La acusación fue presentada por el legislador Bruno Segovia, mientras que el informe borrador fue entregado el 6 de marzo al comité. Sin embargo, los integrantes pidieron que se realicen algunas modificaciones, por lo que la votación se llevó a cabo el 8 de marzo.

Aunque el proceso de la destitución presentado por las asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Luisa González (UNES) no alcanzó los votos favorables, la opción para que se archive la causa tampoco fue posible. Esta última moción fue presentada por el presidente de la Comisión, José Chimbo.

A la reunión no asistieron los legisladores Freddy Rojas (CREO), Dalton Bacigalupo (ID) ni sus parlamentarios alternos, según El Comercio.

Origen de la denuncia

Segovia aseguró, en la presentación de cargos, que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.

Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.

«Todos eran exfuncionarios del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.

Llori no se presentó al proceso, pero envió a su abogado, Julio Cesar Sarango, quien negó todos los vínculos de la expresidenta con las acusaciones.

De todos modos, irá a la Asamblea

El informe pasará a revisión en el Pleno de la Asamblea, aunque no haya alcanzado los votos necesarios para efectuarse.

Llori habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia. Esta acción infringe el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.

Ya se salvó de una destitución

La asambleísta se salvó de la destitución por supuesto cobro de diezmos. Los votos del Pleno del Legislativo no fueron suficientes para llevar a cabo la moción de la legisladora de UNES, Johanna Ortiz.

El 23 de noviembre la Asamblea debatió la moción de destitución. Se registraron 82 votos a favor de los 92 que necesitaba para la aprobación. Hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y de asambleístas de Pachakutik. (N.J.C)

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En el caso “Diezmos”, Arteaga sería la cuarta exlegisladora sentenciada. Norma Vallejo y la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, ambas exmiembros de Alianza País encabezan la lista. Nivea Vélez, exasambleísta lojana de un movimiento local fue la tercera sentenciada en este caso.

La exlegisladora podría usar el recurso de apelación ya que el fallo es de primera instancia.

Arteaga en el caso Diezmos

Karina Arteaga exigía por sí misma, contribuciones económicas a sus colaboradores con el fin de mantenerlos en sus puestos de trabajo. Los afectados entregaban el dinero a través de depósitos a la cuenta de una tercera persona.

Se presume que la cuenta era de Elizabeth M., exasistente de Arteaga, quién cancelaba las cuotas de un carro, y pagaba las tarjetas de crédito de Arteaga y su esposo. Elizabeth M. fue sentenciada con tres años de cárcel y 12 años sin participación en la política.

El esposo de la exasambleísta, Jhon A., también estaba siendo procesado en el caso. Sin embargo, el juez Walter Macías ratificó su inocencia. (D.C.)

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El Comité de Ética sigue con el proceso de investigación a la legisladora Guadalupe Llori (PK), por presunto cobro de diezmos cuándo era presidenta de la Asamblea Nacional. Las acusaciones fueron de la asambleísta Johanna Ortiz (UNES), quien interrogó a los testigos del caso.

A la sesión acudió la parte denunciante y un delegado de la denunciada. En esta ocasión se convocó al asambleísta Alejandro Guamán, quien anteriormente fiscalizó el mismo caso contra Llori. Esta investigación la impulsó una denuncia del medio digital La Posta y el legislador corroboró los nombres de los involucrados y las facturas emitidas.

“Los papeles no hablan, la que habla es la persona. Los papeles no pueden reemplazar a la voz del ser humano”, dijo el abogado de Guadalupe Llori, Julio César Sarango.

Las evidencias en contra de Llori

El 7 de noviembre compareció Carlos Cadena, exfuncionario de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, quien afirmó que la exadministradora del Legislativo, Gloria Larenas habría solicitado el alquiler de un vehículo facturado por USD 605, sin embargo, desconocía quien lo iba a ocupar.

También compareció la encargada de servicios generales del Parlamento, Roxana Meza, quien además figura en gran parte de las facturas presentadas como evidencia. La funcionaria relató los acontecimientos de una reunión de la administración general de la Asamblea. Durante la reunión, en la que también estaba Cadena, Larenas informó sobre la disposición de Llori para alquilar un vehículo para sus movilizaciones, principalmente en territorio y fines de semana.

Con base en la orden de Llori, se contrató a la empresa Avis Renta Car. Los funcionarios rentaron un Ford Explored color negro aprobado por el personal de seguridad de la expresidenta en su primera semana de uso.

El 9 de julio de 2021 se canceló a la empresa Avis la cantidad de $ 603,66 por el alquiler del vehículo. Se emitió la respectiva factura y el valor fue cancelado con su tarjeta de crédito.

