«Mi repudio a la ilegal e inconstitucional pretensión de concesión del campo Sacha por parte del gobierno, que, en un concurso de hechos lesivos para el Estado, han instrumentalizado las condiciones para retirar la explotación del campo a Petroecuador y, a través del Ministerio de Hidrocarburos, entregarlo a manos privadas, en un proceso con claros vicios de ilegitimidad que le traerá millonarias pérdidas al país», escribió la autoridad en su cuenta de X.

https://twitter.com/VivianaVelozEc/status/1894896108637163988

La Comisión de Fiscalización se encuentra realizando las comparecencias respectivas para averiguar las razones detrás de esta concesión. El 26 de febrero recibió al procurador General del Estado, mientras que la ministra de Energía, Inés Manzano, se ha excusado dos veces de asistir.

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A ocho meses del retorno de la Asamblea Nacional, luego de haber sido disuelta en mayo de 2023 por muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso, varios han sido los tropiezos que el Legislativo ha tenido en sus funciones de fiscalizar el accionar político del país, cada vez más envuelto en escándalos de corrupción. La falta de consenso, los saltos entre bancadas de algunos asambleístas y el divorcio con el Ejecutivo modifican casi a diario las agendas legislativas.

Los intereses particulares de los legisladores que aspiran una nueva candidatura y los cuadros para los comicios del 2025 han venido moviendo rápidamente las fichas en las últimas semanas. Las bancadas con más camisetazos en este corto periodo han sido Construye y la Revolución Ciudadana, así como una de las más beneficiadas ha sido el oficialismo que empezó con 14 asambleístas electos, en noviembre de 2023, pero a la fecha cuenta con un total de 36 curules para el voto.

A pesar de estos movimientos, la RC sigue siendo la bancada con mayor número de adheridos y a ADN aún no le alcanzan los curules para darle la gobernabilidad al presidente Noboa, más aún, luego de su intento de eliminar a Construye del listado de organizaciones políticas y del anunciado desmarque del Partido Social Cristiano de las líneas del gobierno. Sin embargo, en las recientes votaciones del pleno de la Asamblea estas dos bancadas han vuelto a respaldar al oficialismo. No es una sorpresa, pero en todo caso las agendas están permanentemente moviéndose en función de las necesidades de las cúpulas políticas y a conveniencia de los pactos que por debajo de la mesa deban hacer.

Las disputas entre asambleístas, y asambleístas y autoridades de gobierno también son parte de toda esa novelización. Los recientes episodios como la supuesta declaración de inhabilidad mental a Noboa, que saliera de su propia bancada; la necesidad de denunciar a un expresidente por declaraciones que tendrían consecuencia en la economía nacional; y, la sorprendentemente ágil investigación de tráfico de combustibles que involucraría al alcalde de Guayaquil, lejos de darnos una garantía de democracia, solo nos recuerda los vergonzosos capítulos del extinto Congreso Nacional, así como sus pocas y eficientes gestiones.

El poder legislativo y fiscalizador de la Asamblea Nacional es el nuevo poder político. Hoy, incluso, tenemos a la función judicial inmiscuida en la legislativa para coadyuvar a estos objetivos. Durante, al menos los tres últimos gobiernos, el uso de los juicios políticos ha venido reflejando la dinámica política y social del país. Este mecanismo que debería fortalecer la democracia y la transparencia en la administración pública se ha convertido en la principal herramienta para la persecución política. Se ha convertido en la nueva vieja confiable para eliminar radicalmente a los adversarios.

En poco más de medio año lo único visible ha sido la cantidad de juicios políticos a ex y actuales autoridades y la designación de autoridades de control, que ha subido las tensiones dentro del Legislativo. Hoy tenemos 3 autoridades posesionadas; 5 exministros y vocales de la Judicatura censuradas; 5 juicios archivados suspendidos, entre los que está el de la Fiscal General; y, 20 procesos de juicios políticos pendientes. Estos escenarios complejizan la comprensión del valor de la institución parlamentaria y facilita la espectacularización de la política.

Lo peor de todo es que en este fragmentado funcionamiento del sistema político del país, el pueblo, el mandante, ha sido omitido de todos estos repartos. Aunque la historia política es cíclica y siempre permitimos que vuelva, debemos dejar de ser meros espectadores y exigir a nuestros gobernantes que nos den resultados de su función pública. Estamos atravesando una de las peores crisis de la historia, y no es posible que nos consuma el espectáculo que se está normalizando de manera escandalosa.

