»En el gobierno del presidente Lasso se hizo con fuerza todo lo que se está haciendo ahora, sin duda se lo hizo (…) ¿Es suficiente? no lo es», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Resaltó que a pesar de que el exmandatario dictó una veintena de estados de excepción, el nivel de violencia no se redujo. En este sentido, señaló que el gobierno no debe buscar únicamente soluciones reactivas, sino dar una salida a los problemas estructurales del Estado.

Agregó que la fuerza de la estrategia es la inteligencia, lo cual implica fortalecer la capacidad tecnológica. No obstante, señaló que en el gobierno de Lasso se planificó el levantamiento de un centro de mando de inteligencia criminal, sin embargo, el proceso nunca se concretó.

La administración del gobierno de Guillermo Lasso entregó al país una tasa de aproximadamente 44,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de la historia.

De igual manera, la crisis carcelaria se acentuó durante su período presidencial. Durante el gobierno de Lenín Moreno hubo un registro de 79 víctimas mortales en los centros penitenciarios, sin embargo, cuando Lasso estuvo al mando se reportaron 387 asesinatos. (AGM).

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«Esta medida permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerza del orden y de todas las instituciones que ya están encargadas de velar por la seguridad ciudadana y nacional, y que tienen un compromiso histórico con este objetivo», se expone el comunicado de la Secretaría General de Comunicación de Presidencia.

¿Qué sucederá ahora?

Tras la eliminación, se ha confirmado que las responsabilidades de esta Secretaría han sido transferidas a los Ministerios correspondientes, acorde a las áreas de competencia. Asimismo, el funcionario encargado del proceso de eliminación será Arturo Felix Wong, secretario de Administración Pública y Gabinete.

El fin de la Secretaría creada por Guillermo Lasso

El ex presidente Guillermo Lasso fue quien impulso la creación de la, otrora llamada, Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Según explicó por ese entonces, dicha institución se encargaría de «las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado».

Diego Ordóñez fue el primer secretario de Seguridad Pública y del Estado del gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, desde el inicio de su gestión (en agosto de 2022) sus acciones fueron insuficientes para frenar el incremento de los casos de violencia criminal en el país. Siete meses después renunció en medio de plena crisis de seguridad.

Finalmente, y 17 meses después de su creación, el gobierno de turno admitió que esta institución ha fracasado. Y ocurre luego de que Ecuador haya cerrado el año 2023 como una de las naciones más violentas de la región. Un problema que, según las primeras cifras de inicios de 2024, podría intensificarse más.

ACTUALIZACIÓN 31 ENERO

El gobierno oficializó la elminación de esta Secretaría, ahora el proceso de supresión deberá cumplirse en 90 días. Los ministerios del Interior y de Defensa asumirán todas las competencias, atribuciones, funciones, planes y proyectos de la entidad.

Según el comunicado de Presidencia, Ambas entidades asesorarán técnicamente al Presidente de la República para el cumplimiento del objeto de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

El ministerio del Interior estará a cargo de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y del Estado; de la coordinación entre los organismos que son parte del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, entre otras atribuciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa Nacional fue designado como la entidad encargada de la formulación del Plan Nacional de Seguridad Integral, entre otras atribuciones. Además, la Dirección Nacional de Movilización formará parte de este ministerio.

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«Pongamos los antecedentes, hace más de un año cuando yo ocupaba la Secretaría, este portal de los mercenarios de La Posta ya publicó unos chats donde yo supuestamente contactaba con el abogado. Yo pedí el número de Norero a ese medio para saber quien habría suplantado mi identidad. Nunca me dieron la información solicitada. Yo pedí una rectificación y nunca se produjo», dijo el exfuncionario para Notimundo.

Agregó que la Posta emprendió una campaña en su contra cuando fue Secretario de Seguridad y que no sería raro que sea parte de un montaje. «Hemos visto el nivel de cercanía, confianza que tiene Anderson Boscán y Norero. La forma en que se tratan y conjuntamente arman estrategias para perjudicar personas. No he tomado nunca jamás contacto con delincuentes, peor aún para ofrecer arreglos o contactos de que personas que no conozco».

