En un comunicado oficial, la entidad señaló que la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Nueva York retuvo el dispositivo, un iPhone Apple modelo 15 Plus, el pasado 13 de marzo, cuando prohibió el ingreso de Franco Loor a territorio estadounidense.

«El dispositivo -que fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas por la Ley de Estados Unidos- se entregó en una bolsa sellada del Departamento de seguridad de ese país», señaló.

La Fiscalía sostiene que el celular en cuestión podría aportar elementos relevantes en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados, en el que están señalados Eduardo Franco Loor, los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como la actual consejera Nicole Bonifaz.

El Ministerio Público indicó que ingresó el dispositivo «en legal y debida forma» a la cadena de custodia durante la tarde de este jueves.

Además, la entidad comunicó que «ha solicitado a la autoridad competente, la autorización respectiva para la práctica de pericias y análisis digital del contenido del dispositivo celular».

Reacción de Franco Loor

Tras conocerse que su teléfono celular está en manos de la Fiscalía ecuatoriana, Eduardo Franco Loor se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que en dicho dispositivo «no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito», ya que asegura haber dedicado su vida a la enseñanza universitaria por más de cuatro décadas y al ejercicio profesional del derecho.

El exabogado de Jorge Glas recalcó que es «un hombre culto y honesto», y que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad, guiado por principios éticos y cristianos. En ese sentido, sostuvo que nunca ha cometido delito alguno y que en el caso por el cual se lo investiga, «jamás me he asociado ilícitamente con nadie». Añadió que no existen elementos suficientes para formular una acusación en su contra y confía en que «brille la justicia y la verdad».

Sobre su rol en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Franco Loor aclaró que actuó en calidad de consejero electo y no a título personal. En su defensa, explicó que las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs están amparadas en la legalidad, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo. Además, argumentó que «los organismos o entidades del sector público no pueden cometer delitos», ya que, según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), únicamente las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden ser sujetas de responsabilidad penal.

Cabe señalar que, dentro del caso Ligados, también figura como elemento de convicción un teléfono celular perteneciente al exconsejero Augusto Verduga. La Fiscalía ha difundido conversaciones extraídas de ese dispositivo, en las que se evidencia que la llamada ‘Liga Azul’ —integrada por consejeros afines al correísmo— mantenía vínculos con representantes de la Revolución Ciudadana, compartiendo intereses y objetivos políticos.

Confirmación de Fiscalía

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Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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La entidad, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó al magistrado la prohibición de salida del país y la presentación periódica para los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz. Para el exvocal Eduardo Franco Loor, quien se conectó a la audiencia desde un centro médico, pidió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Según la Fiscalía, los procesados habrían intentado controlar los poderes del Estado desde el Cpccs, favoreciendo a un movimiento político. Durante la audiencia, celebrada el 15 de marzo en Quito, el juez acogió parcialmente las solicitudes de la Fiscalía, dictando la medida de prohibición de salida del país para los cuatro implicados.

Detalles de la audiencia

Los exfuncionarios participaron en la audiencia de manera telemática. Eduardo Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde se lo observó en una camilla y vistiendo una bata médica. Franco Loor permanece bajo custodia policial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, según su defensa, por motivos ajenos a su conocimiento.

Todos enfrentan cargos por supuesta asociación ilícita, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La investigación se originó tras una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald respecto a su nombramiento.

El caso «Ligados» se remonta a enero de 2024, cuando Verduga, Franco Loor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción grave. Durante los allanamientos realizados en enero, Fiscalía decomisó el teléfono de Verduga, lo que generó controversia. Verduga, a través de sus redes sociales, denunció que se estaría planeando un nuevo intento de persecución en su contra.

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