Este lunes 16 de mayo arranca el nuevo semestre y los estudiantes deben concretar sus matrículas esta semana. El problema es que no todos lograron acceder ya que no se abren más cupos.

El vicepresidente de la Asociación de Profesores, Eduardo Montenegro, denunció que se ha despedido a más de 500 profesores, lo cual perjudicó directamente a más de 400 estudiantes. También denunció que el recorte presupuestario del Gobierno destinado a Educación ha provocado esta situación.

Él explica que se vulneró su derecho al trabajo despidiendo a personal con más de 5 y 10 años de labor. Por ello, considera urgente su reinserción para solventar esta crisis. Muchos estudiantes sostuvieron carteles con sus peticiones: «Contraten maestros», «Queremos cupos», «Queremos estudiar», «Queremos maestros», «Matriculación digna».

Al momento de matricularse en algunas materias, aparece el diálogo «docente aspirante», es decir, que está pendiente la asignación de un maestro y por ello se teme que el semestre sea aplazado o directamente se suspenda, según explica una estudiante.

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Asimismo, los estudiantes anunciaron que han enviado cartas a la decana de la carrera y demás autoridades, desde el 3 de mayo, para que respondan ante esta problemática. Sin embargo, aún no reciben respuesta, revelan que «no los toman en cuenta».

Por otro lado, el 13 de mayo se abren las matrículas de los primeros semestres de Medicina y, hasta el momento, la Universidad de Guayaquil no se ha pronunciado al respecto.

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Brown mencionó que invertirán USD 650 millones en infraestructura para educación, a lo largo de los tres años restantes del régimen del Gobierno de Guillermo Lasso.

También anunció que recategorizaron y efectuaron pagos pendientes a docentes. Dijo que mejoraron las condiciones laborales de cerca de 9 mil docentes que aumentaron de nivel. «El reconocimiento de su labor y preparación se ve reflejada en su remuneración correspondiente», detalló.

La ministra acotó que aumentó el presupuesto designado al Ministerio de Educación.

Carnetización

Brown informó que carnetizaron a más de 152 mil maestros, los cuales accederán a beneficios de ‘aliados estratégicos’ del Gobierno. Estos serían costos preferenciales en productos y algunos servicios. El carnet, con el que cuenta «el 100%» del cuerpo docente público, es digital y constaría en una base de datos a nivel nacional.

Añadió que están realizando concursos de mérito y oposición para que la planta docente sea recategorizada y «reconocida» según su nivel de desempeño.

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«Gente poco calificada que compró su título en la Universidad Cooperativa de Colombia firma un informe de la Comisión de Fiscalización que intenta deslegitimar un proyecto que representaba los sueños de un país para cambiar su matriz productiva», dijo.

El exgerente señaló que Yachay era un referente de la educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su asignación presupuestaria. También comparó la inversión pública con proyectos tecnológicos como Silicon Valley.

Relató que la aprobación de Yachay contó con la firma de Decanos y expertos de Universidades como Cambridge y el MIT.

¿Errores metodológicos?

En cuanto al tema de glosas pendientes a funcionarios de Yachay, de acuerdo al exgerente, asambleístas como Ana Belén Cordero presentan errores de cálculo en este tipo de acusaciones. Afirmó que exigieron pericias judiciales para evaluar la infraestructura de los edificios señalados como riesgosos por el informe de esa comisión.

«No porque tomes una foto en Google Earth con un ángulo medio trucho vas a decir que el edificio está por caerse», aseguró.

Tres peritajes expertos de la función Judicial dictaminaron que no tenían falla estructural grave. Según Rodríguez, el abandono de 6 años por parte del Estado ha causado que las estructuras requieran mantenimiento y refuerzo. «Si hay una grieta en las gradas, no quiere decir que las columnas estén mal hechas», exclamó.

Cuestionó que el informe no responsabiliza de la deficiente construcción al contratista de la obra pública, en su caso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y, que se pretende exponer estas fallas para destruirlas y no arreglarlas o rehabilitarlas.

Además, desmintió que el valor de inversión en Yachay que mostraba este informe es mucho mayor al monto señalado, en 2021, por el propio ministro de Finanzas, Simón Cueva.

Denuncia de pruebas fraguadas

Héctor Rodríguez expresó que los funcionarios del Gobierno intentan elaborar pruebas para demostrar una aparente red de corrupción dentro de la universidad Yachay.

«Hay una mentira estructural. Es creer que los ecuatorianos no podemos generar un proyecto de esta naturaleza. Hacernos creer que somos subdesarrollados por naturaleza y que el proyecto es inviable», dijo Rodríguez.

Como último punto, el exgerente dijo que hay mala fe en las argumentaciones políticas de actores como Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero y el excontralor Pablo Celi.

«Hay una postración geopolítica del Estado ecuatoriano dirigido por intereses neoliberales. Les conviene convertir al país en un país rentista. Quiere garantizar la supervivencia de negocios ociosos».

