Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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Volvió al país en enero y presentó rendición de cuentas

La funcionaria regresó a Ecuador en enero de 2025, después del nacimiento de su hija en Argentina en diciembre de 2024. A su llegada, presentó ante la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2024.

El CPCCS no ha designado a su reemplazo

Aunque su periodo está por concluir en menos de un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no ha avanzado en el concurso para nombrar a la persona que la sucederá. En caso de que este proceso no finalice a tiempo, Salazar podría permanecer en funciones hasta que se designe al nuevo titular de la Fiscalía.

Investigaciones clave durante su gestión

Durante su tiempo al frente de la Fiscalía, Diana Salazar llevó adelante investigaciones de alto perfil. Uno de ellos fue el caso Sobornos 2012-2016, que culminó con la condena del expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su administración por cohecho agravado. En el caso Las Torres, logró que el excontralor Pablo Celi fuera sentenciado por delincuencia organizada. Además, procesó al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por abuso sexual. También formó parte de la investigación del caso Metástasis, que resultó en la sentencia en primera instancia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios judiciales, por delincuencia organizada.

Juicio político fue suspendido y luego archivado

En mayo de 2024, Salazar comunicó que no podía continuar con el juicio político en su contra, impulsado por el correísmo en la Asamblea, debido a un embarazo de alto riesgo. Dicho proceso, que alegaba un supuesto incumplimiento de funciones, fue suspendido en ese momento. Finalmente, en septiembre de 2024, el Legislativo archivó de manera definitiva ese juicio político.

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“La conversación a la que hace referencia diario El Expreso ocurrió en el marco de la discusión de una resolución para exigirle al Gobierno Nacional que transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resolución de la cual yo era proponente. Basta solo con ver las fechas para darse cuenta que no coincide con el juicio político en mención. Ninguna bancada tiene mayoría en la Asamblea Nacional y eso requiere que todas las organizaciones políticas mantengamos un diálogo permanente entre sí para lograr aprobar acciones de todo tipo. Es la dinámica legislativa”, aclaró la legisladora.

Asimismo, utilizó su cuenta de X para referirse a esta noticia y a su redactor solicitando que se informe con la veracidad del caso. “Richard, por tu foto de perfil en WhatsApp, pareces un chico joven. No ensucies tu carrera periodista con mentiras y desinformación. Exigiré formalmente la réplica y rectificación que la ley me asiste”, escribió.

https://twitter.com/JahirenNoriega/status/1903255078712013255

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Según la organización, existen denuncias de familiares y testigos que señalan a miembros del Ejército como presuntos responsables y los esfuerzos de búsqueda permanecen paralizados. El informe de la organización local CDH Guayaquil, citado por Amnistía Internacional, detalla que las desapariciones ocurrieron en el marco del «Plan Fénix«, una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía, según la denuncia, no ha investigado estos hechos bajo la figura de desaparición forzada, pese a las obligaciones internacionales de Ecuador.

Entre los desaparecidos se encuentran; Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Oscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.

Las denuncias surgen en un contexto de creciente militarización en el país, en el que las autoridades priorizaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La declaración del estado de excepción mediante la causal de Conflicto Armado Interno, emitido en enero de 2024, permitió la permanencia de militares en las calles por más de un año.

Caso Las Malvinas

Amnistía Internacional también recordó el caso de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en diciembre de 2024. La Fiscalía imputó a 16 militares por desaparición forzada en ese caso. El trágico hecho fue condenado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNICEF.

El CDH Guayaquil, que representa a las familias de las víctimas, denunció que la Fiscalía clasificó los casos como «desapariciones involuntarias» en lugar de desapariciones forzadas. En este sentido, resaltó las obligaciones del país al formar parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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«He solicitado a la Fiscalía que indique si la señora Diana Salazar se encuentra en el país, ¿bajo qué figura de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?», dijo en redes sociales.

Esta solicitud surge tras la negativa del fiscal Toainga de asistir a la mesa parlamentaria en el marco de la fiscalización a la filtración de los chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+), en los cuales se revelan tramas de corrupción que involucrarían a Salazar.