Mira la entrevista completa en La Cita con Jackie

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Quito, 10 jul (La Calle).- Henry Kronfle tomó el micrófono una vez más y, en cadena nacional, salió a responder las declaraciones del presidente Daniel Noboa en un enlace radial este lunes en Guayaquil. Kronfle expresó que lo hace obligado asegurando que “la nueva política no puede ser la vieja política de las mentiras”. Aclaró que no considera su testimonio como una réplica, sino una necesidad de informar a los ecuatorianos lo que es, a su criterio, la verdad.

El presidente del legislativo recalcó la labor del parlamento en favor de la ciudadanía, destacando la aprobación de 25 leyes durante el actual periodo, asegurando que la mayoría están directamente relacionadas a afrontar el tema de seguridad.

Kronfle negó la acusación del presidente sobre la existencia de un pacto para liberar a personas privadas de la justicia. Siendo esta una supuesta referencia a una maniobra en favor del ex presidente Rafel Correa y a una supuesta alianza entre la Revolución Ciudadana y PSC en contra de la bancada del gobierno (ADN).

En múltiples ocasiones,  el legislador sostuvo que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo sólo se puede recuperar siempre y cuando se trabaje con la verdad. Además, comentó sobre la aprobación de la ley que aplica la consulta popular realizada en abril pasado, rechazando la acusación de que el legislativo haya querido reducir las penas, ratificando que la ley se aprobó igual como fue enviada por el ejecutivo. A esto añadió: “Yo no sé quién asesora al presidente de la República. Pero quien lo esté asesorando no puede seguir a lado de él, lo está haciendo cometer errores garrafales.”

«Bullying político»

De igual manera, el presidente del Parlamento habló sobre las reformas del COIP derivadas de la consulta popular, impulsadas por la bancada del PSC. Kronfle acusó al oficialismo de realizar un tipo de “bullying político” al asegurar que la Asamblea se había pasado de la fecha límite de aprobación de las leyes. Aseguró que se aprobaron dentro del tiempo establecido. Además afirmó que, en cambio, las reformas no recibieron apoyo del oficialismo en el Pleno, con el motivo de darle impulso a la consulta popular.

Durante la emisión, Henry Kronfle también expresó su sospecha de que esta guerra mediática por parte del ejecutivo se debe a la cercanía de las elecciones presidenciales del 2025. Recordando que al inicio del mandato el Gobierno y la Asamblea eran “mejores amigos». Cuando el ejecutivo buscaba apoyo a la declaratoria de conflicto armado y se buscaba aprobar leyes económicas urgentes, y “hoy que entramos en una contienda electoral, ya somos enemigos.”

Asimismo, Kronfle calificó como falsa acusación, su participación detrás del juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, promovido por la Revolución Ciudadana, debido a la incursión de la Policía a la Embajada de México en la capital. Recordó que, dentro de las 40 firmas de respaldo en el proceso de fiscalización, ninguna lleva su nombre y tampoco el de ningún miembro de PSC.  

¿Un pacto?

Finalmente, Kronfle desmintió la idea de un pacto para salvar a Willman Terán, reiterando que su bancada (PSC) votó a favor de que el proceso continúe. De la misma forma, Kronfle también fue confrontado con el hecho de la Asamblea rechazó ya tres veces la solicitud de la bancada de ADN para la creación de un Comité que analice las controversiales declaraciones del ex mandatario Rafael Correa sobre invadir el puerto de Guayaquil y parar la economía del Ecuador.

Frente a esto, el legislador respondió que la Asamblea solo puede fiscalizar a los servidores públicos durante sus funciones o hasta un año después de haber dejado el cargo, con base a la ley orgánica de la función legislativa, asegurando que “no estamos protegiendo al expresidente Rafael Correa». Además, recomendó que si el Gobierno quiere tomar acciones frente a Correa «vayan a la Fiscalía y presenten su denuncia».

Al concluir la entrevista, Kronfle ratificó que no permitirá que se manche el trabajo de la Asamblea por motivos electorales, que el Legislativo “dialoga, resuelve y avanza” y lo más importante que es hora de “menos bla bla bla y más acción.” (N.C)

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«Más allá de las reacciones infantiles de algunos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones. La más evidente, tuvieron que cancelar la sesión 932, prevista para es día, la única sesión nueva en la que se pueden proponer cambios del orden del día, donde estaba previsto el cambio por parte de un grupo parlamentario que rechazó el cancelar esa sesión», dijo el funcionario en referencia a la bancada de la Revolución Ciudadana.

