Quito, 23 feb (La Calle).-  “Soy presidente del Consejo de Participación, estoy ejecutando los actos que un presidente debe hacer”, dijo Hernán Ulloa en una entrevista en Radio la Calle. Aclaró que su designación no tiene que ver con la relación que mantiene con Aparicio Caicedo, consejero de Gobierno de Lasso.

Además, aseguró que el presidente Lasso jamás le ha llamado y que no es esclavo de ningún partido político, refiriéndose a su participación en el proselitismo político en la campaña de CREO.

A decir de Ulloa, la mala administración del Concejo motivó a que Almeida sea removida del Cargo. “Se suspendían las sesiones, se apagaban los micrófonos, no se permitía el debate, ni votar y se tomaban decisiones arbitrarias en la designación de las autoridades. No se tomaron acciones por parte de la entidad de control”, argumentó.

Los hechos

“A mí no se me ocurrió tomarme el edificio del Concejo (…) pero luego iniciamos con una sesión ordinaria convocada por la presidenta, se dirige mal la sesión del pleno y dentro del reglamento está la apelación de la presidenta”, reiteró Ulloa.

Contó que una vez separada de la dirección de la sesión, el vicepresidente David Rosero tomó el mando. «Rosero, una vez que escucha y se aprueba la remoción de la dignidad de presidenta, suspende la sesión indefinida sin decir en qué fecha se va a reinstalar», dijo.

Once días después de estos altercados se dio la solicitud de juicio político a los cuatro consejeros: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán Francisco Bravo y Hernán Ulloa.

¿Intromisión de la Policía?

“Antes de la sesión, nosotros conocíamos que se iban a dar incidentes como lo que siempre se daban para evitar que sesionemos”, explicó y por eso dijo que solicitó refuerzo policial.

“Como autoridad y amparado en la ley, hice la llamada al Comandante General de la Policía para pedir apoyo y evitar desmanes y el cuidado de los señores consejeros”, puntualizó.

Destitución de Almeida

La moción para la destitución de Almeida fue presentada por Bravo debido a las constantes faltas cometida. “La decisión fue de cuatro concejeros que estábamos hartos de tanta falencia en la administración (…) fue extremadamente motivado” dijo.

Por otro lado, expuso que pidió una Acción de Protección en la que se revisara completamente las afectaciones y vulneraciones constitucionales. Calificó de “artimaña” a la medida cautelar autónoma tomada por Almeida.

“Mi aspiración es tener a todo el organismo colegiado unánime”, precisó. Además, reiteró que cree en el Estado de Derecho y en la necesidad de contar con los 5 poderes del Estado.

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Además, rechazó las muestras de apoyo del presidente Lasso al consejero Hernán Ulloa. Para Almeida, sus declaraciones son contradictorias e hipócritas. “Por un lado, dice que respeta la independencia del Consejo y, por otro, apoya a Ulloa. Los ciudadanos no somos tontos”, aseveró.

“Es evidente que hay consejeros que tienen el apoyo de las instituciones del gobierno. Hay una evidente intromisión de otros poderes del Estado en el caso”, dijo. Agregó que en redes sociales los ciudadanos demostraron con fotografías el proselitismo político de los actuales consejeros con el partido de Guillermo Lasso.

Almeida no quiere aferrarse al cargo

“No voy a sucumbir ante ninguna presión”, aclaró Almeida. Ella dijo que ya ha tomado acciones legales en contra del consejero Ulloa con el fin de defender lo correcto. Anunció que tomará medidas incluso en instancias internacionales. Recalcó que no quiere aferrarse al cargo sino se aferra a hacer lo correcto.

“La jueza me dio la razón en el sentido de que no hay forma en que puedan removerme por ley”, dijo.

Argumentó que hay organizaciones sociales que apoyan su presidencia y la vicepresidencia de David Rosero. “Esa ciudadanía presenta acciones porque va a defender su derecho como poder ciudadano”, dijo.

Los hechos

Almeida explicó cómo irrumpieron las instalaciones de la Presidencia del CPCCS. “Ellos ingresaron dañando la chapa, la oficina y la Presidencia. Quieren apoderarse de toda la institución y saltándose todo proceso jurídico legal. Vinieron con la presencia de más de 50 uniformados”, relató.

Calificó a este acto violento como un “golpe de estado institucional” al ignorar los procedimientos legales y éticos pues “ingresaron como delincuentes”.

“En lugar de resguardar a los ciudadanos en las calles, los teníamos resguardando una sesión de pleno que debía ser virtual. Lo que más sorprende es que el Ministerio de Trabajo lo avalía y la policía a lo acompaña” aseveró.

Conflicto de intereses

Según Almeida, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán Francisco Bravo y Hernán Ulloa tienen denuncias en la Fiscalía General del Estado por el delito de concusión y alteración en los procesos de designación de las autoridades y por eso el interés de la Presidencia del Consejo.

Al finalizar la entrevista, la presidenta expuso la importancia de mantener la institucionalidad de este organismo. “La ciudadanía pierde completamente porque nosotros designamos y hacemos los concursos para las autoridades de control de cualquier órgano estatal”.

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