Toainga se excusó de asistir a la Asamblea por la reserva del caso. Advirtió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de uno a tres años para quienes divulguen información restringida. Además, señaló que, una vez iniciada la investigación previa, está prohibido abordar estos temas en una mesa técnica.

“En este momento, hacer lo contrario sería inducir a quienes comparezcan a la mesa técnica a revelar información que es de interés en el ámbito penal”, expresó Toainga en el documento.

El fiscal también informó que la investigación previa, relacionada con los supuestos chats, comenzó el pasado 27 de noviembre. Como parte de este proceso, se han planificado varias actividades investigativas, entre ellas, la recepción de versiones de asambleístas que, en calidad de terceros, podrían tener conocimiento de los hechos.

El paradero de Salazar

Anteriormente, Fiscalía informó a un medio de comunicación que la fiscal Diana Salazar se encuentra con licencia, y que Wilson Toainga ocupa el cargo de forma subrogante. Según la institución, la ubicación de Salazar es reservada por motivos de seguridad.

La licencia de Salazar ocurre mientras culmina su período de gestión, previsto para abril de 2025. Actualmente, se encuentra en un embarazo de alto riesgo, lo que motivó la suspensión temporal de su juicio político en la Asamblea Nacional.

El proceso para designar al próximo fiscal general está en marcha, pero podrían surgir retrasos que lleven a una prórroga, como lo establece el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Según esta normativa, el periodo de un fiscal general es de seis años, sin reelección, y de no designarse un reemplazo a tiempo, la autoridad puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se nombre al sucesor.

La Fiscalía no ha especificado cuánto tiempo durará la licencia de Diana Salazar ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.

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Salazar envió un documento reservado de la transcripción de un audio que estaba en investigación previa. La fiscal le dice a Villavicencio: “No para publicar, es IP. Sólo para usted. Si lo publica es delito”.

La cabeza de la Fiscalía General del Estado también le envió una captura de pantalla de una conversación con Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una amenaza de allanamiento por una denuncia de fraude en la segunda vuelta de las elecciones 2021 entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso.

Otras conversaciones dan cuenta de un pedido de Villavicencio a la fiscal para que le “dé una mano” en una denuncia en su contra que presentó el exasesor Santiago Cuesta. También, Salazar informó a Villavicencio de que en el caso Singue, el tribunal fallaría 2 a 1 a su favor.

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«Este es un país donde la Fiscalía, no solamente con Diana Salazar, ha sido utilizada para perseguir. Hay que ver lo que estamos pidiendo. Me preocupa porque la FGE tiene un poder terrible. Con tres palabras de la fiscal en una entrevista, con una investigación que quizá no tiene los elementos para empezar y los están buscando en allanamiento pueden destruir la reputación de alguien», dijo en entrevista con La Calle.

El analista indica que no significa que las investigaciones no tengan validez, pero que las acciones son muy mediáticas y demasiado sospechoso en los tiempos que, a veces coinciden, con los intereses de la presidencia. «Me preocupa que ese poder lo desean los otros políticos, quienes acusan incluso a la fiscal de actuar de forma improcedente o quiénes en público la celebran y en privado le temen y la detestan».

Para Febres Cordero, lo que se está armando del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sea quizá prorrogar a Diana Salazar en sus funciones al frente de Fiscalía por un tiempo. «Uno de los actores con más chances aparte de voluntad para ocupar la Fiscalía es el presidente de la República. En este momento está entrando en la campaña y le convendría más que el concurso se empiece a mover cuando tenga más capital político. Un presidente Noboa reelecto tendrá más peso en la pelea que el actual presidente que tiene probabilidades, pero ninguna garantía de ganar».

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De The Intercept a Drop Site

Ryan Grim (uno de los autores del reportaje de la Fiscal) trabajo en el HuffPost antes de integrar la plantilla de The Intercept, una revista digital de izquierda en Estados Unidos. En conjunto con Jeremy Scahill, un periodista de investigación que viene del activismo social. Sachill cofundó The Intercept, pero en julio de 2024 anunció su salida del medio y el inicio de una nueva plataforma junto con Grim llamada Drop Site.

