Los ciudadanos se reunieron en la noche del 10 de mayo tras la aparición de un documento en donde los dirigentes daban su aprobación al proyecto Echo que busca construir un complejo de edificios en una zona considerada como bosque protector.

¿Qué pasó?

Las cosas en Olón subieron de tono cuando los comuneros se enteraron que parte de los dirigentes, sin consultarlos, firmaron una carta de apoyo para las operaciones que Vinazin planea hacer en Esterillo Oloncito.

Los miembros de la comuna recriminaron que la vicepresidenta Tomasa Suárez y cuatro personas más firmaran en apoyo a la empresa, donde la esposa del presidente es accionista mayoritaria. «Pensamos que iba a llamar realmente a una comisión. Esto es una burla para el pueblo, es decepcionante porque desde el inicio hemos estado aquí, con miedo, pero hemos estado aquí dando respaldo», le increpó uno de los ciudadanos.

Asimismo en la tarde, se reunieron exigiendo una Asamblea extraordinaria para destituir a una directiva que sería afín a los proyectos de la familia Noboa. No se sabe a ciencia cierto porque, dos días después de oponerse a la construcción en un bosque protegido, ahora apoyen el proyecto inmobiliario.

El primer documento

En el documento se redacta que la actual dirigencia de la comuna de Olón «no se apone al desarrollo de nuestra comunidad y al proyecto denominado Echo. (…) Saludamos gustosamente la decisión de la constructora de mantener su proyecto en la comunidad y estaremos atentos a que se cumplan con todas las normas ambientales y de construcción conversadas hoy en la Casa comunal de Olón». Los vecinos de la comuna se preguntan quiénes conversaron aquello porque ellos no fueron tomados en cuenta.

De los firmantes destacan los nombres de Jhon Reyes, presidente de la comuna, la vicepresidenta Tomasa Suárez y un abogado llamado Gilberto Pino. Éste último es nada más y nada menos que el representante del presidente en el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.

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De acuerdo a la candidata a asambleísta, Paola Cabezas, Briones fue asesinado a disparos por delincuentes quienes pertenecerían a un presunto grupo delictivo.

Pedro Briones se desempeñaba como director parroquial del movimiento en San Mateo en la provincia de Esmeraldas y hoy se conoció de su asesinato. Con este se suman más de 4 300 asesinatos a la ola de violencia en esa provincia y en el Ecuador que el actual Gobierno de Guillermo Lasso no ha podido enfrentar eficientemente.

Por el momento no hay pronunciamiento alguno de las autoridades de la provincia o desde Carondelet. Todavía se desconoce las circunstancias de este crimen que involucra a un dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas (S.B).

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«Responsabilizamos directamente a la empresa de Petroecuador, al Gobierno nacional por la pérdida de nuestro compañero Eduardo Mendúa. En un momento de conflicto que ha generado con la presencia de esas empresas que no han garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada», expresó el líder máximo de la Conaie.

Agregó que los territorios ya habían vivido muchos años procesos de explotación petrolera, que ya dieron migajas a territorios. «Ahora lo que estaban buscando los compañeros en esta nueva apertura de pozos petroleros, lo único que exigían era que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. Lo lamentable del hecho es que ocurre horas después de su participación en primera línea en el Consejo Ampliado. Esto nos deja con muchas sospechas e incertidumbre», expresó.

Iza añadió que 10 miembros del Consejo de la Conaie han recibido amenazas. «Hemos protegido. El presidente de la Conaie tiene seguimiento, persecusión. Hasta el día de hoy no han sacado la cámara que está en el poste frente a la casa de la Conaie y registra todos los movimiento. Responsabilizamos al presidente de la República y al poder económico que no entiende que hay pueblos que defendemos los derechos».

Pronunciamiento del Gobierno

El presidente Lasso se pronunció en sus redes sociales sobre el asesinato. «El Gobierno del Ecuador se solidariza con la familia de Eduardo Mendúa y con la CONAIE. Este crimen no quedará en la impunidad. Hemos dispuesto se realicen todas las acciones investigativas para encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia», escribió en su twitter.

EL ministro del Interior, Juan Zapata ha dispuesto a los equipos de investigación de la Policía y la DINASED trabajar con la Fiscalía General del Estado, quien realiza las pericias del caso. El asesinato se produce en el marco de las tensiones entre las organizaciones sociales y el gobierno. (MIB)

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“No va a solucionarse nada al pasarles la competencia, Solo les van a pasar la papa caliente, porque el número de cupos no va a aumentar. Ese número está subordinado a la capacidad y recursos que tiene cada universidad y estas ya están al tope”, le dijo a diario Expreso, Erik Barba, presidente nacional de la FEUE.

