalían a una licencia. Por su parte, la OEA advirtió que la incertidumbre jurídica generó «tensión y desconfianza», especialmente porque Noboa es el primer presidente en reelegirse tras la «muerte cruzada».

Contexto político: TCE define futuro de Abad

La solicitud de Nájera coincide con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad, acusada de violencia de género por la canciller Gabriela Sommerfeld. La consejera vinculó este escenario con una supuesta intención del CNE de favorecer al oficialismo, al actualizar el calendario electoral.

Nájera exigió al CNE convocar una sesión urgente para resolver el tema de la licencia, tal como se modificó ágilmente el calendario electoral. «La ley debe aplicarse con igualdad», insistió, recordando que el artículo 93 busca evitar el uso indebido de recursos públicos.

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Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó que 527 mujeres y 5.691 hombres se encontraban habilitados para sufragar.

Además, agregó que se ubicaron 62 juntas electorales en 42 Centros de Privación de Libertad en 20 provincias del país.

Luis Eduardo Zaldumbide, director del SNAI, señaló que la jornada refleja el compromiso por la participación política en el país.

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, mencionó que trabajaron junto al Registro Civil, para la facilitación de las cédulas; para el tema de seguridad, contaron con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional, junto a los mencionados se establecieron medidas de seguridad para garantizar normalidad en el desarrollo de la jornada.

Dos funcionarios electorales y un privado de la libertad que conste en el padrón electoral son quienes integraron las juntas receptoras del voto.

Al terminar la jornada, los paquetes electorales son sellados y trasladados a los centros de procesamiento electoral. Es ahí donde estarán guardados hasta las 17:00 del domingo 9 de febrero, cuando se inicie el conteo de votos.

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Según Nájera, el pronunciamiento del CNE es fundamental para disipar dudas sobre la aplicación del artículo 93 del Código de la Democracia, que establece esta obligación para los dignatarios que buscan la reelección. Sin embargo, la mayoría del pleno argumentó que la norma es clara y no requiere interpretación.

“El CNE no puede atribuirse funciones de interpretación legal; esa responsabilidad corresponde al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) si se presentaran denuncias por infracciones,” declaró el consejero Enrique Pita.

Por su parte, el consejero José Cabrera afirmó que, aunque el CNE está comprometido a denunciar irregularidades ante el TCE, no considera necesario un pronunciamiento adicional respecto a esta norma.

Nájera, en cambio, insistió en que la falta de una declaración oficial podría agravar las discrepancias políticas y legales en torno al tema. “Existen posturas enfrentadas incluso dentro del CNE, lo que subraya la necesidad de un pronunciamiento claro,” puntualizó.

Debate sobre la licencia y sucesión presidencial

El conflicto ocurre a pocos días del inicio de la campaña electoral, programada para el 5 de enero, en la que Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero. De solicitar licencia, como establece la normativa, el presidente debería delegar sus funciones a la vicepresidenta Verónica Abad, con quien mantiene una notoria disputa política.

Analistas favorables al gobierno han cuestionado la aplicación de esta regla en el caso de Noboa, argumentando que su mandato responde a elecciones extraordinarias tras la “muerte cruzada” invocada por el expresidente Guillermo Lasso en 2023. Sin embargo, el artículo 93 del Código de la Democracia especifica que todos los dignatarios que opten por la reelección inmediata deben acogerse a una licencia sin sueldo durante la campaña.

En un intento por limitar la posibilidad de que Abad asuma la Presidencia temporalmente, Noboa la designó recientemente como consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. No obstante, la vicepresidenta anunció que postergará su viaje y que está preparada para asumir el cargo si el presidente formaliza su licencia.

Reacciones y críticas

La consejera Elena Nájera cuestionó duramente la decisión del pleno. En redes sociales, expresó: “Un CNE comprometido con el poder de turno elude su responsabilidad. No hubo apoyo a mi moción para que el CNE se pronuncie con resolución en el sentido de que todos los dignatarios de reelección deben pedir licencia sin sueldo previo a la campaña.”

Por otro lado, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, generó controversia al sugerir que, si Noboa no solicita licencia, los asambleístas tampoco deberían hacerlo. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una falta de imparcialidad en la conducción del proceso electoral.

La posibilidad de que Noboa participe en la campaña sin solicitar licencia plantea preocupaciones sobre el uso de recursos estatales para fortalecer su candidatura, lo que podría generar una ventaja injusta sobre otros contendientes.

