A la diligencia asistieron miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), militares y Fiscalía. Los abogados de la Policía manifestaron su molestia porque en su parecer no estaban todas las víctimas, ni testigos del hecho, ni los famliares o representantes. Los familiares de Yucailla tampoco llegaron a este lugar para participar con su versión de lo sucedido en octubre.

La fiscal Mayra Soria, que dirigía la reconstrucción, se mostró contrariada, por tuvo colaboración por parte de la Policía, que no entregó toda la logística que ella solicitó para realizar el procedimiento. La pericia tuvo lugar en las inmediaciones del parque del Arbolito y en los exteriores de la Asamblea Nacional, principales epicentro de las movilizaciones.

Yucailla permaneció 17 días convaleciente en una casa de salud después de recibir el disparo que dejó varios perdigones incrustados en su cabeza.

Los responsables

“Nadie disparó a quemarropa las bombas lacrimógenas. Ninguno de los fallecidos pereció como consecuencia de la acción de la Policía. Hay que mostrarle al país la verdad integral”, dijo la ministra María Paula Romo en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo con motivo del juicio político en su contra.

Ella finalmente fue censurada por la Asamblea Nacional después de que esta determinara su responsabilidad en el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra la población civil.

En octubre de 2019, miles de manifestantes en todo el país se levantaron para protestar contra el Decreto 883. Entre otras cosas, éste permitía el incremento del precio de los combustibles. Los manifestantes se impusieron en ese momento pero el paquetazo llegaría meses después.

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