Quito, 14 feb (La Calle).- Cada continente tiene su propia historia. Además, en ellos también hay diferencias regionales y sociales que marcan historias específicas. Y si bien América, en general y América Latina/Caribe, en particular, tienen una milenaria historia precolonial, con una riqueza de culturas que evolucionaron en distintas fases desde el poblamiento originario y las primeras comunidades de cazadores-recolectores, hasta llegar a la época de las grandes civilizaciones de Aztecas, Mayas e Inkas, la región pasó a formar parte de la historia de Occidente a partir de la invasión y conquista iniciada por Cristóbal Colón en 1492. Lo hizo como región subordinada al mercantilismo colonial. Y desde este momento se sentaron las bases históricas de la dependencia externa, el subdesarrollo, la jerarquización social, la explotación de minorías criollas blancas y blanco-mestizas sobre las enormes mayorías de las poblaciones y otros tantos “patrones” de evolución posterior, que fueron destacados medio siglo atrás por Stanley J. Stein y Barbara H. Stein en La herencia colonial de América Latina (1970).
 
A esa herencia se suman las nuevas condiciones creadas a partir de las independencias, por las repúblicas latinoamericanas, el modelo político definitivo, ya que fueron temporales los imperios en México y Brasil. Dominadas por poderosos terratenientes, empresarios del comercio interno y externo, por mineros y banqueros, las “democracias” proclamadas en el siglo XIX no solo fueron censitarias, sino “elitistas”, porque esas clases excluyeron expresamente a las poblaciones y los conflictos de la vida política se centralizaron en ellas. Durante el siglo XX, al compás del desarrollo capitalista, la afirmación de las burguesías latinoamericanas y el creciente ascenso y lucha de clases medias, trabajadores y sectores populares, las economías se volvieron complejas, la política se diversificó entre fuerzas sociales con diversidad de intereses y la región también pasó a integrarse en la vorágine mundial despertada con el desarrollo del imperialismo capitalista. La literatura social sobre estos temas es riquísima en la región. Y tuvo un crecimiento y profundidad impresionantes desde la década de 1960, especialmente por las investigaciones vinculadas con la teoría marxista, que hasta fines de la década de 1980 determinó las coordenadas de la ciencia social de la región, como lo analizaron a su tiempo obras como la de Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz, Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976) o la de Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli Los métodos de la historia (1984).
 
En lo que va del siglo XXI igualmente se ha esclarecido que el capitalismo latinoamericano ha ingresado a una nueva época, evidentemente más compleja, pero que tampoco ha superado viejas herencias coloniales y republicanas. Aún más, de la mano de gobiernos y políticas económicas neoliberales, la región revirtió “viejos” logros sociales, como los derechos laborales, y arrasó con las capacidades de los Estados, otrora potenciadas por las políticas desarrollistas y estructuralistas de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Incluso las economías sociales avanzadas por los gobernantes progresistas fueron desmontadas al suceder gobiernos abiertamente empresariales y neoliberales.
 
En estos nuevos contextos históricos, vuelve a hablarse de “élites” que no solo controlan las riendas de la economía, sino que hegemonizan el poder, “capturan” los Estados y aseguran su dominación social. Al estudio pionero de Seymour Martin Lipset y Aldo E. Solari en Elites y desarrollo en América Latina (1967), se unen recientes estudios. Destaco cuatro obras que tienen singular importancia para el presente histórico: el libro de Inés Nercesian Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI (2020); Las tramas del poder en América Latina. Élites y privilegios, editado por Inés Nercesian, Francisco Robles-Rivera y Miguel Serna (agosto 2023); el dossier sobre “Élites y poder político en América Latina” coordinado por Edison Hurtado, Miguel Ruiz, Jonathan Báez (Íconos 77, diciembre 2023); y el reciente libro coordinado por Soledad Stoessel y Valeria Coronel La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia (2024). Lo importante es que en estas obras hay estudios sobre varios países, un asunto vital para comprender el fenómeno de las “élites” latinoamericanas y destacar que su presencia y las condiciones de su poder no son exclusivas de un país en particular, sino una realidad especial en la región.
 
A partir de esos estudios, resalto algo más sobre las nuevas circunstancias históricas analizadas en ellos. Es cierto que, en el presente siglo, las élites ya no se limitan a influir en el poder, sino que incursionan directamente en la política y capturan el Estado, de modo que no son raros los empresarios-políticos ni los presidentes-empresarios y, además, millonarios. Guiados por sus consignas neoliberales y ahora libertarias, no les interesa la justicia social (https://t.ly/csmv3), desprecian a los sectores populares, abiertamente buscan fórmulas para explotar a los trabajadores y usan el Estado, sus funciones y sus aparatos, para perseguir, judicializar y reprimir a los opositores y, ante todo, al progresismo y al izquierdismo sociales. Interesados exclusivamente en las mayores rentabilidades y la concentración de la riqueza y los recursos nacionales en sus manos, las “élites” (o mejor la alta burguesía) han dejado de preocuparse por el desarrollo económico. Es impresionante, de acuerdo con los datos aportados por los investigadores en los libros citados, cómo se ha agravado la concentración de la riqueza en medio de la pandemia del Covid del año 2020, al mismo tiempo que la polarización frente a la pobreza, el desempleo, el subempleo y la emigración. Y algo adicional, que se vuelve cada vez más visible, aunque lo vivió Colombia largo tiempo: algunas “élites” están rozando las vías por las que también transita la economía ilegal de mafias y crimen organizado, como se está destapando en la experiencia de Ecuador de los últimos siete años. Los responsables históricos de esta inédita situación son los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y del banquero Guillermo Lasso (2021-2023). A pesar de esa herencia, la matriz económica empresarial-neoliberal no se ha modificado con el gobierno del millonario Daniel Noboa.
 
