Borja afirmó que, tras 13 años fuera de cargos públicos y sin antecedentes penales, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una indagación «reservada en su contenido y en su existencia misma», violando principios como la publicidad mínima, la seguridad jurídica y el debido proceso. Destacó que la investigación no aparece registrada en el portal oficial de la institución, donde solo constan denuncias interpuestas por él mismo por robo, con su último proceso judicial cerrado en 2015.

«No es omisión, es ocultamiento. No es error, es estrategia», declaró, insistiendo en que el caso forma parte de un patrón para silenciar críticos. Además, recordó un intento de detención en su contra hace días en la oficina de migraciones de Rumichaca, hecho que los ministros del Interior y de Gobierno negaron rápidamente, emitiendo un comunicado oficial para desmentir una «persecución».

Borja cuestionó la independencia judicial bajo la administración de Noboa: «¿A qué Estado de Derecho pertenece un país donde las investigaciones se manejan según conveniencia política? ¿Quién decide qué delitos existen ante la ley y cuáles existen solo en la sombra?«. El economista exigió transparencia y el cese del uso del sistema legal como «herramienta de intimidación».

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la denuncia de opacidad en el caso. Tampoco hay respuesta oficial a las acusaciones de utilizar el aparato judicial con fines políticos. Mientras tanto, Borja insiste en que su situación expone una campaña de miedo contra quienes denuncian «despotismo y saqueo» en el gobierno actual.

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Economista, ex ministro y compañero de universidad de Rafael Correa

El nombre de Diego Borja no es nuevo en el panorama político ecuatoriano. De profesión economista, el ahora candidato a la vicepresidencia estuvo al frente de la cartera de Finanzas en 2006, durante el último año presidencial de Alfredo Palacio.

Posteriormente, en 2008 fue designado como Ministro Coordinador de Política Económica durante el mandato de Rafael Correa.

«Hoy desde el propio binomio presidencial, en este caso para vicepresidencia de la República, tenemos a un economista de grandes quilates que acompañará a Luisa (…) Economista con quien tenemos un largo camino recorrido, de hecho estudiamos en la misma universidad, misma maestría… (…) Sabrán sacar a la patria adelante», expuso el ex presidente, y líder del movimiento, Rafael Correa durante su intervención ante los militantes del partido.

Candidatos a asambleístas fueron definidos

Adicionalmente, durante el evento se anunció la nómina de candidatos provinciales que buscarán una curul para el siguiente período en la Asamblea Nacional:

• Azuay: Roque Ordóñez Quezada y Fernanda Méndez
• Bolívar: Mireya Pazmiño
• Cañar: Blasco Luna y Nelly Fernández
• Carchi: José Luis Vallejo
• Chimborazo: Silvia Núñez y Héctor Quiroz
• Cotopaxi: Ana Herrera y Carlos Bustamante
• El Oro: Diego Salas y Sara Cabrera
• Esmeraldas: Janeth Bustos y Lizardo Casanova
• Galápagos: David Arias
• Guayas: Sofía Eugenia Espín y Roberto Cuero, Juan Pablo Molina, Victoria Desintonio, Alejandro Vanegas, Ana María Raffo, Fricson George
• Imbabura: Pamela Aguirre y Fernando de la Torre
• Loja: María Verónica
• Los Ríos: Humberto Alvarado y Mónica Salazar
• Manabí: Guido Andrés Mendoza, Bertha Vélez, Fernando Cedeño y Gabriela Molina
• Morona Santiago: Nanki Saant y Kelly Portilla
• Napo: Nadia Zurita
• Orellana: Mariuxi Sánchez
• Pichincha: Jahirén Noriega, Patricio Chávez, Mónica Alemán y Luis Fernando Molina
• Santa Elena: César Palacios
• Santo Domingo: Viviana Veloz
• Sucumbíos: Comps Córdova
• Tungurahua: Segundo Toala y Juana Real
• Zamora Chinchipe: Héctor Valladares

En tanto, la lista de asambleístas en representación de Ecuador en el extranjero son los siguientes:

• Parlamento Andino: Verónica Arias y Virgilio Hernández.
• América Latina: Eliana Correa
• Canadá y Estados Unidos: Mónica Palacios
• Europa, Asia y Oceanía: Gustavo Mateus

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Borja, en entrevista con Radio La Calle, mencionó que, durante los dos años de gobierno de Lasso las políticas económicas fueron ineficaces para el 90 % de la población. Sin embargo, favoreció a un pequeño grupo privilegiado que estaba vinculado al primer mandatario, al sistema financiero, grandes productores y al arbitraje internacional.