«Ese no es mi número. Suplantaron mi identidad. Voy a pedir que se me envié el número telefónico. Veamos las circunstancias. La Fiscalía informa que se hizo una pericia técnica de la información extraída de los celulares de este delincuente. Debieron indagar de qué números se emiten los mensajes. Tanto es así que identifican a Boscán, no con su nombre, sino con su número, y alias, porque debe ser el número que usa. Ese número yo no uso», expresó.

El «chat» de Ordóñez

En el hilo de mensajes que saldría supuestamente del teléfono de Ordóñez, le solicita evitar las filtraciones de llamadas, audios y vídeos por seguridad a su integridad como funcionario público. Se agrega que ha mantenido comunicación con Glenda Ortega, la fiscal que llevaba el caso de Norero y que para llegar a un acuerdo, ella requería comunicación directa con Norero. Querían, además, viabilizar la posibilidad de un habeas corpus para él y dos de sus familiares.

Trabajo de Ordóñez

Ordóñez añadió que durante el 1 de noviembre de 2022, se hizo una requisa en la cárcel del Litoral por el combate al crimen organizado ya que, según su visión, la pacificación de los panópticos no funcionó. «La acción de la Secretaría fue enfocada contra estos delincuentes (…) Yo advertí que se había adulterado el propósito inicial (de la pacificación): reducir la violencia a través de la pacificación en las cárceles, se creó una comisión para eso. Lo comenté al presidente y él se indignó cuando lo que sucedió fue que los líderes de las prisiones adquirieron mayor poder y privilegios». (MIB)

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Sin embargo, durante su época en la Asamblea Nacional defendió, a capa y espada, al presidente Guillermo Lasso de los actos de corrupción imputados.

Uno de ellos fue el caso Pandora Papers, que trataba supuestos paraísos fiscales de Lasso. Sánchez se abstuvo de votar porque, según ella, no existieron «pruebas fehacientes» de supuestos vínculos del jefe de Estado y empresas offshore.

Algo similar ocurrió con el último caso que sacudió al país, el caso «El Gran Padrino». La denuncia vinculaba al presidente y a su círculo cercano, como su cuñado Danilo Carrea, en una presunta red de corrupción en las empresas públicas.

La exlegisladora indicó que, no está de acuerdo y no apoyó la idea de enjuiciar políticamente al mandatario. También, alegó que no existe las pruebas necesarias para poder juzgarlo.

Ahora, y a puertas de las elecciones, Sánchez se dedicó a hacerle propaganda política a Villavicencio.

A favor del gabinete

Además, respaldó, junto a otros exlegisladores, al exministro del Interior, Patricio Carrillo y los exsecretarios de Seguridad, Diego Ordóñez y de Derechos Humanos, Paola Flores cuando se negaron a continuar con el juicio que llevaban su contra. Los implicados eran juzgados por su pésimo accionar en el femicidio de María Belén Bernal.

Según Sánchez, a esa petición faltan firmas, pues algunos asambleístas se retiraron en medio de la situación y varias pruebas no fueron aceptadas.

“Cuando se presentó el juicio, el documento no contaba con las firmas necesarias, faltaban tres o cuatro firmas y eso se puede catalogar como alteración de un documento público”, dijo.

Ahora es «Gente Buena»

Luego de la disolución de la Asamblea Nacional, Sánchez anunció su separación del movimiento Pachakutik (PK) debido a las “amenazas de supuestos líderes, diferencias políticas y el irrespeto a la Ley”.

La exlegisladora, ahora, salta a la palestra política, pero de la mano de Fernando Villavicencio. Según ella, en el Legislativo afianzaron lazos y lograron trabajar en equipo. De la misma manera, resaltó que «sus propuestas van en sintonía con las del candidato«.

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Los familiares de las víctimas solicitaron que todos estos documentos pasen de la categoría «secreta» para dar nuevas pistas sobre el suceso.

El expresidente Lenín Moreno y Lasso prometieron a los allegados de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas desclasificar la información y dar con los responsables. Sin embargo, esta «recomendación» se suma a la lista de promesas incumplidas del primer mandatario.

De acuerdo con el hermano de Paúl Rivas, Ricardo Rivas indicó, para Radio La Calle, que esta promesa fue solo una «letanía» de los gobiernos de turno para desviar la atención, pero que todo queda en el aire.