Todo ello significa que la “democracia” ha dado un giro contra su propio ideal: América Latina ha retomado la senda que tuvieron las democracias elitistas del siglo XIX e incluso las conducciones del Estado, en manos de los empresarios-políticos, recobra las mismas características que tuvieron los Estados oligárquicos del pasado. Democracias en las que ya no se admiten las demandas e intereses de lo que cierta conceptualización sociológica denomina como “clases subalternas”. Que acuden al golpismo institucional cuando es necesario, como lo experimenta ahora el presidente Gustavo Petro en Colombia. Élites latinoamericanas abiertamente identificadas con el capital transnacional y, sin duda, con los Estados Unidos. Que cumplen con fidelidad al FMI. Son las democracias-oligárquicas del siglo XXI.

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León Febres Cordero R. (Guayaquil, 1931-2008) finalizó la secundaria en los EE.UU. y allí se graduó como ingeniero mecánico. En Ecuador destacó como ejecutivo de varias empresas industriales, lo que le valió la presidencia de la Cámara de Industrias de Guayaquil en varias oportunidades y de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias. Incursionó en la política como congresista en los años sesentas. A pesar de haberse declarado liberal, se afilió al Partido Social Cristiano (PSC) junto con personalidades de la élite guayaquileña. Fue un opositor al sistema implementado por el triunvirato militar para el retorno al orden constitucional que culminó en 1979, y más tarde, como diputado, encabezó la oposición al gobierno de Jaime Roldós (1979-1981) y el radical combate al “comunista” Osvaldo Hurtado (1981-1984), lo que catapultó su liderazgo y el apoyo de las derechas agrupadas en el “Frente de Reconstrucción Nacional”, que le llevaron a la presidencia de la república para el período 1984-1988.

El PSC, reconstituido en 1978 bajo principios económicos liberales alejados de la doctrina social católica y del confesionalismo que tuvo en sus orígenes como movimiento “poncista” (su fundador fue Camilo Ponce Enríquez, en 1951), se convirtió en la mayor fuerza de las derechas nacionales. Bajo el indiscutible liderazgo del millonario industrial Febres Cordero y la hegemonía de una élite empresarial y política de Guayaquil, el partido alcanzó preponderante presencia en la Costa y logró extenderse en distintas provincias, con éxitos electorales en varios gobiernos seccionales y significativa presencia legislativa. Incluso levantó respaldo popular mediante mecanismos populistas de clientelismo, reclutamiento y movilización de masas.

Como presidente, Febres Cordero inició el modelo empresarial de economía que mantuvo vigencia dos décadas y media. Le favoreció la “era-Reagan” de los EE.UU., los acuerdos con el FMI y la difusión de la ideología neoliberal, que rápidamente hizo suya la oligarquía nacional. Paradójicamente, Febres Cordero centralizó el Estado, “resucretizó” deudas privadas, hizo inversiones públicas, fortaleció al sector empresarial, liberó mercados y privilegió los intereses de las élites sociales, desarrollando así una política inédita y “exitosa” en la visión de quienes le apoyaron. Pero el “modelo” empleó la imposición sobre las otras funciones del Estado, la clausura de varios medios de comunicación, la marginación al movimiento obrero, la contención a las izquierdas y el combate al movimiento guerrillero AVC.

Los resultados de su presidencia acentuaron la concentración de la riqueza, sin mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población y con varios escándalos de corrupción. El ejercicio despótico y autoritario del poder creó tensiones sobre la democracia, el levantamiento de un sector de la fuerza aérea, una propuesta de juicio político y el pedido de renuncia por el congreso.

O. Hurtado le dedicó el libro “La dictadura civil” y la Comisión de la Verdad (2010) destacó a su régimen como violador de .

Febres Cordero pasó a ser alcalde de Guayaquil (1992-2000) y su gestión transformó al municipio y a la ciudad. Su obra fue continuada por el alcalde Jaime Nebot (2000-2019), quien se erigió en el nuevo caudillo local del que dio en llamar “modelo exitoso”.

La hegemonía de las derechas en ese municipio durante tres décadas, alimentó un tipo de “autonomismo” guayaquileño, basado en posiciones regionalistas y el ideal por conseguir una ciudad-Estado, también cultivada en su propia. En Guayaquil, identificarse como socialcristiano o ser de derechas, llegó a formar parte del estatus social entre capas altas y medias, a tal punto que era muy difícil y hasta “riesgoso” cuestionar a Febres Cordero o Nebot. El quiebre de esa hegemonía se afirmó durante la decadente alcaldía de Cynthia Viteri (2019-2023) del PSC, quien perdió la reelección en febrero 2023, porque triunfó Aquiles Álvarez de la Revolución Ciudadana (RC), es decir, del “correísmo”.