Para los dirigentes, este cambio de responsabilidad no es una solución al déficit de cupos. Lo necesario es administrar de forma correcta a los aspirantes. Cada semestre aumenta el número de personas, entre bachilleres recién graduados y estudiantes rezagados que siguen buscando un cupo para la universidad.

Por su parte, la exvicepresidenta de la FEUE, Marcela Vélez dijo al diario que sería un retroceso que cada universidad maneje el ingreso. “Sería volver diez años atrás, cuando los cupos eran para los apadrinados o los que podían pagar. Al menos la Universidad de Guayaquil ni siquiera tiene sus procesos administrativos en orden. La matriculación en todos los semestres es un caos”.

Los recursos que el ministerio de Finanzas redujo de las universidades públicas desde el período de Lenín Moreno ha dejado mella en estos centros de educación superior. Tuvieron que despedir maestros y quitar presupuesto para infraestructura. Para que manejen el proceso de admisión deben recibir un presupuesto para ello, que sería el presupuesto que utiliza la Senescyt para ese rubro.

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Cambio de responsabilidad

El director de la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), Alejandro Ribadeneyra, anunció que esperan que las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores tecnológicos públicos asumirán los procesos de admisión en el año 2023.

Desde 2012, el Senescyt asigna cupos para los estudios en universidades e institutos tecnológicos públicos. La admisión se realiza por medio de un examen nacional general. La Secretaría busca que los centros de estudios superiores establezcan requisitos específicos para el ingreso a ciertas carreras. No que todos den la misma prueba de aptitudes. MIB

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«Los allanamientos se hicieron en cinco provincias: Santo Domingo, Manabí, Cotopaxi, Portoviejo y Pichincha y se arrestó a siete dirigentes», dijo a Radio La Calle, Diego Rivera, miembro de este movimiento.

Añadió que la Fiscalía los acusa de asociación ilícita y que se trataría de una persecusión política del gobierno en contra de la organización. «Nos pinchan los teléfonos, Ernesto Flores dijo que lo siguen e incluso han impedido que publiquemos nuestro semanario».

Por el momento, los detenidos esperan la formulación de cargos.

El pronunciamiento

El Movimiento Guevarista rechazó fervientemente la detención de sus líderes. «Nuestra lucha siempre ha sido transparente, visible y en muchas ocasiones mediática, razón por la cual no aceptamos la manera en la que se ha llevado a cabo la detención de nuestros compañeros, ya que no se ha seguido el debido proceso».

Añadieron que no son terroristas y exigen que el ataque contra ellos finalice. «Responsabilizamos a la Justicia ecuatoriana y a la Policía Nacional de cualquier daño, lesión o afección a la salud e integridad de nuestros compañeros».

Los dirigentes detenidos son: Ernesto Flores, Omar Campoverde, Gabriela Gallardo, Juan Carlos Bustamante, Alexis Moscoso, Jeanneth Yacelga y Cristian Caiza. MIB

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“La Policía realizó dos allanamientos en la casa de Nelly Yacelga, dirigente del Movimiento Guevarista y la casa de los esposos Omar Campoverde y Gabriela Gallardo. Fiscalía no ha proporcionado ninguna información al respecto, simplemente dicen que es trata de blancas, pero no justifican. Parece más una posición para descabezar los movimientos sociales”, dijo a Radio La Calle el abogado Patricio Almeida.

En principio, el vocero del Movimiento, Ernesto Flores no contestó el teléfono y lo apagó después, según el relato del abogado, lo que llevó a pensar en la posibilidad de desaparición. Ese hecho ocurrió a las 6 de la mañana cuando informaron al jurista de las detenciones. No obstante, a las 8:30, la Policía apareció con él en la Unidad de Flagrancia, al igual que con un joven de nombre Andrés Caiza.

La Policía no permitió tomar fotografía del parte y simplemente para todos los detenidos, la razón es trata de blanca. Una teoría que podría aplicarse en este caso es lo que sucedió en Colombia con Iván Márquez, implicado en el supuesto delito de trata de blancas. Una de las jóvenes, ecuatoriana y menor de edad, declaró en Colombia que le ofrecieron una beca y que la reclutaron a la fuerza.

El procedimiento

Las autoridades tienen 24 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos que están en la unidad de Flagrancia. “Estoy recabando los documentos que justifiquen el arraigo porque en este país, con la fiscal Diana Salazar, a todo el mundo le dan orden de prisión preventiva sin fundamento y abarrotan las cárceles. Deben poner medidas sustitutivas porque no veo ningún elemento de convicción para detener a los dirigentes sociales. Fiscalía va a formular cargo, de todas formas”.

