Quito, 27 jun (La Calle).- Entre el ruido mediático de Fito, Fede y las cárceles, una reforma silenciosa está golpeando el corazón del servicio público en Ecuador: la eliminación de la compensación por jubilación a los 60 años. El artículo 81 de la LOSEP fue modificado por la nueva Ley de Integridad Pública, y aunque pocos lo notaron, miles de docentes, médicos y funcionarios ahora tendrán que esperar hasta los 65 años para retirarse con compensación.

El cambio es significativo. Antes, la ley permitía acceder a la jubilación desde los 60 con todos los requisitos del IESS cumplidos, accediendo a una compensación que podía alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados. Pero ahora, esa posibilidad ha sido aplazada cinco años. Para muchos, eso equivale a una vida entera de proyectos rotos.

¿Qué dice la reforma?

Quien tenga 65 años, cumpla los requisitos del IESS y solicite retirarse voluntariamente, podrá hacerlo y recibir una compensación. A los 70, el retiro será obligatorio. Se exceptúa a docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75. Así consta en el nuevo texto aprobado por la Asamblea y pendiente de publicación en el Registro Oficial.

¿Y qué implica?

Pierden quienes planificaron su vida para acceder a la jubilación a los 60 con dignidad. Pierde el sistema educativo, porque la renovación generacional se posterga. Pierde el sistema de salud, porque muchos profesionales deben seguir trabajando más allá de sus capacidades. Pierde la institucionalidad, porque se rompe el principio de progresividad de derechos consagrado en la Constitución.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea publicada. “Este retroceso es inaceptable”, declaró su presidenta, Isabel Vargas. “No solo afecta a los servidores, sino al funcionamiento del Estado”.

¿Quién gana?

No es difícil adivinarlo. Mientras los servidores públicos se ven obligados a esperar cinco años más para una jubilación digna, los grupos empresariales ligados al poder siguen siendo beneficiarios de condonaciones tributarias y silencios legislativos. La narrativa oficial habla de integridad, pero en los hechos se consolidan los privilegios para unos pocos y se recortan los derechos de la mayoría.

¿Qué podemos hacer?

Informarse. Organizarse. Resistir. La jubilación no es un regalo: es el resultado de décadas de trabajo. Y modificar sus condiciones de forma unilateral, sin diálogo, sin transición, sin evaluación del impacto social, es una traición a quienes sostienen el Estado todos los días.

Mientras tanto, entre leyes troleadas y titulares sensacionalistas, nos van despojando sin que nos demos cuenta. Pero no es tarde para alzar la voz.

Porque jubilarse con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

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La alerta se sustenta en hechos concretos: tres profesores secuestrados en El Fortín (Guayaquil) al inicio del año lectivo Costa-Galápagos 2025-2026; un docente hallado sin vida en Machala; una maestra baleada dentro de un plantel en Esmeraldas; y un doble asesinato frente a la escuela César Andrade en Guayaquil el 9 de junio. «¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuánto más resistirá una comunidad abandonada por el Gobierno?», interpela el comunicado, acusando al Ejecutivo de Daniel Noboa de inacción ante la «desprotección sistemática».

Frente a la crisis, la UNE reveló haber implementado casas de seguridad, líneas telefónicas de auxilio y redes de apoyo psicológico en varias provincias, pero advirtió que las medidas son insuficientes. Exigió la declaratoria de «emergencia educativa«, un «Plan de Espacios Educativos Seguros» para los 200 días del ciclo lectivo y políticas de reinserción escolar, rechazando la normalización de la violencia.

Ministerio de Educación desmiente a la UNE

El Ministerio de Educación contraatacó tildando las denuncias de «afirmaciones falsas y exageradas» destinadas a generar «miedo y caos». En la Zona 8 (Guayaquil, Durán, Samborondón), donde el 77% de los 18.000 docentes son mujeres, reconoció solo 28 casos de amenazas: 25 docentes trasladados por seguridad y 8 renuncias asociadas a inseguridad. Solo 4 de 649 escuelas operan en modalidad no presencial.

La cartera destacó su programa «Comunidades Educativas Seguras y Protectoras» (vigente desde 2024), que atiende a 500.000 estudiantes en zonas de riesgo y presume una reducción del 30% en alertas psicosociales. Mencionó el botón «Respo Educ» para emergencias, patrullajes conjuntos con Policía y FF.AA., y brigadas escolares. «La seguridad se construye con hechos, no con discursos», sentenció, acusando a «ciertos gremios» de usar «el temor como herramienta política» en un «grave error» que socava la estabilidad emocional de las escuelas.

