«Este acceso que se ha hecho a las universidades permite muchísimas cosas vitales como es la permanencia de los jóvenes en las instituciones que haya«, expuso Montalvo durante una entrevista en Ecuavisa.

Según la funcionaria, este nuevo proceso trata de propiciar «una libre decisión por parte de los jóvenes de a qué universidad, en qué universidad quieren hacer su proceso de admisión«.

Para este propósito, los estudiantes interesados en acceder a la educación superior en primera instancia deberán inscribirse, de forma obligatoria en el Registro Nacional. El sistema informático solicitará a los bachilleres sus datos personales, la institución a la que aspiran ingresar y la carrera de su interés. El proceso de inscripción estará habilitado hasta el 12 de enero para el régimen de educación Costa-Galápagos. Se ha confirmado que desde mayo se abrirá un nuevo registro para el regimén de educación Sierra-Amazonía.

¿Cómo ejecutarán el proceso de admisión las universidades públicas?

Las universidades públicas deberán desarrollar la parte más compleja del proceso. Este consiste en receptar la información de todos los postulantes interesados en ingresar a dichas instituciones. Para ello deberán implementar un software que agilite los pasos de evaluación, postulación y asignación de cupos. María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, reveló que este proceso le costará a esta universidad un total de USD 500.000.

Según Andrea Montalvo, se espera que «en las universidades no solo reciban un listado de jóvenes sino que lleven a cabo procesos de admisión como lo hace cualquier universidad a nivel nacional e internacional que promocionen sus carreras«.

¿Cuál es el paso final previo a la aceptación de un cupo?

La asignación de cupos se determinará por tres factores: el puntaje que obtenga el estudiante en el examen de admisión ejecutado para la universidad, el puntaje promedio de graduación del colegio, adicional al puntaje por acciones afirmativas (este último favorece a los postulantes de comunidades indígenas, por ejemplo).

Los estudiantes deberán aceptar o rechazar el cupo obtenido a traves de la página oficial del Registro Nacional.

«Para llegar a generar una política pública de más oportunidades para la juventud es necesario fortalecer el sistema de educación superior«, sostuvo la titular de Senescyt. Asismo, esta entidad se comprometió a ofrecer soporte a 10 de las 32 universidades públicas que no podrán ejecutar el examen de admisión por cuenta propia debido a incapacidad tecnológica o financiera (pero desde 2024 esas universidades deberán hacerlo por su cuenta).

Según Montalvo, detalló que se ha hecho un «un aumento histórico de recursos para las universidades» aunque no expuso cifras cuantitativas al respecto. Y concluyó que la Senescyt va a promover procesos de calidad y de aseguramiento de la calidad continuos que «justamente promuevan ese ambiente de más carreras más modalidades de estudio y más presencia en territorio«.

JR

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Altamirano sostuvo que no todos pueden llegar a la universidad y que por tal motivo, se debe optar por otro tipo de ofertas que van desde niveles técnicos y tecnológicos.

“No quiere decir que es de inferior calidad a la educación universitaria, simplemente es otro tipo de educación mucho más práctica”, expresó Altamirano durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, negó la idea de que el examen de ingreso a la universidad ya no existe.

Sino más bien, el docente universitario indicó que el examen pasó a ser competencia de las universidades.

«La solución no está en el examen de ingreso, sino en tener una solución holística para el sistema educativo», afirmó.

Altamirano aseguró que los educadores son quienes deben manejar la educación para comprender los problemas estructurales.

“En esta situación tan sensible tenemos personas que no tienen conocimientos de educación especialmente de fundamentos”, explicó.

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«No se elimina el examen de ingreso, simplemente se traslada a las instituciones de educación superior para que cada una la diseñe», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Reyes manifestó que, para el presidente, Guillermo Lasso, la educación no es tanto un derecho de las personas sino más bien un servicio que a la larga debe ser pagado de alguna manera.

Además, recalcó que a través de esta reforma las universidades públicas van a saturarse con aquellos estudiantes que provienen de estratos económicos medio bajos, que finalmente no puedan ingresar a una universidad privada y tengan que dar un examen diseñado por la pública.

“Este examen desde un inicio no topaba el problema estructural, que radica en la educación primaria y secundaria. La calidad de educación que no es adecuada”, afirmó el catedrático.