El 16 de julio de 2021 se realizó un depósito por USD 140 en la cuenta de ahorros del servidor policial Freddy Yugcha Catota, quien desempeñaba las funciones de seguridad y conductor de la expresidenta.

El 23 de julio de 2021 nuevamente se canceló el valor de USD 201,22 a la empresa Avis por la renta del mismo vehículo, y por concepto de combustible $ 120, que se transfirió a Freddy Yugcha.

El 6 de agosto de 2021 transfirió de su cuenta personal a la cuenta de la empresa Avis la suma de $ 387,46, esa fue la última fecha en la que canceló los valores por el alquiler del vehículo. En total, entre la renta del auto y combustible suman USD 1.452.  Algunos valores fueron pagados con la remuneración propia de los funcionarios sin tener el debido reembolso hasta la presente fecha.  (A.G.M)

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«Para no hacer aparecer como los tales aportes interpretados como diezmos. Esos diezmos tiene mucha repercusión y puede costarle el puesto al asambleísta. En ese sentido que no aparezca, sino como un fondo común voluntario aporte de ustedes», dijo el asambleísta en el audio.

Sobre el porcentaje, el legislador especificó que podría ser «5 % (…) Como no son aportes individuales que vaya a hacerse vía banco, tiene que haber una persona que reciba esos aportes, que tenga una cuenta y se vaya gastando lo que vaya llegando en el devenir de los días y las necesidad».

Al parecer, la intención de Abad es borrar todo registro de lo que si, se configura en la práctica, es un delito que le costaría la expulsión. «Que no haya depósitos, ni recibos para quitar las cuestiones legales. Aporten con ideas, yo ya les expongo el panorama. Si se ponen de acuerdo, llegamos a feliz término».

¿Qué dice el asambleísta?

Nuestro medio preguntó al asambleísta Abad cuál era su opinión al respecto del audio filtrado. El legislador dijo que no conocía sobre la grabación.

«Desconozco. Sin duda a los asambleístas que participamos diciendo las verdades siempre buscan bajarlos. Y pueden haber malas interpretaciones y acomodos tratando de denigrar», respondió a Radio La Calle.

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“No admito que mi coordinador pida carro a los candidatos. Con el primer aporte del 10% de la Prefectura compraremos un carro para Pachakutik provincial”, afirmó Tibán.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Mulalillo postuló a Lourdes Tibán como precandidata a la Prefectura de Cotopaxi el pasado 19 de marzo.

Los precandidatos a la Prefectura de la provincia son: Lourdes Tibán en representación del cantón Salcedo, Olmedo Iza del cantón Latacunga y Arturo Ugsha del cantón Pujilí.

Las primarias para la elección del candidato oficial a la Prefectura de Cotopaxi se llevarán a cabo el 28 de mayo en los siete cantones de la provincia.

En entrevistas pasadas Tibán, señaló que entre sus propuestas está permitir que el productor llegue a los mercados de la provincia y sostuvo que trabajará por la industrialización y la comercialización de los productos.

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«La Solicitud cuenta con el número de firmas de respaldo necesario, cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 166 de la LOFL y en el artículo 7 del Reglamento del Comité de Ética de la Asamblea Nacional», reza el documento oficial.

«Informe de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea reconoce que nuestra denuncia por supuestos diezmos contra Llori cumple con los requisitos. Cuidado y con artimañas quieren bajarse esta denuncia», publicó a través de Twitter la asambleísta por UNES, Marcela Holguín.

La denucia contra Llori fue ingresada el pasado 26 de abril de 2022. En su escrito, la Unidad Técnica Legislativa recomienda que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) proceda conforme a la Ley.

Según la solicitud, Holguín pidio que las partes sean notificadas a través sus correos electrónicos gubernamentales. Así Llori podrá ejercer su derecho a la defensa.

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“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.

Agregó que los dos funcionarios activos responden a los apellidos Mesa y Cadena y los exfuncionarios: Abad y Larenas. “Existen documentos como una factura de renta de USD 773 a nombre de Fernando Abad, coordinador general de protocolo, desde junio de 2021”.

Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió.

Intercambio de favores

El asambleísta Ferdinand Álvarez explicó que saben porqué la presidenta del Legislativo se aferra al cargo. “Descubrimos el porqué Llori se aferra al cargo. Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana y Alba del Rocío Sánchez son esposos. Sánchez es coordinadora de talento humano en la Asamblea. Debido a que la esposa de Palacios consiguió este cargo, Llori realizaba el intercambio de favores para que Palacios no investigue las irregularidades cuando fue prefecta de Orellana. Mantiene las investigaciones en favor de Llori sin ningún resultado”, expresó.

