Vallejo mencionó que la urgencia por obtener esa prueba era para «comprobar que no se haya editado o realizado a través de inteligencia artificial». Alegó que los audios no tienen ninguna validez para ellos, sin embargo, la FGE consideró lo contrario.

Además, aseguró que «ya existe un libreto» que las autoridades están «empecinadas» en utilizar para implicar a Carrera.

«Si no tengo el audio original y no tengo un contexto no vamos a saber qué parte le quitaron o aumentaron», recalcó en un Café con JJ.

De la misma manera, enfatizó que Carrera supuestamente no conocía a la mitad de los involucrados en esta trama. No obstante, el abogado mencionó que sí conocía a Hernán Luque Lecaro porque «coincidió en una de las empresas donde laboró». Según él, nunca llamó a (Luque) para crear contratos en las empresas públicas o pedir favores al gobierno.

«Solo lo politizaron»

De acuerdo al magistrado, La Posta politizó el caso y en ese momento «los fiscales y los jueces empezaron a perder objetividad». Vallejo está tan seguro de que el día de la formulación de cargos podrá «destruir todas las pruebas» que inculpan a Carrera.

«Nos quieren poner difícil el trabajo para que no expresemos ante el juez los argumentos», alegó.

El abogado apuntó que las autoridades de la Fiscalía no le entregaron la información sobre la investigación porque no la tenían «organizada y numerada». Argumentó que al desconocer parte del proceso solicitó que se posponga la audiencia de formulación de cargos, que estaba prevista para el 31 de octubre.

«Cómo se supone que voy a preparar una defensa si no me entregan a tiempo el papeleo y eso está estipulado en la ley», alegó.

La nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos es el 16 de noviembre de 2023. Según Vallejo, se espera que ese día rinda su versión el exsecretario de Anticorrupción, Luis Verdezoto.

Sobre la supuesta cooperación de Luque

Vallejo manifestó que la supuesta cooperación de Luque se queda en rumores, pues hasta el momento no se ha presentado a ningún llamado de la FGE. Comentó que todo los procesos y mecanismos que se han impugnado se ha realizado por parte de sus abogados.

Mencionó que, a diferencia de él, su defendido se ha mantenido en el país y se presentó a la primera audiencia que se canceló.

«Yo me reuní con él el fin de semana y no saldrá del país. Es el único que se ha quedado a afrontar la situación», finalizó.

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La defensa de Cherres habría interpuesto esta medida desde julio de 2023 por supuestos problemas de salud. Alegó que su defendido no estaba recibiendo sus medicamentos para la diabetes e hipertensión, por lo que estarían vulnerando sus derechos.

En la solicitud piden que Alex M., sea trasladado a un hospital del Ministerio de Salud Pública, bajo las medidas de seguridad que requiera el caso y supervisado por el Servicio Nacional de Asistencia Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), para que reciba atención médica y se determine el pronóstico respectivo.

Una vez que el implicado sea dado de alta será enviado nuevamente a la cárcel 5 de Guayas, donde el «SNAI, el Ministerio de Salud y las autoridades correspondientes deberán ejecutar un plan de alimentación y medicación adecuado».

El asesinato de Cherres

El 31 de marzo, en un apartamento de Punta Blanca, Santa Elena, se encontraron a tres personas asesinadas. Entre ellos estaba Rubén Cherres, un empresario que tendría presuntos vínculos con la «Mafia de los Balcanes» y el narcotráfico, además de ser conocido como mejor amigo de Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso.

Según Juan Zapata, ministro del Interior, Cherres conocía a sus asesinos, pues uno de ellos lo habría trasladado desde Guayaquil a Santa Elena, donde Alex M., lo estaba esperando.

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Según reporta el periodista Andrés Durán, las empresas fueron cedidas y están activas bajo la administración de Jennifer Dumes y Gary Suárez. Este último registra varias denuncias por tenencia y porte de armas, municiones y explosivos, y abuso de confianza. Una de las denuncias es reciente, del 7 de julio de 2023.

La empresa -que en vida- le perteneció a Chérres es Agricolasas S.A.S, pero continúa operando. El 13 de diciembre de 2022, Dritan Gjika (HD Albanés) y Rubén Chérres (HD Petróleo) transfirieron las acciones de su compañía CORPSALCORP S.A. a Jennifer Dumes, una colaboradora de otra empresa del albanés llamada AGRICOMTRADE, con pasado de supuestos delitos.

