Según el informe pericial de avalúo, el terreno cuenta con cuatro edificaciones (una de cuatro niveles), bodegas, galpones industriales y oficinas administrativas. El mismo documento detalla como ventajas del inmueble que está ubicado en una «zona comercial» y presenta «plusvalía creciente».

El único desperfecto que tiene la obra es el «regular mantenimiento» al que estuvo sometida debido a que no operaba al momento de la visita pericial.

Inició con Moreno

En mayo de 2020, el expresidente Lenín Moreno dispuso la liquidación de la Empresa Pública (EP) Medios Públicos de Comunicación de Ecuador a través del decreto 1059. Los bienes -en proceso de liquidación- pasaron a ser administrados por el Ministerio de Telecomunicaciones.

Esto que significó la eliminación gradual de varios medios de comunicación, entre ellos diario El Telégrafo, que ahora circula solo en versión digital.

Según el entonces ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, había un tiraje irresponsable que «causó un perjuicio al Estado por USD 35 mil mensuales (…) seis de cada 10 diarios iban a la basura».

Durante el morenato se eliminaron, liquidaron o absorbieron más de 50 empresas públicas. Específicamente, Medios Públicos EP fue liquidada bajo el argumento de la «optimización del Estado», o mejor conocido como «cerrada por Estado obeso».

Ahora…

Debido a ese proceso de liquidación, Medios Públicos tiene obligaciones pendientes con la CFN, que, según expone la Gerencia de Coactiva, no ha cancelado la totalidad de las deudas.

El 16 de noviembre de 2022, el mandatario Guillermo Lasso designó mediante decreto ejecutivo 596 a Jorge Luis Andrade como presidente del Directorio de la CFN B.P.

La directiva de la Corporación está conformado por seis altos funcionarios de la Función Ejecutiva, según la página web de la institución financiera pública:

• Jorge Luis Andrade, presidente
• Pablo Arosemena, ministro de Economía (director)
• Julio José Prado, ministro de Producción (director)
• Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura (director)
• Neil Olsen, ministro de Turismo (miembro sin voto)
• Banco Central del Ecuador (miembro sin voto)
• Delegados ministeriales

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Los animales vivían en los estanques ubicados en los exteriores del edificio de El Telégrafo. Su alimento lo suministraban los mismos trabajadores del medio público.
Con el despido de más de 500 colaboradores, el pasado viernes 24 de julio, los peces también quedaron en indefensión.
La respuesta de los responsables fue apagar la bomba purificadora de agua, empacar a los animales en fundas y arrojarlos cual basura.

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 277 de la Constitución ecuatoriana, “para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: (…) Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza”. Además, el 319 promete que “(…) el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza”.

Por su parte, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) también existe sanción para quienes maltraten o maten a mascotas o animales de compañía.

De acuerdo al COIP, “la persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario”. En este caso particular, existió la muerte de peces, por tanto, según el artículo, los responsables tendrán pena privativa de libertad de tres a siete días.

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Este jueves, periodistas de El Telégrafo confirmaron a Radio La Calle que recibieron una llamada personal por parte de Maldonado. Ella también funge como directora del medio público. La misión: «saber si quiero quedarme a seguir trabajando o prefiero que me liquiden de una vez».

La llamada telefónica de Maldonado fue dirigida únicamente a aquellos periodistas que no se encuentran tildados como «correístas» por ella mismo.

Es por eso que, según los empleados de El Telégrafo, las llamadas telefónicas no llegaron a aquellos funcionarios que no pertenecen al círculo cercano a Maldonado. Entre los excluidos están aquellos que presentaron denuncias por acoso laboral contra la directora.

El mayor número de personas que se acogieron a la opción de liquidación llegó desde la redacción de Guayaquil.

Desacato al Ministerio de Trabajo

El 27 de mayo de 2020, el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial MDT-2020–0119. En él, ordenó que, para las desvinculaciones de los colaboradores de las instituciones en proceso de supresión, los directivos deben considerar tres puntos.

El primero a tomar en cuenta gira en torno a las evaluaciones de desempeño: serían desvinculados los trabajadores que tengan una calificación porcentual igual o inferior a 89.99%.

El segundo punto se refiere a los contratos de servicios ocasionales. Los directivos deben liquidar a los servidores que mantengan contratos bajo la figura de servicios ocasionales.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo también ordenó que liquiden a los empleados que mantengan nombramiento provisional.

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