Hasta el momento han causado daños en cámaras de seguridad y otros dispositivos de seguridad, según informa el diario El Mercurio. En los exteriores del centro penitenciario se encuentran los servidores policiales que laboran en esta prisión.

Por su parte, diario Expreso explicó que el personal de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria de Latacunga llegó a la cárcel de Cotopaxi debido a una alerta de posible amotinamiento en el que habrían retenido a funcionarios. Sin embargo, el SNAI no ha confirmado el hecho, tampoco los motines de El Inca y Turi.

Esta emergencia surge debido a la posible fuga de alias Fito que trascendió el 07 de enero en la cárcel regional de Guayaquil. Los funcionarios públicos aún siguen buscando al criminal y el secretario de Comunicación informó que Fito podría haberse fugado antes de operativo en esa prisión. (MIB)

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Después de tres meses del asesinato de Fernando Villavicencio se instalará la audiencia contra los sospechosos del crimen. El 6 de octubre fueron asesinados seis de los 13 procesados como autores materiales del asesinato del expresidenciable, en el pabellón siete de la Penitenciaria del Litoral.

Al día siguiente, otro de los implicados fue asesinado en la cárcel de El Inca, al norte de la capital. La múltiple muertes de los sospechosos hicieron más compleja la investigación del asesinato.

Polémica con Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) se abstuvo de a dos de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Los sospechosos fueron sobreseídos y se dispuso su libertad con prohibición de salida del país y presentación periódica.

La resolución de la audiencia del 18 de agosto ordenó el levantamiento de las medidas cautelar en contra de Luis P. y Jules C. De igual manera, el juez ordenó la emisión de sus boletas de excarcelación. Aún se desconocen los motivos que impulsaron la decisión del órgano de derecho público.

En julio de este año, ambos sujetos también salieron en libertad por resolución de un juez, en esa ocasión fueron acusados del delito de recepción de bienes robados. (AGM)

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El padre José María Huerga señaló que los implicados se habrían infiltrado en la ceremonia, luego forzaron la puerta del dormitorio del sacerdote y se llevaron todo el dinero.

«Era una herencia familiar y eso me tocó, lo demás fue la recopilación que se hizo durante las ceremonias de julio», detalló para Diario El Extra.

Recalcó que el dinero se iba a invertir en arreglos de pintura y mampostería que se trabajaban desde hace un año.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los delincuentes forzaron la puerta, se llevaron todo el dinero y salieron campantes por la puerta secundaria de la iglesia.

«Ellos ya sabían donde estaba el dinero, porque no atacaron a nadie más, no rompieron vidrios. Fueron directo a eso», recalcó.

Huerga presume que uno de los 15 albañiles que trabajan en el lugar sirvió como «cerebro» para el atentado. La Policía Nacional investiga el hecho.

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Ante la situación, la Policía Nacional informó que junto al apoyo del SNAI desplegó acciones operativas para controlar la situación. El 6 de junio las autoridades realizaron un operativo de requisa en este centro carcelario con el objetivo de detectar objetos ilegales.

Actualización

El subcomandante de la Policía Juan Francisco Orquera informó que el amotinamiento fue ocasionado por 64 ppl de ‘Los Tiguerones’, quienes pedían el traslado a Esmeraldas. De igual manera, no se registraron muertos ni heridos.

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El 14 de mayo se celebrará el día de la madre, pero ¿cómo celebrar si tu hija ya no está?, ¿cómo celebrar cuando tu hija murió en manos de femicidas? Estas son muchas de las preguntas que se hacen las personas que han perdido a sus familiares a causa del femicidio.

«Somos madres que no solo sienten tristeza por perder a sus hijas, somos madres que sienten ira«, dijo Elizabeth Otavalo, madre de Bernal. Agregó que ahora se reúnen para pedir «justicia, verdad, reparación y no repetición».

En la rueda de prensa estuvieron las madres de María Belén y Katherin, ambas asesinadas a manos de policías en servicio activo. Asimismo, estuvo la madre de Paola Ortega y la tía de Juliana M., joven que fue encontrada en Quinindé junto a dos amigas más (todas muertas).

Katherin Cingaña

Katherin Cingaña tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo. El femicida es policía y utilizó su arma para acabar con la vida de la joven el 3 de mayo de 2023 en el Inca, al norte de Quito.

Katherin dejó en la orfandad a un niño de casi tres años. Sus familiares le piden al presidente Guillermo Lasso y a la fiscal, Diana Salazar justicia y todo el peso de la ley. «El arma que posee un policía es para cuidar, no para matar, y menos a tu esposa«, mencionó la prima de la fallecida.

María Belén Bernal

La abogada María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí, al norte de Quito. Su cuerpo sin vida fue encontrado diez días después, en el cerro Casitagua, a unos cuatro kilómetros de distancia de la escuela de formación policial.

Bernal fue asesinada por el expolicía Germán Cáceres. «Somos madres que también fuimos asesinadas con nuestras hijas. Nuestras hijas fueron asesinadas por policías», explicó la madre de la víctima.

Actualmente, se espera el dictamen del Tribunal tanto para Cáceres como para el teniente Alfonso C., quien es acusado por omisión de los hechos. La audiencia de juzgamiento iniciará el lunes 15 de mayo.

Paola Ortega

El 2 de enero del 2023, Paola Ortega fue asesinada por supuestos delincuentes. Sin embargo, días después se descubrió que los dos implicados siguieron las órdenes de Christian N., esposo de la víctima.

«Los tres negaron ser participes del asesinato y se espera que para septiembre haya una audiencia», manifestó María Piedad Alcocer, madre de la occisa. Alcocer se cuestiona cómo celebrar el día de la madre si su hija fue asesinada.