En rueda de prensa, Torres añadió que el tema del veto limita la función de colegislador del presidente de la República. Que el procurador de la Asamblea, a nombre de Henry Kronfle, habría pedido a la Corte Constitucional que «interprete que el veto del presidente tiene razones constitucionales y por ende debe ser un veto por constitucionalidad y no total». Para el viceministro, existe «un tema de revanchismo por temas no jurídicos sino electorales. Se están preparando para lo que viene y por eso la consigna es atacar y destruir al Gobierno».

Sobre la focalización del subsidio a los combustibles, Torres indicó que se reunirán el 10 de junio con los sectores sociales e indígenas. «Tenemos la prudencia de ver qué pasa el día sábado (8 de junio) y poder continuar con los diálogos que se trasladaron también al sector empresarial educativo y de transporte».

Ante las declaraciones de Kronfle de cambiar de vocero, el viceministro expresó. «Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado. No estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso».

En la otra orilla…

El presidente del Legislativo respondió respecto a la enmienda constitucional y el tema del veto. «El viceministro de Gobierno asegura que las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea son los más malicioso del plan antiNoboa. Podemos concluir que Torres es el plan antiNoboa porque el señor Torres dio su apoyo con su firma al proyecto de enmiendas».

Añadió que sobre «los chismes de pasillo» a los que se refiere el viceministro sobre apelar a su presidencia que no son ciertos. «Tengo aquí a los partidos políticos a mi lado y se acaban de reunir hace cinco minutos la jefa de bloque del propio gobierno a pedir que conversemos y llevar un ambiente de paz entre todas las bancadas». (MIB)

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El pasado 29 de enero la Comision de Régimen Económico aprobó con ocho votos a favor y uno en contra el planteamiento relacionado a la extinción del dominio.

El objetivo de la propuesta del Ejecutivo busca mecanismos más rápidos para la monetización de los activos de origen ilícitos. Una de las alternativas es que la Procuraduría presente la acusación particular dentro del procedimiento de extinción de dominio e impulse las diligencias probatorias relacionadas con la investigación patrimonial.

¿Qué es la extinción del dominio?

La extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de las actividades ilícitas, consisten en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes de origen o destinación ilícita.

”Al destinar los bienes decomisados a fines sociales o a compensar directamente a los
perjudicados, se busca mitigar el daño causado, generando un impacto positivo tanto en
las personas afectadas como en la aceptación social de esta medida”, propuso el Ejecutivo.

El proyecto de ley puso sobre la mesa varias propuestas que generaría cambios en los procesos judiciales:

• Los delitos contra los recursos naturales mineros se suman a la lista de actividades ilícitas por extinción de dominio.
• La monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, deberá ser destinada en un 80 % a inversión en programas viales, sociales, deportivos y culturales.
• Las personas particulares podrán ser procesados por interferir en las acciones encaminadas a entorpecer la extinción de dominio, no solo los funcionarios públicos.
• El incremento patrimonial injustificado sería una causal de extinción de dominio.
• La investigación patrimonial se reduce del plazo de doce meses a tres meses.
• El investigado podrá acceder a acciones reparatorias civiles o penales si se archiva el caso y se puede reabrir hasta un año después de archivado.
• El acusado tendrá 15 días para responder a la demanda, actualmente el plazo es de 30 días.
• El 10% de lo recuperado se destinará a la modernización y el desarrollo tecnológico de Fiscalía.
  

Cuestionamientos

El asambleísta del PSC, Jorge Álvarez, tras aclarar que respalda la extinción de dominio cuando es producto de actividades ilícitas, argumentó su posición en contra del primer informe de la Comisión de Régimen Económico.

Argumentó que no está de acuerdo que “estos ilícitos previamente no tengan sentencia condenatoria, pues es imposible que en la búsqueda de extinguir bienes mal habidos se perjudique a la propiedad privada de personas que hicieron patrimonio respetando la ley”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, enfatizó en que hay que realizar modificaciones a algunos incisos de la propuesta del gobierno. Por ejemplo, la etapa procesal en la que la justicia podrá enajenar de sus bienes a la persona sentenciada.

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Desde su campaña electoral, el actual mandatario anticipó una Consulta Popular como un mecanismo para combatir la inseguridad en el país. Ahora la CC deberá dar el visto bueno al pliego de preguntas enviadas por el Ejecutivo, posteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE) se encargará de ejecutar el proceso para que los ecuatorianos acudan a las urnas.