Reyes también aseguró que las universidades cofinanciadas lo que harán es reducir el presupuesto interno para asignación de becas, van a excluir a sectores de estudiantes de estratos económicos bajos. Las públicas van a recortar gastos, disminución de personal docente. MC

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«¿Se preguntaron si se elimina el examen de admisión a la educación superior pero permanece el examen de bachillerato? La mejora en el acceso no está en eliminar el examen, está en aumentar los cupos. ¿Aumentaron los cupos?», se pregunta Arauz.

Así mismo, cuestiona si el examen se mantendrá gratuito o las Universidad empezarán a cobrar. «Los exámenes que realizará cada institución de educación superior, ¿serán gratuitos o deberá pagar cada estudiante en cada institución? ¿Cómo debe pagar? ¿Efectivo o en la banca? ¿Cuánto costará?».

Otro tema suelto son los Institutos Tecnológicos Superiores que están a merced de la Senescyt. «El gobierno gestiona decenas de institutos tecnológicos superiores no autónomos. ¿Cada instituto realizará examen propio o el gobierno hará uno para todos los institutos?».

¿Cómo tener una educación superior pública de calidad?

Para Arauz, la clave está en el presupuesto que entrega el Estado a la educación superior. «El gobierno de Lasso NO ha recuperado los niveles de presupuesto a universidades e institutos que existían en 2017. Los recortes de Moreno por cientos de millones de dólares anuales se han consolidado», expresa.

El que controla el presupuesto de las universidades es el Ministerio de Economía, quien decide si entrega más dinero o no. «Las universidades hoy tienen que pedir permiso al Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, para hacer sus gastos o para crear una partida. Y el Ministerio bloquea y les quita presupuesto».

¿Qué pasa si no aumenta el presupuesto?

Si no aumentan los cupos con presupuesto, dice Arauz, el problema de falta de acceso se profundizará. «No habrá libre ingreso. Será costoso aplicar a cada U o Instituto. El sistema de admisión facilitaba la operatividad de aplicar a 5 o más universidades públicas en una sola gestión. La política correcta era más cupos para el acceso, más becas para garantizarlo y más presupuesto para la educación superior».

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“Para la primera postulación de este año hubo 215.000 estudiantes que buscaban uno de los 122.000 cupos que se ofertaron. Los últimos datos nos muestran que se asignaron 94.000 cupos, pero solo 81.000 aspirantes los aceptaron. Esto quiere decir que hay alrededor de 41.000 plazas disponibles para la segunda postulación, que será del 20 al 22 de mayo de 2022, y para la tercera, que será entre el 30 de mayo y el 1 de junio. Esperamos que los jóvenes que no aceptaron una plaza puedan hacerlo, aunque habrá 93.000 aspirantes que se quedarán sin estudiar”, dijo en una entrevista con Primicias.

Añadió que los aspirantes optan por las mismas carreras (Derecho, Medicina y Enfermería) y que no se toman en cuenta las opciones técnicas. “Entonces, es imposible que haya cupos para todos quienes buscan una de estas carreras, mientras hay otras en las que sobra la oferta. Tampoco hay un aumento en la demanda de aspirantes que apuesta por una carrera técnica”.

El título y las carreras técnicas

Ribadeneira explicó que desde la Senescyt realizan una fuerte promoción a las carreras técnicas para que los jóvenes se decanten por ese camino. “Nosotros hemos promocionado fuertemente las carreras técnicas y tecnológicas. Estas profesiones brindan una salida concreta, que no es otra cosa que la rápida inserción en el mercado laboral”.

Para el secretario, las empresas miran cualidades como manejo de crisis, tecnología y trabajo en equipo antes que el título. “El título cada vez vale menos frente a las competencias de cada persona. Es preferible tener una competencia profesional bien acreditada que estar sin empleo. Ni una maestría, ni un doctorado garantizan tener un empleo. Ya se acabó la época de la ‘titulitis’”.

En el caso de medicina, Ribadeneira dice que “el problema es que muchos estudiantes sacaron un puntaje mayor al referencial, pero hay otros que obtuvieron puntajes mucho más altos y son ellos los que lograron el ingreso a la universidad. Es un tema de meritocracia, aunque en el último año hemos aumentado 40.000 cupos en un constante diálogo con las universidades, pero las instituciones también tienen límite para incrementar las plazas”. MIB

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Este lunes 16 de mayo arranca el nuevo semestre y los estudiantes deben concretar sus matrículas esta semana. El problema es que no todos lograron acceder ya que no se abren más cupos.