Según el economista, la «reforma a estas leyes viejas» debería tener un acuerdo entre los actores productivos (accionistas, acreedores, trabajadores, empresarios) y de esa manera integrar a todo el sector. Recalcó que todos están sumergidos en un «tejido productivo destrozado» por los dos últimos gobiernos.

«Deben hacer algo que permita el dinamismo de la economía y no una ley con la que después van a quebrar por una mala política económica», refirió.

¿Son viables estos decretos?

Borja indicó que si bien estos documentos pueden aliviar en algo la preocupación de los ecuatorianos, no presentan una solución a largo plazo. Además, enfatizó que los decretos no pueden ser elaborados a última hora y mucho menos sin analizar todas las aristas.

«Esto no puede ser sobre la base una bibliografía que se leyó al auto y con el ánimo de proteger a los más grandes y a los bancos por los problemas que traerá el fenómeno El Niño», dijo.

Repitió que la alternativa que le quedaría al gobierno es implementar el «derecho concursal». Una opción que permitiría que los procesos de liquidación se apresuren, preservando el empleo y el funcionamiento operativo. Según él, esa sería la manera de llevar un proceso ordenado y rápido en la que se involucren los trabajadores y empresarios.

Ellos mismo se delatan

Borja señaló que el propio régimen explicó que cerca del 25 % de las empresas están en riesgo por las consecuencias del desastre natural. Manifestó que el equipo de Lasso restringió el gasto público y no favorecer a las empresas que están en peligro desde 2022.

«Unos dicen más tarde que nunca, pero ojalá no sea algo demagógico. Esa no es una solución integral al país, habrá despreocupación por seis meses», apuntó.

En cuanto al crédito de condonación de deudas para los estudiantes, aseguró que era un problema que debía ser atendido hace mucho tiempo. Mencionó esa política debería ser algo simple, pues la serie de requisitos impide que se cumpla de manera óptima.

«Si el país tuviera una política que proteja la economía de lo ecuatorianos habría menos problemas operativos y menos endeudamiento de las familias«, resaltó. (N.J.C)

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El decreto ejecutivo 695 fue emitido el 20 de marzo con las modificaciones a tres artículos del reglamento de la LOCGE. El nuevo texto reforma al artículo cuatro y dice que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, serán sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

El economista señaló que si estas instituciones son controladas por la Superintendencia, las acciones -que se aplicarían si encuentran un mal uso de recursos públicos- se regirán a las sanciones de la entidad de control.

En este sentido, recalcó que los reglamentos de Contraloría son distintos; incluso, pueden impulsar acciones de carácter penal. Pese a las evidentes intenciones del mandatario, el decreto es legal dado que son reformas al reglamento, mas no a la ley en general.

Flashback

En diciembre del 2022, un Tribunal de la Corte de Justicia del Guayas ratificó la anulación de la designación de Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos.

Según la entidad, la designación carecía de motivación porque “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”.

En el mes de noviembre, la Asamblea Nacional posesionó a González como titular de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) de Hernán Ulloa ignoró esta acción y designó a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente. Además, exigió al Legislativo que lo posesionen.

“Por eso es la obsesión del Gobierno de Lasso de tomarse el Cpccs para colocar a gente anuentes a su política”, dijo Borja.

La economía del Ecuador y el panorama mundial

Respecto a la caída del Credite Suisse, indicó que es improbable que exista una afectación a la reserva internacional del Ecuador. Señaló que existen parámetros para que el dinero sea alojado en bancos con mayor seguridad, como el Banco Internacional de Pagos que el de las bancas privadas. A pesar de su pronóstico, el Banco Central del Ecuador (BCE) tendrá que pronunciarse oficialmente.