El cruce de versiones expone la fractura entre el Estado y el magisterio en medio de una crisis de seguridad que ya penetra las aulas. Mientras la UNE reclama acciones urgentes ante cifras alarmantes, el Gobierno insiste en minimizar la gravedad y exhibe protocolos que, según docentes en terreno, son insuficientes.

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El rector de la UCE, Patricio Espinosa, decidió los despidos el pasado 25 de abril tras la revisión del Vicerrectorado Académico y de Posgrado de las matrices de carga horaria para el período 2024-2024. Este trabajo se realizó 10 días luego del inicio del nuevo período ya que los estudiantes regresaron a clase el 15 de abril.

Según las autoridades de la UCE, la justificación de esta acción estaría en que los contratos de prestación de servicios ocasionales y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior no representan estabilidad laboral ni derechos adquiridos para nombramientos permanentes, por lo que pueden darse por terminados en cualquier momento.

Entre las carreras que enfrentan el despido de sus docentes están: Artes Plásticas, Artes Escénicas, Ingeniería Agronómica, Economía, Ciencias Administrativas, Bioquímica y Farmacia, Comunicación Social, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Ingeniería, Derecho y Medicina.

Trabajo en el Ecuador

De acuerdo con las calculadoras del Ministerio de Trabajo, 176.248 finalizaron su contrato por despido intempestivo y 2’024.845 personas firmaron sus actas de finiquito previo acuerdo entre ambas partes hasta el 15 de abril.

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) aún no muestra las cifras de abril, pero durante el primer trimestre de 2024, la tasa de desempleo se ubicó en 4,1%, mientras la tasa de trabajo informal llegó a 54,2% hasta marzo.

Por otro lado se firmaron 2.610 contratos a plazo fijo hasta abril de 2024 y 719.128 contratos indefinidos.

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La CC en su dictamen rechazó el veto presidencial por inconstitucionalidad emitido por el presidente Guillermo Lasso. Además, señaló que las autoridades gubernamentales no lograron probar la inexistencia de fondos para cumplirles a los docentes las demandas. Asimismo, señalaron que vulneraron la progresividad, es decir, el aumento de derechos, al cual debe propender la educación.

“En su veto, el presidente de la República no demostró la inconstitucionalidad de lo aprobado por la Asamblea, pues centró su argumentación en que el Ministerio de Finanzas emitió un informe desfavorable, lo que transgrede la armonía que debe haber entre la sostenibilidad fiscal y la progresividad del derecho a la educación, con el que se vincula la equidad remunerativa de los maestros”, sentenció la Corte.

El Fallo

Según lo estableció la Corte Constitucional en su fallo, lo decidido es de última instancia, por lo que no podrá ser objetado. Además, el dictamen se emitirá de manea inmediata a la Asamblea para que lo promulgue y publique en el Registro Oficial. De esa forma, se aplicará la nueva tabla salarial de los maestros.

La reforma establece que la base salarial para los docentes con título pasará de 817 a 986 dólares, para quienes se encuentran en la categoría G. Dicha categoría es con la que se inicia la carrera en el Magisterio; mientras que quienes más ganan, son los de la categoría A, que pasarán de un salario de 1.676 a 2.030 dólares.

Para los docentes que no poseen un título de tercer nivel, que se encuentran en las categorías H, I, J, el salario actual, oscila entre 517 y 733 dólares, se igualará para todos en 817 dólares.

La huelga

Por 19 días, 58 docentes permanecieron en huelga de hambre en los exteriores de la CC y en Guayaquil. Esto como un acto de presión para lograr la equiparación de sus sueldos. Tras conocerse el fallo de la Corte, retiraron sus colchones y fueron trasladados para recibir atención médica.

Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), calificó a lo decidido como un “triunfo de la educación pública”, tras los 11 años que llevó la aprobación de la reforma a la LOEI e insistió en la “falta de voluntad política” para “hacerles justicia”, por parte de Guillermo Lasso.

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Aunque la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice que no hubo acuerdo y su presidenta, Isabel Vargas, abandonó la reunión, Lasso anunció medidas, que a su criterio, garantizará el bienestar de los docentes.