En su sitio web, el medio digital indica: «En un momento en que el mundo necesita desesperadamente un periodismo contundente, los medios de comunicación del establishment y las corporaciones están fallando al público y a la democracia misma. Por eso Jeremy Scahill y Ryan Grim fundaron Drop Site, una organización periodística de investigación no alineada dedicada a exponer los crímenes de los poderosos, en particular en conflictos abiertos y secretos en los que el gobierno de Estados Unidos desempeña un papel clave».

En su cuenta de X, Scahill explica su salida y la creación de este nuevo medio. «Por más de una década (en The Intercept) hicimos un duro periodismo de investigación enfocado en el estado de la seguridad nacional estadounidense. Es abusiva, es corrupta, es peor en todo el mundo. (…) Nos vamos a enfocar en la política estadounidense y guerras estadounidenses en el mundo».

El Reportaje

En el inicio del reportaje, José Olivares (The Intercept Brasil) y Grim relatan el asesinato de Fernando Villavicencio. También los mensajes entre Diana Salazar y el exasambleísta Ronny Aleaga que revelarían información sensible.

Salazar y su abogado no respondieron a una solicitud de entrevista ni a una lista detallada de preguntas de Drop Site y The Intercept Brasil. Ella nunca ha negado que los chats le pertenezcan, pero Salazar ha calificado todo el calvario como un circo político, diciendo que es un intento de “contaminar ” una de sus principales investigaciones. 

Según los chats, Salazar le entregó a Aleaga información sensible sobre sus casos e investigaciones. Entre esos el caso Encuentro que se pospuso durante un año desde su publicación.

En una entrevista, Aleaga afirmó que no sabía por qué Salazar compartía información sensible sobre sus investigaciones. “Yo también estoy confundido”, dijo Aleaga a Drop Site. “Si éramos adversarios políticos, ¿por qué hubo esta comunicación? No estoy seguro”.

Salazar dijo que sospechaba que el FBI borró información confidencial del teléfono de Villavicencio, durante su investigación sobre el asesinato, antes de proporcionar el contenido a la oficina de Salazar, a lo que "Seño" se refirió como "fraude procesal

Al momento, Salazar no se ha pronunciado sobre este reportaje. Pueden leerlo completo en: Leaked Chats Reveal a U.S.-Linked Prosecutor Is Behind the Assault on Ecuador’s Social Democratic Movement (MIB)

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De acuerdo con Salazar, las declaraciones del periodista Andersson Boscán no le sorprenden, ya que entre los chats del narcotraficante asesinado Leandro Norero figuraban mensajes, donde «se trataban de naños queridos». Agregó que las investigaciones del caso aparecen en diciembre de 2022 y que en el operativo La Pampa se realizaron allanamientos y se apresaron a 8 presuntos miembros de la mafia albanesa.

«Se informó de manera maliciosa que se le comunicó a Gjika para que abandone el país. Falso, cuando inició la investigación, él ya había salido del país. (…) El caso se encuentra a la espera de la audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía va a presentar la acusación formal», expresó.

¿Qué dice La Posta?

El medio digital indicó que la operación conjunta La pampa no contó con la detención de Djika debido a que la Fiscalía General del Estado le habría avisado para que escape. Asimismo indicó que las empresas de la mafia albanesa, presuntamente culpables del delito del lavado de activos no han sido eliminadas por el Estado, una responsabilidad de la UAFE y la Superintendencia de Compañías.

En su noticiero matutino Café La Posta, Boscán se refirió al asunto. «Yo no nombré a Diana Salazar, nombré a la Fiscalía. Si se sintió aludida por las dos personas cercanas a los altos despachos de Fiscalía que avisaron a la mafia albanesa, por algo será ¿no?». (MIB)

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«La señora fiscal presentó un escrito indicando que se encuentra lista para abordar este juicio político, dado que han cambiado las condiciones de riesgo de su embarazo, documentación que se entregó bajo reserva y únicamente lo conoce el presidente de la Asamblea Nacional. Ante esta solicitud de parte de la propia accionada lo que corresponde, una vez concluya el receso parlamentario se va a convocar a una sesión del CAL para que resuelva sobre este pedido». expresó el funcionario.