Dumes declaró que no es la representante legal de las empresas, pero confirmó que es beneficiaria de las transferencias de acciones de Chérres y Gjika. «A mí me pusieron, no me obligaron, me pidieron de favor para la transferencia, pero nada más», dijo.

Por otro lado, Dumes esquivó la preguntas sobre quién le pidió ser parte de la compañía, lo que indicaría que hay gente detrás que mantiene el «legado» empresarial de Chérres. La entrevista demuestra que la interrogada no está al tanto de los movimientos de las acciones y empresas (que constan en un informe reservado de la Superintendencia de Compañías), aunque su nombre figura en las organizaciones.

Sobre su asesinato

El 31 de marzo de 2023, Chérres, su pareja y dos sujetos más fueron torturados y asesinados en un departamento en Punta Blanca, Santa Elena. Antes de su muerte, Chérres se mantenía bajo perfil escapando del ojo de las autoridades por ser uno de los principales sospechosos en la supuesta red criminal del caso «Encuentro», que vinculaba al círculo cercano de Guillermo Lasso.

El caso Encuentro o El Gran Padrino fueron audios que revelaban su rol en una presunta trama de corrupción que operaba empresas públicas, especialmente en el sector eléctrico y petrolero.

Se cree que habría sido el brazo ejecutor de Danilo Carrera para poner personas en puestos públicos estratégicos, según audios revelados por La Posta. Junto a Danilo Carrera, habrían ayudado a allegados a conseguir contrataciones y ubicarse en la Administración Pública.

El 14 de julio, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que el asesinato de Rubén Cherres ya estaba planificado. Añadió que dos sujetos fueron detenidos y serían responsables de la muerte del mismo, por lo que serán procesados.

Según investigaciones, los sospechosos habrían tenido relación con los occisos, antes durante y después del evento. José Z., los habría trasladado desde Guayaquil a Santa Elena a una vivienda en el sector de Punta Blanca, donde le esperaba el segundo detenido, Alex M. La justicia dictó prisión preventiva para ambos.

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Según el exfuncionario, el equipo de La Posta causó que el país colapse porque publicaron el supuesto caso de corrupción del presidente Guillermo Lasso y sus allegados. Además, aseguró que por la irresponsabilidad del periodista Anderson Boscán, ahora está sin trabajo.

Jaramillo asistió al programa para hablar sobre las próximas elecciones y el candidato que representaría a la ID. «Esta es una gran oportunidad para tener un Ecuador equitativo y justo», mencionó.

Sin embargo, en medio de la entrevista perdió el control y empezó a reclamar. «Es lamentable que La Posta se haya prestado para está inestabilidad que está viviendo el país», comentó.

El exlegislador explicó que la investigación del medio digital es «selectiva» porque cuando propuso investigar a Correa y Moreno, el periodista no dijo nada. «Es lamentable que se prestaron a la gente de Correa, a la gente de UNES», resaltó.

«Haber, hablemos las cosas como son. ¿Por qué no hablamos de todos los casos de corrupción?», dijo. En la misma línea continuó: «haber Anderson insinuaste que la gente y los asambleístas nos han dado lo del séptimo piso«.

«Yo cambié de opinión porque el presidente no cometió peculado«, reclamó. De la misma manera, antes de terminar la disputa con el periodista dijo «yo no soy como tú, te digo clarito». (DCJ)

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«Ante la falta de sentido común del Presidente para trabajar en beneficio de otra clases social que no sea la propia (…) ante la grave crisis de casos de corrupción en el Ejecutivo (…) ante la falta de respuesta de Fiscalía y jueces que liberan a criminales (…) la respuesta es la muerte cruzada», publicó la organización política.

La muerte cruzada es un mecanismo constitucional en el que el Presidente de la República disuelve la Asamblea Nacional, pero solamente gobierna durante los próximos seis meses (vía decreto) y llama a elecciones anticipadas. 

Desde el oficialismo y sus aliados, se trata de una «táctica desesperada» debido a que la oposición supuestamente no alcanzaría los votos necesarios en el Pleno de la Asamblea Nacional para censurar y destituir al presidente Guillermo Lasso.

«Traducción del comunicado oficial: a falta de pruebas y votos, se les cae el juicio político en contra de Lasso. Por lo tanto, ustedes, quienes conforman la RC, necesitan urgente la muerte cruzada. No el Ecuador», respondió Ricardo Vanegas, legislador por Pachakutik.

