Entre ajustes útiles y riesgos de control excesivo, este es su impacto empresarial:

SAS bajo lupa: ¿control o muro?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), diseñadas para agilizar emprendimientos, ahora enfrentan obstáculos:

• Prohibidas en sectores claves como minería, finanzas o mercado de valores.
• Obligadas a transformarse en sociedades anónimas si tienen más de 5 socios o más de USD 460 000 de capital.
• Exigen tasación pericial de aportes no dinerarios con respaldo legal.

Justificación oficial: evitar el lavado de activos, fomentar el aporte privado al Estado ante el conflicto armado. Pero el superintendente Luis Cabezas-Klaere aclara: las SAS democratizaron el emprendimiento, y las mafias ya utilizan estructuras alternativas más costosas. ¿Será esta ley una barrera para emprendedores legítimos?

Sociedades deportivas: nueva figura legal sin revuelo futbolero

Surge la figura de sociedades anónimas deportivas: empresas con personalidad jurídica, fines lucrativos y doble supervisión (Ley del Deporte + Compañías). Su objetivo declarado: profesionalizar y transparentar el sector deportivo, evitando que se convierta en refugio de actividades ilícitas.

• Supervisión cruzada entre Superintendencia y ente deportivo.
• Prohibiciones explícitas contra lavado de activos y triangulación financiera.

Bienvenida la figura, pero su diseño se insiste en el enfoque empresarial: riesgo real de que el Estado ponga más atención a formularios que a partidas presupuestarias opacas en subnivel.

Donaciones con rebaja fiscal… ¿qué solidaridad?

Las empresas que donen bienes a policías o Fuerzas Armadas obtienen hasta 30 % de deducción del impuesto a la renta. Esta medida incluye:

• Equipos, insumos o inmuebles, siempre trazables y auditables.
• Mecanismo de fiduciarios privados para compras colectivas, transparentes.

¿Un acto de altruismo fiscal, o una manera de suplir falencias presupuestarias del estado? Si las grandes empresas asumen funciones estatales, ¿quién vigila esa filantropía?

Grandes deudas, cero indulgencia

La ley establece que las empresas con capital mayor a USD 30 millones y deudas tributarias firmes serán cobradas en 30 días bajo vigilancia del SRI y el Ministerio de Economía.
Por fin un gesto hacia la justicia fiscal que aún no llega a pymes, informalidad o grandes multilatinas que negocian contra el tiempo.

¿Solidaridad real o control selectivo?

Esta ley es ambivalente. Por un lado, fortalece controles, penaliza a grandes evasores y busca evitar lavado; por otro, impone rigideces a los emprendimientos jóvenes y blinda la implantación empresarial en temas bajo la sombrilla de “emergencia económica”.

Un Estado fuerte debe proteger a los pequeños y no solo vigilar a los grandes. La solidaridad no debe ser sinónimo de sufrimiento administrativo. Los emprendedores que ya cargan con trámites, ahora deberán costear transformaciones empresariales automáticas. El verdadero reto es que la ley incluya mecanismos de apoyo real, capacitación y eficiencia institucional, no solo barreras administrativas.

¿Control o valla? Esa es la pregunta clave mientras Ecuador redefine el contrato entre empresa, Estado y sociedad. Ojalá la voluntad de recaudar no termine asfixiando la creatividad y la esperanza emprendedora.

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