El vicepresidente de la Asociación de Profesores, Eduardo Montenegro, denunció que se ha despedido a más de 500 profesores, lo cual perjudicó directamente a más de 400 estudiantes. También denunció que el recorte presupuestario del Gobierno destinado a Educación ha provocado esta situación.

Él explica que se vulneró su derecho al trabajo despidiendo a personal con más de 5 y 10 años de labor. Por ello, considera urgente su reinserción para solventar esta crisis. Muchos estudiantes sostuvieron carteles con sus peticiones: «Contraten maestros», «Queremos cupos», «Queremos estudiar», «Queremos maestros», «Matriculación digna».

Al momento de matricularse en algunas materias, aparece el diálogo «docente aspirante», es decir, que está pendiente la asignación de un maestro y por ello se teme que el semestre sea aplazado o directamente se suspenda, según explica una estudiante.

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Asimismo, los estudiantes anunciaron que han enviado cartas a la decana de la carrera y demás autoridades, desde el 3 de mayo, para que respondan ante esta problemática. Sin embargo, aún no reciben respuesta, revelan que «no los toman en cuenta».

Por otro lado, el 13 de mayo se abren las matrículas de los primeros semestres de Medicina y, hasta el momento, la Universidad de Guayaquil no se ha pronunciado al respecto.

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En una entrevista para El Comercio, el funcionario señaló que postularon 215.000 personas y que la oferta para el primer periodo del 2022 fue de 122.000 cupos. Sin embargo, dijo que hay un incremento de más de 25% de cupos, con respecto al primer semestre del 2021.

Ribadeneira argumenta que en ningún país del mundo todos los bachilleres ingresan al sistema. «No importa la visión política o social de un gobierno. Es imposible, ni en Alemania ni en Cuba todos los bachilleres ingresan».

Para el funcionario, uno de los problemas es que acceden al examen personas que no se graduaron recientemente, sino que vienen de semestres anteriores. Explica que de los 280.000 que rindieron el test Transformar, solo alrededor del 24% son estudiantes recién graduados y el 76% son de semestres anteriores, que siguen dando la vuelta en el sistema.

«Si tuviéramos solo los 66.000 bachilleres graduados recientemente, el cupo nos sobraría, porque tenemos más de 120.000. Ese es el problema, estamos arrastrando un déficit de años anteriores, que siguen intentando ingresar al sistema», dijo.

Ribadeneira señala que para solucionar este conflicto, el Gobierno eliminó el examen de conocimientos por una prueba de competencias y habilidades; incrementó el peso del récord académico del 40 al 50% y bajó el peso de la prueba del 60 al 50%.

También dice que exigieron un test de orientación vocacional y están trabajando con el Ministerio de Educación para que los estudiantes, desde el colegio, se preparen para el examen de ingreso a la universidad.

Asimismo, señala que han intentado, en estos dos últimos semestres, incentivar a los jóvenes a que no sigan apostando a las mismas carreras. «Que apunten a otras carreras importantes, a las que son técnicas y tecnológicas», sostiene.

Dice que en Medicina, por ejemplo, no hay muchos cupos. Cuenta que en la Universidad Central se abren 250 y no se puede pretender que reciba a 3.000 personas que postularon el semestre pasado.

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Nájera dijo que se abstuvo de votar debido a la ilegitimidad de este proceso y que solicitó reiteradamente que se declare nulo.

Mencionó que este concurso cuenta con un presupuesto de USD 119.745. «Han continuado generando desconfianza y comprometiendo recursos del «Estado», expresó la consejera Nájera. Añadió que el concurso ha demorado casi un año en llevarse a cabo.

También recalcó que «llama la atención» que los miembros académicos del CES y CACES fueran elegidos en función de su título de tercer nivel, «cuando lo pertinente, lo lógico, lo verdadero», sería considerar el título de cuarto nivel de PHD.

«Debe ser así, porque van a ser las máximas autoridades, que van a controlar a las demás instituciones superiores, que rige la educación de este país-. Y un país con una educación mediocre no va a salir adelante jamás», dijo.

El sistema de Educación ecuatoriano vive “una crisis catastrófica”

«No es posible que quienes hayan obtenido el mayor puntaje terminen perdiendo por descarte», manifestó.

