El presidente Guillermo Lasso no hizo muchas cosas importantes en su labor como presidente, pero lo que sí hizo al pie de la letra fue condecorar a SUS periodistas. Hay que ser sinceros. Poder y medios de comunicación han sido sinónimos desde que salieron los primeros periódicos y en Ecuador esto no ha sido la excepción.

El 23 de marzo del 2022, Lasso condecoraba a Emilio Palacio, periodista de El Universo que exilió en Miami por 10 años debido a una sentencia judicial por «injurias calumniosas graves contra la autoridad», en ese caso, el expresidente Rafael Correa. Dijo, entre líneas, que el exmandatario mandó a matar a los caídos del 30 del septiembre del 2010 para propiciar su rescate. A veces es más lo que no se muestra que lo que dice.

A pesar de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó su demanda al Estado y eso le permitió regresar al país y recibir remuneración. Palacio es ferviente defensor del presidente Lasso y en sus columnas (sí, aún escribe) es implacable con su oposición. En un tuit de abril de este año decía «Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera». Lo expresó en referencia al uso de armas letales por parte de la fuerza pública.

A Alfonso Espinoza de los Monteros lo condecoró el 3 de mayo del 2022. Don Alfonso guarda un récord mundial por sus años como presentador en Ecuavisa y se retiró de las pantallas el 1 de mayo del 2023. Habría que preguntarse ¿cuántas veces no calló este presentador las malas acciones, los errores de este gobierno? El silencio es una fuerza poderosa, nos muestra que quien lo guarda, también es cómplice, aunque no haya hecho nada.

El 08 de agosto, Lasso condecoró a Gonzalo Rosero Chávez, el fundador de radio Democracia y un defensor a muerte del presidente, «por su destacada defensa de la libertad de expresión durante seis décadas», dice Presidencia.

¿Saben qué más dijo el mandatario? «Ecuador ha avanzado tanto en libertad de expresión, en los últimos dos años, que a ningún Gobierno le será fácil construir, nuevamente, un sistema inquisidor que fustigue a periodistas, que les instaure juicios, que los persiga en su intento por callarlos».

El cinismo de Guillermo Lasso duele al leer esas declaraciones, cuando él y su gabinete saben muy bien que cinco periodistas han salido del país por continuas amenazas contra su vida. Ecuador no es seguro para ello y el presidente dice que «ningún gobierno podrá construir un sistema que persiga periodistas para callarlos». Por su puesto que no, el suyo ya lo hizo.

El director de La Posta reveló que el gobierno sabía que la mafia tenía en la mira a Andersson Boscán y a Mónica Velasquez por la publicación del caso El Gran Padrino, que involucra al cuñado del presidente y a su amigo, el asesinado Rubén Cherres. Un tema que llevó a Lasso a juicio política, después a muerte cruzada y ahora a las elecciones anticipadas.

Karol Noroña, periodista de GK, que cubría con una gran destreza el tema seguridad y sistema carcelario debió salir del país. Al gobierno se le salió de las manos el control de las bandas delincuenciales. La vida de Karol estaba en riesgo por la falta de acción de un Ejecutivo al que le quedó grande el país

¿Por qué defender lo indefendible? ¿Para recibir el favor del presidente? ¿Para recibir una condecoración? No es mi intención romantizar este oficio, ya que tiene muchos vacíos. La falta de un sindicato, por ejemplo, para proteger los derechos de quienes ejercemos el periodismo. Sin embargo, defender a rajatabla un gobierno que solo ha traído miseria y desastre al país, no es propio de un periodista.

Tenemos una responsabilidad grande con los ciudadanos. A pesar de que el oficio esté atravesado por los intereses políticos y económicos, no podemos olvidar el compromiso de informar con claridad, precisión, pero también ofrecer sustancia a nuestra audiencia. La crítica de los periodistas, cuestionar preguntar, indagar. Eso nos hace mejores profesionales. Equilibrar la razón y la emoción para ofrecer un trabajo de calidad sin importar quien esté sentado en Carondelet.

Por eso a los muy periodistas, les recuerdo que todavía existimos periodistas que intentamos cada día mejorar. Siguiendo el ejemplo de los grandes referentes, esos que creían en que una idea, un relato, una persona podía ser la chispa para un gran cambio. Aún existimos los obreros de la comunicación.

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«Y ya se han empezado a adelantar ante esta posibilidad, algunos voceros de estas organizaciones golpistas a decir. «Ah, van a vender cargos, van a repartir puestos». Si, señor así funcionan las democracias, los cargos se reparten. Es que el poder cuando está concentrado en pocas manos hace daño, por eso hay que repartir el poder», dijo en una entrevista con i99.