El sociólogo Agustín Burbano de Lara coincide en el desatino del comunicado de la RC. Considera que el escrito refleja una «incapacidad de hacer política y agregar voluntades (votos) en torno al juicio político» y una «voluntad de sacar a Lasso por sacarlo», sin miramientos a las razones y consecuencias.

Muerte cruzada = elecciones anticipadas

Desde el Ejecutivo, la aplicación de la muerte cruzada ha sido ambigua hasta hace poco. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, expresó para varios medios de comunicación que no utilizarían este recurso democrático. Por el contrario, aclaró que el jefe de Estado se defendería ante el Parlamento e iría hasta las últimas consecuencias en el juicio político.

Sin embargo, el primer mandatario declaró para Financial Times que disolverá la Asamblea si intenta destituirlo. Si alcanzan los votos, el jefe de Estado estaría dispuesto a llamar a elecciones anticipadas con tal de no enfrentarse al final de su mandato.

Frente a la situación, el titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, desafió al primer mandatario a que decrete la muerte cruzada en pleno proceso de juicio político.

Para Saquicela, la decisión del Ejecutivo sería una inconstitucionalidad debido a que no existen causales. Sin embargo, aclaró que la decisión queda a criterio del presidente de la República.

También cuestionó que Lasso utilice la muerte cruzada como medida de amenaza hacia los asambleístas. Saquicela sugirió -con preguntas- que habrían intereses detrás de la demora de su aplicación.

“Por qué no lo ha hecho hace seis meses o hace un año, o por qué no lo hace hoy día, por qué esperar al último día para ver si hay los votos”, replicó.

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Carrera «fue retenido para dar su versión en la entidad de control y luego de esta diligencia se indicó que fue puesto en libertad», según reporta Teleamazonas. El cuñado del presidente Lasso salió la mañana de este miércoles 19 de abril.

La noche del 18 de abril, Fiscalía confirmó la retención de Danilo Carrera en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. El implicado tenía la intención de viajar hacia New York, EE.UU.

Según información oficial de Fiscalía, la notificación relacionada a la pretensión de Danilo Carrera de salir del país ocurrió aproximadamente a las 18h00. Fiscalía solicitó su retención a las 18h30, rigiéndose en el artículo 444, numeral 8, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“Rendirá la ampliación de su versión en las próximas horas”, se limitó a explicar Fiscalía a través de su cuenta oficial de Twitter.

Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, figura como uno de los implicados directos de una presunta trama de corrupción expuesta a través de la investigación conocida como «El Gran Padrino». Según Fiscalía y la investigación periodística de La Posta, Carrera supuestamente habría gestionado cargos públicos en las empresas del Estado, principalmente las del sector eléctrico.

Carrera, además fue un amigo cercano de Rubén Cherres (otro de los implicados en la investigación), hallado muerto y con signos de tortura a finales de marzo de 2023.

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Salas se movilizaba en su vehículo cuando el antisocial aprovechó el tráfico de la avenida para dispararle en reiteradas ocasiones. Junto al extranjero viajaban dos personas más, uno que sería el conductor y la segunda, presuntamente, su pareja sentimental.

El antisocial le proporcionó los proyectiles de bala en la cabeza y el tórax, producto de este atentado su acompañante también resultó herida. El chofer salió ileso por lo que los llevó a un centro de salud donde la mujer permanece hospitalizada.

Los uniformados mantienen cuatro hipótesis sobre este asesinato, según El Extra.

• La primera, estaría relacionada con su trabajo, pues el chileno se dedicaba a la compra y venta de oro.
• Segundo, por una denuncia que tenía en su contra por un supuesto abuso sexual;
• Tercera, los nexos sentimentales que guardaría con la mujer que estaba a su lado; y,
• una supuesta relación con el asesinato de Cherré en Santa Elena.

Aunque la Policía enmarca la última hipótesis con la muerte de Salas, no detalló cuál sería la relación que guardaban.

La muerte de Chérres

El 31 de marzo, la Policía Nacional confirmó que uno de los asesinados en Punta Blanca, Santa Elena, es Rubén Chérres presunto líder de la estructura criminal «El Gran Padrino» y cuñado del presidente Guillermo Lasso.

Las otras tres víctimas son dos hombres y una mujer. Uno de ellos fue identificado como Juan Ángel Perero que elaboraba como guardia de seguridad.

