El 7 de junio del 2021, la Procuraduría solicitó la ejecución forzosa de este proceso y el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, porque no cumplieron, en el plazo establecido, el pago de la reparación integral al Estado.

Ahora, la Procuraduría solicitará al mismo Tribunal que disponga el embargo de los bienes muebles e inmuebles, registrados a nombre de los sentenciados. En el
proceso fueron declarados culpables el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios de su gobierno.

En agosto del 2020, la Procuraduría General del Estado conformó la
Unidad de Recuperación de Activos. Según informó la institución, es a través de esta instancia «que se realizarán todas las gestiones para recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita y que sean devueltos al Estado».

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