Quito DM, 27 de diciembre de 2023

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la Dirección Metropolitana Financiera, en cumplimiento del procedimiento establecido en los Arts. 496 y 522 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), notifica a la ciudadanía que, el Concejo Metropolitano de Quito, con Ordenanza No. 065-2023 sancionada el día 14 de diciembre de 2023, aprobó el plano del valor de la tierra, el valor de las edificaciones de los predios urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, a regir para el bienio 2024-2025, cuya implementación se encuentra en proceso para la emisión del año 2024. El texto completo de la ordenanza se encuentra publicado en:

https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administraci%C3%B3n%202023-2027/Ordenanzas/2023/

Consulte a partir del 01 de enero de 2024 su nuevo avalúo en:

https://pam.quito.gob.ec/mdmq_web_irm/irm/buscarPredio.jsf

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Como parte del plan y al final de este año, 51 Unidades de Policía Comunitaria, fueron intervenidas de un total de 108, un 36% de las UPC que tiene Quito. Un total de USD 694.528 que se han invertido hasta el momento, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. «Con estos UPC vamos marcando nuestras banderitas en los diferentes distritos, barrios y parroquias. En la parroquia San Juan de Calderón se beneficiaron a 12.000 vecinos y vecinas».

La autoridad también explicó que 2024 será el año de fortalecer las acciones comunitarias dentro de los barrios con los comités de seguridad. «Si la delincuencia está organizada, los vecinos debemos estar más organizados y unidos. Debe existir al menos un comité por barrio, esa es la meta que nos puso nuestros alcalde hasta 2027».

Además del fortalecimiento de las UPC y los comités de seguridad (335 hasta el momento), también se realizaron controles en el distrito. Entre mayo y diciembre se realizaron 637 operativos de control, 421 más que en 2022.

Por su parte, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó que ya tienen planes para convertir a Quitumbe, el Centro Histórico, el parque Bicentenario y Calderón en zonas de desarrollo para la ciudad. «Hay dos formas de hacer crecer la ciudad: en altura y extensión. La mejor es la primera. Si crezco con edificios, se crece en la zona donde ya existen servicios. Ese es el caso de Calderón. una de las parroquias más importantes». (MIB)

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A inicios de marzo, moradores de la parroquia de Calderón realizaron un plantón de protesta en los exteriores del Municipio. Los ciudadanos denunciaron que por más de dos años no se han adjudicado las escrituras para su barrio.

Según información del Municipio, existe el registro de 261 “asentamientos humanos registrados”, entre ellos se encuentran 95 barrios de Calderón. Por otro lado, 12 sectores siguen en proceso de gestión en coordinación con la Unidad Especial Regula Tu Barrio (UERB). Y seis sectores entraron a primer debate en el Concejo Metropolitano (CMQ)  para ser legalizados y otros seis fueron regularizados recientemente.

Sectores a la cola de la regularización

Actualmente, la UERB sigue en el proceso de gestión para la regularización a más de 90 sectores de las diferentes parroquias de Quito. Tan solo 25 barrios ya se encuentran en la etapa de debate entre el CMQ y Comisión de Ordenamiento Territorial para su legalización, es decir, la fase final del proceso.

Varios barrios en la parroquia de Chillogallo ya vienen más de 15 años en la lucha constante de poder regularizarse, según los moradores del lugar. Hasta el momento, cuatro barrios constan en la lista del proceso de gestión para su regularización, entre ellos Jardines de Occidente, San Francisco del Tránsito, Zadumbide y Esperanza Nueva Vida.

Ariel Chenche, habitante de los barrios altos de Chillogallo, manifestó a Radio La Calle que entre el apoyo mutuo de los vecinos lograron la regularización de más de 10 sectores y están a la expectativa de la legalización de otros. Por otra parte, resaltó que en la parte alta de esta parroquia no hay acceso a agua potable y esperan la respuesta del Municipio.

¿Por qué un barrio no puede ser regularizado?

Una de las principales restricciones para regularizar un sector es que se encuentre en una zona de riesgo, así lo dicta la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Otros factores de impedimento es la ubicación en áreas verdes municipales, zonas protegidas, parques arqueológicos y si los asentamientos están construidos en pendientes que superan los 45 grados de inclinación.

Los requisitos para la legalización de un barrio es la justificación legal de la tenencia de la tierra por parte de los constructores, estudios de factibilidad y las escrituras en derecho de acciones por parte de los diferentes dueños de los terrenos.

Las acciones de Pabel Muñoz

Respecto a los barrios que no puedan regularizarse, el alcalde electo de Quito, Pabel Muñóz, dijo que empezarían un proceso de reubicación. Un ejemplo es repoblar una zona vacía como lo es la 10 de agosto, en este sentido, se buscarán acuerdos con la empresa privada.

«La avenida 10 de agosto es un barrio fantasma después de las 18h00, podemos reubicar a esas familias allí”, dijo Muñoz en Ecuavisa.