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«Gente poco calificada que compró su título en la Universidad Cooperativa de Colombia firma un informe de la Comisión de Fiscalización que intenta deslegitimar un proyecto que representaba los sueños de un país para cambiar su matriz productiva», dijo.

El exgerente señaló que Yachay era un referente de la educación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por su asignación presupuestaria. También comparó la inversión pública con proyectos tecnológicos como Silicon Valley.

Relató que la aprobación de Yachay contó con la firma de Decanos y expertos de Universidades como Cambridge y el MIT.

¿Errores metodológicos?

En cuanto al tema de glosas pendientes a funcionarios de Yachay, de acuerdo al exgerente, asambleístas como Ana Belén Cordero presentan errores de cálculo en este tipo de acusaciones. Afirmó que exigieron pericias judiciales para evaluar la infraestructura de los edificios señalados como riesgosos por el informe de esa comisión.

«No porque tomes una foto en Google Earth con un ángulo medio trucho vas a decir que el edificio está por caerse», aseguró.

Tres peritajes expertos de la función Judicial dictaminaron que no tenían falla estructural grave. Según Rodríguez, el abandono de 6 años por parte del Estado ha causado que las estructuras requieran mantenimiento y refuerzo. «Si hay una grieta en las gradas, no quiere decir que las columnas estén mal hechas», exclamó.

Cuestionó que el informe no responsabiliza de la deficiente construcción al contratista de la obra pública, en su caso, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y, que se pretende exponer estas fallas para destruirlas y no arreglarlas o rehabilitarlas.

Además, desmintió que el valor de inversión en Yachay que mostraba este informe es mucho mayor al monto señalado, en 2021, por el propio ministro de Finanzas, Simón Cueva.

Denuncia de pruebas fraguadas

Héctor Rodríguez expresó que los funcionarios del Gobierno intentan elaborar pruebas para demostrar una aparente red de corrupción dentro de la universidad Yachay.

«Hay una mentira estructural. Es creer que los ecuatorianos no podemos generar un proyecto de esta naturaleza. Hacernos creer que somos subdesarrollados por naturaleza y que el proyecto es inviable», dijo Rodríguez.

Como último punto, el exgerente dijo que hay mala fe en las argumentaciones políticas de actores como Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero y el excontralor Pablo Celi.

«Hay una postración geopolítica del Estado ecuatoriano dirigido por intereses neoliberales. Les conviene convertir al país en un país rentista. Quiere garantizar la supervivencia de negocios ociosos».

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En este sentido, las organizaciones y gremios educativos convocaron al Encuentro Nacional en Defensa de la Educación Pública, que se realizará el jueves 13 de enero del 2022. Según el comunicado, en este espacio se definirán las acciones de lucha, frente al Gobierno y su política neoliberal.

Las organizaciones advierten que al ratificarse la Proforma Presupuestaria, propuesta por el Ejecutivo vía el ministerio de la ley, se reducirán USD 218.66 millones para la salud pública y USD 311.47 millones para la educación.

Esta reducción de recursos implicaría falta de cupos para quienes buscan ingresar a la educación superior; menos presupuesto para mejorar la infraestructura educativa; poner en riesgo los programas de alimentación escolar, dotación de textos, uniformes y apoyo a estudiantes en situación de riesgo, programas de investigación, así como la estabilidad de la planta docente.

Asimismo, las organizaciones sociales reiteran que varias conquistas, alcanzadas con la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), corren peligro de no concretarse por falta de recursos. También enfatizan en que habrá menos becas para las universidades y sus programas de pregrado y postgrado.

“Es menester señalar que educación y salud son derechos constitucionales. La educación potencia la salud y, a su vez, salud potencia la educación; relación que lleva a posicionar estos dos derechos humanos como inseparables y prioritarios; mucho más ahora, en el actual contexto en el que se está retornando progresivamente a las aulas. Los recursos económicos son fundamentales y constituye responsabilidad del Estado garantizar el pleno ejercicio de estos y otros derechos humanos”, señala el comunicado.

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El proyecto de Ley contó con el apoyo de seis de los siete asambleístas que conforman el CAL. Solamente Ronny Aleaga (UNES) manifestó su voto en contra.

El pasado 17 de agosto, Lasso llegó al Pleno del Legislativo para presentar su proyecto de ley para la educación superior. En su disertación destacó que existen tres pilares: autonomía y libertad; ampliar la oferta de las universidades.