La renuncia de Kronfle y el cambio de presidente

Habrán cambios en la Asamblea Nacional tras el inicio de las elecciones general 2025. El presidente del organismo, Henry Kronfle, como candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) deberá renunciar al cargo por ley. De manera que ocuparía su lugar la primera vicepresidenta, Viviana Veloz (RC). Al respecto, Muñoz explicó que Kronfle está optando por un cargo diferente al que tiene, en el caso de Veloz, que busca la reelección, sólo necesita una licencia, por lo que estaría al frente del Legislativo cuando empiece el juicio político contra Salazar.

Asimismo, el Pleno deberá elegir a un nuevo primer vicepresidente que reemplace a Veloz y que tomará la presidencia cuando la asambleísta tome su licencia para la campaña. Si hay miembros del CAL que también opten por la reelección, el Pleno escogerá también a autoridades que los reemplacen. (MIB)

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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El pasado 17 de junio, el exfuncionario compareció en el Legislativo con un estricto dispositivo de seguridad. Durante su intervención resaltó que desde la cárcel de La Roca le resulta difícil acceder a los documentos y a un abogado para defenderse ante la justicia y el Parlamento.

Además de la acusación por incumplimiento de funciones en la Asamblea, es procesado por obstrucción a la justicia y presunta delincuencia organizada en el Caso Metástasis.

Terán afirmó, de manera contundente, que las acusaciones que hoy tiene en su contra se debe una supuesta de venganza por no ceder a las presiones de designar jueces de acuerdo a la conveniencia de otros.

«La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia», señaló.

¿Qué dicen los chats?

El registro de los chats entre Terán y Salazar, publicados en portal digital de la Asamblea, evidencian el apoyo y cercanía entre ambas autoridades. Los temas de conversación se centraban en procesos penales y en el concurso de designación de jueces del 2023.

Salazar recomendaba a personas para los cargos, mientras alertaba a Terán de nombres que no le convenían. Asimismo pidió ayuda al extitular de Judicatura cuando su cargo estaba en riesgo por el supuesto plagio en su tesis académica.

»Estoy harta de las noticias falsas. Haz algo por favor, nos quieren enfrentar», dicen las conversaciones.

Respecto al caso de obstrucción a la justicia contra Terán y otros exvocales de la Judicatura, en octubre del 2023, el extitular de la Judicatura cuestionó esta acusación, mientras que Salazar mencionó en la conversación que hasta ese momento no encontraba elementos para la acusación.

En una de las audiencias de formulación de cargos que no pudo instalarse por la ausencia de los abogados defensores, Terán y Salazar saludaron de una manera amigable. Una publicación del diario Expreso expuso una foto que reveló esta cercanía y la fiscal Salazar envió el link de la publicación a Terán.

»Me acerqué con todo sinceridad, muy aparte de que la foto está linda», respondió el exfuncionario de la Judicatura.

Rechazo de Fiscalía

La Fiscalía rechazó la existencia de estas conversaciones. El organismo señaló que el único objetivo de Terán es desprestigiar la imagen de su máxima autoridad.

”Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos”, resaltó el comunicado. (AGM)

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El pasado 20 de junio el expresidente de la Judicatura- quien ahora es procesado por presunta obstrucción a la justicia y llamado a juicio político– leyó ante la Comisión de Fiscalización los chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar.

Durante su confesión reveló que la funcionaria buscaba »cooptar espacios en la Corte Nacional» a través del concurso de jueces nacionales, en este sentido, resaltó que todo se trataría de una venganza al no ceder a sus intereses.

Por su parte, Fiscalía señaló que este es un nuevo intento de desbaratar los casos de corrupción y narcotráfico que lleva adelante, y que involucran al exfuncionario.

»Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos», resaltó.

Caso Terán

En febrero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.(AGM).

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La inmunidad que ostenta el cargo de la segunda mandataria exige que el Parlamento analice su situación, es decir, se necesitan 92 votos para la aprobación de la solicitud. Si no se alcanza el número necesario de votos necesarios, el proceso judicial contra Abad deberá ser postergado hasta que finalice su mandato.