Además, enfatizó que los últimos gobiernos priorizaron la imagen del Estado sobre la vida de las personas. Recalcó que si se niegan a desclasificar la información es porque afectaría las relaciones entre Ecuador y Colombia.

«El uno (Moreno) anunció siete veces que se iba a desclasificar y el otro lo dijo en prensa internacional, pero solo se ha hecho un show viéndonos las caras a las familias», refirió.

¿Por qué no desclasifican?

El Secretario de Seguridad, Wagner Bravo, señaló para diario La Hora que las actas deberían ser develadas dentro de 10 años, debido a la categoría en la que ubicaron. Apuntó que los documentos no han sido pasado por un proceso de desclasificación.

Según él, los informes guardan estrategias de defensa nacional, protocolos y procesos ante posibles amenazas contra el Estado.

No obstante, Rivas aseguró que esa es la excusa del régimen para no dar paso a esas solicitudes. Aclaró que los documentos no mantiene información sensible como mencionan las autoridades.

Puntualizó que el país tiene un Estado y un Gobierno que se maneja bajo tres aristas en todas las ocasiones: negación, encubrimiento y silencio absoluto. Rivas recalcó que las investigaciones han avanzado gracias a las solitudes de los familiares y no fue una iniciativa de la Fiscalía General del Estado.

«El exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez dijo que estaban ajustando un informe para desclasificar todo y no ha pasado nada. Estamos cercanos a cumplir seis años y todos se mantiene callados», destacó.

De brazos cruzados

Rivas detalló que esperan una respuesta de la FGE en la que aclare porqué se paró la investigación. Aclaró que esa no es un justificación pertinente, pues la entidad guarda más pruebas y otras pistas que podrían utilizar. También, cuestionó que la Corte Constitucional (CC) no se haya pronunciado sobre la solicitud de desclasificación de la información.

«Según ellos se detuvieron porque no hay desclasificación, pero no es así. Aquí hay una omisión indudable y es porque están relacionados allegados al gobierno de ese entonces», expresó. (N.J.C)

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Carrión, en entrevista con Radio La Calle, detalló que los resultados del abandono del Estado en la seguridad eran evidentes y no tomaron acciones a tiempo. Además, recalcó que ese grupo delictivo dejó cinco personas muertas en el Comité del Pueblo y los uniformados se quedaron de brazos cruzados.

«Todo eso responde a la furia de las personas. Enardecieron y como ya saben donde se esconden incendiaron las casas como justicia por su cuenta», afirmó.

Enfatizó que, los moradores del sector reconocieron que la última opción que tenían fue hacer justicia por mano propia. También señaló que de cada 100 homicidios tan solo cuatro o cinco reciben alguna sanción.

Es decir, que ahora los antisociales tienen «la plena certeza» que si llegan a cometer algún delito saldrán absueltos. «Esto responde al dicho de -plata o plomo- y se suma la corrupción de algunos jueces y autoridades», mencionó.

¿Cuándo entra el Estado?

Carrión comentó que los sujetos pertenecientes al Estado aseguraron que éste perdió la soberanía en algunos sectores. Es decir, hay sectores en los que la delincuencia tiene mayor participación que las autoridades.

«El propio exministro del Interior lo dijo en una entrevista la semana pasada y un general de la Policía ya lo había anticipado», refirió.

Además, repitió que la inestabilidad del Gobierno se evidencia en el constante cambio de personajes en su gabinete. En los dos años de mandato tuvo cuatro ministros del Interior, cuatro secretarios de Seguridad, dos ministros de Gobierno y cinco autoridades en el SNAI.

Manifestó que en ese mismo tiempo se decretaron cerca de 16 estados de excepción con los que se evidenciaba un cambio en la seguridad. Sin embargo, con la salida de Paco Moncayo hay una posibilidad que nuevamente el plan «se caiga«. (N.J.C)

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«Esa información, sea verdadera o no, me la dijo el propio presidente», afirmó en entrevista para La Posta.

Topic enfatizó que hay militares que tiene miedo de trabajar en determinados territorios por la realidad que viven allí. Además, reconoció que Carondelet tiene una visión alejada de la realidad de los ecuatorianos porque no conecta con la sociedad.