En su momento, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, manifestó que el proceso se llevaría entre cuatro o seis meses. También, cuestionó que este no sería un mecanismo fácil o sencillo, pues se necesita cuadrar todo el aparataje sistemático de acuerdo al presupuesto. La Consulta Popular ejecutada por el presidente Guillermo Lasso el pasado 5 de febrero le costaron al país USD 17.7 millones.

Pliego de preguntas

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1?

2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?

4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?

5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?

7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?

8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8?

9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de
Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?

10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?

11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?

Reacciones

Para el abogado constitucionalista André Benavides, las preguntas se podían viabilizar con las facultades ordinarias del Ejecutivo y proyectos de ley, más aún, si hay mayoría en la Asamblea. Resaltó que las preguntas no tendrían problemas al pasar por la CC, sin embargo, considera importante revisar loas anexos.

»Yo hubiese reformado la Constitución para blindar a la Corte Nacional de las garras de los políticos, fortalecer el proceso de designación de vocales del Consejo de la Judicatura y fortalecer la institucionalidad del Estado», dijo en X.

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«Este decreto ley es muy claro. Atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional, la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos», dijo Arosemena sobre la normativa.

Agregó que el Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Asamblea hace dos años. «La Asamblea, en ese entonces, fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. Hoy lo presentamos con mejoras».

¿Qué dice la ley?

Entre los principales temas están la creación de zonas francas para «fortalecer nuestras capacidades de exportación y producción a través de un marco jurídico moderno», según el ministro.

Entre los puntos del decreto ley están:

• Exoneración del Impuesto a la Renta (IR) por 10 años a las iniciativas públicas, privadas o mixtas. 15 años si están en zonas fronterizas
• Una vez terminado el período, reducción de 10 puntos porcentuales en el IR mientras dure la autorización de la zona franca.
• Exención de tributos al comercio exterior, con excepción de las tasas por servicios aduaneros para importaciones de insumos, bienes de capital y materias primas destinadas a la zona franca.
• IVA 0% para la adquisición de insumos, materias primas y bienes de capital importados o nacionales que se destinen exclusivamente a la zona autorizada.
• Exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD)en importaciones de bienes y servicios para la actividad registrada.

La zonas francas durarán 20 años. Los administradores deberán realizar una inversión de USD 100 mil en los primeros cinco años, los operadores no tendrán monto mínimo de inversión. (MIB)

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Según los simuladores del conteo de voto del CNE, es posible que el escrutinio tarde alrededor de seis horas.

También, indicó que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) iniciarán este proceso el domingo 5 de febrero, desde las 18:30 y es probable que finalice a la medianoche o a la madrugada del 6 de febrero.

“De conformidad con el análisis técnico, se determinó que el tiempo utilizado para el escrutinio simultáneo de las dignidades seccionales es de 05:58 horas; para el Referéndum y CPCCS es de 05:34 horas. Todo esto con la participación de los cinco MJRV, en grupos de trabajo de dos y tres personas”, señaló el CNE.

Además, el informe detalla que en los comicios se activarán 4.380 recintos electorales. De todos estos, 4.013 son unidades educativas, 63 universidades y 304 infraestructuras de otro tipo.

“En tal sentido, se solicita al presidente de la República que, en el ámbito de sus facultades constitucionales y legales, suspenda la jornada de trabajo del lunes 6 de febrero de 2023 (recuperable) para el sector público y privado”, explicó el CNE.

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Hay que entender que dos de las preguntas (sobre la participación de militares en el control de seguridad ciudadana y eliminar funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) no necesitan enmienda sino una reforma parcial ¿Qué significa esto? Según el artículo 442 de la Constitución ecuatoriana:

«La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación».

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El siguiente paso

De acuerdo con el abogado Ramiro Aguilar, es complicado que estos dos temas se aprueben en la reforma parcial. «La seis preguntas que pasaron van a la Consulta Popular, pero las otras dos deben pasar primero por la Asamblea y luego al referéndum sino no se aprueban».

El control de constitucionalidad, por otro lado, al que se refiere la CC pasará después de la Consulta para determinar si es pertinente su aplicación. Es una disposición de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales.

Artículo 127. – «Alcance.- La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular. El control de constitucionalidad se ejercerá en los mismos términos y condiciones que el control previsto en la Sección Tercera del Capítulo Cuarto del presente Título, y estará encaminado a garantizar la libertad de la electora o elector y la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento. Las disposiciones jurídicas que fueren el resultado de un referendo, se someterán al régimen general del control constitucional.

Por lo tanto, es posible que el Ejecutivo ya empiece con el proceso en el Consejo Nacional (CNE).