En su intervención, la presidente del Legislativo recalcó que la cosmovisión y saberes ancestrales de todos los pueblos y nacionalidades deben ser parte del sistema educativo del país. “Una verdadera reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior es lo que se requiere para todos los jóvenes del país”.

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El objetivo de la movilización es exigir presupuesto de calidad para la universidad pública. También que se discuta, en la Asamblea Nacional, la propuesta de la comunidad universitaria, para reformar la Ley Orgánica de Educación Superior.

Este proyecto fue presentado al Legislativo en meses pasados y según el presidente nacional de la FEUE, Marcelo Chiluisa, «responde a la realidad que vive la universidad ecuatoriana».

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es democratizar la educación universitaria, es decir, participar en la elección universal de todas las autoridades con un cogobierno del 50%.

Otro de los ejes es eliminar la Senescyt pues, según la FEUE, esta institución se burocratizó y no resolvió los problemas de la educación pública. También se plantea alcanzar una asignación presupuestaria de calidad.

Chiluisa aseguró que presionarán a la Asamblea, a través de foros y debates, para que recoja y discuta su propuesta.

«Hacemos un llamado a la Asamblea para que discuta la reforma a la LOES de manera acelerada. Que pueda poner ya en el debate, en el Pleno de la Comisión de Educación y en el Pleno de la Asamblea, las propuestas presentadas por el Ejecutivo y los sectores sociales”, expresó.

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Esto en referencia a la entrevista ofrecida al canal TC Televisión a la periodista María Fernanda Perrone, que se realizó en el patio de la institución.

En esta nota de Radio La Calle damos un vistazo a sus principales declaraciones, durante los primeros 30 minutos de esta entrevista:

Vacunas: “El éxito del programa de vacunación se debe a la diplomacia de las vacunas. Yo mismo hacía las llamadas para hablar con los representantes de los Gobiernos de Estados Unidos, China y Canadá”.

“Ese mismo ministerio de Salud que era ingobernable en la época de Moreno, nos ha permitido alcanzar ese gran logro de haber vacunado a nueve millones de ecuatorianos”.

https://www.facebook.com/ComunicacionEcuador/videos/227597279318874/

Salud: “no se trata de que vamos a privatizarlo todo. Lo que necesitamos es un plan de salud que coordine todo el sistema. No quiero estatizar los sistemas privados, ni privatizar los sistemas públicos”.

Corrupción sistema de salud: “Buscamos sistemas eficientes, que permitan más transparencia para luchar contra la corrupción”.

Desnutrición: “La idea es reducir en siete puntos, los indicadores de desnutrición luego de cuatro años de gobierno”.

Bonos sociales: “Eso es responsabilidad del Gobierno, al igual que la generación de empleo, por eso vamos a seguir entregando los bonos, necesitamos que lleguen a las personas que los necesiten. El bono llega, en la actualidad, a los afiliados del partido que gobernó los últimos 14 años”.

Senescyt: “no era importante cambiar la Senescyt (ofreció eliminarla). Lo importante es que los jóvenes puedan acceder a la universidad de su preferencia”.

Ingreso a las universidades: “debe haber cuántos sistemas de ingreso como universidades en el país”.

Carreras universitarias: “no me preocupa que se abran carreras universitarias, me preocupa la dictadura del Senescyt. No creo que las universidades abran carreras donde no vayan a tener estudiantes”.

Universidades de Garaje: “110.000 estudiantes se quedan sin estudiar cada año, además no hay empleo. No todos los jóvenes que se gradúan deben querer ser doctores, la sociedad también se compone de seguidores. Prefiero: un joven con una nota mediocre que cayendo en el vicio de las drogas”.

Ley Orgánica de Educación Superior: “entregamos primero la reforma a la LOES y luego decidimos que sería oportuno entregar el proyecto luego de un tiempo: había que hacerlo con habilidad”.

Empleo: “la curva de empleo empieza a recuperarse, sin duda el programa de vacunación facilita el emprendimiento”.

La entrada «No me preocupan que se abran carreras, sino la dictadura de la Senescyt», Lasso se publicó primero en La Calle.

“Estas han sido eliminadas por decisión propia de instituciones particulares que, recibiendo fondos públicos, ahora pretenden desentenderse del derecho de nuestros jóvenes de recibir una beca”, menciona el escrito.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Guillermo Lasso también señaló: “Aumentamos el presupuesto destinado a las universidades públicas para que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y exigimos a las instituciones particulares transparentar el uso de los recursos que reciben del Estado”.