Los familiares de Gabriela Gallardo se comunicaron con el abogado para solicitar su ayuda. La madre de Gallardo se encuentra en Flagrancia y al tener un problema de salud llamaron a los paramédicos. “No permiten que la hija pueda ver a su madre. No se sabe el estado de la señora si está detenida o entró a acompañar a su hija”. MIB

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Este recurso también está previsto a los dirigentes y defensores de territorios comunitarios y por administración de justicia indígena.

«El 80% de los casos que se trataron tienen que ver con defensores de los derechos humanos naturaleza y los derechos colectivos. Esto nos deja (a la Comisión) una preocupación grande. En 2008 hemos aprobado una Constitución (…) Pero no hay los mecanismos para garantizar esos derechos tanto individuales como colectivos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades» dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.

Se considera que este procedimiento resarcirá a las personas perseguidas en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

El Informe

El informe se detalló el nombre de los sujetos criminalizados, las acciones y el contexto.

Además de estos aspectos, los informes se elaboraron también con base y apoyo de pronunciamientos de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La Comisión calificó las solicitudes de amnistía e indultos presentadas por los organismos.

Según declaraciones de la Comisión conformada por 9 asambleístas, se aprobaron, por unanimidad, alrededor de 273 solicitudes.

No obstante, Cabascango manifestó que se solicitó una prórroga para cuatro de solicitudes de amnistía e indultos, con el fin de tener mayor información sobre los informes y contexto en que se suscitaron las acciones por las que los sujetos son criminalizados.

Además, porque en uno de los casos se ve implicado una persona menor de edad.

Por otro lado, se hizo especial énfasis en que todos los casos ocurrieron dentro de dependencias estatales o jurisdicciones territoriales en contextos políticos.

Es decir, en medio de manifestaciones, protestas o defensa de derechos tanto colectivos como de la naturaleza.

El funcionario también expresó «No hemos hecho un solo informe cómo se pretende informar (…) Hay un informe individual de las personas explicando y describiendo cada uno de los casos mencionados».

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La tarde del lunes 11 de octubre, Luisa Valverde anunció su posible retiro de la Lucha Olímpica, debido a la inconformidad por las irregularidades que actualmente está atravesando la FELA que, a decir del Comité Olímpico Ecuatoriano, no participó en las elecciones pasadas y no es reconocida por la Federación Internacional. Esto, debido a denuncias y a unas elecciones -según Valverde- “mal hechas”, algo que todavía no tiene respuesta de ninguna autoridad.

Lo grave del asunto no solo radica en los problemas dirigenciales y electorales de la FELA, sino que, como ella, también se plantea el retiro del varias veces campeón panamericano Andrés Montaño.

“El tema es muy delicado. El 29 de agosto, luego de los Olímpicos, fueron las elecciones de la nueva directiva de la Federación Ecuatoriana de Lucha (FELA). Los deportistas no supimos cómo ni cuándo fueron. nos dimos cuenta que habían escogido a Lucía (Yépez) como miembro y representante de nosotros; cuando ella recién el día de las elecciones se enteró del tema”.

Luisa Valverde, luchadora olímpica categoría 53Kg.

La luchadora asegura que la nueva directiva y la saliente están relacionadas y que la última fue electa de manera “no correcta”.

“Deportistas de alto rendimiento como Jaqueline Mollocana, Génesis Reasco, Mauricio Sánchez, Andrés Montaño y yo generamos una denuncia para pedir explicaciones por las elecciones. No convocaron a varios clubes. Además pusieron a un chico de alto rendimiento en el club del presidente electo; pero ni el mismo deportista sabía que lo habían metido en eso”.

Luisa Valverde, diploma olímpico en la disciplina de lucha.

El funcionario al que se refiere Valverde es Randy Rafael Quevedo, quien ganó las cuestionadas elecciones. Luisa, manifiesta que a su regreso de Noruega se enteró que ya no solo existía la denuncia de Lucas Navarrete, quien fue escuchado por la Confederación Panamericana y que a su vez elevó el problema a la Internacional que decidió quitarle el reconocimiento a la Ecuatoriana, sino que ya habían 4 denuncias más de otros deportistas que también habían sido adjudicados a otros clubes que no pertenecían.

DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES EN LA SELECCIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA FELA

“Usaron su imagen, sus firmas y su documentación para las elecciones y ellos ni por enterados. A algunos de los luchadores que no nos notificaron de las elecciones. Nos pusimos a averiguar la dirección de los clubes y acudimos a ellos; pero no eran”, acotó.