¿Pasará la Consulta?

Para el jurista, el desprestigio del Gobierno es una señal de un posible fracaso de la Consulta Popular en las urnas. «Por cuestión de economía, la Consulta Popular debería coincidir con las elecciones seccionales de 2023. Veo al Gobierno tan débil que no sé si llegue a febrero del 2023 y si llega, lo hace con nueve de cada diez ecuatorianos detestándolo».

Añadió que la forma en cómo responderán esos nueve ecuatorianos insatisfechos con el Gobierno es botando no en la consulta. «El Gobierno es un boxeador contra las cuerdad, muy débil que apenas puede sostenerse. (…) No sé si llegue a febrero, pero si lo hace, su legitimidad está por los suelos». (MIB)

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En la sede de la Asamblea Nacional se abrió la nueva mesa seguridad. A la reunión asistieron las autoridades del Legislativo, delegados del Gobierno, representantes de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia y Policía Nacional.

También se tenía prevista la comparecencia del ministro del Interior, Juan Zapata, pero se excusó debido a la emergencia en la Penitenciaría del Litoral.

Alternativas de solución

En representación de la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, planteó sus aportes. Desde la institución se abrió una mesa de trabajo para generar una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). La iniciativa se da con base en la experiencia de las juezas y jueces del país en el ámbito de la aplicación de leyes.

Por su parte Ángel Torres, defensor Público (e), expuso algunas alternativas como la asignación de recursos a la fuerza pública, supervisión permanente en las cárceles, organización de los barrios y el apoyo de las empresas y Gobiernos Autónomos. Además recalcó la importancia de su rol en el soporte jurídico.

‘‘Sin defensa técnica no hay audiencias, sin un debido proceso se abre la puerta a la impunidad’’, subrayó.

Dinamizadores de violencia

Como delegado de la Policía Nacional, el general Mauro Vargas enfatizó su intervención en el tráfico de droga. Según el funcionario, el 90 % de las muertes violentas está vinculado con este problema.

Agregó que la próxima semana la institución presentará un programa de fortalecimiento y transformación de la Policía Nacional basado en seis ejes que abarcan la comunicación, identidad, modelo de servicio, integridad, legitimidad y confianza.

En complemento, el asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, se refirió al sicariato como un problema que trae el reclutamiento de menores de edad.

El parlamentario puso sobre la mesa un tema controversial para la discusión nacional como la portación de armas. A pesar de ser un tema ‘tabú’ considera que es necesario hablarlo puesto que ‘’no vivimos en un mundo que se encuentra desarmado’’.

‘‘Y es evidente que los delincuentes con o sin ley están armados y seguirán armados’’, resaltó.

La mesa de diálogo estará a cargo de la comisión de seguridad presidida por el asambleísta de Izquierda Democrática (ID), Ramiro Narváez. Para el legislador es fundamental un trabajo en conjunto que determine acciones concretas.

‘‘Desde hace un año le hemos solicitado al Gobierno que construyamos la política criminal, sospecho que el Ecuador es el único país de la región que no tiene una política criminal, que son las acciones, planes y estrategias no solo para combatir el crimen sino también para prevenirlo’’, dijo Narváez.

Se tiene planteado que las instituciones convocadas conformen sus comisiones de delegados para reunirse, de ser necesario, dos veces por semana. (A.G)

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«Hago un llamado a los asambleístas que viajaron a Rusia. Considero que, más allá de los temas de política exterior ecuatoriano, es una irresponsabilidad porque el ejemplo de las autoridades del Estado debe ser actuar con prudencia», expresó en entrevista.

Añadió que pedirá información al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela sobre este viaje de carácter privado. «Cuando tenga la información, podré expresar mi opinión, pero no hay duda que han cometido, inclusive, un acto contra lo que la ley menciona. La política exterior del país debe ir ligada a lo que el Ejecutivo posiciona«, advirtió.

Según Holguín, la política exterior no es de los asambleístas sino del Estado. «En otros países esto sería causal de destitución».

¿Para qué viajaron a Rusia?

El viaje de los legisladores a Rusia tuvo por motivo el encuentro con sus similares de ese país. El presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre Ecuador y Rusia, Daniel Noboa, costeó el viaje.

En este grupo están: Daniel Noboa, Marcela Holguín, Pamela Aguirre y Johanna Ortiz (UNES), Vanessa Freire (BAN), Johanna Moreira (ID) y Jorge Abedrabbo (PSC).