Por otro lado, en entrevista para Radio La Calle dijo que tiene planeado estimular el crecimiento y desarrollo de los diferentes barrios de Quito. Entre ellos se encuentra Quitumbe, Centro Histórico, Calderón, el Parque Bicentenario. (A.G.M).

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El analista urbanista atendió hoy a la entrevista de Radio La Calle, para analizar la compleja situación que se desarrolla en la institución del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y las caídas constantes de la gobernabilidad del alcalde, Jorge Yunda.  

¿Cómo analizaría el estado de la gobernabilidad del alcalde de Quito, Jorge Yunda ?

El alcalde de Quito, desde que ganó las elecciones fue bastante claro, cuando dijo: “Yo no sé muy bien de esto” y colocó a varios equipos técnicos de trabajo supuestamente capacitados para el desarrollo de su gobernabilidad. No logró su objetivo y marcó la impronta de un «mal inicio», al no tener un proyecto de ciudad.

La política y gestión pública de una ciudad es la suma de datos técnicos para conseguir que existan derechos y avances para la sociedad y la ciudad. Es ahí donde el alcalde Jorge Yunda falla.

¿El declive del alcalde Jorge Yunda se generó desde su ausencia en las protestas de Octubre del 2019? 

Creo que su ausentismo total fue «para hacer puntos y buenas acciones» junto a las élites de la ciudad, quienes le marcaron «la cancha». Prefirió sumarse a un concepto sesgado de llamar a los manifestantes como “destructores de la ciudad” secundándolas. 

¿Y el Alcalde recibió finalmente apoyo de esas élites?

Eso es lo peor, que estos grupos no le han brindado el apoyo que el alcalde Jorge Yunda esperaba, pese a que ha llevado una buena relación con grandes empresarios inmobiliarios. Bien dice el dicho: ‘mal paga el diablo a sus devotos’.  

Estos vínculos le obligaron a entregar importantes beneficios de la ciudad a cambio de nada. Creo que hemos regresado a las ciudades del siglo XX en donde se gobernaba a favor de los grandes poderes e intereses, desde su principal problemática de la desigualdad y la segregación. 

¿El plan de vacunación planteado por el Municipio de Quito y su alcalde, qué criterio le merece?

Creo que el Municipio tuvo pasos acertados en cuanto a la pandemia. En la primera etapa, el Municipio fue la mejor institución para manejar la crisis y la necesidad de controlar a la población mediante el aislamiento. En la segunda etapa, tuvo algunos problemas, en cuanto a comprobar la calidad y la eficacia de las pruebas para la Covid-19, que luego respaldó dicha eficacia con académicos de prestigio.

Detrás de las vacunas hay un gran mercado, con mucho interés y dinero. Pero de cualquier manera, busca hacer un proceso ordenado y creo que el resultado para la ciudad de Quito podría ser positivo.

¿Cómo ve el panorama de la gobernabilidad del alcalde Yunda luego de los sucesos por escándalo de su familiares y la solicitud de los Concejales para acelerar el proceso de investigación de una supuesta irregular administración?

En primer lugar, desde el punto de vista de los videos generados por Sebastián Yunda, me parece que es un clásico ejemplo de los procesos globales de estigmatización de nuestra región frente el narcotráfico. A mí lo que me preocupa es cómo los grandes inmobiliarios, también son los principales auspiciantes de estos productos audiovisuales. 

Hay que mencionar también que hay un orden institucional que se tiene que respetar.  Existe un Concejo Municipal, que es el único autorizado para exhortar al alcalde con presentación de informes. Tienen, de otro lado, que activarse los mecanismos de transparencias y dar el derecho al Alcalde a defenderse. 

Ahora el escenario político se lee desde una visión elitista como un asunto de mal gusto, cuando, realmente, deberíamos leerlo como un proceso que está generando exclusión y tiene que ver con grandes poderes y estrategias complejas.  

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Mediante la resolución Nro. A-060, de 9 de septiembre del 2020, se determinaron algunas medidas transitorias en Quito originadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Por lo tanto, el artículo 3 de este manifiesto declara la prohibición de circulación vehicular dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito por dos días laborables a la semana. No podrán circular el grupo de vehículos según el último dígito de su placa y esta restricción regirá entre las 06h00 y las 20h00. La resolución entra en vigencia el sábado 13 de febrero.

El cambio de medidas y restricciones se adoptan según las circunstancias epidemiológicas y económicas actuales de la ciudad, para prevenir y mitigar el riesgo de contagios de COVID-19.

Por otro lado, el artículo 2 de la misma resolución establece que en estas fechas de feriado se mantiene la misma suspensión de licencia para el ejercicio de actividades económicas otorgadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito.

Las Licencias Únicas de Actividades Económicas (LUAE) están suspendidas para Bares, Discotecas, Centros de diversión nocturna, centros de tolerancia y similares. Todos los establecimientos, instituciones o empresas públicas y privadas tienen la obligación de cumplir con el aforo permitido.

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