«Hay hombres que tienen miedo de actuar y de un líder que trabaje hombro a hombro con ellos, esa fue la información que el presidente me dio», refirió.

La historia con Lasso

Luego de que el jefe de Estado anunciara que el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez sería removido de su puesto, la primera opción para tomar este puesto fue Topic.

Sin embargo, días después nombró a Wagner Bravo y a Paco Moncayo como consejero de Gobierno para seguridad.

Según Topic, él ya estaba en el puesto, pero Lasso decidió negárselo después de que la noticia se difundiera en redes sociales.

Sobre la gestión de Ordóñez señaló que es un funcionario no puede ir a un puesto para ahí aprender a manejar el puesto.

La reciente postulación de Topic

El Partido Social Cristiano (PSC) confirmó que respaldará la postulación del economista Topic a la Presidencia del Ecuador.

Según la organización, Topic tiene las capacidades para resolver los problemas que aquejan al país. Además, recalcaron el anhelo de que otros partidos políticos apoyen este tipo de iniciativas en favor de los intereses de los ciudadanos.

“Tiene la formación, el conocimiento, la experiencia y la decisión para solucionar los problemas (…) Una vez consultados los distintos estamentos de la nuestra organización, el PSC está de acuerdo con su nominación”, reza el comunicado.(N.J.C)

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Según la jueza ponente del CC Teresa Nuques la decisión se dio por vulneración a las garantías de presunción de inocencia del exfuncionario. El órgano de control exhortó a la CGE para que observe el proceso y se garantice el derecho a la defensa.

Por su parte, la Corte puntualizó que su análisis no es un pronunciamiento sobre si el dictamen fue o no correcto. Por su parte. Ordóñez recalcó que nunca tuvo una Offshore.

En febrero de 2017 mediante consulta popular, los ecuatorianos establecieron como prohibición para ejercer cualquier cargo público el hecho de tener activos en paraísos fiscales (territorios donde no se pagan impuestos).

Origen de la acusación

La sanción de la Contraloría, se origina en un seguimiento a la declaración patrimonial jurada que Ordóñez presentó como funcionario público, ante el organismo de control. Según los resultados de ese seguimiento, Diego Ordóñez habría tenido bienes o cuentas en países considerados como paraísos fiscales. (M.W).

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El informe fue enviado el 24 de mayo a la Corte Constitucional (CC) que tendrá que pronunciarse hasta el 7 de junio sobre el caso. Cabe recalcar que el órgano de control deberá examinar si el proceso fue respetado, más no hacer un análisis de contenido.

Una fuente del Gobierno confirmó a Primicias que el documento que pedía la destitución de Ordóñez fue emitido después de su renuncia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó su decisión y buscó un nuevo reemplazo, Paco Moncayo y Wagner Bravo.

Nuevos escenarios para Ordóñez

Si el informe es aprobado por la CC, Ordóñez no podrá ejercer ningún cargo público durante dos años. Después de ese tiempo no podrá volver a ejercer el cargo de Secretario de Seguridad.

Por otro lado, sus finanzas pasarán por la lupa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Interna (SRI) para comprobar si hubo evasión tributaria y lavado de activos.

Offshore

La investigación de Contraloría tiene su origen en una declaración juramentada del exsecretario, reportó Primicias. Los resultados arrojaron un nexo con la empresa Sarg Latin American Corporation, en Panamá, el portal web refleja que Ordóñez sería director y subtesorero de la compañía.

Respecto al caso, el exfuncionario dijo al medio de comunicación que no ha sido notificado por la Controlaría. Agregó que la documentación presentada al organismo es clara y que no es accionista de ninguna sociedad en un paraíso fiscal.

»Tampoco se ha podido demostrar que mi nombre e identidad correspondan al nombre que aparece como director: es más, consta que esa supuesta persona tiene residencia en Panamá», aclaró.

Ya le seguían la pista…

El 10 de febrero del 2023, la exasambleísta por UNES, Patricia Nuñez solicitó información tributaria y financiera sobre la empresa offshore que presuntamente tendría el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

El pedido fue dirigido a entidades de control: Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Superintendencia de Bancos.