Ortiz informó que el viaje era un punto que ya habían planeado con anterioridad y aprovecharon la semana de receso legislativo para realizarlo. La idea de este viaje, dijo Ortiz a diario El Universo, es mantener un intercambio interparlamentario para compartir experiencias en temas relacionados con comercio y cultura. Se dejó abierta la invitación a los pares de Rusia para que visiten Ecuador para la firma del acuerdo de trabajo interparlamentario.

Según Abedrabbo, la Cancillería dijo no tener problemas en las relaciones comerciales con Rusia por lo que le sorprende las declaraciones de Holguín. Según su criterio, al Gobierno debería preocuparle los 2.000 estudiantes universitarios que permanecen en Rusia y que ni siquiera pueden ocupar una tarjeta de crédito, y que tienen que buscar la forma de sobrevivir en función de las condiciones en que están, con muchas restricciones económicas, así expresó a El Universo.

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“La mesa técnica se reunirá el viernes para tratar la Ley de Inversiones; y en la mesa política nos reuniremos el lunes, esperamos que esté el ministro de Gobierno”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, detalló que en la mesa técnica participarán los asesores de las diferentes bancadas y del Gobierno y en la mesa política estarán los delegados de las 5 bancadas propuestos por la Asamblea Nacional.

El asambleísta recalcó que existió falta de voluntad de dialogo por parte del Ejecutivo, al enviar a asesores y no a un funcionario de mayor nivel como el Ministro.

Cedeño comentó que duda en que el diálogo sea realmente el afán del Gobierno, pues se pudo demostrar que en las movilizaciones de junio su estrategia fue la confrontación.

“El Ejecutivo no entiende que no puede tener mayoría en el parlamento ecuatoriano, pero si se pueden generar espacios de diálogo”, afirmó el legislador.

Por otro lado, aseguró que la bancada de UNES jamás apoyarán ninguna ley que afecte los intereses económicos de los ecuatorianos.

El asambleísta aseveró que continuarán fiscalizando al Gobierno y está centrados en el juicio político al Consejo de la Judicatura.

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«Lo primero que se necesita dentro del movimiento Pachakutik es cambiar de autoridades», dijo Pazmiño.

Frente al accionar del coordinador de la bancada de PK, Salvador Quishpe y de algunos de sus miembros, la asambleísta dijo que el movimiento necesita un cambio de coordinador que cumpla con los principios de la bancada.

Así también, aseguró que su distanciamiento del movimiento fue a consecuencia del mal accionar de sus compañeros, debido que han ido en contra de los principios de la bancada y de su gente.

Al referirse sobre la llamada realizada por Salvador Quishpe a la Presidencia de la República, Pazmiño recalcó que el accionar de PK no está enfocado hacia al Ejecutivo.

«El actuar de Pachakutik es pegado a su pueblo, no al Ejecutivo, no pegado a medidas neoliberales», aseguró.

Pazmiño manifestó que la convocatoria para la remoción de autoridades estaría prevista para agosto.

Accionar de la Asamblea frente a las protestas sociales

Con respecto a las manifestaciones desarrolladas en el país desde el pasado 13 de junio, la asambleísta dijo que el Legislativo no ha pensado en la Muerte cruzada, debido al accionar que puede tener el Ejecutivo.

«Lo que va hacer el Ejecutivo es sacar a la Asamblea Nacional, él se estará quedando por seis meses, aparte que no creemos mucho en su palabra y se puede declarar dictador», aseguró Pazmiño.

Pazmiño hizo un llamado a no satanizar a las protestas, ni a los pedidos del movimiento indígena.

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Con 109 votos a favor, la derogatoria dejaría sin efecto las reformas laborales que se establecieron entre empleadores y trabajadores para mantener los puestos de trabajo a través de una flexibilización.

Además, se estableció una disposición general en el Código de Trabajo. Se dispone que todas aquellas personas contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, esos contratos tengan el carácter de indefinido.

Lo que si se mantiene de la Ley Humanitaria son las reformas a la ley del sector público. Se compensa a los trabajadores del sector médico que laboraron desde el inicio de la crisis sanitaria hasta julio del 2021. En caso de postularse a un concurso de méritos y oposición tendrán un 25% adicional a su puntaje final.

Además, se reformó el Código Monetario y Financiero en el cual se reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero y no Financiero. Siempre y cuando, hayan sido generadas desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.

Las reformas del Pleno deberán pasar al análisis del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para emitir sus observaciones. Sin embargo, desde la Asamblea se adelantan a opinar que el Presidente, Guillermo Lasso, vetará la derogatoria.

