El exasambleísta y seis personas recibieron sentencia por el delito de delincuencia organizada en el proyecto de construcción del hospital Básico de Pedernales, en el que se desviaron dineros entregados como anticipo para la obra al Consorcio Pedernales-Manabí.

Mendoza, como líder de la organización, recibió una pena reducida de 50 meses de cárcel no solo por el procedimiento abreviado, sino también por acogerse a la figura de cooperación eficaz.

Según el juez Rodríguez, se dio paso a los recursos de apelación planteados por haberlos interpuesto dentro del término de ley. Lo que se apela no es la pena de privación de libertad, que es menor a la máxima que podrían haber recibido si no se acogían al procedimiento abreviado, sino que apelan la reparación integral, es decir, el pago de $ 8 millones, valor que se dividirá entre todos los sentenciados.

De los 19 procesados, ocho ya tienen sentencia, seis han sido sobreseídos y cinco, entre los que están el exasambleísta por Sucumbíos, Eliseo Azuero, y el exsubdirector técnico del Secob, Jorge Jalil, fueron llamados a juicio.

Respecto al monto de la reparación integral definida, Marcelo Icaza y Gabriela Moreira, defensas de Tamayo y Mendoza, respectivamente, tienen reparos y adelantaron en su momento que impugnarán la sentencia en ese punto. Moreira calificó a los $ 8 millones de reparación como una cantidad «infamante».

De la Asamblea a la prisión

El pasado 1 de julio, el asambleísta Mendoza renunció a su curul cuando una Comisión Multipartidista recomendó su destitución al faltar a sus deberes como legislador. Durante el proceso de juicio, Daniel Mendoza dio testimonio de presuntas cuotas políticas entre los asambleístas y el Ejecutivo.

El Caso Pedernales también manchó al exlegislador Eliseo Azuero (BADI), quien fue destituido por la Asamblea Nacional. Azuero y parte de la bancada del BADI recibió sobornos de Mendoza que pertenecían al Hospital de Pedernales que sigue sin construirse.

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De acuerdo a la información que entrega el jurista, la reunión habría tenido lugar en octubre de 2019, en el edificio Bristol, en la torre 3, en el departamento 907; lugar de residencia del presidente de la legislatura. «Le invitaron a una reunión para proponerle que sea parte de un golpe de Estado en las asonadas de octubre”, denunció Salcedo.

“¿Quién vive ahí? El presidente de la Asamblea Nacional [César] Litardo. ¿Quiénes comparecieron a esa reunión? La Fiscal General Diana Salazar, la más alta representatividad del Consejo de la Judicatura, el Contralor [Carlos] Polit, el propio Litardo, el asambleísta José Serrano, entre otras personalidades”, agregó.

Según Salcedo, quien también orquesta toda esta trama es Santiago Cuesta Caputi, “en una enemistad manifiesta, directa, contra María Paula Romo y el grupo de los ministros que le siguen fielmente”.

Reparto de los hospitales

Salcedo también denunció que su defendido posee información sobre la trama de corrupción en el reparto de los hospitales en el país. «Por eso existen presiones para dejarlo en indefensión.

“Mi defendido tiene mucha información al respecto de toda esta organización que planteó desde la Asamblea y los más altos poderes del Estado sobre la repartición de las cuotas políticas (…) Esta pugna lo que produce es la denuncia del reparto de los hospitales y la entrada de corrupción que se sigue develando”, dijo el abogado.

Finalmente, dijo que su trabajo está bajo riesgo y que ha recibido amenazas que podrían incluir un proceso penal en su contra. “Quieren silenciarme, quieren dejar sin defensa a mis clientes”, dijo.

Así mismo dijo: “Yo no soy político. Soy un abogado que está tratando de que se haga la justicia a través del derecho. [La justicia] se está ensombreciendo porque los mismos que investigan están vinculados a la trama de este caso del asambleísta Mendoza”, concluyó.

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