Según los uniformados, las cuatro víctimas presentaban signos de tortura y fueron encontrados maniatados en dos viviendas del lugar. (N.J.C)

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Luis Vivanco, periodista de La Posta, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter. “Nos ha llegado información puntual sobre un plan de atentado contra Anderson Boscán”, expresó. Además, el socio mayoritario del medio aseguró que “pidieron la cabeza” de Boscán.

El comunicado finalizó con: “hemos advertido a autoridades nacionales (aunque no sepamos si son de ellos de quién debemos cuidarnos) y extranjeras. Hay un interés por silenciarnos a toda costa”.

No es la primera vez

El supuesto plan de atentado se suma a algunas amenazas en redes sociales que ha recibido el equipo periodístico de La Posta. “Te lo digo en English, You are the next!” es el comentario que un usuario publicó a Javier Montenegro, editor general del medio.

«Desde que salgamos por esa puerta, mi vida y la de mi familia, la vida de mi socio Luis Eduardo Vivanco y su familia, de nuestro equipo y su familia, es absoluta responsabilidad del Gobierno de Guillermo Lasso», dijo Boscán en su comparecencia en la Asamblea Nacional, en febrero.

Otras amenazas a periodistas

El 24 de marzo, GK anunció que Karol Noroña tuvo que abandonar el Ecuador debido a que su vida corre peligro. Según el medio, pudieron acceder a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a “su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado”.

Editorial de La Calle

Este medio de comunicación rechaza enfáticamente este tipo de actos contra los periodistas y la libertad de expresión.

La entrada <strong>Periodista que investigó el caso “El Gran Padrino” denuncia amenaza</strong> se publicó primero en La Calle.

Las otras tres víctimas son dos hombres y una mujer. Uno de ellos fue identificado como Juan Ángel Perero que elaboraba como guardia de seguridad.

Según los uniformados, las cuatro víctimas presentaban signos de tortura y fueron encontrados maniatados en dos viviendas del lugar.

Desde el Gobierno

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó el fallecimiento de Chérres y comentó que los uniformados desplegaron todo su accionar técnico para determinar las causas del hecho y a los responsables.

«El Gran Padrino»

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada «El Gran Padrino», expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico.

La entrada Asesinan al principal testigo en contra del presidente Guillermo Lasso se publicó primero en La Calle.

El parlamentario mencionó, en entrevista para Radio La Calle, que en el Legislativo también prima el «espíritu de cuerpo», por lo que la salida de Llori continúa en espera.

«Si la señora llega a salir, lo más probable es que se vayan unos cuantos más, por eso es que no tenemos todos los votos», refirió.

Además, enfatizó que cuando Llori se encargó de la cabeza de la Asamblea tenía el apoyo del régimen. Recalcó que por esto se convirtió en un alfil del presidente Lasso, lo que la llevó a la destitución.

También, comentó que en el Pleno es un «secreto a voces» la compra de votos para rechazar el juicio político. «Todo eso se convertiría en una depuración al interno», dijo.

Puso a todos sus amigos en cargos públicos

Segovia enfatizó que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.

Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.

«Todos eran exservidores del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.

Sobre el juicio político a Lasso

El legislador manifestó que es incoherente pretender deslindar al presidente Guillermo Lasso de la responsabilidad que tiene sobre el caso «El Gran Padrino». Repitió que al tener conocimiento de esta presunta red de corrupción y callar, es responsable del acto.

«El juicio político es discutible, pero de que dejó que se lleven la plata de los ecuatorianos dejó. Él (Lasso) no puso a cualquier persona en el cargo de las empresas, era un allegado al Banco de Guayaquil», refirió.

De la misma manera, apuntó que nadie salió a desmentir las últimas declaraciones del asambleísta Fernando Villavicencio sobre la reunión que mantuvo el mandatario con la excomandante de Policía, Tanya Varela, y el jefe de la investigación «León de Troya», José Luis Erazo. Lo que lleva a cuesitonar el actuar y la participación del jefe de Estado.

Participación de otras instituciones

Segovia mencionó que, si los delitos por los que se le acusa a Lasso, no son causales de un juicio político, al menos la Fiscalía debería actuar por el delito que se lo acusa. Lo mismo ocurre con el Consejo Nacional Electoral (CNE), si la campaña de Lasso fue presuntamente financiada por el narcotráfico.

«Todo eso se debería considerar y no se está actuando. Este es el país de la impunidad», expresó.