Por su parte Ronny Aleaga dijo que solicitan la remoción del cargo como asambleísta de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sanciona el delito de diezmos. “Veamos si la presidenta consigue un abogado particular. Vamos a hacer que brille la justicia en el país. No toleraremos a una persona incompetente que obstruye los procesos con otras funciones del Estado. Existen tres denuncias una denuncia penal y dos ante el Comité de Ética”, aclaró.

La bancada también solicitó un cambio del orden del día donde se pide que el Pleno conozca la denuncia en el CAL de Esteban torres (PSC) contra Llori y la creación de una comisión Ad Hoc para la evaluación como segundo punto en la sesión. MIB

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“Yo me abstuve en la votación del informe que recomendaba la sanción al señor Recalde porque no hay pruebas. La asambleísta denunciante intentó pasar un cheque en blanco girado. No hay un perito que indique cómo se realizó la investigación ¿Cuáles son las pruebas contra él? Dos testigos, uno de ellos una trabajadora que fue recomendada por la asambleísta alterna de Recalde”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

González agregó que se debe mantener la seguridad jurídica en los procesos de destitución. “Hay que pronunciarse ajustados al derecho. Si no hay pruebas no se puede procesar a una persona y ante la duda va libre”. La legisladora indicó que probablemente se abstenga en la votación del Pleno. “Yo he expuesto a mi bancada las razones de mi abstención y las haré conocer en el Pleno”, precisó.

La decisión

En el informe del Comité de Ética se encuentran las pruebas tanto de cargo como de descargo. Entre las pruebas presentadas por la asambleísta denunciante, Johanna Moreira (ID), están testimonios y un cheque que señalaría la culpabilidad de Recalde en este caso diezmos. Por su parte, el legislador indicó en sus pruebas de descargo, que el proceso estaba viciado de nulidad.

Para la destitución de Recalde se necesitaría de una mayoría calificada, es decir 90 votos.

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Actualmente Curicama se desempeña como asambleísta por la provincia de Chimborazo por Pachakutik.

Pruebas de Fiscalía

La fiscal provincial Mayra Moreno presentó pruebas que demostraron «descuentos ilegítimos en los salarios de los trabajadores del Gobierno Provincial durante la administración de Mariano C», informó la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron desde el 2011 hasta el 2019, perjudicando a alrededor de 300 trabajadores y empleados del GAD de Chimborazo.

El descuento de fondos se habría producido para una presunta obra social. Sin embargo, no se ha justificado la utilización de esos fondos.

¿Fuera de la Asamblea?

El abogado experto en temas electorales, Esteban Ron explicó para Radio La Calle que Curicama perderá su cargo cuando la sentencia esté ejecutoriada.

«Es una sentencia que no es de última y definitiva instancia. Cuando la sentencia se ejecute tras agotar los recursos, el asambleísta pierde los derechos de participación política por lo que ya no podría ejercer su cargo».

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En 2018, la asesora Andrea Utreras denunció por concusión a Karina Arteaga. Utreras trabajó en el despacho de la asambleísta de AP y aseguró que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas de su partido al que se pertenecía.

Solicitud de la Corte Nacional de Justicia

La petición para que se levante la inmunidad la solicitó el juez de la sala especializada de garantías penales de la CNJ, David Jacho, por el delito de concusión denunciado en 2018. El pedido emitió tras recibir la formulación de los cargos emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Andrea Utreras, dentro de las acusaciones que presentó ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2018, señaló que la asambleísta pedía mensualmente dinero a sus colaboradores. Los montos ascendían a los $400 para cubrir su cuota y financiar al partido de gobierno Alianza PAIS.

Otras denuncias

En contra de la legisladora por Manabí existe otra denuncia que presentó su exasesora Verónica Pinargote en 2019. Pinargote la acusa de exigirle la entrega de aportes mensuales por el valor de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo.

Además, en febrero de este año, Fabricio Villamar también denunció ante la Asamblea Nacional que la funcionaria habría gestionado cargos públicos para sus familiares en distintas instituciones del Estado.

Ante la decisión de la Asamblea, la funcionaria declaró que el Pleno no tiene competencia para pronunciarse sobre su investigación y que esto se trata de una “persecución política”. Recalcó que el proceso en su contra no es objetivo y que el único fin es distraer a la población de los verdaderos actos de corrupción frente a lo cual poco se ha hecho. (AB)

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