»Vamos a estar atentos por la denuncia que hicimos del mismo caso en Fiscalía», dijo en respuesta al informe de Contraloría.(A.G.M)

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El ministro del Interior, Juan Zapata, y el Comandante General de la Policía, Fausto Salinas condecoraron al Ordóñez, en reconocimiento a su labor. Varios usuarios en redes sociales reaccionaron de manera negativa a esta noticia, pues resaltaron que su gestión no rindió frutos.

Ordóñez y la política

Ordóñez, abogado de profesión, fue asambleísta de CREO por la provincia de Pichincha desde mayo de 2021. En su rol registró 145 asistencias y 12 ausencias, según el Observatorio Legislativo. Además fue integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, en 10 meses nunca presentó un proyecto de ley.

No obstante, su nombre se puede asociar a varios comentarios misóginos realizados durante su gestión. Acciones cuestionadas por sus colegas y varias organizaciones de la sociedad civil.

A la Consejería de Seguridad…

El 2 de agosto de 2022, el presidente Guillermo Lasso creó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, diseñada para ser liderada por Diego Ordóñez.

La Cartera de Estado se encargaría de »la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado».

No obstante, los asesinatos, desapariciones, alertas de bomba, feminicidios, delincuencia y atentados se intensifican. Tan solo el 2022 cerró con 4.603 muertes violentas.

Ordóñez dejó el cargo el 11 de abril del 2022, después de ocho meses de gestión y una ola de violencia en sus hombros. (A.G.M).

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Arosemena mencionó que de ese presupuesto cerca de USD 70 millones se destinarán al Ministerio del Interior para la adquisición de chalecos antibalas para los policías.

«Con esto 53 mil uniformados podrán tener nuevos chalecos (…) Esas son las soluciones que da este Gobierno sin que sobre la plata y en beneficio de los sectores más sentidos del país«, refirió para Contacto Directo.

Desde el 2022, el exministro de Seguridad, Diego Ordóñez detalló que USD 36 millones serían utilizados para comprar chalecos antibalas y USD 28 millones para uniformes, pero esto nunca llegó.

Además, culpó a la hoja de ruta que debía seguir el Gobierno en este proceso que los policías no hayan tenido los recursos ofrecidos.

Tanto dinero y en 2022 no se invirtió ni la mitad

Según el Plan Anual de Inversiones 2022 (PAI), el Gobierno de Lasso solo invirtió el 31 % de todo el presupuesto para seguridad.

El régimen invirtió en el Ministerio del Interior el 0 % de todo el presupuesto, en Defensa Nacional el 33 % y para servicios de cárceles a penas el 21 %.

El SNAI solo recibió USD 7,6 millones de los USD 31 millones que estaban destinados para los proyectos de la entidad. Es decir, se utilizó menos del 25 % de todo el monto.

Más inseguridad en el país

Hasta marzo de 2023, Ecuador tuvo un total de 945 homicidios a nivel nacional, según El Universo. Sin embargo, los policías no han obtenido los equipos necesarios para proteger a la ciudadanía. (N.J.C)

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Para la exfuncionaria, las autoridades de la cárcel permitieron que los reclusos usen máquinas para dañar las chapas. Además, alertó que las presas «son llevadas a sus pabellones a vista y paciencia de las autoridades», dijo para Radio Pichincha.

Control a cargo de la Policía

La especialista considera que el incremento de masacres en los interiores de las cárceles del país es el fruto de haber entregado a la Policía el mando. Zumárraga cuestionó cómo ingresan armas de grueso calibre a los recintos penitenciarios.

“El Estado entregó las cárceles con total intención a las mafias. Aquí hay cárceles para los Tiguerones, para Lagartos, Choneros, es decir, para cada mafia. Eso empodera a las mafias”, dijo.

Según la exdirectora, el discurso de “ajuste de cuentas” y “se matan entre delincuentes” quedó en el pasado, porque los asesinatos también están en las calles. Un claro ejemplo, es la masacre reciente en el Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas o los homicidios de mujeres a diario.

“El legado de Ordoñez”

La única función de Ordoñez como secretario de Seguridad ha sido viajar a Israel.  Así mismo, “el único legado de Ordóñez es de terror y sangre”. El período de Ordoñez se triplicó la delincuencia y la inseguridad, declaró.