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¿Incumplimiento de funciones?

Según la consejera Elena Nájera, la presidenta del CNE estaría incumpliendo sus funciones al “hacer el llamado a violar la Ley Orgánica Electoral y el Código de la Democracia” con su permisión de no acoger la licencia sin sueldo por parte del primer mandatario, para participar de la campaña electoral que busca su reelección para gobernar durante el siguiente periodo 2025-2019. Así lo manifestó la consejera Nájera en su cuarto memorando dirigido a la presidencia del organismo electoral y en el que solicita, una vez más, la renuncia de Diana Atamaint a la máxima representación administrativa y jurídica del Consejo Electoral.

“Abrir espacio a la ilegalidad colectiva de todos los candidatos que, estando en funciones, tanto en la Presidencia de la República como en la Asamblea Nacional” sería inaceptable y paradójico, según Nájera, porque estas actuales autoridades aspirarían a permanecer en sus cargos para los próximos comicios generales. Razones por las que se estaría reiterando y exhortando a la presidenta de la Función Electoral a eximirse de sus declaraciones que pretenderían confundir a la opinión pública, luego de este pedido de renuncia que no ha sido respondido formalmente. Asimismo, a final del mencionado memorando, se enfatiza que “la prepotencia, arrogancia y el abuso” han lacerado la razón y la misma democracia.

Cuarta solicitud por la transparencia de las elecciones 2025

Se habla también de la incompetencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social al no avanzar con los concursos de designación de los nuevos vocales del CNE, luego de haber permanecido prorrogados en sus funciones por seis años desde su designación en el 2018, durante el tiempo del expresidente del CPCCS, Julio César Trujillo. La misma consejera Nájera estuvo presente en el plantón que se dio fuera del CNE el pasado 19 de noviembre, donde los vocales suplentes pidieron ingresar a las instalaciones de la Institución y reemplazar a los vocales principales. Sin embargo, su ingreso fue impedido por efectivos policiales y hasta el momento, su petición de principalización no ha sido resuelta por la Corte Constitucional ni atendida por el organismo de participación ciudadana y control social.

En este contexto, la consejera Nájera insistió a la presidenta Diana Atamaint que renuncie a su cargo por presunto conflicto de intereses o, en su defecto, que su hermano Kar Atamaint, abandone el cargo como Cónsul de Ecuador en Queens (Estados Unidos) por interferir en la imparcialidad de las elecciones en uno de los estados con mayor cantidad de migrantes y votantes ecuatorianos. El memorando de esta fecha se suma a los dos anteriores del 11 de octubre y 5 de noviembre que tampoco han sido respondidos y que, al contrario, fueron archivados por la titular del CNE por ser pedidos que estarían atentando a sus intereses personales y familiares, según lo expresó Nájera.

Este cuarto pedido de la consejera Nájera, de fecha 14 de diciembre, sería en el marco de las recientes declaraciones de la aún presidenta del Organismo, donde abre paso a que el presidente Daniel Noboa omita la solicitud de permiso con licencia sin remuneración para participar de la campaña electoral a iniciar el próximo 5 de enero de 225.

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Según el informe policial, el ataque tuvo lugar en un bar ubicado entre las calles 10 de Agosto y Aucas, en la zona rosa del centro del cantón. El comandante de la Policía local, Christian Pérez, indicó que las víctimas mortales se encontraban en un bar cuando presuntos sicarios, que salieron de un vehículo, los sorprendieron.

Hasta el momento no se han realizado detenciones y que la investigación se basará en los informes policiales correspondientes. Mientras tanto, en el lugar del crimen se recogieron 10 indicios balísticos.

Este trágico incidente se suma a otros hechos violentos en la misma provincia, como un enfrentamiento entre militares y supuestos mineros ilegales armados. Este conflicto dejó un fallecido y seis detenidos– entre ellos dos menores de edad- en la parroquia de San José de Guayusa, el mismo día. Asimismo hace un mes, otro ataque armado dejó siete fallecidos en Orellana. (AGM).

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»Vamos a seguir trabajando. Vamos exigir rubro por rubro, todo está justificado y no es un número que sale al azar», dijo en rueda de prensa a los medios de comunicación.