Anteriormente, Fiscalía, liderada por Diana Salazar, comunicó que posee pruebas suficientes para vincular a la Vicepresidenta al Caso Nene, que hasta ahora solo implicaba a su hijo, Francisco Barreiro Abad.

Este 11 de junio, la entidad solicitó la fijación de fecha y hora para la audiencia de vinculación de Abad y la reformulación de cargos. Por otro lado, el agente fiscal Carlos Alarcón anunció que durante la instrucción fiscal se hallaron registros telefónicos que indican la presunta participación de Abad en el caso.

Caso Nene

El pasado 21 de marzo la Fiscalía ordenó la detención de Francisco Barreiro, hijo de la vicepresidenta Abad, por el presunto delito de tráfico de influencias. Más tarde, un juez lo sentenció a prisión preventiva en la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

El denunciante fue Rommel P., quien indicó que Barreiro junto a otra persona identificada como Sebastián Redroban, asesor de Vicepresidencia, le habrían solicitado un diezmo por trabajar como coordinador de Comunicación en esta cartera de Estado.

El contrato consistía en el cobro de USD 1.700 mensuales de un sueldo de USD 3.200 que cobraba el exfuncionario, incluso, le habría exigido firmar una letra de USD 30 mil como garantía, según relató el fiscal Anticorrupción, Carlos Alarcón.

El caso no concluyó, sin embargo, más tarde Barreiro logró salir de prisión gracias al pago de una fianza de USD 20 mil. (AGM).

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» Si eso significa cárcel, aquí estaremos. Nosotras tenemos lo que Diana Salazar no, la verdad», expresaron en un video difundido en sus redes sociales.

Las acusadas señalaron que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, quien ordenó el dictamen, atraviesa un proceso de investigación por la misma Fiscalía. Asimismo hicieron un llamado a la funcionaria para que deje de utilizar a la justicia como un instrumento de persecución política.

La denuncia de Salazar

El pasado 6 de junio la fiscal Salazar informó sobre este dictamen a su favor, pues el TCE determinó que tanto Schettini como Porras habrían incurrido en una infracción electoral muy grave como es la violencia política de género.

El magistrado ordenó que las acusadas pidan disculpas públicas a Salazar y les prohibió la publicación de cualquier contenido en sus redes sociales que haga alusión a la Fiscal General. De igual manera, las mujeres tendrán un plazo de 10 días para borrar de su cuenta de X publicaciones con el #Ladyimpericia y #Ladyimpericias.

Otra de las medidas interpuestas por el TCE es que las acusadas acudan al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, en Quito, para recibir una capacitación de 40 horas sobre la sensibilización contra la violencia política de género.

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En el audiovisual de 10 minutos, la autoridad responde a ciertas preguntas con relación a este caso. Expresó que no existía solo «una agenda de hello kitty» sino varias agendas que encontraron en el departamento de Pamela Martínez. Tanto Martínez como Laura Terán se acogieron a la cooperación eficaz, ya que – de acuerdo a la fiscal – quería información de los líderes de la estructura. Salazar agregó fue escéptica respecto a los computadores en Carondelet, donde se encontrarían los archivos verdes. Sobre el influjo psíquico, dijo que si bien no está en la legislación ecuatoriana, utilizó la figura para definir la participación del actor mediato.

Sobre una presunta persecución que rebasa lo político, la autoridad dijo que «ese es el precio que he tenido que pagar por tocar a un intocable. A quien se creía dueño, no solamente de todos los poderes, sino dueño del país, la conciencia y voluntad de las personas». Agregó que «lo último que les queda es venir por mí. Venir a matarme porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo».

¿Qué dijo Rafael Correa?

«¿Para qué seguir desmintiendo a esta señora? Ni siquiera sabe lo que dice la sentencia… Es sencillo: permitan pericia informática al supuesto computador de Laura Terán, donde se «encontraron» los archivos verdes. Verán que fueron sembrados en el 2019 por órdenes de esta corrupta. Estaremos esperando», escribió en su cuenta de X, el exmandatario.