El presidente firmó un Decreto Ejecutivo para transferir, en mayo de este año, el bono de pandemia a cerca de 10.000 docentes de establecimientos fiscomisionales que en su momento no recibieron el dinero. Asimismo, señala que 2.102 maestros recibirán un incremento por recategorización.

También hablo de instalar mesas de trabajo técnicas para implementar propuestas «realistas».

¿Cumplirá con la LOEI?

“Los problemas del magisterio no se arreglan en la calle protestando, sino en las mesas técnicas trabajando. Y eso es lo que hemos hecho hoy”, aseguró el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Según el secretario General Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, la anterior administración aprobó la LOEI sin informes que avalen el incremento salarial para los docentes.

Por ello, la Corte Constitucional devolvió varios artículos al Legislativo para que sean subsanados y cuenten con los informes financieros necesarios. Sin embargo, dijo, que la Asamblea nuevamente desconoce esta parte del proceso que requería la Corte y aprobó las reformas sin un respaldo presupuestario para cubrir las reformas.

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Según la secretaría de la Presidencia esta normativa tiene un impacto presupuestario de USD 500 millones anuales, aproximadamente. Sin embargo, un informe del Ministerio de Finanzas dice que el incremento en la remuneración para los docentes requeriría un presupuesto de USD 2.175 millones, lo que agravaría el déficit fiscal. 

“Los ingresos corrientes que financian al Presupuesto General del Estado son insuficientes para poder cubrir el nuevo escalafón del Magisterio. Adicionalmente, al ser un gasto permanente de acuerdo con la regla fiscal constitucional, debe financiarse con ingresos permanentes, esto es, impuestos, tasas y contribuciones, a fin de evitar la afectación de bienes y servicios públicos”, dice el documento.

El presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Manuel Medina, sostuvo también que el presupuesto elaborado por la instancia asciende a 630 millones de dólares y contradice el informe del Ministerio de Finanzas, que determina que el aumento salarial sobrepasa los 2.170 millones de dólares.

Asimismo, el legislador lamentó que el ministro de Finanzas, Simón Cueva, no haya asistido a las reuniones de trabajo sobre este tema.

El comunicado de la Segcom dice, además, que el Gobierno trabajará para incrementar progresivamente el salario a los docentes, respetando la ley y revisando se cumpla el debido proceso.

«Los salarios de docentes podrán ser revisados en el marco de la reactivación
económica. Este es un compromiso de todos los ecuatorianos, cada uno a seguir
activando la economía del barrio, de las ciudades y del país. Vamos a atraer más
inversión, generar más empleo y más acciones para contar con recursos
permanentes. Nuestros docentes merecen un alza salarial responsable y que
perdure en el tiempo», reza el documento.

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Por ello, aprobó el incremento salarial de los educadores fiscales y propuso que se financie con los ingresos adicionales producto de el incremento del precio del petróleo y con los recursos obtenidos de la reciente reforma tributaria.

Según la Constitución se permite financiar, de manera excepcional, los gastos permanentes de salud y educación con ingresos petroleros o de endeudamiento. No obstante, Magdalena Barreiro, exministra de Finanzas, explicó a Primicias que el gasto en salarios no es excepcional, sino permanente y que la propuesta de la Asamblea para financiar los rubros sería inconstitucional.

La justificación es que si el precio del petróleo se estabiliza o desciende, el alza salarial se quedará sin sustento.

La bancada oficialista también sostuvo que aprobar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) fue un acto «irresponsable y populista». Por ello, se espera que el presidente Lasso vete la normativa aprobada por el Legislativo.

Contexto

La reforma a la LOEI, aprobada en abril de 2021, contempla el aumento salarial docente. Su aplicación quedó suspendida en agosto del mismo año, después de que la Corte Constitucional requirió a la Asamblea precisar los mecanismos de financiamiento de este incremento.

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Los profesores deberán aplicarse la dosis de refuerzo después de cinco meses de haber recibido la segunda inoculación, acotó.

Clases presenciales

La titular de Educación señaló que del 17 al 30 de enero, las instituciones deberán contar con el 85 por ciento o más estudiantes vacunados con dos dosis. Asimismo, regirán las medidas de bioseguridad necesarias como el uso de mascarillas y gel o alcohol desinfectante.