Ante este panorama, Atamaint detalló que USD 29 millones serán destinados a los procesos de contratación. Además, el CNE ya empezó con el trámite para iniciar con la impresión de las papeletas en el Instituto Geográfico Militar (IGM), en este sentido, la entidad electoral ya requiere el anticipo de USD 4 millones por parte del gobierno.

Advirtió que esta semana será crucial, pero señaló que podría existir riesgos en el proceso si no se cumple con la planificación del presupuesto del CNE. Por otro lado, se refirió a las deudas que la institución arrastra desde las anteriores elecciones. (AGM).

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En principio, el ente electoral justificó un presupuesto de USD 60 millones para la consulta. Sin embargo, Atamaint mencionó que el Ministerio de Economía «de manera inconsulta» proyectó solo USD 40 millones para el presupuesto de 2024. La presidenta resaltó que el ente electoral tiene un retraso en la asignación de recursos y plazos para adjudicar contratos.

La presidenta del CNE detalló que el régimen solo certificó USD 29 millones que incluyen las papeletas e integración del paquete electoral. Adicional a eso, USD 9 millones para contratación del personal que trabajaría en ese proceso. De la misma manera, alertó que la entidad no cuenta con el dinero para entregar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Las fuerzas del orden necesitan el financiamiento para contratar servicios de movilización y logística.

«Estamos trabajando contra el tiempo. No fue un evento que se aprobó de la noche a la mañana, ya tenían que tener previsto los recursos», aludió.

La titular del ente electoral enfatizó que hasta el 1 de marzo debían estar listos las certificaciones para los proveedores; y para el 15 de marzo, el dinero ya debía estar desembolsado. No obstante, han transcurrido ocho días y el proceso avanza de manera lenta.

¿Qué trata la consulta?

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: terrorismo y su financiación; producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización; delincuencia organizada; asesinato; sicariato; trata de personas; secuestro extorsivo; tráfico de armas; lavado de activos; y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el COIP en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de
   armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas
   Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para
   uso civil, reformando el COIP conforme el Anexo de la
   pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones, o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas reformando el COIP conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

Preguntas del referéndum

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

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La fecha de inicio de gestión es el 1 de enero de 2024, el cargo está como ministro de esa agencia consultar. El nombramiento de Atamaint aparece, convenientemente, cuando el proceso de Consulta Popular que impulsa el gobierno nacional se encuentra en la Corte Constitucional para su aprobación.

No es el único cargo público que ha ocupado el hermano de la autoridad electoral. En 2023 fue jefe de Cooperación Internacional del GAD de Morona Santiago. Un año antes se desempeño como servidor legislativo 9 en la Asamblea Nacional y técnico docente en la Universidad Eloy Alfaro. En 2022 también trabajó en la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades y nuevamente en la Asamblea.

Atamaint licenciado en Relaciones Internacionales por la USFQ, ingeniero en Gestión de Gobiernos Locales por la Politécnica de Chimborazo  y fue becado por la ONU para estudios de Derechos Humanos en Deusto, España. También trabajó en proyectos con la OEA y el BID.

Voces en contra

El asambleísta Lucio Guitérrez (PSP) envió una carta a la canciller Gabriela Sommerfeld sobre este caso particular. Solicitó la confirmación de la designación de Atamaint y de ser así las funciones que cumplirá en ese cargo, los méritos y la experiencia del ciudadano en la carrera diplomática. Al legislador “le llama la atención” el nombramiento de Atamaint en el contexto de la posible Consulta Popular.

La presidenta del CNE le dijo al diario El Universo que no emitiría ningún comentario al respecto en consideración de la autonomía de las diferentes instituciones públicas. También dijo que “el acceso al trabajo es un derecho de todo ciudadano siempre y cuando no tenga impedimento de ejercer cargo público, para lo cual el Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, sin ningún tipo de discriminación”. (MIB)

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Por su parte, la CGE detalló que ejecuta un análisis a las contrataciones realizadas por el ente electoral y el cumplimiento de las recomendaciones que debieron considerar de auditorias pasadas.

Al control se suma la verificación del cumplimiento de las disposiciones legales durante la contratación, pago o liquidación de contrataciones y determinará si los bienes y servicios se utilizaron para los fines de la contratación.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que la entidad de control ya fue notificada. Aludió que ella solicitó el examen junto a su colega Elena Nájera. Según ella, para que todo el pueblo ecuatoriano sepa que el proceso fue transparente.