Guillermo Lasso M. (Guayaquil, 1955) concluyó la secundaria y debió trabajar desde muy joven. Sus vínculos laborales se afirmaron en empresas de servicios financieros, fue ejecutivo bancario, ocupó la presidencia de la Asociación de Compañías Financieras del Ecuador y concentró sus actividades al frente del Banco de Guayaquil. Incursionó en la vida pública durante el gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) como Gobernador del Guayas, enseguida como Superministro de Economía y más tarde como embajador itinerante del gobierno de Lucio Gutiérrez.

Por ambición personal y el patrocinio de CREO, partido que fundó (2012) también con principios económicos liberales, pero ideología conservadora y convertido en su fuerza electoral, Lasso fue candidato presidencial en 2013, nuevamente en 2017 y, finalmente, consiguió la presidencia de la república en 2021, esta vez con apoyo del PSC.

El presidente Lasso (2021-hoy), comenzó su gestión atendiendo con éxito la vacunación contra la pandemia del Covid. Le antecedió Lenín Moreno (2017-2021), quien rompió con la RC y dio un giro total a su : desmontó los logros del “correísmo” afectando servicios muy sensibles para la población (educación, salud, vivienda, seguridad social, registro civil, correos), instauró una implacable persecución estatal a los “correístas” (incluyendo el lawfare y el aliento a una verdadera “mitología” anticorreísta seguida por las derechas), restauró el modelo empresarial superado durante el progresista gobierno de Rafael Correa (2007-2017), paralizó las obras e inversiones públicas, realizó una desastrosa gestión económica con grave abandono de las políticas sociales (la Fiscal ha levantado cargos por presunto cohecho contra Moreno y parte de su ), se alineó con los EE.UU., las derechas internacionales, y viabilizó la conformación de un bloque de poder determinado por los grandes grupos económicos, la gran prensa y las derechas políticas, que se sintieron directamente representadas con el triunfo de Lasso y su ascenso al Ejecutivo.

Pero, en lugar de superar las herencias recibidas y la desinstitucionalización del Estado, para realizar un gobierno que demostrara los “valores” de la empresa privada, las “bondades” del mercado libre, la “eficiencia” de la gente que sabe hacer negocios, generar riqueza y “dar trabajo”, como proclamó Febres Cordero en su tiempo, el millonario banquero Lasso resultó un “continuista” político de Moreno. Consolidó el modelo económico empresarial-neoliberal, pero además con características oligárquicas y el privilegio a los intereses de la burguesía rentista-financiera, por lo que cabe hablar de la segunda “época plutocrática” en Ecuador (la primera, entre 1912-1925, produjo la ). También coincidió con Moreno en reprimir al movimiento indígena y en buscar el sustento de “la democracia” en el respaldo de las fuerzas armadas y, sobre todo, de la policía, que ha adquirido un directo en el .

La incomprensible inoperancia gubernamental frente al galopante deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, la parálisis en obras, servicios e inversiones públicas, junto a la explosión de la inseguridad ciudadana, nunca antes experimentada en la historia del país y debida al avance imparable de la , han terminado por minar la credibilidad y el apoyo al presidente Lasso. Más del 80% del país cuestiona su gestión y, sobre todo, perdió la consulta popular de febrero, con 8 preguntas presentadas como ejes para un mejor futuro, bajo la acusación gubernamental de ser “narcos” los que votarían NO.

Aunque el asunto de los “”, en los que se nombra a Lasso y que tuvo amplia repercusión internacional, ha sido literalmente “acallado” en Ecuador, en las últimas semanas se ha conocido otro escándalo sobre una posible trama de corrupción público/privada que involucra a personas del entorno presidencial, cierta cúpula policial corrupta, el crimen organizado, el narcotráfico y la “mafia albanesa”, un serio incendio que la “gran prensa” y los defensores “lassistas” procuran apagar.

La Asamblea Nacional aprobó un contundente informe, como antesala para el posible juicio político constitucional de Lasso, cuyo resultado es impredecible, incluso porque todo podría quedar en la impunidad, en tanto el gobierno lo considera como intento de “desestabilización”. En esas condiciones, la ruptura con el PSC, que ahora apoya el juicio político, ha fraccionado al otrora sólido bloque del poder (incluyendo Guayaquil), al menos en la coyuntura inmediata. Y ante la evidente crisis institucional y política que vive Ecuador, es mayoritario el consenso por la renuncia de Lasso o la activación de los procedimientos legales para la terminación de su mandato.

En consecuencia, la derecha política está golpeada, aunque se trata de un fenómeno temporal. Porque lo que unifica a las élites económicas del país, es la defensa del modelo empresarial-neoliberal, que consideran será afectado si eventualmente triunfan las fuerzas progresistas, las izquierdas y especialmente el “correísmo”, que es el fantasma que les atormenta. Harán todo lo posible para impedir su “retorno”.

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