Finalmente, explicó que Ecuador está en manos de un Gobierno indolente que repite la realidad de 1999 con las reglas neoliberales que impone.

«Tenemos un Estado mínimo, que prefiere tener las cuentas bancarias macroeconómicas a salvo. Ya es momento que deje de liderar para sus amigos», precisó. (N.J.C)

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La Dirección Nacional de Asuntos Internos sostuvo que no puede iniciar el proceso debido a que los generales ya no pertenecen a la institución policial. Sin embargo, la denuncia se realizó antes de la salida de los uniformados de alto rango.

«Al no cumplirse con uno de los requisitos (servidores activos), impide que el Departamento admita a trámite de sumario administrativo los hechos», reza el comunicado.

Según la entidad, bajo esta justificación y conforme a la que le dicta le ley dispuso el archivo del expediente.

Además, el abogado del coronel Wilson Torres, Alberto Montengro, publicó la denuncia que interpuso contra el comandante general Fausto Salinas por no iniciar con el procedimiento contra los exgenerales.

Al parecer, esta solicitud fue enviada por el propio Salinas a la Dirección Nacional de Asuntos Internos para que inicie su investigación.

«Hay que estar pendientes no vaya a ser que también la indmitan -porque sí-«, expresó a través de cuenta de Twitter.

Lo intentaron callar

Torres enfrenta una sanción por hacer pública su denuncia sobre la presunta corrupción y la falta de recursos al interior de la institución. La respuesta, procesos administrativos en su contra.

Procesos administrativos, traspasos de una zona a otra y, finalmente, sanciones. En agosto de 2022, el coronel Wilson Torres revelaba la crítica situación de seguridad en Quevedo, Los Ríos. Lo decía como un grito de auxilio a las autoridades nacionales y locales. Pero sus palabras golpearon los oídos sordos de una institución que prefirió resolver el problema con el traspaso de Torres, detalla Radio Pichincha.

Se fueron antes de ser juzgados

Los exgenerales presentaron la solicitud de baja el pasado 15 de marzo, por lo que, al interior de la Policía no tiene nada que ver con los con las acciones penales que iniciaría la Fiscalía, indicó el abogado Marcelo Dueñas.

También, aclaró que aunque los exuniformados hubiesen sido declarados culpables, eso no les prohibiría de recibir la pensión jubilar que se estima está sobre los USD 4 mil mensuales.

La entrada Policía Nacional inadmitió denuncia contra generales Vargas y Ponce se publicó primero en La Calle.

Esta información la solicitó el asambleísta Esteban Torres (PSC) quien cuestionó si el jefe de Estado o algún otro miembro del Gabinete presentó la denuncia. La Fiscalía indicó que después de revisar el Sistema de Actuaciones Fiscales (SIAF) y de acuerdo a los parámetros de búsqueda no se encontró ninguna investigación previa.

EL 14 de marzo, Presidencia emitió el comunicado en el que aseguraba que no «solaparía a nadie» aceptó que la FGE investigue a los implicados en el «Caso Encuentro» o «Gran Padrino». Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado una solicitud formal.

Esta decisión la tomó tras los audios filtradas por un medio digital en el que exgenerales de la Policía «recomendaron» archivar el informe «El León de Troya» que evidenciaba supuestos nexos con la mafia albanesa.

Además, el pasado 17 de enero, el presidente «solicitó» al Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional localiza a Luque y Cherres. No obstante, tres meses más tarde aún se desconoce el paradero de los presuntos implicados.

Carrera, Luque y Cherres en el mismo charco…

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada «El Gran Padrino», expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Cherres, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (N.J.C)

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Diarios como El Universo, El Extra, Mercurio, Expreso, La Hora, Correo, Crónica, Diario El Manaba, Ecotel Press, El Diario, y otros, en sus portadas prefirieron obviar el tema y solventaron sus impresiones con otras notas.

«Los medios de comunicación a cada momento se están alineando y dejan de lado el pluralismo», explicó Hernán Reyes a Radio La Calle.

Desde que Lasso asumió el poder, una de sus acciones fue entregar embajadas y consulados a dueños, directivos y familiares de medios de comunicación y del «poder mediático.

Esto explica la posición de la prensa respecto a la poca o nula cobertura de los últimos escándalos de supuesta corrupción.