La Senescyt recalcó que “a pesar de la crisis por efecto de la pandemia, el Gobierno Nacional ha presentado un presupuesto global destinado a las universidades que asciende a un total de USD 1106’100.966, lo que corresponde a un incremento de USD 28’767.646,87 entre 2020 y 2021”.

Asimismo, dice que el Gobierno envió al Consejo de Educación Superior (CES) la propuesta de una nueva distribución de fondos hacia las universidades para el último trimestre. “La finalidad de tal medida es contribuir a que el sistema público de educación superior, cuente con mayores recursos para ofrecer más cupos estudiantiles gratuitos y de calidad para quienes más lo necesitan”, afirma el documento.

En el comunicado, la institución enfatiza en que, por disposición de la Ley de Educación Superior, todas las instituciones particulares están obligadas a establecer programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas, a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares, con los resultados de su propia gestión.

De igual forma, indica que adicionalmente, aquellas que reciben fondos públicos, deben destinar todos esos recursos a personas que lo demanden por su condición económica, situación de vulnerabilidad, proximidad territorial, excelencia y pertinencia.

Detalle de presupuestos

En el comunicado, la Senescyt detalló los presupuestos para las universidades:

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“No hay cambios estructurales para resolver la crisis que vive la universidad pública. También se está violentando el principio de gratuidad al dejar la puerta abierta, para que las universidades cobren por los cursos de nivelación. Está violentando hasta la Constitución”, señaló Chiluisa, en una entrevista con radio La Calle

Afirmó, además, que esta propuesta está encaminada a beneficiar a las universidades privadas y perjudicar a la universidad pública.

“Lasso no habla de una reducción presupuestaria en la actualidad pero, con la propuesta, está dejando la puerta abierta para que se genere un proceso de privatización en la educación pública. Además, tampoco hay libre ingreso como él lo plantea. Una cosa es reformar el Consejo de Educación Superior, pero eso no elimina las intervenciones a las universidades”, señaló.

Las propuestas de la FEUE

Chiluisa indicó que la FEUE construyó, conjuntamente con docentes, trabajadores y algunas autoridades, una propuesta que fue presentada hace un mes en la Asamblea Nacional. “Esta es la propuesta que, efectivamente, responde a la realidad que vive la universidad ecuatoriana”, enfatizó.

Uno de los ejes centrales de esta propuesta es democratizar la educación universitaria, es decir, participar en la elección universal de todas las autoridades con un cogobierno del 50%. “No podemos permitir que la razón de ser de la universidad, que somos lo estudiantes, no seamos parte de la toma de decisiones”, aseguró.

Otro de los ejes es eliminar la Senescyt, pues a criterio del presidente de la FEUE, se burocratizó y no resolvió los problemas de la educación pública. También alcanzar una asignación presupuestaria de calidad. “No puede haber educación de calidad sin un presupuesto de calidad”, dijo.  

Recalcó también que desde la organización han señalado que se debe aumentar la inversión en educación, para que las universidades puedan ampliar la cobertura y los beneficios. “Actualmente se establece el 10% del presupuesto de cada universidad para becas. Hemos planteado que se eleve del 10% al 25%, para ampliar la cobertura de beneficios de becas”, mencionó.

Mensaje a la Asamblea

Chiluisa dijo que presionarán a la Asamblea, a través de foros y debates, para que recoja y discuta su propuesta.

«Hacemos un llamado a la Asamblea para que discuta la reforma a la LOES de manera acelerada. Que pueda poner ya en el debate, en el Pleno de la Comisión de Educación y en el Pleno de la Asamblea, las propuestas presentadas por el Ejecutivo y los sectores sociales”, expresó.

También dijo que no descartan las movilizaciones. “No descartamos las movilizaciones si el Gobierno busca recortar el presupuesto para la educación pública. La universidad pública no sobrevivirá un nuevo recorte. Con la reducción de 98 millones, este año, varias facultades no pudieron iniciar sus actividades”, señaló.

La entrada FEUE: “La propuesta de reformas presentada por Lasso no representa a la comunidad universitaria” se publicó primero en La Calle.

