Son más de 160 afectados, a nivel nacional, por montos que van desde los USD 52 hasta los USD 37.800. Los reclamos son de diferente índole: notas de débitos no autorizadas, falsificación de firmas, suplantación de identidad, pero la mayoría son fraudes por el canal digital de Banco Pichincha.

¿En qué consiste ese fraude?

Es una transferencia no autorizada. Un posible tercero utiliza los datos privados del cuentahorrista para acceder a su cuenta en la banca virtual.  Realiza el envío de cierta cantidad de dinero a otra cuenta y el verdadero cliente se entera por notificación al celular pasado unos minutos.

Angy Ortiz, miembro del colectivo, explicó a La Calle que le robaron USD 4.380 bajo esta modalidad. Cuando fue notificada ya solo tenía USD 7. Intentó bloquear el envío que fue a una cuenta del mismo Banco Pichincha. Al día siguiente, su esposo, Marco Álvarez, acudió a la agencia de Banco Pichincha en el Condado. No obstante, ni el jefe de esa agencia solucionó el problema.

“Me dijeron, lamentamos lo sucedido. Es un caso aislado. Que nosotros debimos haber dado las claves a otras personas, ¡imagínese!”, explicó la perjudicada.

Vicente Salazar, otro integrante, perdió USD 3.940 en 2019. Esta es su historia:

Osvaldo Loya comentó que le robaron USD 5.350 el pasado mayo. Aquí los detalles:

Acta transaccional

Debido a la cantidad de reclamos en las agencias de Quito, Guayaquil, Tulcán, Santo Domingo, Portoviejo y Latacunga, Banco Pichincha optó por restituir los montos de algunos de los perjudicados. Al menos  USD 140.043 devolvió el banco a -hasta ahora- 63 personas.

Sin embargo, al menos 47 de estas personas obtuvieron de vuelta su dinero a través de un acta transaccional que solicita firmar el banco.

Este documento es un acuerdo en el que el banco realiza la devolución del dinero si el perjudicado acepta que Banco Pichincha no tiene ninguna responsabilidad sobre lo sucedido. Adicionalmente, quien firma se compromete a no reclamar a ninguna instancia gubernamental o medios de comunicación y redes sociales. Caso contrario devolverá el monto. Finalmente, las partes garantizan que de incurrir en algún incumplimiento deberán pagar otro monto equivalente al restituido.

Para las víctimas de Banco Pichincha esto es un bozal. Marco Álvarez dijo que es una estrategia de la entidad. “Nos callan. Pagan a algunos. Los montos pequeños para que el grupo se debilite. Así se han ido varios compañeros. Dejan de hablar con el colectivo, se salen de los grupos (redes sociales). Esa acta es anticonstitucional”, lamentó.   

Banco Pichincha no contesta

Radio La Calle asistió a las instalaciones del centro financiero de Banco Pichincha. Se solicitó una entrevista a un vocero para obtener la versión de la institución. El personal entregó el número telefónico de extensión del área asignada y el correo corporativo de una funcionaria.

Este medio llamó en tres ocasiones y grabó dos mensajes en la contestadora del área encargada. De igual forma, se envió una solicitud de entrevista escrita a la funcionaria correspondiente. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Banco Pichincha y su ciberseguridad

En las últimas semanas, varios medios de comunicación y expertos informáticos señalaron que empresas públicas y privadas sufrieron ataques informáticos. Según en el caso de Banco Pichincha, los piratas informáticos exigen un rescate de USD 2 millones en bitcoin (moneda virtual).

Miembros del colectivo consideran que los hurtos de los que han sido víctimas pueden estar relacionados con la seguridad informática de Banco Pichincha.

Fernando Díaz, ingeniero en sistemas y uno de los representantes del colectivo en Quito, consideró la posibilidad de que existan “empleados corruptos”. No obstante, enfatizó en que “el banco no hace nada para mejorar sus controles informáticos, no tiene ningún tipo de alarma frente a movimientos de dinero diferentes al habitual. Es vulnerable”. Mencionó su caso como ejemplo, “yo sacaba USD 500 mensuales y de repente vi que me robaron en una transferencia de USD 6 mil.”

Sin embargo, el pasado 29 de julio, Banco Pichincha emitió un comunicado en el que ratificó que sus sistemas informáticos “no han sido vulnerados en ningún momento como se ha difundido en las últimas horas (…) en ningún caso fue expuesta información que pudiera ser utilizada para realizar transacciones bancarias y, por tanto, la seguridad de los recursos financieros de nuestros clientes nunca se ha visto comprometida”, reza el escrito.

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Después de que se conociera una orden Judicial que dictaba congelar sus cuentas bancarias, se registraron más de 5 movimientos bancarios. Documentos obtenidos por Univision indican que estos movimientos tienen un importe de USD 76.871,07.

El excandidato presidencial habría registrado estos movimientos después de ocho horas que se conociera el bloqueo de cuentas.

Entre las transacciones se encuentra un pago a una compañía de remodelación de interiores por 2,900 dólares.

Pagó más del 50% de adelantado por el arrendamiento de una mansión en Florida, según lo confirmó el propietario de la residencia.

También habría girado más de USD 1.000 a la compañía ADT, empresa que vende equipos de seguridad inteligente, sensores, detectores de movimiento, cámaras y cerraduras.

Incluso pagó casi USD 8,000 a una firma que vende perros diminutos (Teacup) bajo pedido por una de estas mascotas.

Fiscalía de Ecuador abrió un proceso por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, donde vincula a 15 personas.

En este proceso legal constan varios miembros de la familia Bucaram, por presunta participación en la comercialización y venta de insumos a diferentes hospitales de Guayaquil.

La Superintendecia de Bancos informó que recibió la notificación de las medidas cautelares el 11 de agosto de 2020, pero no precisaron la fecha y la hora exacta cuando esta institución notificó al sistema financiero del Ecuador respecto del congelamiento de las cuentas de Dalo Bucaram.

Los vinculados mantienen prisión preventiva, la prohibición de enajenar mueblen e inmuebles, liberación de pólizas y bloqueo de cuentas. Medidas que fueron dictadas por la jueza de garantías penales Gianella Noritz

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