No obstante, resaltó que el incremento de las tasas de interés a nivel global sí pueden afectar la economía ecuatoriana. Estados Unidos tomó medidas para protegerse, pero estas acciones excluyen a los países tercermundistas. Por ende, puede existir una reducción en los bonos del país. (A.G.M).

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“Hay muchas imprecisiones y muchas omisiones en el caso. Lo más importante a destacar es que lo que informaron las personas a la Comisión, no está recogido fidedignamente”, afirmó Borja, durante una entrevista con Radio La Calle.

Explicó que cinco gerentes y exgerentes del Banco Central demostraron que las declaraciones, que afirman que se usó la reserva internacional para pagar a empresarios, fueron erróneas y que, inclusive, en los medios de comunicación se difundió esta información de manera equivocada.

Recordó que el problema central, al que Ecuador está sometido todo el tiempo, es la escasez de divisas por la falta de comercio internacional. Recalcó que se debe volver a políticas que permitan facilitar y promover el comercio entre los países. “El Ecuador necesita la entrada de divisas para sostener el proceso de dolarización. El sistema Sucre facilitó esta entrada de dólares”, reiteró Borja.

El economista manifestó que se está yendo en contra de los bancos y se están pidiendo cuentas a quienes no tienen nada que ver en el caso. “Si el dólar se usa para hacer actos irregulares, no se va a ir en contra del sistema dólar, se debe ir en contra de la persona que realizó esos actos irregulares. Si estamos buscando transparencia no metamos falsas verdades por debajo de la mesa”, argumentó.

Por último, sostuvo que puede haber personas que hayan cometido irregularidades, como en cualquier sistema, pero que se debería perseguir a esas personas y no al sistema de pagos.

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“El informe que lleva este señor al presidente de Colombia fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, por una mayoría de cinco votos y no ha pasado por el Pleno de la Asamblea. A diferencia de lo que él comunica en Colombia, no es un informe que la Asamblea haya aprobado. Es un informe de él, su equipo de trabajo y los legisladores que votaron a favor”, dijo en una entrevista con BLU Radio.

A juicio de Borja, el informe de minoría también debió ser conocido por el presidente Duque. En segundo lugar, el exfuncionario señala que existe una arrogación de funciones por parte de Villavicencio. “Él no representa a la Asamblea Nacional, sino que es un actor político ecuatoriano que se ha definido clara y públicamente que tiene un odio y venganza contra el expresidente Rafael Correa que no va a superar y que es el móvil para elaborar este informe”.

Lavado de activos

Sobre si existió entre Venezuela y Ecuador, un sistema para lavar activos, que permitió el movimiento ilegal de USD 2.600 millones, Borja responde que esa conclusión es falsa y equivocada. “El sistema unitario de compensación regional funciona como el sistema anterior que teníamos los países latinoamericanos. El sistema SUCRE reemplaza la decaída del sistema ALADI para promover el comercio intrarregional. Lo que dice Villavicencio es bastante impreciso”.

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Informe con errores

Sobre el informe, el exministro precisó que fue elaborado por Villavicencio y su equipo técnico. “Tanto así que mucho antes que el informe se apruebe, él venía dando declaraciones. En segundo lugar, lo hicieron pasar como informe de mayoría cuando solo lo aprobaron 5 asambleístas de la comisión”.

La entrega del informe al presidente Duque, de acuerdo con Borja, está enmarcado dentro del objetivo de Villavicencio. “Armar un relato de que habría existido una estructura de crimen organizado y lavado. De alguna manera, algunos actores políticos colombianos le dan lugar a un show político porque está plagado de irregularidades. Estas personas inducen al error al presidente Duque. Cosa que sucederá con la Fiscalía colombiana”.

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En primera instancia, el Proyecto de ley no cumple con la legalidad y constitucionalidad, por lo tanto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debería devolver al ejecutivo, viola el art. 136 de la constitución, el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y varios fallos de la corte constitucional.

Borja menciona que hay inconsistencias entre los objetivos a alcanzar y los instrumentos. Son normas que benefician a una minoría del menos del 1 % de los ecuatorianos, implica regresar a momentos inéditos de la historia, por ejemplo, con el art. 70 se altera el esquema laboral empleado y empleador.