Zumárraga acotó que el Estado es el culpable de la fuerte violencia que atraviesa el país, porque las bandas criminales no actúan sin la anuencia de la misma Policía. Sin embargo, el escenario de los penales no se puede despegar de la inseguridad que golpea al Ecuador. (D.C.)

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Los oficiales tuvieron que bajarse del vehículo para empezar a empujar y así continuar con su labor. Esta no sería la primera vez que el transporte de la Policía cuenta con inconvenientes mecánicos.

Las patrullas sin mantenimiento

Al finalizar el 2022, el ministro del Interior, Juan Zapata, admitió que la Policía Nacional está en estado de emergencia. Además, ninguna provincia del país cuenta con un 100% de patrullas en buen estado.

Para Zapata este es el principal motivo por el que los oficiales de Policía no pueden cumplir con un mayor patrullaje y hacerle frente a la delincuencia.  El funcionario indicó que hay un plan para adquirir nuevos vehículos, valorado en USD 382 millones aproximadamente. Sin embargo, el plan aún no entra en vigencia.

Promesas sin cumplir

El secretario de Seguridad, Diego Ordoñez, mencionó que el proyecto para equipar a la Policía, valorado en 83 millones, todavía está “en proceso de compra”. Desde cascos, vehículos, atención a UPC y otros materiales que se ofrecieron el año pasado deben seguir un procedimiento. (D.C.)

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Según información comprobada por Ecuavisa, el presidente Guillermo Lasso habría solicitado que la renuncia de Ordóñez se efectúe el 17 de abril debido a la agenda que tenían que despachar en los últimos días.

El exfuncionario asumió la Secretaría de Seguridad el 2 de agosto de 2022, luego de ser Consejero del Gobierno Lasso.

Su paso por la política

Ordóñez, abogado de profesión, fue asambleísta de CREO por la provincia de Pichincha desde mayo de 2021. En su rol registró 145 asistencias y 12 ausencias (según el Observatorio Legislativo). Además fue integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. En 10 meses nunca presentó un proyecto de ley.

No obstante, su nombre se puede asociar a varios comentarios misóginos realizados durante su gestión. Acciones cuestionadas por sus pares asambleístas y varias organizaciones de la sociedad civil.

Además, El pasado 4 de febrero, Ordóñez abandonó el cargo de asambleísta pues consideró que el Pleno “ha diluido en enfrentamientos, consignas, dogmas, y lugares comunes, pensando en el propósito electoral más que en las soluciones reales”. Días después confirmó que el presidente Guillermo Lasso le pidió ser su consejero.

 Lasso creó, el 2 de agosto, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado para que sea liderada por Ordóñez.

Se salvó de un juicio político

El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe dispuso archivar el juicio político en la Asamblea Nacional contra el exsecretario de Seguridad el 6 de abril. Según el magistrado, el juicio no contaba con los requisitos necesarios.

Ordóñez informó esta resolución a través de su cuenta de Twitter. El funcionario señaló que la acusación en su contra tiene acusaciones imprecisas y no cuenta con las firmas suficientes. Agregó que el Tribunal le concedió una acción de protección por “violación a sus derechos constitucionales”. (N.J.C)

La entrada Ecuador aguantará a Ordóñez cinco días más se publicó primero en La Calle.

De este modo el ex consejero presidencial de 58 años se marcha en medio de una ola de violencia nunca antes vista en el país, luego de ocho meses en el cargo.

El más reciente paso de Órdoñez por la política

Ordóñez, abogado de profesión, fue asambleísta de CREO por la provincia de Pichincha desde mayo de 2021. En su rol registró 145 asistencias y 12 ausencias (según el Observatorio Legislativo). Además fue integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. En 10 meses nunca presentó un proyecto de ley.

No obstante, su nombre se puede asociar a varios comentarios misóginos realizados durante su gestión. Acciones cuestionadas por sus pares asambleístas y varias organizaciones de la sociedad civil.

Justamente, por comentarios de ese tipo en contra de la legisladora Mónica Palacios (a través de la red social Twitter), se presentó una denuncia ante el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Posteriormente, Ordóñez fue sancionado por «agresión de palabra y misoginia evidente» durante 15 días, a finales de 2021.