Esta cartera de Estado determinó que 2.25m cuadrados de área por persona es la medida para calcular el aforo máximo permitido.  De no cumplirse, no se podrán llevar a cabo las actividades escolares.

¿Y si no cumplen con el 85% vacunados?

La ministra del ramo indicó que los planteles que cuenten con menos del 85% de estudiantes vacunados con dos dosis deberán ajustar su aforo máximo al 50%.

“El aforo máximo del 50% del número de estudiantes matriculados asistiendo de manera simultánea a la Institución Educativa, pueden organizar horarios alternados para que todos los estudiantes puedan asistir de manera presencial con medidas de bioseguridad”, puntualizó.

Las disposiciones rigen sobre todas las instituciones particulares, municipales y fisco misionales de los régimenes Sierre-Amazonía y Costa-Galápagos.

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Quito, 12 de ago, (La Calle). –  La Corte Constitucional decretó la vigencia de laLey Orgánica de Educación Intercultural,(LOEI).

La anterior Asamblea Nacional presentó esas reformas que ahora fueron ratificadas por el órgano constitucional máximo, y desestimó las denuncias en contra relacionadas a falta de coherencia en la exposición de motivos y lo relativo al proceso de socialización del mencionado cuerpo legal.

 “La Corte lamentó que la Asamblea Nacional junto al ex presidente de la Republica, Lenin Moreno, hayan incumplido su deber de garantizar la seguridad social durante la aprobación de la ley”

La sentencia obtuvo ocho votos a favor y uno en contra por parte del juez constitucional Enrique Herrería.

Una vez conocida la sentencia dictada por parte de la Corte Constitucional, varios educadores miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) terminarán su huelga de hambre que ya lleva cerca de 32 días.

De acuerdo con los profesores han presentado 18 amicus curiae a la Corte Constitucional. La LOEI se aprobó en la anterior Asamblea, sin tomar en consideración el presupuesto general del Estado.

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“La salud se va descomponiendo poco a poco. Estamos ya 30 días aquí sin haber probado alimento. El único sustento que tenemos es agua panela, hidratante para restablecer algo de sales en el organismo. Sin embargo, el constante mareo que siente nuestro cuerpo, necesitamos ayuda para ir al baño, hemos tenido que recurrir al suero. Con la debilidad de nuestro cuerpo no se pueden ver las venas y es difícil inyectar el suero. Hay veces que nuestro organismo rechaza el agua y vomitamos”, dijo a Radio La Calle, Dora Morocho, expresidenta de la UNE Rumiñahui.  

Para Dora y los nueve profesores que permanecen en una carpa a las afueras de la Asamblea Nacional, soportar el frío de las noches quiteñas y la ausencia de sus familias hacen complicada la situación. “Tenemos un objetivo: el bienestar de la educación”, dicen.

Autoridades en silencio

La Corte Constitucional no ha dado paso al pedido de revisión de la Ley Orgánica de Educación Intercultural que aprobó el anterior período legislativo y que el Ejecutivo no ha puesto en marcha. Los docentes piden a los jueces celeridad en este pedido.

“En sus manos está el porvenir de la educación. No solamente de los maestros sino del mejoramiento del sistema educativo. El Estado debe estar pendiente porque debe garantizar la calidad de la educación a nivel nacional”, añade la dirigente.

La UNE en huelga

80 maestros están en huelga de hambre a nivel nacional. Grupos de estudiantes, de los barrios en Quito se encarga de llevarles agua para su aseo personal. “En la provincia de Pichincha ingresaron 12 docentes, quedan 10. Dos de ellos, al estar descompensados en su salud se retiraron y están en casas de salud”, indicó el presidente de los barrios de Quito, Willian Basantes.

De los docentes en la carpa, una sufrió una descompensación y tuvo que recibir atención médica. “El Estado no se pronuncia, ni es capaz de aportar con un médico. La propia organización tiene que costear la atención médica de los profesores”, agregó Basantes.

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Quito 17 de mar (La Calle).- José Sandoval, subsecretario de administración escolar, informó este miércoles que cuatro docentes contagiados por Covid-19 fueron intervenidos oportunamente. Los profesores asistían a clases presenciales luego de que el Gobierno aprobara el retorno oportuno y progresivo en 77 instituciones educativas en zonas rurales del país.