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Quito, 21 feb (La Calle).-  «Antes de la pandemia ya se percibían varios problemas en torno a la educación. Hoy con los recorte presupuestarios, la deficiente infraestructura, sin maestros, la ausencia de un plan de nivelación y reinserción escolar, el sistema de educación vive una crisis catastrófica”, dijo la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas.

Señaló que solo en la Unidad Educativa donde ella labora hacen falta 12 maestros y solo existen 16 baterías sanitarias hábiles para una población de 4.000 estudiantes. Sin embargo, a escala nacional las cifras son desalentadoras. “A parte de que no hay las medidas de bioseguridad, no hay maestros” dijo.

Hay varias denuncias de los propios padres de familia por la falta de maestros. Denunció que, ante la falta de docentes, incluso se fusionan las aulas y se imparten clases al menos a 60 alumnos.

Asimismo, mencionó que tampoco existe un plan de nivelación en conocimientos ni un plan de reinserción escolar anunciado por el Ministerio de Educación.

“El 42% de la población en general está afectada por la pandemia y las consecuencias recaen sobre los niños y los jóvenes”, dijo. Ante esta problemática, Vargas argumentó que existe poco apoyo de parte de los departamentos de psicología y de ayuda social porque no se ejecutan las reformas a la Ley Orgánica de Educación.

Los cálculos matemáticos le fallaron al Ministro de Economía, Simón Cueva

Según Isabel Vargas, se necesitan USD 2.065 millones para la equiparación salarial de la planta central de docentes y demás funcionarios del Ministerio de Educación.

“La cifra está maquillada y sobredimensionada”, dijo Vargas en una entrevista en Radio La Calle.

Futuras movilizaciones

El próximo 24 de febrero, la UNE se sumará a las movilizaciones convocadas en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de los trabajadores, pues se plantea el incremento de los años para acceder a la jubilación, vulnerando los derechos de los trabajadores.

Por otra parte, conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), convocarán a las movilizaciones en en contra de medidas del Gobierno Nacional. La protesta se llevará a cabo en el mes de marzo.

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En este sentido, las organizaciones y gremios educativos convocaron al Encuentro Nacional en Defensa de la Educación Pública, que se realizará el jueves 13 de enero del 2022. Según el comunicado, en este espacio se definirán las acciones de lucha, frente al Gobierno y su política neoliberal.

Las organizaciones advierten que al ratificarse la Proforma Presupuestaria, propuesta por el Ejecutivo vía el ministerio de la ley, se reducirán USD 218.66 millones para la salud pública y USD 311.47 millones para la educación.

Esta reducción de recursos implicaría falta de cupos para quienes buscan ingresar a la educación superior; menos presupuesto para mejorar la infraestructura educativa; poner en riesgo los programas de alimentación escolar, dotación de textos, uniformes y apoyo a estudiantes en situación de riesgo, programas de investigación, así como la estabilidad de la planta docente.

Asimismo, las organizaciones sociales reiteran que varias conquistas, alcanzadas con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), corren peligro de no concretarse por falta de recursos. También enfatizan en que habrá menos becas para las universidades y sus programas de pregrado y postgrado.

“Es menester señalar que educación y salud son derechos constitucionales. La educación potencia la salud y, a su vez, salud potencia la educación; relación que lleva a posicionar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios; mucho más ahora, en el actual contexto en el que se está retornando progresivamente a las aulas. Los recursos económicos son fundamentales y constituye responsabilidad del Estado garantizar el pleno ejercicio de estos y otros derechos humanos”, señala el comunicado.

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Señala que educación y salud son los rubros a los que más se despojó de presupuesto, con el pretexto de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

El Frente recuerda que el neoliberalismo, a partir de los años 80 y toda la década de 1990, planteó la destrucción del Estado bajo los imaginarios de modernización y achicamiento del mismo y que esto no era otra cosa que la generación de plusvalía para los sectores privados a través del despojo de lo público.

“En el caso de la educación superior, la estrategia fue dejarla a la deriva, sin presupuesto y exacerbando lo que en otras partes se ha llamado neoliberalismo por olvido. Esto al menos se observa en los datos recogidos en los últimos años, donde el presupuesto en educación, cultura, salud y desarrollo comunal, han ido disminuyendo. En el gobierno de Guillermo Lasso, está tendencia se mantendrá, lo que deja en evidencia una reducción pública sistemática tras sus acuerdos con el FMI”, señala el documento.

Reitera, además, que la educación pública está amenazada y debe ser defendida con reflexión creativa. “Gracias a ella es que podemos cuestionar las posiciones del primer mandatario, como ignorantes o negacionistas de la historia de modo asombroso, al analogar la Conquista española como una anécdota familiar y contra natura sería discutir dicho suceso, cuando muchos de nuestros profesores-investigadores y estudiantes han sabido estudiarla, ofreciendo una serie de respuestas a los relatos que se han erigido sobre esta en América Latina y en el Ecuador”, sostienen.