De acuerdo con sus declaraciones, la única información que mantiene del fallo del voto telemático es la que emitió la empresa contratada. Ellos alegaron que todo habría sido consecuencia de los supuestos ataques que recibieron.

Recalcó que los USD 416.028.73 que depositaron como anticipo en la empresa fue devuelto a las arcas del Estado.

«El Estado no ha perdido nada, recuperamos todo el dinero. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Contraloría investigan el hecho», refirió.

¿Cuáles fueron las recomendaciones?

En auditorias pasadas se consideró la seguridad, confidencialidad e integridad del sistema informático, infraestructura tecnológica, comunicaciones, contrataciones. Adicional a eso se deberá verificar el cumplimiento de recomendaciones en los sistemas informáticos utilizados en la inscripción, registro y extinción de organizaciones políticas, operaciones administrativas, financieras del organismo electoral.

Una primera petición

En este contexto, el expresidente y asambleísta por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), Lucio Gutiérrez aseguró que el CNE se habría robado cerca de un millón de dólares con el fallo telemático. En ese momento, exigió a la CGE que realice un examen a todos los consejeros.

La culpa es de la empresa…

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró en entrevista para Radio La Calle que las inconsistencias ocurridas en el voto telemático en el exterior del 20 de agosto fueron de responsabilidad absoluta de la empresa contratada Antroproyectos S.C.

La titular del organismo electoral explicó que en el primer informe de la empresa se conoció que existieron errores en los códigos de identificación de los partidos políticos que no coincidían con la circunscripción de la dignidad.

El precio inicial del voto

El costo inicial del voto telemático fue de USD 800 mil, sin embargo, Atamaint aseguró que «la democracia no tiene precio», por lo que la repetición de las elecciones les costó al rededor de USD 2.8 millones.

En aquel entonces, argumentó que al país no le sobra dinero, pero era indispensable «garantizar la participación política de los migrantes».

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»El próximo presidente recibirá una democracia fortalecida y una economía en crecimiento», dijo en la inauguración de la segunda vuelta electoral.

A las 06h00 el Consejo Nacional Electoral inauguró el balotaje, en donde los candidatos a la Presidencia Luisa González (Revolución Ciudadana) y Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional) se enfrentarán en las urnas.

El evento se realizó en las instalaciones del organismo electoral, al norte de Quito. La presidenta del CNE, Diana Atamaint destacó que »por primera vez tenemos a una mujer y a un joven como candidatos a la Presidencia».

Al evento asistió el presidente Guillermo Lasso y el vicepresidente Alfredo Borrero. El actual mandatario invitó a los ciudadanos a desterrar la demagogia y el autoritarismo con la finalidad de alcanzar »la paz» para todos. (AGM).

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Los compatriotas ejercerán su derecho al voto de manera presencial, como respuesta a problemas técnicos que surgieron en la primera vuelta del 20 de agosto. Sin embargo, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que existen zonas en donde se esperan las garantías para que los comicios se lleven a cabo con normalidad.

En Rusia, las autoridades ecuatorianas están a la espera del material electoral, ya que los paquetes se encuentran en tránsito. En caso de que no lleguen a tiempo se tomarán las decisiones necesarias, refirió.

Incógnitas en Nicaragua e Israel

La funcionaria también destacó que aún no se ha decidido si se suspenderán las elecciones en las zonas electorales de Nicaragua e Israel. En Nicaragua, se debe a la ausencia de relaciones diplomáticas; y en Israel, a causa del conflicto bélico con el grupo Hamás y los ataques hacia el pueblo palestino. Hasta el momento, el CNE no ha emitido pronunciamientos adicionales al respecto.

Está programado que el proceso electoral se llevará a cabo desde las 09:00 hasta las 19:00 horas, ajustándose al huso horario de cada país.

Las tres circunscripciones especiales en el extranjero ya han recibido los kits técnicos electorales, con la excepción de Rusia. El organismo electoral ha subrayado que los ecuatorianos que, por diversas razones, no puedan ejercer su derecho al voto no serán multados. (J.M.C)

Actualización

El CNE mencionó que se suspenden las elecciones de la segunda vuelta en Israel, Nicaragua, Bielorrusia y Rusia.

Según un informe de Cancillería, el conflicto bélico que atraviesa el país no garantiza las protocolos de seguridad para los 293 compatriotas empadronados ni para los funcionarios de la Embajada.