Paola vivía en la parroquia de Sangolquí y tenía dos hijas; una de 15 y otra de cuatro años. Además, contaba con un local cerca de su domicilio y otro en Quito, en ambos vendía artículos para fiestas.

Juliana M.

Juliana fue una de las víctimas del triple asesinato de las chicas halladas enterradas en Quinindé, a orillas del río Esmeraldas. Las jóvenes eran oriundas de Santo Domingo y Quito.

«Se llevaron a una niña linda, una niña inocente. Aún seguimos sin entender que pensaron esos malditos para hacerle esto a Juliana y a sus amigas», sostuvo la tía de la mujer. (DCJ)

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La Fiscalía informó que ordenó indagar el caso y reveló que se trataría de un miembro de la Policía Nacional quien habría querido cometer el crimen, pero fue aprehendido en flagrancia.

En horas de la madrugada de este 4 de abril se formularon cargos contra el involucrado.

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Los carcelarios hallaron el cuerpo cuando realizaban la revisión diaria a los pabellones del reclusorio. Las autoridades del centro penitenciario levantaron el cadáver e iniciaron con las investigaciones del caso. (N.J.C)

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La CIDH condenó los hechos violentos que se registraron en el país los últimos días y pidió al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos con respeto y según los estándares interamericanos de derechos humanos.

La organización rechazó los acontecimientos y disturbios del 01 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Además, solicitó al Gobierno continuar con las investigaciones correspondientes y la debida diligencia.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los peligros que representa para la democracia el crimen organizado. Por lo que enfatizó que el Estado debe actuar “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.

Reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de los ecuatorianos debe ser extraordinaria. Es decir, deben «justificar excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario según requiera cada caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.

Finalmente, mencionó que el deber del Estado es adoptar medidas adecuadas que garanticen los derechos a la vida e integridad de la ciudadanía y los PPL. “La CIDH reafirma su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos del Estado ecuatoriano relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el país mediante el acuerdo de cooperación técnica recientemente suscrito”, reza el comunicado.

Días de terror...

Durante los primeros días de noviembre, en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, se registraron disturbios con explosivos, coches bomba, ataques a UPC y contra policías. Además de los enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaria del Litoral, Cotopaxi y El Inca. Como resultado de estos acontecimientos, se reportaron más de 30 atentados, cinco policías asesinados, varios heridos y balaceras con PPL muertos. (N.J.C)

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La noche de este lunes 7 de noviembre a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

«Son cinco los PPL asesinados con signos de violencia, cinco heridos, tres estables y dos fueron trasladados a casas de salud (…) Estamos haciendo los operativos, recogimos armas blancas y sustancias sujetas a fiscalización con el apoyo de las Fuerzas Armadas (…) En dos horas terminaremos con el registro de las 12 celdas y el total de PPL (…) la situación ya está controlada», confirmó el general de la Policía, Víctor Heredia, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

Según reportes preliminares, los enfrentamientos se habrían dado entre disputas de bandas por el control del centro.

Familiares de los presos se encuentran en los exteriores de la cárcel a la espera de información.

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“Fiscalía formuló cargos contra Carlos J., director de la cárcel de El Inca (en Quito), por presunto delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario. Juez le dictó medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país”

La Policía detuvo al funcionario, la tarde del 20 de mayo, cuando pretendía ingresar al centro penitenciario teléfonos celulares, cigarrillos, dos sierras, entre otros objetos, en el doble fondo de una caneca de pintura.

Según el parte policial de la detención, los agentes de la Contingencia Penitenciaria descubrieron los objetos prohibidos cuando registraron a Carlos J. El Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI) no ha emitido un pronunciamiento sobre este presunto caso de corrupción de un funcionario de sus filas. MIB

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“Un contingente de la Policía Nacional, intervino ante amotinamiento de PPL del CPPL Pichincha Masculino N°1 (El Inca). La situación ha sido controlada”, dijo la SNAI. A las 10:30, el contingente logró incautar armas y someter a los privados de libertad.

A la prisión ingresaron cinco ambulancias, se presume que las bandas enfrentadas eran los ñetas y los tiguerones. “Existe una sobrepoblación del 100%, tenemos capacidad para 750 reos y están 1.200”, dijo Fernando Ortiz, director del centro.  

Este amotinamiento se registra dos días después de que en la Penitenciaría del Litoral se encontraron siete presos ahorcados en el pabellón 10. Este es el séptimo día del estado de excepción en el país.

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Los vecinos del sector alertaron sobre el hecho una vez que desde los patios interiores vieron salir una humareda. Los bomberos fueron alertados del hecho y entonces se supo que se trataba de una riña entre dos reos. A ella se sumaron otros detenidos. 

La Policía desplegó un operativo para retomar el control del centro carcelario y no ofreció mayores detalles de lo sucedido. Solo informaron que existe una persona herida con arma blanca. 

Cárceles, la crisis continua

Estos hechos se dan menos de un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó los hechos de violencia que sucedieron en distintas cárceles de Ecuador y exigió al Estado que adopte medidas frente a la crisis carcelaria.

«La CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas penitenciarías del Estado ecuatoriano, que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida», escribió entonces. La Comisión exigió además que el Estado adopte medidas inmediatas y efectivas. Estas medidas deben garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia. Conmina, además, a adoptar medidas para prevenir la repetición de estos hechos.

La CIDH recordó que desde enero de 2021 se produjeron diversos enfrentamientos entre personas detenidas, que ocasionaron la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, y decenas heridos. La organización advirtió que estas muertes suceden en «un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador».

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