Alianza de Lasso y los grandes medios

Lasso desde su campaña ofreció eliminar la Ley de Comunicación que se mantenían en gobiernos anteriores y dar libertad de expresión a los medios de comunicación.

Así, el 11 de noviembre de 2022, el mandatario envió el Registro Oficial de la nueva Ley de Comunicación que se haría oficial a penas se publique.

¿Qué tenían los audios?

La investigación de «El León de Troya» habría sido cerrada por el parte del propio Gobierno Nacional. Nuevos audios filtrados por el medio digital La Posta revelan cómo los generales de la Policía, Mauro Vargas y Geovanni Ponce recomendaron archivar la indagación porque afectaría a Lasso.

En los audios se escucha cómo Ponce menciona que existen varios casos que no han investigado y justo a este entramado, en el que está involucrado Lasso, le están «metiendo corazón». Ante esto Vargas apoya esta «recomendación».

«Mi preocupación o al menos yo creo que esto deberíamos cerrar porque mañana le va a afectar al presidente. Él (Lasso) nos dirá que le estamos investigando», alude Ponce.

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Según Veloz, estos documentos fueron entregados como un insumo en la investigación contra el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. Tras un seguimiento a las relaciones y conexiones de Carrera se deteminó que encabezaría una presunta red de corrupción en las empresas públicas.

Esta reserva será levantada de alcanzarse los 92 votos que se necesitan en el Pleno de la Asamblea Nacional.

También se pidió la información sobre las bitácoras de Presidencia, que el Gobierno Nacional se negó a entregar. Esto pese a que el Ministro de Defensa, Luis Lara, habría comentado que las proporcionaría hasta el 14 de febrero.

Con estos datos, se podrían conocer las personas que visitaban al presidente Guillermo Lasso y los posibles movimientos de las cuentas bancarias.

«Estos documentos muestran la relación de las empresas con Dirtan Gilva, Alcivar, Rubén Chérres y otros funcionarios que estaban involucrados con la mafia albanesa», señaló Veloz para Ecuavisa.

Una solicitud a conveniencia, dice Vanegas

Además, indicó que en la comparecencia del Superintendente de Bancos aseguró que el asambleísta Ricardo Vanegas está haciendo mal uso de la información.

Mientras tanto, el legislador argumentó que esta solicitud la realizan a «conveniencia». Según él, en el informe se consideró que el superintendente actuó de manera ilegal al no entregar públicamente estos documentos.

«El 4 de marzo de 2023, luego de verse descubiertos piden que se levante la reserva y luego de que ya se votó por un informe que fue cuestionado», expresó en su cuenta de Twitter.

El asambleísta Darwin Pereira (PK) cuestionó sobre quienes votarán a favor de este documento y de la bitácora de la Presidencia. «Vamos a ver qué nombres aparecen ahí y quiénes son los asambleístas que visitan al presidente», expresó a través de su cuenta de Twitter.

Aprueban el informe de «El Gran Padrino»

El 4 de marzo de 2023, el Parlamento aprobó con 104 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones el informe de la Comisión que investigó el caso «El Gran Padrino», que recomienda el juicio político contra el presidente Lasso.

El informe obtuvo el respaldo de cuatro fuerzas políticas: Unión por la Esperanza, Partido Socialcristiano, Packakutik e Izquierda Democrática. La resolución se dio la tarde de este 4 de marzo tras siete horas en el Palacio Legislativo. (N.J.C)

La entrada Asamblea votará para conocer quiénes visitaban al presidente Lasso se publicó primero en La Calle.

A través de un comunicado, el Legislativo informó que realizarán la petición de enjuiciamiento político a mediados de marzo, es decir, entre el 13 y 19 del mes en curso.

También, aclaró que «el informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un Juicio Político. El Ecuador se merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad», reza el escrito.

Representantes de las bancadas de las principales fuerzas políticas respaldan el documento: Virgilio Saquicela como cabeza del Parlamento, Esteban Torres (PSC), Rodrigo Fajardo (ID), Mireya Pazmiño (PK-Conaie) y Mauricio Zambrano (UNES).

Sobre el proceso

La asambleísta por UNES, Viviana Veloz, dijo en Ecuavisa que la próxima semana se presentará una solicitud oficial de juicio político ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El trámite necesita el impulso de una tercera parte del Parlamento, o sea, 46 legisladores. Sin embargo, el bloque de UNES cuenta con 47 integrante, por lo que este paso esta asegurado.

