Según un comunicado firmado por más varias organizaciones defensoras de derechos humanos, cientos de personas se congregaron en el parque central de Puerto del Carmen para disfrutar de las fiestas del carnaval. Entre ellos, Luis Sebastián C., de 16 años, y los hermanos Kevin M., de 19 años, y Johan M., de 16 años.

Alrededor de las 21h00, los tres jóvenes decidieron pasear en motocicleta por las calles aledañas, una actividad común entre los adolescentes de la localidad. Sin embargo, cerca del cuartel de la Capitanía de la Marina, en la calle Simón Bolívar, se encontraron con una camioneta del Batallón de Selva Nº 55. De acuerdo a testigos, sin mediar provocación alguna, los militares abrieron fuego contra los jóvenes. Kevin y Johan resultaron gravemente heridos, mientras que Luis Sebastián sufrió lesiones de menor consideración.

La respuesta estatal: Hostigamiento, negligencia y encubrimiento

Los hermanos Kevin y Johan fueron trasladados de urgencia al Hospital Provincial de Sucumbíos, en un viaje que tomó tres horas. Sin embargo, su madre denunció que, desde el momento del ingreso, fue objeto de hostigamiento y seguimiento por parte de policías y militares. Además, afirmó que el personal médico le negó información sobre el estado de salud de sus hijos y no le permitió verlos, mientras que agentes policiales sí tuvieron acceso a la sala donde se encontraban.

El 4 de marzo, Johan M. falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Su muerte no fue comunicada oficialmente por el hospital, sino que la madre se enteró a través de un empleado de una funeraria privada. La familia denunció que no se le permitió ver el cuerpo de su hijo antes de que se realizara la autopsia sin su consentimiento, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia del proceso.

La comunidad se levanta: Marchas y exigencias de justicia

El mismo día del fallecimiento de Johan, la comunidad de Puerto el Carmen realizó una marcha pacífica hacia el Batallón Militar Selva 55. Decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos, exigieron justicia y responsabilizaron a los militares por la muerte de Johan y las heridas de Kevin y Luis Sebastián. Los manifestantes rechazaron el comunicado oficial del ejército, que intentó justificar el ataque, y denunciaron la estigmatización de los jóvenes como una estrategia para encubrir la violencia indiscriminada.

Durante la marcha, el comandante del batallón se solidarizó con las familias y prometió colaborar con la investigación. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la institución militar han sido acusados de dilatar el proceso y obstruir la justicia. Testigos aseguran que, tras el ataque, los militares recogieron los casquillos de bala antes de abandonar el lugar.

Un patrón sistemático de violencia estatal

Este caso no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos han señalado que se enmarca en un patrón sistemático de violencia estatal contra jóvenes racializados y estigmatizados, particularmente en contextos de militarización y estados de excepción. La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en múltiples ocasiones que no se ha acreditado la existencia de un conflicto armado interno en el país.

Durante el sepelio de Johan, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos leyeron un manifiesto en el que responsabilizaron no solo a los militares involucrados, sino también a toda la cadena de mando. Entre sus exigencias se encuentran:

1. Reparación integral para las víctimas y sus familias, incluyendo compensación económica, atención psicológica y garantías de no repetición.
2. Investigación diligente y sin dilaciones para identificar a todos los responsables, incluyendo a los mandos superiores que autorizaron o encubrieron los hechos.
3. Protección para las familias, testigos y defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de ataques digitales y hostigamiento.
4. Verdad, justicia y garantías de no repetición, para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

Además, las organizaciones exigieron a la Corte Constitucional y a la Fiscalía General del Estado que actúen con celeridad para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

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El caso Manuela Sáenz

Según el informe de la Comisión de la Verdad (2010), el 29 de septiembre de 1986, miembros de la Policía Nacional recibieron la orden de allanar una casa en la calle Manuela Sáenz. Presumían, según investigaciones anteriores, que la vivienda servía de casa de seguridad para los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). El operativo se produjo a las 23:00 y en la casa estaban: José Luis Flores, Sayonara Sierra y Robert Regalado.

Aunque el parte policial indicaba que hubo un enfrentamiento y que las tres personas murieron por los disparos recibidos. Testimonios recabados a lo largo de los años por los familiares de las víctimas expresan que se trató de ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el padre de Sayonara, la policía entró a la vivienda tras amenazar a la familia propietaria del inmueble para dejarlos pasar. Amordazaron a los jóvenes y procedieron a ejecutarlos. En las denuncias se habla inclusive de violación por parte de los policías hacia Sayonara por los restos de semen que se habrían encontrado en su cuerpo.

Aunque Sayonara no era parte de AVC, una conclusión a la que llega el informe visitaba regularmente a su esposo cuando entró en la clandestinidad. Aún así los informes de la Policía la tenían en la mira como miembro del grupo. Hasta 2008, muchos vecinos tenían miedo de declarar lo que había sucedido esa noche.

“En este punto, debemos resaltar que un equipo interdisciplinario de investigadores de la Comisión de la Verdad visitó el lugar de los hechos en febrero de 2009. Tal como denuncia Orlando Sierra en su oficio, y aún 23 años después del operativo, las personas que viven en el vecindario se niegan siquiera a hablar sobre lo ocurrido. En ningún caso fue permitida la grabación en audio, ni quieren hacer públicos sus nombres. Los dueños de la casa allanada en septiembre de 1986 viven en el inmueble todavía; al identificarse el equipo investigativo como de la Comisión de la Verdad, literalmente, le cerraron la puerta”.

Revise el caso completo aquí: https://www.corteidh.or.cr/tablas/26980.pdf

Prisión preventiva para Ernesto

La tía de Ernesto, Natalia Sierra ha sido clara en responsabilizar al gobierno si algo le sucede a su sobrino. La familia atraviesa por segunda vez la persecución del gobierno. Ocho miembros del Movimiento Guevaristas guardan prisión preventiva. La Fiscalía los acusa de por presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados.

De acuerdo con las autoridades, en los allanamientos se levantaron varios indicios como la posesión de armas de fuego y municiones. Además, Fiscalía dice que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y en el Oriente. Esto con la finalidad de formarlos militarmente en la frontera de Colombia – Venezuela. MIB

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