«Tenemos el caso de cuatro docentes que fueron intervenidos de forma oportuna e inmediata. No se reportan estudiantes contagiados hasta el momento. En cantones donde evidenciamos crecimiento en los índices de contagio, las instituciones retornaron a la Fase 1 con el programa «Juntos aprendemos y nos cuidamos». Es decir a través de elementos telemáticos», comunicó durante una rueda de prensa.

Un plan escolar «de éxito», dicen las autoridades

Juan Zapata del Servicio Integral del ECU 911 informó que esta cifra corresponde al 0,83% de la docencia. Actualmente 1204 profesores laboran en clases presenciales. El pasado 28 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación aprobó el regreso a clases presenciales de 77 escuelas y colegios de las zonas rurales y periféricas del país, especialmente de la región Amazónica este 2 de marzo del 2021.

«Todo retorno será en consenso con autoridades y padres de familia, previa valoración de la situación sanitaria. Los estudiantes que no se acojan al retorno voluntario y opcional, podrán continuar con el Plan Educativo «Aprendemos Juntos en Casa», señaló la ministra Monserrat Creamer en rueda de prensa junto al presidente del COE Nacional, Juan Zapata.

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Los docentes exigen al Gobierno de Iván Duque mejoras en la estructura y conectividad para las clases online y plataformas digitales. También exigen la protección de los lugares de trabajo y las vidas de quienes laboran en zonas de conflicto y postconflicto.

Según la Agencia de Comunicación Colombia Informa, se ha desarrollado una «masacre laboral» por la pérdida de al menos de 7.000 puestos de trabajo de maestros de los diferentes niveles de enseñanza en las referidas regiones.

Los manifestantes aseguran que desempeñaron sus labores de forma inniterrumpida a pesar de la guerra.

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La profesional da tres horas diarias de clase con dos intervalos de receso para fomentar la atención y el rendimiento escolar en los niños. “No se iguala la educación a las clases presenciales y nos esforzamos por ello. Las autoridades nos señalaron que haremos un retorno progresivo a partir del siguiente año escolar. Si la ministra, por otro lado, sugiere que acudamos a la unidad educativa tendrá que establecer medidas para evitar el contagio”, dijo.

Zambrano comentó que ella no se imaginó dar clase en línea antes de culminar con su carrera. “Es un gran reto como maestra especialmente con los más pequeños. Fue necesario acomodar mi trabajo a cada familia. Es muy complejo aprovechamos al máximo la capacidad de los niños para utilizar la nueva tecnología”, admitió.

UNE pide soluciones a la ministra de educación

Este viernes 11 de diciembre, la Unión de Educadores se reunirá con la ministra de Educación para que garantice medidas de bioseguridad y conectividad para el regreso de los docentes a las aulas. En esta propuesta, los docentes plantearon la posibilidad de que sean vacunados en la lista prioritaria del Gobierno. Esto luego de que el Ejecutivo afirmara que las vacunas se colocarán desde enero de 2021 a un grupo prioritario.

La ministra Creamer indicó que el retorno de docentes a las instituciones educativas, estará organizado por los directivos. De acuerdo con sus declaraciones, los educadores deberán asistir ocho horas diarias. Por su parte, la UNE indicó que de no cumplir con sus exigencias se movilizarán el próximo 18 de enero. (GG)

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«Desde el día de hoy 641 docentes salen de la Universidad Central del Ecuador como consecuencia del recorte presupuestario creando un gran problema en el desarrollo educativo del alma mater».

Dijo el vocero de la Coordinadora de Docentes de la UCE, Paúl Velásquez.

El recorte presupuestario, que es de 98 millones de dólares para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas, fue ordenado en mayo por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Portando pancartas en las que se podían leer frases como «Dinero les sobra para la corrupción y siempre les falta para la educación»; «Solución para docentes contratados»; «No al recorte presupuestario»; «La educación es un derecho», decenas de profesores y estudiantes se concentraron en las inmediaciones de la UCE.

Los manifestantes reclamaron la entrega de recursos; esto para continuar trabajando y estudiando, así como para evitar el cierre de algunas carreras afectadas por el recorte presupuestario.

El rector de la UCE, Fernando Sempértegui, mencionó que gestiona en el Ministerio de Economía y Finanzas la devolución de 18 millones de dólares; este dinero sería perteneciente a un fondo de autogestión institucional, pues no corresponden a las asignaciones presupuestarias para todas las universidades.