En un reporte del medio Tiempo Real, Almeida señala: “Hemos presentado junto a los rectores de las universidades cerradas injustamente, los 13 rectores, para rehabilitar las universidades inmediatamente. El pueblo ecuatoriano necesita estudios. Nuestra juventud, 2 millones de jóvenes tendrán la oportunidad de estar en las universidades populares, en cada una de las provincias”

En 2012, el entonces presidente Rafael Correa cerró 14 universidades por deficiencia en la calidad educativa. El cierre lo ejecutó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), como parte de un plan para acabar con las universidades de «garaje» y mejorar el nivel académico.

El diagnóstico de estas 14 instituciones fue negativo. No contaban con suficientes profesores; un bajo porcentaje de ellos eran de tiempo completo y menos del 2% tenían doctorado o maestría. Además, la infraestructura era pobre e inadecuada; carecían de computadores y el número de libros por estudiante fue prácticamente nulo. Tampoco hacían investigación ni publicaban en revistas indexadas.

Según el Senescyt, el desempeño de los estudiantes de estas universidades tampoco fue óptimo. Los datos de la institución señalaron que en la prueba de conocimiento general obtuvieron, en promedio, 3 sobre 10. Mientras que, en exámenes específicos, la calificación fue de 4 sobre 10. De igual forma, se establece que el examen general de lectura fue reprobado por el 90% de los estudiantes.

Siete instituciones se encontraban en Pichincha y las otras siete estaban ubicadas en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Morona Santiago y Napo.

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“Bajo nuestra propuesta de transformar y modernizar el Sistema Educativo eliminaremos el examen de acceso a la educación superior (EAES), en su lugar habrá una evaluación que medirá competencias y habilidades. Adicionalmente tomaremos un test de orientación vocacional que permita tener una idea clara del campo”, declaró Ribadeneira en un video.

“Este es un gobierno del encuentro, responsable y con visión enteramente social. El proceso de admisión iniciará la cuarta semana de junio. Jóvenes tengan la seguridad que trabajaremos con todos los actores del sistema de educación superior para transferir el proceso de admisión a las instituciones de educación superior fomentando su autonomía”, añadió.

Acceso a la educación superior

El examen de acceso de educación superior (EAES) está dirigido a los estudiantes de tercero de bachillerato que desean ingresar a las Universidades e Institutos Tecnológicos del país. Tiene un temario dividido en cuatro materias: Matemática, Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

El EAES permite a los alumnos acceder tanto a un cupo en la educación superior como al título de bachiller en sus respectivos colegios. El examen de ingreso a las universidades se incorporó a la realidad estudiantil nacional desde 2012.

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Pues bien, esto ya es de dominio público y de un intenso debate en las redes sociales, porque llama la atención que todo esto venga del rector de una universidad. Sin embargo, solamente indagando superficialmente a Gangotena se puede encontrar un sinnúmero de mentirillas y otros pecados del canciller de la USFQ.

El polémico tuit

Por ejemplo, en 2016, la ciudadana con usuario de Twitter Alexandra @AlecCardenas le respondía un tuit a Gangotena: «porfa paga las cuotas de condominio» a lo que este le contestaba: «saca los paraburros! Yo pagaba por adelantado». En el mismo hilo, Alexandra escribe que debe su cuota de condominio ya cuatro años y remata diciéndole que es una payasada que ponga de pretexto que no paga por los paraburros (rompevelocidades), haciendo una analogía que con esa misma lógica no pagaría impuestos a la ciudad por tener rompevelocidades y porque el alcalde es malo. Pero, ¿es verdad todo este episodio? ya que en redes se ha visto una foto de ese hilo. Pues sí, es verdad y aquí el hilo, a pesar de que Santiago Gangotena lo borró:

Los pecados

Y bien, ahora preguntémonos si realmente es verdad que Santiago Gangotena debe las alícuotas de su condominio, y sí, también es verdad y así consta en la denuncia interpuesta el 31 de julio de 2020 por parte de la Urbanización Pillagua con número de proceso 17230202007211 que consta en la página del Consejo de la Judicatura donde se puede leer que el canciller de la Universidad San Francisco de Quito debe la suma de USD$12.158,00 por el concepto de obligaciones de condominio.

Las mentirillas

En su investigación, Radio La Calle notó algunos datos inexactos de Santiago Gangotena. Por ejemplo, en el Perfil de Santiago Gangotena que consta en la página oficial de la Universidad San Francisco de Quito se lee que tiene una Maestría en Física Nuclear por la Universidad de Auburn, Estados Unidos. Sin embargo, en el sitio de consulta de títulos de la SENESCYT consta como una licenciatura que equivale a un tercer nivel y no a un cuarto nivel de maestría.