De asambleísta a consejero

El pasado 4 de febrero, Ordóñez abandonó el cargo de asambleísta pues consideró que el Pleno «ha diluido en enfrentamientos, consignas, dogmas, y lugares comunes, pensando en el propósito electoral más que en las soluciones reales». Días después confirmó que el presidente Guillermo Lasso le pidió ser su consejero.

Su cargo se hizo oficial en ese mismo mes y permanecería cinco en dicho rol. Luego, el 2 de agosto de 2022, Lasso creó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, diseñada para ser liderada por Diego Ordóñez, según manifestó el ex presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

Esta Secretaría se encargaría de «la elaboración de las políticas públicas, la planificación integral y la coordinación de los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Pública y del Estado«.

Pero pese a estas consignas los índices de violencia han incrementado día tras día en diversas provincias del país.

Asesinatos, desapariciones, alertas de bomba, feminicidios, delincuencia y atentados se intensifican. El caso más reciente de este tipo fue una masacre en la provincia de Esmeraldas con al menos nueve personas asesinadas. Hecho que se registró este martes. Esto último, según ha trascendido, ocasionó su salida definitiva tras ocho meses en funciones.

JR

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Lasso dividió el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior con el «afán» de delinear decisiones para la seguridad y estabilidad democrática. Con eso, la cartera de Estado recibiría USD 17 millones.

Todo el monto sería solventado con prestamos extranjeros, pero al final del año ese dinero no se tocó. Es decir, no se utilizó ni un solo centavo para los proyectos y planes que mantenía la entidad.

Se suponía que todo ese dinero solventaría los siguientes planes:

• Equipamiento básico y de protección personal para los servidores policiales a nivel nacional;
• adquisición de equipamiento especializado para los servicios de policía de frontera y tránsito; y,
• detonación de equipos tecnológicos y medios logísticos para el sistema de seguridad penitenciario.

Pese a que el ministro del Interior, Juan Zapata, declaró en estado de emergencia a la cartera de Estado y a la Policía Nacional el 28 de noviembre de 2022. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en entrevista para Teleamazonas, enfatizó que aún no tienen el equipo que habían solicitado desde 2022.

Para el SNAI

El presupuesto destinado para esta institución y el Sectorial de Asuntos Internos era de USD 105,7 millones, pero solo se utilizaron USD 47 millones.

De toda esa cifra el SNAI recibió solo USD 7,6 millones de los más de USD 31 millones que estarían destinados. Es decir, se utilizó menos del 25 %.

El Gobierno Nacional había prometido, para 2022, mayor generación de empleos, estabilidad fiscal, manejo honesto y eficiente de los recursos. Sin embargo, la seguridad y el orden en Ecuador fue uno de los últimos puntos que consideró el jefe de Estado.

«Hay planes de inversión para construcción de escuelas, hospitales, dotación a los policías, pago a los jubilados. Existen los proyectos, pero no la voluntad política de realizarlos”, señaló Juan Pablo Jaramillo en una entrevista para Radio La Calle.

Niveles de inseguridad y criminalidad en Ecuador

Hasta octubre de 2022, el país registró un incremento en la taza de homicidios y muertes violentas a casi 16 por cada mil habitantes, pese a que el mandatario ha declarado toque de excepción en reiteradas ocasiones la criminalidad no da tregua.

Eso sin contar el descontrol en las diferentes cárceles del país que han cobrado la vida de más de 400 presos desde 2021, según el informe mundial 2023.

Aunque el régimen ofreció entregar a la Policía Nacional uniformes, autos, motos y todo el quipo pertinente para su trabajo, los ciudadanos denuncian constantemente la ineficiencia de los uniformados. (N.J.C)

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Ordóñez informó esta resolución a través de su cuenta de Twitter. El funcionario señaló que la acusación en su contra tiene acusaciones imprecisas y no cuenta con las firmas suficientes. Agregó que el Tribunal le concedió una acción de protección por «violación a sus derechos constitucionales».

Juicio político

 El 17 de noviembre el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la recomendación de juicio político por el caso María Belén Bernal al exministro del Interior, Patricio Carrillo; secretario de Seguridad, Diego Ordoñez y secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.