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“Estamos apoyando a que el gobierno central trabaje contra la delincuencia. Si portan armas blancas recibirán una multa de la mitad del salario básico (SBU), es decir, USD 221. Si transitan en parques, transporte público y otras áreas específicas, deberán pagar un SBU. El gobierno municipal no está haciendo su tarea al 100%. No se deben perseguir a los vendedores ambulantes, sino que los agentes metropolitanos deben ayudar en la inseguridad”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Agregó que el dinero de los quiteños invertidos en la tasa de seguridad tendrá uso en el último año de esta administración. “La tasa de seguridad, un total de USD 18 millones, la dispone la secretaría municipal de seguridad entregará 250 motos a la Policía, alarmas comunitarias y el arreglo de las cámaras de seguridad. Los quiteños entregaron para esa tasa, USD 7 millones en 2022 y 11 millones en 2021. El alcalde debe tomar al toro por los cuernos si quiere enfrentarse al reto de gobernar la ciudad”.

Ledesma añadió que los agentes no deben perseguir a limpiaparabrisas o vendedores ambulantes, sino ayudar en las tareas de seguridad en conjunto con la Policía Nacional. “Se debe capacitar a los agentes metropolitanos. […] En el tema de los limpiaparabrisas no necesariamente son los que asaltan en la ciudad. Se deben revisar el transporte público”.

Sobre la movilidad, Ledesma expresó que el alcalde Guarderas pareciera vivir en una realidad alterna. “Es terrible la situación de movilidad en la Capital. Es inaceptable, el alcalde y los funcionarios viven en un mundo paralelo porque nos explican y nos dicen cosas, pero no se realiza nada. Yo he sufrido violencia política de género. La administración Yunda Guarderas es lo peor que le pudo pasar a Quito y esperamos tener mejores días”. MIB

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El Magisterio exige la equiparación salarial, que el Ejecutivo acate la resolución de la Corte Constitucional, se aplique la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI) y no más recortes presupuestarios para la educación.

Asimismo, Vargas pidió a la Corte Constitucional que trabaje en independencia y que actúe en derecho. Además, aseguró que la UNE no descarta hacer una demanda de destitución, en contra del presidente de la República por no cumplir con lo establecido por la Corte.

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En este sentido, dijo que tras aprobarse el veto del Ejecutivo a la Ley de Aborto por Violación lo que les queda es demandar la inconstitucionalidad de la ley.

“No podemos permitir que permanezca una ley como la que va a entrar en vigencia. Es una ley que revictimiza a las mujeres y promueve la violencia obstétrica”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vera aseveró que la Ley tiene un objeto totalmente diferente al texto aprobado inicialmente por la Asamblea.

“El veto del Ejecutivo promueve la objeción de conciencia y las niñas y adolescentes pierden el derecho de decidir sobre la interrupción del embarazo”, sostuvo la coordinadora.

“Lo que dicen las leyes internacionales es que la causal violación es incompatible con los plazos porque una sobreviviente de violación necesita que la ley sea amplia para el acceso al aborto”, añadió Vera.

La coordinadora recalcó que a la ciudadanía le hace falta tomar conciencia de lo que implica forzar a una niña o mujer a un embarazo producto de una violación. Reitera que forzar a la maternidad es una forma de tortura.

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La UNE informó que mantuvo una reunión con el Ejecutivo y la ministra de Educación, María Brown. “Brown, no supo explicar cuando iniciarían las mesas de trabajo, ni que montos estarían asignados para el escalafón de los maestros, y tampoco se estableció las fuentes de financiamiento, por lo tanto, nosotros consideramos que es una burla y que el veto presidencial no cumple con el pedido que hace la Corte Constitucional.” dijo Isabel Vargas, presidenta de la UNE.

Vargas insistió en que la Corte Constitucional pidió al Ejecutivo que subsane y busque las fuente de financiamiento “independientemente del estado de la caja fiscal».

Asimismo, anunciaron tres acciones a tomar en caso de que se incumpla con la disposición de la Corte.

Es así que pedirán a la Corte un seguimiento al incumplimiento de la sentencia emitida por la institución. “El presidente no tiene la facultad de decidir si va o no a cumplir. Y si lo hace está desacatando una resolución de la Corte Constitucional. Por lo que la UNE se reserva todos los derechos que le otorga la Constitución para demandar su destitución.”

La segunda acción es pedir a la Asamblea Nacional que se ratifique en la defensa de los derechos del magisterio. Finalmente, anunciaron una movilización en todas las provincias del país este próximo 28 de abril.