Decisiones para los privilegiados

El gobierno está apurado en aumentar los beneficios para un sector minúsculo, porque se le puede acabar capital político.  Este proyecto es incendiario, las modificaciones tributarias en contra de los trabajadores son graves. Una persona que gana USD. 2000, con el actual esquema no paga impuestos, pasaría a pagar USD. 800 de impuestos anuales. Es un golpe a la base social del propio gobierno.

En cuanto al impuesto a la renta lo que se hace es disminuir la posibilidad de deducción de gastos, para Borja es absurdo desde el concepto, la renta es la diferencia entre el ingreso y los gastos, si usted tiene USD. 1000 de ingresos y USD. 800 de gastos la renta es de USD. 200, y sobre esto se debería tributar, pero, ahora se tributa sobre el ingreso (USD. 1000) y le dan créditos tributarios, que es sobre el 10 o 20% de su gasto total, colocando un tope al gasto, un aproximado de 7 canastas básicas, en números redondos USD.  5000 al año, el 10% es USD. 500. Baja de USD. 14500 de gastos que se podía deducir en el anterior esquema a USD. 500 máximo que se deducen en el actual esquema.

Con este dinero el gobierno quiere cubrir pagos de laudos arbitrales y deudas externas. El beneficiado no es el pueblo.

Soluciones factibles

Los grandes beneficiarios son los ultras ricos, en la tabla tributaria no se topan las grandes fortunas. Si se gravará a empresas que evaden los impuestos o que llevan capital a paraísos fiscales, se obtendría un incrementó para el fisco, y ahí sí estaríamos hablando de solidaridad, el que más tiene más paga, esa minoría está intocada, indicó Borja.

El art.70 y el 75 pueden ser el foco, pero dejamos de lado otros artículos. El decreto 95, habla de modificar el esquema de contratación, cambiar a contratos de participación de los servicios que hay ahora, CREO apoyó la ley mal llamada de Fomento Productivo donde las trasnacionales se quedan con el 87,5% y apenas el 12,5% va al estado. El esquema “productivo” de Lasso, de 500 mil barriles diarios a un millón diarios, no le beneficia en nada al estado, pues las trasnacionales se quedan con casi el 88%.

Borja finalmente hace un llamado a los bloques de Pachakutik, UNES, Izquierda Democrática para evitar que la ley pase como un “trole”. Los beneficios son minúsculos con respecto a los perjuicios. Hay que tratar cada tema, enviar leyes urgentes sobre temas laborales y si no se aprueba, vamos a la consulta popular para ver si los ecuatorianos quieren regresar a la esclavitud.

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Quito, 29 de jul, (La Calle). –Sería lamentable. Así califica el economista Diego Borja, el posible ingreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, (CIADI).

Para el economista y exministro de Finanzas, el ingreso del país a ese organismo significaría que tenemos una memoria muy corta sobre las consecuencias de esa “relación tóxica” entre Ecuador y el organismo internacional.

 “Anteriormente, el CIADI multó al país con cerca de 412 millones de dólares, sería negativo volver a ese organismo, pues se facilitaría el pago de nuevas multas”.

Borja, entrevistado en el noticiero La Ventana de Radio La Calle, sostuvo que el caso Perenco es un ejemplo de las injusticias a las que nos podríamos someter en el CIADI.

“La empresa Perenco enjuició al país, de manera ilegal, en 2008 y no hubo la adecuada defensa en este organismo de arbitraje”.

¿Y cuándo el CIADI falla en contra de las empresas?

El CIADI es un organismo que sanciona con multas a las naciones en sus conflictos con empresas de todo tipo. Varios Estado ya lo han calificado de “hostil” hacia los países, pues se busca favorecer a los capitales privados.

“Es seguro que el dinero para temas sociales, como salud y educación, terminará en los bolsillos de las empresas que demanden al país”.

¿Recuperación económica?

Es común escuchar en las calles acerca de una recuperación económica en el país. ¿Es así?, “hablar de una recuperación económica es un ‘espejismo’. La agenda del Gobierno es acelerar los temas de privatización y de contratación petrolera, nada más”.

Ya nos pasó en 1999, dice Diego Borja, cuando luego de la gigantesca caída de la economía nacional, se arrancó con una etapa endeudamiento sin final.

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