El Legislativo debatió y aprobó con 96 votos a favor las recomendaciones de la comisión conformada por mujeres en el caso Bernal. Enfatizaron la responsabilidad política que recae sobre la Presidencia, Secretaría de Seguridad, Ministerio del Interior, Comandancia de Policía y Secretaría de Derecho Humanos. (A.G.M).

La entrada Tribunal dispuso archivar el juicio político contra Ordóñez se publicó primero en La Calle.

Para Ordóñez, el comunicado de las instituciones no representa a la mayoría de los ecuatorianos porque provienen «solo de dos» entidades. Además, resaltó que varios usuarios en redes sociales apoyaron esta idea.

«Hay que considerar que la una estuvo involucrada en las movilizaciones de octubre y junio, y la otra fue creada en el correísmo», resaltó.

Violencia con más violencia…

El secretario enfatizó que el decreto ejecutivo 707 para el porte de armas es una «manera de defensa adicional». De acuerdo con Ordóñez, los requisitos previos para llevar las armas son suficientes.

Además, mencionó que la intención del Gobierno no es «animar a las personas a tener armas». Sin embargo, el secretario repitió que esto incluye la posibilidad a quienes tengan la capacidad de tener este equipo.

«Si un delincuente está convencido que su víctima no tiene un instrumento de defensa lo atacará, pero hoy lo va a pensar dos veces porque va a tener un arma o un gas pimienta», aseguró para FM Mundo.

¿Es un distractor?

Según Ordóñez, esta medida no tiene nada que ver con la muerte de Rubén Chérres, amigo del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien tenía presuntos nexos con la mafia albanesa y el caso «El Gran Padrino». Señaló que el mandatario y sus funcionarios analizaron la propuesta por más de seis meses.

«Esto se pensó por varios meses. El Gobierno no tiene nada que decir sobre la muerte del señor, para eso está la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional», dijo.

Pronunciamiento de las universidades

Cinco universidades del Ecuador expresaron su rotundo rechazo frente a la autorización del porte de armas para uso civil del presidente Guillermo Lasso.

La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes y la Universidad Católica de Cuenca. (N.J.C)

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Talag se convirtió en el nuevo blanco de la minería ilegal desde febrero de 2021. El Gobierno de aquel entonces incautó más de 140 retroexcavadoras y evidenció el alto grado de contaminación en el río Napo.

Según la Fundación Ecociencia, la Amazonía perdió más de mil hectáreas de selva a causa de este problema en menos de cinco años.

Declaratoria de emergencia

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, declaró a la minería ilegal y sus actividades conexas como amenaza a la seguridad integral del Estado. Según el funcionario esa fue una de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

El secretario comentó que esta decisión se tomó en la sesión del pasado martes, luego de identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos: el narcotráfico, lavado de activos y el tráfico de armas.

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Según los legisladores, la Comisión de Fiscalización no aceptó las 70 pruebas que los interpelantes entregaron.

El 21 de marzo, los parlamentarios entregaron el documento para no continuar con el proceso contra los implicados por incumplimiento de funciones. Según detalló Sánchez, en esta petición faltan firmas, algunos asambleístas se retiraron en medio de la situación y varias pruebas no fueron aceptadas.

«Cuando se presentó el juicio, el documento no contaba con las firmas necesarias, faltaban tres o cuatro firmas y eso se puede catalogar como alteración de un documento público», dijo.

La legisladora argumentó que la excusa que le otorgaron fue que el documento se extravío en el proceso de escanéo y después incorporaron las firmas.

Indicó que sería un «acto irresponsable» continuar con un juicio político sin las pruebas de sustento necesarias. Además, mencionó que para no aceptar las nuevas pruebas que poseía, las autoridades manifestaron que no se puede seguir el juico a tres funcionarios a la vez.

«Íbamos a presentar nuevas pruebas testimoniales y esto fue negado por la Comisión de Fiscalización por unanimidad«, refirió.

La parlamentaria apuntó que, el 16 de marzo, Vanegas presentó una prueba ante la Comisión que fue negada. Reiteró que ella solicitó el viernes 17 de marzo que se adjunten las nuevas evidencias, pero no tuvo los votos suficientes.

Finalmente, dijo que analizarán la posibilidad de presentar un juicio para cada implicado y la comisión no presente más excusas. (N.J.C)

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