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«A las 9:10 de la mañana nos llegó un correo que es todo lo que sabemos sobre el señor Aleaga. Quiero decir que no he tenido contacto ni conversado con él desde la campaña inicial de Luisa González. Recuerden que él también renuncia a la RC. Cuando ya estábamos sesionando, el señor Aleaga solicitó hablar en el punto de las acciones que se realizan para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos», dijo en entrevista con Radio La Calle.

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «De igual manera, por decisión de la Presidenta o Presidente o de la mayoría de las y los
asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas, podrán declararse en comisión general para recibir a organizaciones ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés o de competencia de la Asamblea Nacional».

Asimismo, la legisladora informó que Pamela Aguirre y Lenín Barreto informarán a la Fiscalía que lo único que saben de Aleaga es la información del correo electrónico. Esto tras el pedido de la institución y la fiscal de que los legisladores entreguen información sobre el exlegislador Aleaga.

¿Qué dijo la fiscal?

De acuerdo con la fiscal Diana Salazar, lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización, se trato de una emboscada. «Estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de obstruir la labor de la fiscal en este caso». La funcionaria agregó que hay que preguntarse acerca de si querían dejarla fuera del caso Metástasis. «No nos desvíen la atención. Se trata de distractores porque frente a la contundecia de elementos no tienen más que crear este tipo de casos. (…) Si la fiscal no hubiese tenido ese tipo de reacción, caiga en esa emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque se estableció contacto con el procesado».

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El pasado 14 de mayo la comisión de Fiscalización convocó a la fiscal Diana Salazar para el tratamiento del Caso León de Troya y ‘La Madrina’, denominado por Fiscalía como Caso ‘Poder Policial’.

La funcionaria acudió a la comisión por primera vez en este período legislativo para explicar y aclarar el detalle de ambos procesos. Sin embargo, resaltó que los legisladores solo deben fiscalizar temas políticos y que en el ámbito judicial a ella le corresponde rendir cuentas a los jueces.

Después de aproximadamente dos horas de comparecencia se llamó en comisión general al exasambleísta Ronny Aleaga, quien previamente aseguró mantener cercanía con la fiscal y que ahora fue acusado en el Caso Metástasis »injustamente». Este llamado generó desconcierto en la sala por lo que la funcionaria y gran parte de parlamentarios abandonaron la sesión.

Las consecuencias

»Lo más grave del tema es haber suspendido la comparecencia de la fiscal Diana Salazar para recibir en comisión general a un prófugo y generar conflicto en la comisión porque eso es lo que se buscaba», dijo el presidente del Legislativo, Henry Kronfle a los medios de comunicación.

Además resaltó que la comparecencia de Aleaga no fue socializada previamente con los demás miembros de la mesa parlamentaria, a quienes también les tomó por sorpresa este llamado.

Asimismo, a través de un comunicado Salazar le dio un plazo de 48 horas a la presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, para que revele a la Fiscalía el paradero de Aleaga, pues junto al asambleísta Lenin Barreto estarían cometiendo un delito al conocer la ubicación de una persona requerida por la justicia.

La otra versión

Por su parte la legisladora Aguirre aseguró que no conoce el paradero de Aleaga y que ella junto a los nueve asambleístas de la comisión recibieron al mismo tiempo un correo electrónico en donde el exlegislador pedía participar en la sesión.

»Es imperativo que a los nueve legisladores se les requiera la misma información. Tal como usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la justicia debe perseguir delitos, no personas», resaltó.

Además argumentó que al atender la solicitud del asambleísta Barreto no existió ninguna violación del procedimiento parlamentario y que no es la primera vez que se recibe en el seno de una comisión a una persona que se encuentra investigada.

A vísperas de un juicio político

“No le tengo miedo al juicio político”, dijo en su intervención la fiscal Salazar y recalcó que su administración se ha caracterizado por no responder a temas políticos.

Antes de finalizar el mes de mayo, la comisión de Fiscalización deberá calificar el pedido de juicio político contra Salazar y recopilar las pruebas de cargo y descargo para el sustento del proceso.