Aseguró que este pago aliviaría la situación de la UCE y permitiría contratar nuevamente a partir del próximo noviembre a los profesores desvinculados.

De no hacerse efectiva dicha devolución, advirtió, no sería posible volver a contratarlos, lo que supondría reducir la oferta de carreras.

La UCE, el principal centro de estudios superiores del país, tiene 2.200 profesores.

Tomado de la cadena Sputnik News

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La salida se dio como consecuencia del recorte presupuestario a la Educación Superior, afirma Paul Velásquez, vocero de la Coordinadora de Docentes a Contrato de la UCE. Este recorte afecta a la partida de contrataciones de personal docente, administrativo y de trabajadores de las Universidades del país

“La Universidad no podría funcionar adecuadamente el siguiente semestre, ya que varias carreras y facultades tendrían que cerrar por la falta de los docentes contratados, es necesario su recontratación para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes estudiantes”, indicó el dirigente en un comunicado.

El colectivo tomará haciendo sobre este tema. “Estamos esperando una reunión nuevamente con el rector para poder encontrar una solución y evitar la salida de los docentes ocasionales. Lo otro es seguir exigiendo que se devuelva el dinero del presupuesto”, expresó Velásquez a Radio La Calle.

Recorte Presupuestario

El pasado 10 de septiembre, la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto las acciones de incumplimiento presentadas por miembros de las Universidades Públicas. Es decir, permitió la disminución del presupuesto por parte del Gobierno.

De acuerdo con el tribunal, la recaudación tributaria proyectada a inicios de año no se cumplirá por las apremiantes circunstancias económicas en el contexto de la crisis sanitaria.

“No es factible, entonces, ordenar mediante sentencia que se restituya una cantidad de dinero. Cantidad que muy probablemente no se recaude en un ejercicio fiscal determinado”, explica la sentencia.

El 2 de mayo, se dio a conocer que el gobierno recortó USD 98 millones en presupuesto de 12 universidades públicas. Entre esas están la Universidad de Guayaquil, Universidad Central del Ecuador, Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Escuela Politécnica Nacional, entre otras.

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En tal sentido se invita a los docentes, estudiantes, y todas las personas que deseen sumarse, a nivel nacional “al cacerolazo” que se realizará mañana, jueves 20 de agosto a las 20:00 hora. Se organizará desde cada vivienda de los participantes. Las jornadas serán progresivas.

Alejandra Ibarra Palma, uno de los voceros, difundió estadísticas sobre cómo docentes y alumnos han enfrentado las clases virtuales a raíz de la emergencia sanitaria. En este marco se refirió a la conectividad: “solo el 37% de la población nacional cuenta con acceso a internet y la inexistencia de una política educativa eficiente que vulnera los derechos de los servidores públicos”. Se habló, también, de las medidas inconstitucionales que ha tomado el Gobierno, como el recorte presupuestario a la educación, despidos y baja de sueldos.

Wilmer Santacruz, de su parte, mencionó que tomarán medidas más drásticas, como la unión a otras organizaciones sociales para plantearse una movilización y protesta permanente hacia los atropellos del Gobierno, así como la exigencia de que la actual Ministra de Educación renuncie a su cargo y la reiteración de las acciones legales que ya fueron presentadas a la Corte Constitucional, por las desvinculaciones  y la falta de pago oportuno. (DC)

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La decisión se ampara en el artículo 107 de la Ley Organica de Educación Intercultural que dice: «Todas las etapas relacionadas al concurso de méritos y oposición deberán guardar el principio de transparencia y publicidad, para lo cual se deberán publicar los resultados parciales y finales de los concursos en el portal de la Autoridad Educativa Nacional y en los medios de comunicación pública».  Sin embargo, no se profundiza en las razones del amparo. 

«Para garantizar la educación continua de nuestro estudiantes, les ofrecemos a sus representados, la admisión en la Unidad Educativa José Domingo de Santisteván conservando durante este año, las mismas condiciones de costos de matrículas», señala el documento. El cierre de la Unidad educativa deja en el despido a los docentes, cuya cantidad no se informa. Fundada en 1929, esta Unidad Educativa estuvo a cargo, primero, de autoridades religiosas, para después pasar a manos de la Junta de Beneficiencia de Guayaquil. 1.142 estudiantes estudiaban allí. 

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