El 15 de agosto de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel comunicó a Ecuador el visto bueno para el nombramiento de Deller, en respuesta a la nota enviada por el Gobierno Nacional el 22 de julio.

El grupo empresarial Deller tiene a su haber centros comerciales, franquicias y otros negocios en el área de la construcción. Deller es parte de la cuota política de Guillermo Lasso en el servicio exterior.

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Otros nombres

El Gobierno recibió el beneplácito de las autoridades italianas para Miguel Falconí Puig como embajador de Ecuador en ese país. Falconí ejerce como abogado desde 1972. Su labor legal se enfoca en derecho civil, derecho corporativo y contratación pública, entre otros, en la firma que lleva sus apellidos.

Otra de las designaciones es la periodista María Teresa Pérez Barriga como consulesa en Miami, Florida (Estados Unidos). Ella es hermana del director de diario El Universo, Carlos Pérez Barriga, su familia es la propietaria fundadora del medio de comunicación, pero también muy cercana a Guillermo Lasso.

En junio de 2021, Pérez Barriga, viuda de Crespo, recibió de manos del presidente la Orden Nacional al Mérito, en el grado de Gran Oficial, post mortem, para el periodista Andrés Crespo Reinberg.

Emilio Palacio quién había sido designado en ese cargo en mayo de 2021, no pudo aceptar la designación debido a su status migratorio.

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“México, Argentina, Cuba, China y otras representaciones diplomáticas certifican que no he pedido asilo u otra forma de protección”, escribió la máxima autoridad de la provincia en sus redes sociales.

El 04 de septiembre, la Cancillería del Ecuador ratificó en un comunicado que no existen pedidos de protección internacional ni de asilo político por parte de Pabón.

Adicionalmente, la prefecta denunció al Fiscal Provincial Alberto Santillán y al Teniente Coronel de la Policía Carlos Albán por el supuesto delito de Fraude Procesal.

Según Pabón, ellos habrían falseado un informe en el que ella supuestamente habría pedido asilo político a la embajada de México.

El 31 de agosto, Santillán pidió una audiencia para la revisión de medidas cautelares de la prefecta por el supuesto pedido de asilo. La audiencia puede derivar en una nueva orden de encarcelación para la autoridad provincial

Pabón, Virgilio Hernández y el activista Christian González tienen una investigación por el supuesto delito de rebelión en las protestas de octubre del 2019.

Ambos reiteradamente han calificado a estas acusaciones como “intentos de persecución política en contra suya por parte de las autoridades de turno”.

Desde octubre hasta el día de hoy, el caso todavía no tiene una resolución fija. En consecuencia, los tres ciudadanos portan el grillete electrónico en sus tobillos. Una medida cautelar que sustituyó a la prisión, en la que pasaron 72 días. (DR).

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