Veloz agregó que ella será una de las interpelantes en el eventual juicio político contra Lasso para destituirlo del cargo. Añadió que se motivará el pedido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.

El juicio procede por «delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito», señala la Carta Magna del país.

Sin embargo, todo el proceso debe tener el visto bueno de la Corte Constitucional (CC), que determinará si la solicitud de juicio político cumple con los requisitos formales y constitucionales.

Conflictos

Durante la sesión legislativa para aprobar el informe «El Gran Padrino» del 4 de marzo, la asambleísta por Pachakutik, Patricia Sánchez señaló que su movimiento político no formó parte de la Comisión multipartidista que investigó el caso.

Refirió que su homóloga Mireya Pazmiño fue expulsada de la bancada y de la organización y que, por ende, no tuvieron representante en dicha mesa.

Asimismo, aunque Ricardo Fajardo precisó que la Izquierda Democrática apoyó el informe, sus colegas Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira recularon respecto al contenido del mismo. De forma similar ocurrió con Salvador Quishpe, de PK, quien ha dicho que el informe es débil e insuficiente para que tenga efecto.

Por estas declaraciones, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, contradijo a Quishpe. Le reclamó que las bases del movimiento indígena ya tomaron una resolución respecto al juicio político y que deberá acatarse a las decisiones tomadas colectivamente.

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“¿Por qué saben que quiero yo? Que el presidente Lasso haga lo que no hizo cuando debió hacerlo. Y es la muerte cruzada”, dijo Vera en su programa

En la mesa de entrevistas se encontraba el asambleísta Darwin Pereira de Pachakutik, quien manifestó que la bancada a la que pertenece analiza plantear el juicio político contra el presidente. Sin embargo, su preocupación es que al final no alcancen los votos y todo se convierta en un “tongo”.

Desde el oficialismo, el legislador Jorge Pinto señaló que  la Fiscalía es la que debería investigar los presuntos entramados de corrupción del Gobierno Nacional. Para Pinto, el informe de la Comisión Legislativa del Caso “El Gran Padrino” es forzado.

 “Se han organizado algunos actores políticos para buscar la manera de sacarle al presidente de la República”, resaltó.

El polémico informe

El 4 de marzo con 104 votos a favor, 18 votos en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Legislativa, que recomienda el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Los jefes de bloque del PSC y PK, Esteban Torres y Salvador Quishpe mostraron su respaldo hacia el informe de la Comisión. Una de las sorpresas de la reunión fue el discurso del legislador Ricardo Fajardo, quien aseguró durante su intervención que la Izquierda Democrática votará a favor del informe de juicio político contra el jefe de Estado.

Desde el oficialismo rechazaron el informe. La parlamentaria por CREO, Rina Campain señaló que la oposición busca un golpe de Estado contra Guillermo Lasso. “Quieren asaltar el poder legalmente constituido. Quieren romper el Estado de derecho”, sostuvo. (A.G.M).

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Dentro del saco, los agentes del orden encontraron la cabeza y la pierna de un hombre, reportó la periodista Tere Menéndez. También recogieron un celular en el que estaba guardado el video del desmembramiento.

Se desconoce la identidad del hombre o si los delincuentes neutralizados fueron los autores del terrorífico crimen.

Durante el enfrentamiento, los antisociales fueron abatidos. Según medios locales, uno de ellos presuntamente habría muerto y el otro sobrevivió, pero fue herido.

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El informe obtuvo el respaldo de cuatro fuerzas políticas: Unión por la Esperanza, Partido Socialcristiano, Packakutik e Izquierda Democrática. La resolución se dio la tarde de este 4 de marzo tras siete horas en el Palacio Legislativo.

La presidenta de la Comisión multipartidista, Viviana Veloz, mocionó por la aprobación del informe y durante 50 minutos argumentó las causales por las que el presidente Lasso habría cometido delitos contra la administración pública en el grado de omisión por la presunta trama de corrupción «El Gran Padrino», estructura criminal que estaría liderada por su cuñado, Danilo Carrera.

Los jefes de bloque del PSC y PK, Esteban Torres y Salvador Quishpe mostraron su respaldo hacia el informe de la Comisión. Una de las sorpresas de la reunión fue el discurso del legislador Ricardo Fajardo, quien aseguró durante su intervención que la Izquierda Democrática votará a favor del informe de juicio político contra el jefe de Estado.