Anuncio del Gobierno

Por su parte, la Secretaria de Comunicación del Gobierno anunció una “exitosa reunión” con el gremio de educadores. El comunicado indica, al contrario de lo señalado por Vargas, que si se definió la creación de mesas de diálogo; el ascenso de 2.102 maestros en el escalafón docente; y la suscripción del decreto 397.

El decreto 397 pide añadir en el texto del decreto  1278 a los “docentes de establecimientos del ministerio de Educación y a los docentes fiscales del Sistema Nacional de Educación”.

Para que sean parte del pago de USD 200 en reconocimiento a su labor durante la emergencia sanitaria.

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El plazo para el tratamiento de la Ley vence este viernes 15 de abril. Se requieren 70 votos para allanarse a las observaciones del Ejecutivo y 92 votos para ratificarse en lo resuelto por la Legislatura.

Para la asambleísta, Jhoanna Moreira, lo mejor será archivar las leyes, ya que el Ejecutivo al no estar de acuerdo con ellas las querrá cambiar.

“Ese es el presidente nefasto que hoy marca la Corte Constitucional, no solamente por el tema del aborto, sino también por todas la leyes que se vienen en el futuro y sobre todo las de carácter económico urgente que le da una lección a la Asamblea; de que lamentablemente, no nos podemos confiar en el presidente y que es preferible incluso archivar las leyes porque él les va a cambiar totalmente el sentido”, expresó Moreira.

Por su parte, la abogada Soledad Angus asegura que existe un abuso por parte del presidente con respecto a veto parcial.

“Hay un abuso evidente del Ejecutivo a la figura del veto parcial, porque él cambia totalmente la Ley. Si no estaba de acuerdo con la ley de la Asamblea en su totalidad, lo legítimo era haber hecho un veto total. Sin embargo, no lo hace, sabiendo él que cambiando la ley se necesitaría más votos para volverse a ratificar en el proyecto anterior”, dijo Angus en una entrevista.

Antecedentes

La Corte Constitucional hace un año emitió el fallo que despenaliza el aborto. A su vez, pidió a la Asamblea Nacional que realizara una ley que lo regulara, la cual fue aprobada en febrero de este año.

Sin embargo, semanas después el presidente Lasso vetó parcialmente la Ley y solicitó una modificación en el 97% del proyecto original, significando prácticamente la realización de una nueva Ley.

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«Necesitamos la denuncia respectiva en el Comité de Ética para que la tramite y (…) hacer lo que espera el país». Esto dijo Ruiz en alusión a las graves denuncias del presidente Guillermo Lasso contra asambleístas que aparentemente ‘vendían’ sus votos.

«Pretenden desprestigiar la Asamblea Nacional para que se posicione esa tesis; de que la Asamblea tiene que irse para que el presidente de la república se quede gobernando mediante decreto ley», afirmó Ruiz.

Declaró que así, Lasso podría entregar todo el patrimonio social y nacional del país a sus amigos y grandes grupos económicos y financieros. También dijo que así impondría leyes con retrocesos laborales y que permitirían privatizaciones hasta del agua.

Golpe a la democracia: Gobernar sin la Asamblea y con decretos es violar la Constitución

Ante la crisis interna que ha existido en PK desde el año pasado, Ruiz afirmó que han informado a la coordinación nacional del bloque para iniciar las investigaciones internas de sus legisladores acusados. El asambleísta añadió que continuarán proponiendo la evaluación a las autoridades del pleno. Esto, debido a los últimos acontecimientos alrededor de la crisis legislativa y el archivo del último proyecto de ley del Gobierno.

Otras declaraciones sobre la Asamblea Nacional

El legislador aseveró que este boicot, que favorece al Ejecutivo, le permitirá gobernar a manera de dictadura. Sin un contrapeso político, como lo es la Asamblea y que es por ello que el pleno recibió ataques del cabildo desde un inicio para favorecer sus intereses.

También explicó que un escenario de muerte cruzada no es necesario ya que cree que existen varios asambleístas que deberían ser ‘depurados’, pero que la mayoría no son corruptos. «Si es que [Guillermo Lasso] quiere hacer la muerte cruzada, que lo haga, ya vamos a ver en 8 meses quién llega al poder».

Advirtió que si sus primeros decretos pretenden privatizar y perjudicar los intereses generales de la población, «ya no va a ser la lucha política con la Asamblea, sino con miles de gentes en la calle y eso es lo que hay que evitar».

«Nosotros no estamos en contra de todo (…) construyamos una ley que favorezca a todos», manifestó Ruiz.

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