De acuerdo con los registros, el anterior directorio era encabezado por Johnny Zambrano, quien cumplió en el cargo 8 años, período máximo de gestión y que le impedía a una segunda reelección. De ahí entra Quevedo, quien defiende el proceso en el que fue elegido.

A decir de Luisa, al no contar con el reconocimiento internacional, el siguiente paso es la intervención por parte del organismo estatal, en este caso es el Ministerio del Deporte, pero nada sucede aún.

“Desde que llegué de Oslo no he tenido la oportunidad de hablar con Sebastián Palacios (ministro del deporte), pero se supone que de esta situación ya tienen conocimiento la cartera de estado y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). Ya hay causales, denuncias, elecciones mal hechas, nepotismo… El Ministerio es quien debe entrar a intervenir, pero no sabemos por qué no lo hace”. precisó.

Luisa Valverde, 5to lugar en el Mundial de Lucha Olímpica

EL DESCONTENTO DE LOS DEPORTISTAS CONTINÚA

Valverde reveló que en el Mundial Sénior de Noruega se incrementó su descontento con la gestión de su disciplina. “Me enteré que la Federación Internacional me había dado una beca para participar precisamente en ese torneo, y yo ni por enterada… Viajé por inversión del Ministerio del Deporte, pero conmigo la Federación Ecuatoriana actual mandó un entrenador que solo era compañía, porque mi entrenador no era. Él no estuvo desde el día 1 en que comencé el concentrado. Incluso, en una de las peleas del Mundial, él se puso en una de mis esquinas y no reclamó 4 puntos. El señor estaba perdido”, puntualizó.

LA NUEVA DIRECTIVA SEÑALA DIRECTO AL COE

Randy Quevedo, presidente electo de la Federación Ecuatoriana de Lucha el 29 de agosto pasado, y sobre cuya designación recaen las denuncias de “irregularidades”, salió al frente de la problemática.

A pesar de lo dicho por Valverde y por el mismo COE, que no lo tomó en cuenta en la elección del nuevo directorio el 4 de septiembre por no tener reconocimiento internacional, Quevedo contradice que la entidad está “debidamente reconocida y afiliada a la Federación Internacional de Lucha”.

“La razón por la cual la Federación Internacional no emite una nota de reconocimiento a la nueva directiva de la FELA, se resume en un dato sencillo: el COE guarda silencio acerca del pedido de la Federación Ecuatoriana de Lucha de reconocimiento de la nueva directiva. La Internacional solo necesita que el COE diga que acepta la directiva recientemente electa y ‘problemática’ solucionada”, precisó Quevedo.

El dirigente se muestra crítico y añade que “es bastante extraño e incompresible que el Comité Olímpico ni siquiera conteste los pedidos formulados por la FELA al respecto, cuando en otros años lo ha venido emitiendo regularmente los reconocimientos respectivos”.

Con respecto a los deportistas, Quevedo asegura que “todos han sido atendidos conforme a la planificación aprobada por la Secretaría del Deporte, hoy Ministerio del ramo…”, se defiende.

Finalmente, sobre quejas de deportistas solo informa del “acto de indisciplina, como el cometido por Andrés Montaño, quien simplemente abandonó un concentrado y no viajó a un Mundial”. Quevedo se refiere al mundial de Oslo, en el que participó Valverde.

Fuente: El Expreso

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 “Estamos aquí para poder responder a la justicia ecuatoriana, pero también para colaborar con la Fiscalía General del Estado. Estamos aquí y vamos a responder cuántas veces sean necesarias. Hemos sido denunciados por un ciudadano prófugo de la justicia (Alberto Dahik) que durante 20 años no le ha respondido al país”, dijo Jaime Vargas.

El dirigente de Conaie no pudo dar su declaración porque se acogió al derecho de rendir versión en su idioma natal (achuar). “Tenemos el legítimo derecho de comparecer, ya sea en castellano o nuestro idioma. Es nuestro derecho constitucional”, acotó.

“Esta absolutamente claro que es una persecución política porque el señor Dahik es parte de una comisión asesora. En definitiva, es parte del gobierno de Lenín Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que pasaron prófugos durante 20 años, que desequilibraron el sistema financiero del país y no han dado respuestas, sigan haciendo denuncias», Leonidas Iza.

Las declaraciones aparecen en el contexto de la investigación por presunto delito de terrorismo. La denuncia la interpuso el 17 de octubre de 2019 por el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik.

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