»Son alternativas que constitucionalmente las tiene el Presidente de la República. Él sabrá tomar la decisión que convenga a los intereses nacionales», dijo en entrevista para Notimundo.

El 9 de mayo el Pleno de la Asamblea conocerá el informe de la Comisión Fiscalización respecto al juicio político, mismo que no fue aprobado por la mesa parlamentaria. La convocatoria cita el artículo 142 de la Función Orgánica Legislativa:

»Si en las comisiones especializadas permanentes y no ocasionales no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional»

¿Juicio político y muerte cruzada al mismo tiempo?

Una pregunta muy recurrente en la ciudadanía es si puede activarse el mecanismo de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político. En este sentido, el abogado Ramiro Aguilar señaló que teóricamente es posible, sin embargo, no podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

¿Irregularidades en la convocatoria?

El jurista afirmó que la convocatoria al Pleno es inconstitucional, pues no se dio a conocer el contenido del informe motivado, lo cual sería una infracción. Señaló que dentro del procedimiento legal primero se debe socializar este documento a los demás legisladores con independencia a las demás posturas.

¿Que le motivó al presidente de la Asamblea a destruir la ilegalidad en un tema tan delicado?, resaltó.

Neira manifestó que las irregularidades en el proceso van a viciar el juicio político. Por otro lado, indicó el Legislativo estaría incumpliendo con las disposiciones de la Corte Constitucional (CC).

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, dijo que al no ser aprobado el informe no tiene un efecto jurídico. Según el titular, la mayoría simple de la Asamblea tendrá que emitir una resolución. (A.G.M).

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«La gravedad de estos hechos que amenazan el Estado de derecho y que desnaturalizarían la institución del juicio político exigen una intervención vigilante de la Corte Constitucional para que haga cumplir su dictamen», expresó en un oficio dirigido a la CC remitido el 14 de abril.

Además, resaltó los puntos resueltos por el dictamen de la Corte Constitucional en donde se inadmitieron dos cargos referentes al delito de concusión, enmarcados en la solicitud de juicio político interpuesto por la asambleísta Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (PK-r), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID).

El jefe de Estado también recalcó que el dictamen dispuso que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas relacionadas a las causales de concusión que no fueron aprobadas.

Pruebas a conveniencia

El 10 de abril, el abogado del Presidente, Edgar Neira solicitó a la Comisión de Fiscalización que la documentación requerida no sea solo desde el 2021 sino desde el 2018 para evitar confusiones en los pedidos de pruebas.

La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El juicio en la Asamblea

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, anunció que la próximo sesión para el tratamiento del juicio político será el 18 de abril y se prevé socializar el cronograma de comparecencias.

El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales. (A.G.M).

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La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El escrito presentado por el mandatario, a través de su defensa, tenía más de 40 puntos de solicitud de prueba. Resaltó que su objetivo y estrategia es sustentar la inexistencia de responsabilidad política y de peculado por parte del presidente Lasso.

«No es como se pretende decir: no es verdad que el señor presidente de la República se cruzó de brazos y que no ha hecho absolutamente nada», dijo en la mesa parlamentaria.

Futuras acciones

Por otro lado, Neira no reveló los nombres de los testigos para la defensa del presidente Lasso. De igual manera, sigue abierta la posibilidad de seguir un proceso de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) por el dictamen que abrió la puerta del juicio político.

Tampoco se descarta la comparecencia personal del presidente de la República a la Comisión de Fiscalización. Para Neira existen bastantes pruebas y antecedentes que pueden demostrar la inocencia del mandatario. (A.G.M).

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