¿Qué dice la ley?

Aunque el periodista saque el término democracia a colación, la repartición de cargos que den un beneficio económico para la persona que los percibe o para terceros, además de ser antiético, está tipificado en el Código Integral Penal (COIP). Así también la gente que ofrezca estos beneficios para sus propios intereses.

Dos de esos delitos son:

Tráfico de Influencias (Art. 285): servidores públicos o personas con potestad estatal que abusando de su cargo, funciones o relación jerárquica ejerzan influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.

Oferta de Realizar Tráfico de Influencias (Art. 286): persona que acepte o solicite a terceros, presentes o cualquier otra remuneración, con el fin de ejercer influencia en otro servidor público para obtener un acto o resolución favorables a sus propios intereses o el de terceros.

Para muestra, un botón. Tras la salida de la asambleísta Karen Noblecilla de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), la organización política denunció públicamente la supuesta venta de cargos a cambio de votos favorables al presidente Lasso en el contexto del juicio político en su contra.

Ella y su equipo habrían recibido, con la venia de Pascual del Cioppo y el ministro Henry Cucalón, cargos en instituciones estatales de El Oro. El presidente de las Juventudes social cristianas, Marco Castillo lo acusó en un comunicado. (MIB)

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«Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera«, escribió Palacio en su cuenta de Twitter este viernes. Esto en referencia implícita a la recomendación del Cosepe de emplear armas letales como parte de las medidas coercitivas urgentes para frenar el terrorismo.

El tweet generó varias críticas en la red social. Los comentarios de decenas de internautas cuestionaron la declaración de Palacio y la calificaron como «amenaza». Asimismo, periodistas expresaron su opinión respecto de la postura del excolumnista.

«Que la decisión no ha sido en combate al crimen organizado sino por si el pueblo se levanta y sale a las calles, es lo que dice este señor», expresó la periodista Alondra Santiago.

«Yo creí que la decisión del Cosepe apuntaba a tomar decisiones contra el crimen organizado. Estos mensajes no ayudan, de modo alguno, a entender el objetivo que queremos todos… o, al menos, la mayoría», escribió el periodista Fabricio Vela.

«Clarito lo dice, el decreto de seguridad contra el terrorismo no es para combatir el crimen organizado, es para reprimir a la lucha social con el terror de Estado. El plan Ecuador en marcha», publicó una internauta llamada Natalia Sierra.

A estos mensajes se sumaron también otras expresiones por parte de políticos y ex dirigentes de movimientos sociales, quienes respondieron a Emilio Palacio.

El uso de armas letales

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral». El anuncio se hizo durante una reunión en el Palacio de Gobierno en Quito, este jueves.

«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

JR

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En la columna, Palacio nombra como responsable de: secuestros de soldados, quema decuartelees y patrulleros, toma de gobernaciones por asalto, azotes a periodistas, toma de pozos petroleros, envenenar el agua potable, llamados a la insurrección violenta y derrocar al gobierno a Iza.

«Digamos las cosas como son: los protagonistas de la violencia irracional de los últimos últimos días no fueron el «Movimiento indígena» o «unos pocos inflitrados» sino un grupo terrorista de reciente formación, muy bien organizado, con estructuras y mandos y con disciplina militar, encabezados por Leonidas Iza, que no hace mucho tiempo se tomó la dirección de la Conaie para convertirla en una herramienta política de asalto al poder», dice parte del escrito.

Añadió que ese grupo semiclandestino se impuso en el movimiento indígena y que algunos dirigentes como Lourdes Tibán se rindieron a ellos para evitar que le apliquen la justicia indígena.

Si bien un artículo de opinión permite dar voz al ejercicio de análisis de un periodista o experto no admite las acusaciones que no se sustenten en pruebas fehacientes de lo dicho, por lo que se debe tener mucho cuidado al momento de publicarlos ya que no solo alcanzan al dueño del artículo sino también al medio donde se publica. En este caso no hay pruebas de que exista una estructura criminal preparada militarmente en la que Iza esté a cargo.

El caso del diario El Universo

No es la primera vez que Emilio Palacio emite acusaciones sin pruebas. Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, el periodista trabajaba en diario El Universo. El 6 de febrero de 2011 apareció el artículo de opinión titulado NO a las mentiras donde se hablaba de los hechos del 30 de septiembre de 2010 y las acciones de Correa.

La justicia determinó la culpabilidad de Palacio y el diario por «injurias calumniosas graves contra la autoridad». Debían guardar tres años de prisión y pagar USD 30 millones. Al final, el expresidente no solicitó el pago, pero mantuvo la sentencia.