Mientras que en Moscú, que cuenta con 411 empadronados, y Bielorrusia, con 34 electores, no llegaron los paquetes electorales debido a las restricciones de los vuelos entre esos países.

Finalmente, en Nicaragua (Mangua) con 87 empadronados, los problemas diplomáticos son el principal obstáculo en estas elecciones, pues Ecuador no cuenta con una embajada en ese país.

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La titular del organismo electoral explicó que en el primer informe de la empresa se conoció que existieron errores en los códigos de identificación de los partidos políticos que no coincidían con la circunscripción de la dignidad.

«En palabras simples, a una dignidad, como asambleísta se le dio un código, por ejemplo, 001 y para los asambleístas por Europa y América 001.1, entonces, son diferentes códigos para que se identifiquen y vayan a las juntas virtuales. Entonces, como los códigos fueron cambiados (de Europa estaban a América y de América estaban en Europa), los códigos se mezclaron», dijo.

Mal esa empresa

Sin embargo, la cabeza del CNE expuso que las explicaciones finales aún no da la empresa encargada. Tras cerrar las elecciones el 20 de agosto, los vocales se reunieron con la empresa, pero no señalaron cuál fue el problema. No obstante, ya tenían encima las inconsistencias en la votaciones e inscripciones que se reportaron en redes sociales y medios de comunicación.

En vista de todo esto, las autoridades confirmaron las inconsistencias, que el voto telemático no funcionó y procedieron con la declaratoria de nulidad de las elecciones en el exterior, precisó Atamaint.

«A las 10:00 se generó una sala de crisis, pero hasta las 4:00 las autoridades no fuimos informadas de los problemas. La empresa nos dijo que todo iba bien, pero a las 19:00 se evidenció actas con inconsistencias», refirió.

El informe no aclara si hubo ataques cibernéticos o se debió a una mala programación. Al no dar razones claras, el CNE no se podía arriesgar a repetir con ella la votación telemática y finiquitó el contrato.

Toca otra vez

Se debe repetir las elecciones del voto telemático sí o sí para la segunda vuelta. Según Atamaint, alrededor de USD 2 millones se destinarán con el fin de «defender la democracia». El CNE ya envió la resolución al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, realizó las gestiones administrativas, estudios de mercado, los trámites para equipar los recintos, paquetes electorales, las comunicaciones con misiones y veedores.

Hasta ahora no existe objeción desde el Gobierno Nacional y esperan los recursos, finalizó.

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»Yo también pongo mi cargo a disposición al pueblo si así se necesita. Yo no me aferro a ningún cargo», dijo en entrevista para diario Expreso.

Los errores del voto telemático en el exterior lanzaron al CNE al ojo de las críticas. La misma vocal de la entidad lanzó sus cuestionamientos en una sesión en vivo, sin embargo, la transmisión fue cortada durante su intervención.

La consejera Nájera indicó que fue víctima de un boicot durante sus intervenciones. Además, reclamaba la falta de información sobre este tema, pues durante las pruebas para el voto telemático el vicepresidente del organismo, Enrique Pita, aseguraba que el proceso sería perfecto.

Más tarde, Nájera realizó una solicitud a Contraloría para que se realice un examen especial al contrato del CNE con Antiproyectos S.C por las fallas en el voto telemático. Indicó que le genera ruido que se le haya entregado a una empresa con un capital mínimo un proyecto de USD 800 mil. (AGM).

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La noche del 25 de agosto, la entidad electoral repetirá el proceso electoral en las circunscripciones especiales. Compatriotas y personajes públicos denunciaron el fallo en el voto telemático, la falta de preparación y respuestas del CNE ante el problema.

La presidenta de la entidad, Diana Atamaint, aclaró que este proceso no afectará el resultado de los binomios presidenciales y la consulta popular del Yasuní.

Aunque las autoridades del ente electoral mencionaron que el voto en el exterior no presentaría fallas, la consejera Elena Nájera aseguró que, pese a existir pruebas de las fallas en ese proceso, el vicepresidente Enrique Pita comentó que el proceso «iba a hacer perfecto».

«Yo estuve en el enceramiento y no se entendía nada, pero Pita dijo que era, casi, lo más perfecto que se había creado en la tierra», mencionó.

¿Cuándo y cómo será?