Tras concluir el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata, seguiría el caso de la Fiscal Salazar. Según los cálculos de la asambleísta Aguirre el proceso empezaría el 22 de mayo y admitió que los informes del Caso ‘León de Troya’ y ‘La Madrina’ también formarían parte del seguimiento del tratamiento del juicio político. (AGM).

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El ex funcionario es acusado de incumplimiento de funciones al no ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana en el país, durante el lapso de tiempo en el que permaneció en el cargo. Según trascendió, Zapata solo habría empleado el 29% del presupuesto.

Asimismo, legisladores sostienen que durante el período de gestión del ex oficial de policía, los casos de muertes violentas en el país incrementaron. Siendo el atentado en contra del ex presidenciable Fernando Villavicencio uno de los casos más sonados de la crisis de seguridad que arrastra el país desde inicios de 2023.

Ahora, la Comisión de Fiscalización continuará sustanciando la solicitud de juicio político en rebeldía. Posteriormente, al finalizar este proceso empezará el siguiente juicio contra Diana Salazar, fiscal general. A la principal de la entidad judicial se le acusa de incumplimiento de funciones.

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También conocido como ‘Capitán Pico’ o ‘Salvaje, alias ‘Colón Pico’ tiene una larga trayectoria en el mundo delictivo desde los 90. El comandante general de la Policía, César Zapata, informó que el antisocial tiene 22 casos pendientes con la justicia, entre ellos tenencia de armas, robo, narcotráfico y asociación ilícita.

Pico es considerado como una de las cabecilla de »Los Lobos» y su nombre se vio involucrado en el Caso Metástasis, pues la fiscal Diana Salazar lo acusó de planificar un atentado en su contra. Después de su detención en la cárcel de Riobamba, el pasado 8 de enero se dio a la fuga junto a otros 32 reos.

La madrugada del 22 de abril, un operativo policial logró su detención y la de otros dos presos, en una finca de Puerto Quito. En las imágenes difundidas por la institución se pudo apreciar el cambio de imagen de Colón Pico ya que se tiñó el cabello de rubio.

Además, según el reporte se decomisó armas, celulares, un vehículo y USD 7.300 en efectivo.

¿Fingió su muerte?

A raíz de la fuga, sus familiares confirmaron su supuesta muerte por un aparente tiroteo, sin embargo, la Policía señaló que nunca hubo indicios de tal hecho.

»Yo me quiero entregar señor presidente. Yo me fugué porque me iban a matar, mi vida corre peligro», dijo Colón Pico, cuatro días después de fugarse de la cárcel de Riobamba.

Historial delictivo

Fabricio Colón Pico Suárez, de 44 años, es un conocido criminal con un extenso historial delictivo. Se le acusa de extorsionar a taxistas informales en La Libertad, al centro occidente de Quito, exigiendo pagos de USD 30 semanales para garantizarles seguridad. También se le vincula con el control del microtráfico de drogas en el sector de Chiruyacu, al sur de la capital.

En la década de los 90, se lo identificó como parte de la banda Los Endara, liderada por «Mama Lucha». A lo largo de su carrera, ha sido detenido más de 17 veces y enfrenta cerca de 30 procesos judiciales por diversos delitos. San Roque, en el centro de Quito, era uno de sus principales lugares de operación.

Informes policiales sugieren que Fabricio Colón Pico Suárez está actualmente trabajando con la banda Los Lobos, que tiene mayor presencia en la región de la Sierra. Esta banda ha sido implicada en el asesinato del político y excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

Fiscalía señaló que el mismo grupo involucrado en el asesinato de Villavicencio podría estar detrás de amenazas dirigidas a la fiscal Salazar, quien declaró que »el mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para acallar su voz».

Además, Pico Suárez fue incluido en 2011 en la lista de los más buscados a nivel nacional por el entonces ministro del Interior, José Serrano, quien lo relacionó con Los Endara. Cuatro meses después, en marzo de 2012, fue detenido en el noroeste de Quito. En 2020, fue condenado por el delito de delincuencia organizada y sentenciado a 50 meses de prisión, aunque en 2021 fue beneficiado con la prelibertad, permitiendo su liberación. (AGM).

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