Argumentan que si los poderes de turno intentan retomar la grieta dejada por el neoliberalismo de fines de los años noventa, también se reactivarán las resistencias de esos mismos años.

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«Las actividades como ente abstracto, llámese educación y servicio público no merecen respeto. Es un capítulo muy bonito que escribe Adam Smith en el que habla de lo mala que es la educación pública […] Tuve un coloquio en Guatemala, hablamos sobre ese tema y un tipo que sabía mucho de reformas a la educación pública. El decía que el principal cambio está en la legislación laboral de los profesores para que los puedan echar en cualquier momento», dijo en una charla en la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil.

El discurso del consejero se presentó en una universidad privada. Fue en la Universidad Espíritu Santo donde desdeñó a más de cuatro millones de estudiantes que cursan la educación pública en modalidad básica y bachillerato. Estudiantes a los que el Gobierno tiene que proveer de educación pública gratuita, según la Constitución.

Los más ricos

Días atrás, el El consejero inició su cosecha de incoherencias, con su ya conocida comparación, entre la tecnología y el nivel de vida. De acuerdo con el funcionario, somos más ricos que Rockefeller y que nuestros padres.

“¿Ustedes han escuchado hablar del famoso Rockefeller? Hoy en día, si medimos por la capacidad de consumo y bienestar, ustedes son mucho más ricos que Rockefeller. Todos aquí. Incluso más ricos que los reyes más prósperos del medioevo. Van a ver que ustedes viven mejor que esos reyes que eran apreciados por su infinita riqueza”, dijo en la misma conferencia.

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Quito 7 de abr (La Calle).- De acuerdo a los registros administrativos del Ministerio de Educación, tres años antes de la pandemia el Gobierno de Moreno desplazó de las escuelas públicas a más de 150 mil niños, niñas y jóvenes (4,3%), mientras que las escuelas privadas captaron menos de 30 mil (0.8%), es decir aquellos que pudieron pagar su educación.

Según las estadísticas hubo una disminución de más del 5% de estudiantes en las escuelas fiscales de 10 provincias. Estas son; Chimborazo, Loja, Los Ríos, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Cañar, El Oro y la provincia más afectada, Bolívar donde 1 de cada 5 estudiantes tuvieron que dejar la escuela pública.  

La brecha digital es una barrera a la educación en el país

El reto del nuevo gobernante es la brecha digital que se evidenció en la pandemia. Sofía Cabrera, docente de la Universidad Equinoccial (UTE) habló para Radio La Calle sobre el sistema educativo que tiene el país. «En este año de pandemia hemos visto a niños, niñas y adolescentes dejar sus clases en línea por no tener dispositivos móviles o internet. El nuevo gobierno debería impulsar el modelo educativo hibrido, es decir, acompañar la presencialidad y la virtualidad. Lo más importante es el tema de la unificación digital y para ello es brindar un servicio público de internet», sostuvo.

Adicionalmente la docente advirtió que existe una desigualdad entre la educación pública y privada. «Es importante reformar el proceso educativo público para tener un acceso universal y no discrimine el acceso a los conocimientos. En el caso de las mallas curriculares de las dos instituciones deberían ser similares para evitar las brechas educativas», advirtió.

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¿Qué pasó con la educación?

La semana culmina con otra novedad: el recorte presupuestario a las universidad y escuelas politécnicas públicas del Ecuador. Este evento se suma a la serie de atentados que el Ministerio de Finanzas en contubernio con el Ministerio de Educación, fraguan en contra de los infantes, niños, niñas y jóvenes del país.

Según datos de la Cartera de Educación, la calculadora Richard Martínez, disminuyó USD 7 millones al Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia. Para la educación básica superior se eliminó USD 274 mil del presupuesto asignado.

El programa de alfabetización también fue afectado con la reducción de USD 88 mil y sobre el programa de postalfabetización. El recorte asciende a USD 519 mil.

Con la decisión de la Corte Constitucional (CC), el Fondo Permanente para el Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) dejará de percibir USD 98 millones que repercuten de forma directa en las 32 Instituciones de Educación Superior.

El argumento

El argumento que guía la consigna del Ministerio de Finanzas, secundada por la CC, gira entorno a la disminución de la recaudación del IVA e impuesto a la renta, efecto de la pandemia.

Quizá esas son las consecuencias de la famosa “remisión tributaria”, establecida en la Ley Trole 3 en 2018, donde el Estado condonó los intereses por deudas tributarias a los grandes capitales. Tal vez sea el reflejo de la inoperancia de los ortodoxos, quienes fomentan la mano de obra barata; el despido y la precarización laboral como elementos indispensables para la reactivación económica. Quizá sea el efecto de la fuga de capitales hacia paraísos fiscales que limitan la recaudación tributaria.

En definitiva, para el Gobierno más vale socapar las fortunas de los grupos económicos pues, de las deudas pendientes y la repatriación de capitales seguramente se obtendrían algunos millones para no afectar la Educación Pública. En fin, la hipocresía. 

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