Guerra a través de un comunicado mencionó que está agradecida con las personas que apoyaron su precandidatura, pero que es momento de «alianzas y entendimientos sinceros». Asimismo, agregó que se viene una minga por la vida en un trabajo conjunto con Pérez.

El PSE postuló a Elsa Guerra como la precandidata de su partido. Además, ella fue la primera y única mujer hasta el momento en que se perfilaba como candidata para las contiendas electorales anticipadas.

No obstante, el 27 de mayo en el Consejo Nacional del PSE, se decidió la unión con el movimiento Somos Agua, Unidad Popular y Democracia Sí, en la que Yaku Pérez los representará. Elsa Guera le entregó simbólicamente la bandera del partido socialista para «ir a la presidencia«.

Elsa Guerra

La abogada Elsa Guerra fue candidata a la prefectura de Pichincha en las elecciones de febrero de 2023. Su propuesta para la provincia era impulsar una educación «que emplee y produzca».

Dentro del PSE fue la primera precandidata en confirmar que representaría al partido. «Soy precandidata a la Presidencia por el partido socialista», aseguró hace poco.

No obstante, esta mañana manifestó que aceptó con entusiasmo su precandidaura, pero que es consciente que primero está la necesidad de un nuevo país. «El país pide unidad y responsabilidad», escribió.

La coalición de partidos

En las elecciones del 2021, el Partido Socialista Ecuatoriano se alió con el disuelto Movimiento Concertación. La alianza de estos dos grupos impulsó la candidatura de César Montufar que no quedó ni en el décimo puesto.

Por otro lado, Yaku Pérez fue representante del movimiento indígena, postuló por Pachakutik (PK) y fue apoyado por Unidad Popular. Además, quedó en tercer puesto y ganó en 14 de 24 provincias. Sin embargo, ahora PK desligó totalmente su apoyo a Pérez.

El partido Democracia Sí, en cambio, postuló a Gustavo Larrea con el apoyo de Unión Ecuatoriana. En las contiendas de 2021, Larrea quedó décimo tercero en la tabla de posiciones. (DCJ)

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Para el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, Lasso mostró el proyecto “en el que algunos morirán, pero ahora ya nos permiten usar armas”.

Sostuvo que el proyecto se da en medio de una ola de violencia, con homicidios y delitos diarios. La población no está preparada para hacerle frente a los grupos delictivos. “Nos enfrentamos a personas que usan rifles, armas de alta gama y más”, manifestó Vallejo.

Según el concejal electo de Quito y miembro del PSE, Andrés Campaña, la medida es inconstitucional porque “el Estado renunció a su competencia exclusiva de garantizar la seguridad ciudadana”. Añadió que Ecuador está incumpliendo con el Convenio Internacional de Ginebra, donde se prohíbe el uso y producción de armas.

“La guerra es entre la delincuencia organizada y ustedes”

Vallejo criticó el decreto ya que “delega el monopolio del uso de la fuerza a los particulares porque no ha podido cumplir con su trabajo”. “Lasso dijo que la guerra es entre la delincuencia y ustedes”, ¿la guerra no debería enfrentarla el gobierno?, cuestiona.

Antes en Ecuador se tenía un promedio de seis muertes violentas cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ahora al menos en Esmeraldas hay más de 40, lo que la pone en la ciudad más violenta de América Latina, ejemplificó.

 “Sálvese quien pueda”

La excandidata a la Prefectura de Pichincha, Elsa Guerra sostiene que el decreto es una “irresponsabilidad” del Estado. “Lo único que ha hecho el gobierno es lavarse las manos y decir que la ciudadanía se defienda sola”, dijo.

Además, cuestionó las acciones de la prefecta, Paola Pabón, pues “no se ha sentado con el presidente Lasso para hablar de un plan de seguridad ciudadano”.

En 2022, los homicidios perpetuados con armas de fuego aumentaron en un 80 %, por lo que Guerra cuestiona qué va a pasar con el libre uso de armas. El permiso del porte libre de armas solo incrementará la violencia, es un decreto de “sálvese quien pueda”, explicó.

Los requisitos del Gobierno

El Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el grupo jurídico que acompaña al PSE declaró que los requisitos que pide el gobierno no aseguran nada. “El hecho de que una persona no beba, no significa que no pueda matar”, ilustró uno de los abogados.  (D.C.)

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