Pero lo más curioso de esto resulta ser que las universidades donde Santiago Gangotena ha estudiado son PÚBLICAS, así consta en el listado de universidades públicas de los Estados Unidos de Norte América. ¿Cómo es que en una de sus intervenciones el canciller de la Universidad San Francisco de Quito dice que es nefasto que los niños ingresen al sistema adoctrinador público?

Impresiona ver declaraciones tan desacertadas de parte de un rector de una universidad del país y las mentirillas y pecados del canciller de la Universidad San Francisco de Quito. Y la cosa no para ahí, hay más y ya vendrá.

El «bonus track»

Miren los comentarios que la gente le da a Santiago Gangotena en YouTube en el evento de TEDx. ¡Sin palabras!

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De los 188.945 estudiantes que rendirán la evaluación a nivel nacional, 3.490 lo harán en una sede asignada por la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para garantizarles equipo y conectividad con condiciones de bioseguridad. Adicionalmente, en esta ocasión rendirán 1.393 personas con discapacidad.

El examen es de opción múltiple, está compuesto por 80 preguntas organizadas en cuatro campos de conocimiento que constan en el currículo educativo nacional: matemáticas, lengua y literatura, ciencias naturales y ciencias sociales. El tiempo establecido para rendir el examen será de 2 horas en el caso de la población general y 3 horas para la población con discapacidad.

Esta será la primera ocasión que el examen se realizará 100% en línea. El examen de acceso a la educación superior representa el 60% de la nota de postulación por un cupo.

Lo que debes conocer sobre el examen

• El 11 de septiembre de 2020 los estudiantes recibieron un correo con información importante para saber cómo rendir la evaluación.
• En el caso de no haber recibido algún correo, el estudiante puede averiguar la información en la página www.examenadmision.senescyt.gob.ec
• No se debe instalar el aplicativo (EAES), si el computador que usa el estudiante es el mismo que utilizó para realizar los simulacros.
• Para mantener la estabilidad en la página, el internet debe ser de al menos 5MG.
• Si el estudiante va a rendir su examen en alguna sede, debe tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad y acudir a la sede 30 minutos antes.
• El estudiante debe portar los documentos identificativos como cédula, pasaporte, carnet de refugiado o carnet escolar.
• Las preguntas deberán contestarlas en orden, ya que el sistema no permite retroceder.
• El aplicativo bloqueará todos los navegadores y la función de captura de pantalla.
• Al finalizar la prueba el estudiante tendrá su puntaje, es necesario que se descargue y se guarde el documento.

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“No se debe considerar que se dio luz verde a un recorte. La Corte constitucional lo que hace es un esfuerzo constitucional con el fin de coordinar adecuadamente como se utilizan los presupuestos”, dijo Gonzalo Lascano, coordinador jurídico del MEF.

Lascano se refirió de manera enfática al artículo 20 numeral b de la Ley Orgánica de Educación Susperior (LOES). Este indica que uno de los componentes del presupuesto son las rentas establecidas en la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO).

EL FOPEDEUPO, entre otras cosas se compone de un 10% de la recaudación del IVA y un 1% del impuesto a la renta. “El presupuesto a la educación superior no fue reducido. El presupuesto no es una realidad es una herramienta técnica”, añadió.

Mantener la calidad con el nuevo presupuesto

Por otro lado, la sentencia también insta a las Universidades a restructurar sus respectivos presupuestos sin afectar la calidad de la educación.

“La Corte decide instar a las Facultades y Escuelas Técnicas para que, en el contexto de la crisis económica que atraviesa el país y en el ejercicio de responsabilidad y solidaridad. Por mandato de la constitución y la ley mejoren inmediatamente la racionalización y optimización del gasto sin afectar a la calidad de la educación”, indica el fallo de la Corte.

La Educación Superior atraviesa momentos difíciles en el país. Los profesores universitarios no reciben sus sueldos desde hace dos meses y tampoco percibieron el décimo. El recálculo dificulta las medidas de casa Universidad.

El 9 de septiembre, la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto las acciones de incumplimiento presentadas por miembros de las Universidades Públicas. Las acciones se prestaron por el recorte de USD 98 millones para 12 Universidades Públicas.

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