Atamaint señaló que en las circunscripciones de Europa, Asia y Oceanía; EEUU y Canadá: América Latina, Caribe y África. Además, mencionó que este proceso se llevará a cabo en la segunda vuelta. Es decir, el 15 de octubre los migrantes podrán votar por los asambleístas. En el territorio nacional el proceso será solo para los binomios presidenciales.

Ya siéntese, señor.

La comisión especial del exterior recomendó al CNE repetir el proceso en el exterior, pero al asambleísta electo Patricio Carillo no le pareció buena idea.

Enfatizó que estará vigilante al proceso del ente electoral. «Los errores que ellos hayan cometido no son causa como para que se anule uno de estos temas, y esto tiene una clara intencionalidad política«, declaró.

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»Yo no pactaré jamás con las mafias, y quiero dejar esto absolutamente claro. El estado no se doblegará ante grupos que perpetúan la violencia y el sufrimiento de nuestro país», dijo en su cuenta de X.

No obstante, en rueda de prensa señaló una propuesta confusa que según él era una idea del excandidato Fernando Villavicencio. Zurita resaltó que todos aquellos que tengan las capacidad de dejar las armas podrían acceder a este incentivo económico. »Este tipo de temas debemos empezarlos a considerar», dijo.

Candidato oficial

El miércoles 16 de agosto el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) aprobó la candidatura de Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto durante un mitin de campaña.

«Por unanimidad y con base en el informe puesto a nuestra consideración, calificamos la candidatura presidencial», dijo la presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint. (AGM).

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De la misma manera, comentó que la alianza que apoyaba al excandidato Fernando Villavicencio, ya ha usado el 81 % del cupo que tenían. «CNE informa que Construye ha hecho uso de USD 251 mil de 309 mil dólares», respondió la entidad electoral al sustituto del expresidenciable asesinado.

Según Zurita, el CNE silenció al binomio presidencial en el Debate 2023 y también le prohibió usar el fondo de promoción electoral que está destinado para pautar en televisión sus «nuevos spots». «Es un enfrentamiento en total desigualdad de condiciones contra nuestra candidatura», resaltó el nuevo aspirante al sillón de Carondelet.

Sin embargo, la máxima autoridad del CNE, aseguró que la declaración de Zurita es falsa, pues nunca se les ha negado nada, sino que los fondos de campaña son para candidatos. «Nosotros les permitimos pautar con aquellos productos que ya fueron producidos mientras Villavicencio estaba vivo», expresó en Noti Mundo.

«Había que dar paso con lo que tenían, no se les ha prohíbido nada. Lo que nosotros sí tenemos nuestra observación es de que no puede estar el nombre de Zurita porque no tiene la candidatura en firme, y esto podría ser un llamado de atención por la Contraloría, ya que los fondos de campaña son para los candidatos y no para precandidatos», indicó Atamaint.

Christian Zurita como candidato

Atamaint, confirmó que Christian Zurita quedará habilitado para ser candidato presidencial por Construye, en reemplazo de Fernando Villavicencio (+).

Con el informe de descargo que le servirá a la organización política, se procederá a calificar la candidatura en horas de la noche y se negará la impugnación presentada por Marcela Aguiñaga, presidenta de la Revolución Ciudadana (RC).

Por lo tanto, después de que el CNE de luz verde a la candidatura de Zurita, este podrá producir y publicitar los spots necesarios con su nombre.

Por su parte, Zurita aclaró que, antes de presentar toda la documentación para su inscripción, se hicieron todas las revisiones con las debidas solicitudes y que ahora lo que corresponde es esperar que el órgano electoral inscriba su candidatura. (DCJ)

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Mediante entrevista a Radio Centro, confirmó que recibe ataques por parte del ciudadano y lo responsabiliza por cualquier acto en su contra. «A las autoridades electorales no nos van a obligar ni a doblegar con presión en redes sociales para tomar decisiones fuera de la ley», indicó.

Aclaró que si no existieron delegados del movimiento Construye en el debate presidencial fue por responsabilidad de la organización que no envió a tiempo el nombre del representante -quien finalmente sería el periodista Christian Zurita-, pese a que se les solicitó con anticipación.

En cuanto al 20 de agosto, Atamaint explicó que tienen planificado presentar los resultados aproximadamente a las 19:30 del mismo día. Las elecciones están previstas que terminen a las 17:00 y existe un plazo prudencial para la apertura de urnas, conteo y registro de votos. Los resultados estarán disponibles en el portal web oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

(M.W.S.)

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