No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió en su sentencia que « el artículo “NO a las mentiras” constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático». Palacio pasó más de 10 años fuera del Ecuador hasta tener el dictamen favorable. MIB

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No sorprende la cercanía del exconvicto y el exeditorialista de El Universo, por supuesto. Nada tendría de extraño, excepto porque a unos pocos kilómetros del lugar en el que ambos se abrazaban, y apenas cuatro horas más tarde, el hombre clave en el juicio que llevó a la cárcel a Lara era asesinado bajo la modalidad sicariato.

Alex Cedeño, el agricultor y testigo clave del Caso Quinsaloma moría a las 18:00. Él fue quien involucró a Lara como uno de los autores intelectuales del asesinato múltiple. 

El caso

Los asesinatos, que conmocionaron a Los Ríos y al país en agosto de 2011, tuvieron lugar en el recinto Balserío. Las víctimas fueron Carlos Llanos, su esposa Silvia Parco y su hijo de tres años. Los tres murieron por machetazos y sus cuerpos arrojados en el río Umbe, a 200 metros de su casa. Su cama se redujo a escombros porque, además, le prendieron fuego.

El otro caso

En 2012, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó una orden de prisión contra los directivos de diario El Universo, tras el juicio planteado por el expresidente Rafael Correa por injurias.

El exmandatario presentó un juicio contra los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de El Universo, y contra el editorialista Emilio Palacio, quien tiempo después renunció al diario. Tras ello, se fue a Estados Unidos.

En diciembre de 2021, la defensa del Estado ecuatoriano permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) asumiera la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en el caso El Universo. 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló a favor de Emilio Palacio, quien demandó al Estado por la sentencia en su contra por injurias. Ese fallo lo condenaba a tres años de prisión y el pago de una multa.

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«La Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre otras: 1) dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia de 20 de julio de 2011, confirmada el 22 de septiembre de 2011, y 2) establecer vías alternativas al proceso penal para la protección al honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública».

El Estado debe encargarse que los nombres de los demandantes no aparezcan en las bases de datos judiciales con relación a este caso. «Asimismo, consideró que se debe garantizar que el ofendido (expresidente Correa) en el proceso penal no pueda solicitar la indemnización en la actualidad».

Los hechos

Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, Emilio Palacio trabajaba en diario El Universo. El 6 de febrero de 2011 apareció el artículo de opinión titulado NO a las mentiras donde se hablaba de los hechos del 30 de septiembre de 2010 y las acciones de Correa.

La justicia determinó la culpabilidad de Palacio y el diario por «injurias calumniosas graves contra la autoridad». Debían guardar tres años de prisión y pagar USD 30 millones. Al final, el expresidente no solicitó el pago, pero mantuvo la sentencia.

En la sentencia, «la Corte determinó que el artículo “NO a las mentiras” constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático».

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Daños materiales

En un principio, Emilio Palacio solicitaba el pago de más de USD 1 millón, entre lucro cesante y daño emergente. El periodista alegaba la pérdida de trabajo, salario, el traslado a Estados Unidos, el envío de divisas a Ecuador, la compra de un seguro privado en EE.UU.

La Corte decidió que «no se cuenta con información suficiente que permita determinar los ingresos que efectivamente dejó de percibir el señor Palacio Urrutia por motivo de su renuncia a El Universo, ni sobre el impacto económico real que esto tuvo en su patrimonio al tener que ejercer su profesión desde Estados Unidos». Por lo que la suma en lucro cesante quedó en USD 250.000 y USD 20.000 por daño emergente.

Daños inmateriales

Palacio pedía USD 50.000 por daños inmateriales, ya que «vio coartado su proyecto de vida personal y profesional», según su defensa. Asimismo, se solicitaba un pago de USD 10.000 para cada representante de diario El Universo.

La Corte determinó el pago de USD 30.000 para Palacio y USD 20.000 para Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez Barriga.

Las costas y gastos para los miembros de la defensa de las partes y la CIDH quedó en USD 40.000. Ecuador tiene el plazo de un año para entregar esos valores.

¿Becas para los hijos de Palacio?

Los representantes «solicitaron que se otorguen becas educativas a los hijos del señor Palacio Urrutia para la realización de sus estudios hasta completar su formación profesional en el lugar en que deseen».

El Estado alegó que «no existe un nexo causal que permita verificar que efectivamente el acceso a los estudios por parte del hijo del señor Palacio Urrutia fueron afectados por el proceso penal en contra del padre, por lo que considera que dicha solicitud es impertinente». El pedido no prosperó.

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