Desde el oficialismo rechazaron el informe. La parlamentaria por CREO, Rina Campain señaló que la oposición busca un golpe de Estado contra Guillermo Lasso. «Quieren asaltar el poder legalmente constituido. Quieren romper el Estado de derecho», sostuvo.

Ahora, alguno de los bloques de la oposición será el encargado de solicitar el juicio político. No obstante, en días pasados, la bancada UNES señaló que serán los primeros en proponer el recurso.

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El asambleísta del BAN, Gruber Zambrano, que se suponía estaba en la mesa legislativa para defender al primer mandatario, votó a favor de recomendar el juicio político. Sin embargo, al parecer fue un error o «no entendió lo que pasaba a su alrededor».

Tras percatarse de la «embarrada», Zambrano empezó a gritar y armó un pleito durante la sesión. «Cómo que siete votos, señora presidente (Viviana Veloz). Esto es una clara violación a la Constitución y a las leyes. La presidenta ha hecho lo que ha querido», reclamó el legislador, mientras la oposición aplaudía la errónea decisión.

Sin embargo, la Comisión permitió que rectificará su voto; con la reprimenda de su colega Juan Flores. A la final, el informe fue aprobado con seis votos a favor y uno en contra.

¿Se viene el Gran Juicio?

La Comisión multipartidista que investiga el caso «El Gran Padrino», aprobó el informe que recomienda el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, por delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, de acuerdo al Art. 129 de la Constitución numerales 1 y 2.

El numeral 1 refiere a delitos contra la seguridad; en tanto, el numeral 2 menciona a los delitos cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito. En contrapartida, esta Comisión no procedió con la acusación de «traición a la Patria» hacia el primer mandatario.

Poco antes de la clausura de la sesión, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, señaló que los informes de minoría y mayoría serán remitidos a Virgilio Saquicela, presidente del Legislativo, para que ponga esa información a conocimiento del Pleno Legislativo. «Ahora les toca cumplir a los 137 asambleístas», manifestó Veloz.

Ahora, este informe (que no tiene carácter de vinculante), pasará al Pleno de la Asamblea para su posterior resolución.

«Cuando termina la confianza en un mandatario no hay más remedio que cambiarlo. Ningún pueblo merece vivir en la desesperanza. Deshacerse de la corrupción de un mal presidente no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral«, expresó Viviana Veloz, a través de su cuenta Twitter.

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El coordinador del oficialismo, Fernando Flores, aseguró que con las 221 páginas del documento se construyó «una fábula para concursos de historia y fantasía». Según los legisladores, no existen causales para la destitución de Guillermo Lasso.

Además, cuestionó la «celeridad» con la que se tomaron las relaciones entre «sujetos, asambleístas y movimientos políticos». «Sorpresa que ahí sí se paraliza la investigación y se deja de lado el proceso», mencionó.

De acuerdo a Flores, en el documento no se menciona a Ronny Aleaga, pese a que se reveló un audio en el que aparecía como presunto involucrado en este entramado de corrupción.

«Aleaga dijo que un audio no era un elemento fundamental para establecer responsabilidad y no tendría validez. El audio no sirve para unos, pero sí para otros», detalló.

El parlamentario comentó que la bloque no respaldará ningún informe. Manifestó que tratan de tomarse el poder por la fuerza, pues elaboraron el documento en ausencia de algunos asesores.

Respuesta de UNES

La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, apuntó que los legisladores deberían proponer el juicio político contra el Lasso. Afirmó que, una vez socializado el informe, presentada la petición y recopiladas la firmas necesarias, la Corte Constitucional (CC) tiene seis días para pronunciarse y determinar si se admite o no.

«Estamos a expensas de conocer el contenido del informe para analizar en el Pleno de la Asamblea y saber que posición tomará el Legislativo y la bancada. De ser el caso, seremos quienes presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República«, precisó.

El conflictivo informe borrador

EL informe borrador recomienda el juicio político contra el presidente Lasso. El documento será debatido por la mesa el miércoles 1 de marzo y pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle tuvo acceso al documento borrador de la Comisión y entre sus recomendaciones están:

• Remitir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Contraloría General del Estado para que inicie las investigaciones penales y administrativas.
• Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución que prevé como causal la censura y destitución del cargo público representativo (…), pues existen indicios de haber cometido del delito de «traición a la patria».
• Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues su conducta se adecua al cometimiento de los delitos contra administración pública. (N.J.C)

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