Según la denuncia presentada por el abogado Alejandro Rodas, el burgomaestre quiteño incumplió la ley al ser socio de Quevedo & Ponce. Una firma dedicada al sector inmobiliario que tiene jurisdicción en Panamá, país considerado como paraíso fiscal por el Ecuador.

Presuntos delitos

Rodas denunció al alcalde Guarderas por supuesta inobservancia legal en la Contraloría. “Mintió a la Contraloría al decir bajo juramento que no es accionista en un paraíso fiscal”, explicó el pasado 9 de febrero a los medios de comunicación.

Asimismo, el abogado denunció al alcalde por presunto delito de perjurio en la Fiscalía Provincial de Pichincha.

“Guarderas para ser concejal de Quito debió deshacerse de la titularidad de haber sido accionista de estas empresas. Al ocultar esa información está mintiendo y sobre todo a la ley de la Consulta Popular sobre paraísos fiscales de 2017”, acotó.

Sin embargo, el burgomaestre señaló que no ha sido notificado por esta última acusación.

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La moción obtuvo 11 votos en contra, 6 a favor y 4 abstenciones. Entre los 11 que negaron la moción se encontraban concejales como Brith Vaca, Bernardo Abad, Luz Elena Coloma y además el mismo alcalde, Santiago Guarderas.

Abad señaló que ‘crear una comisión de la verdad que investigue los vínculos del alcalde con empresas offshore no es factible’. A estas declaraciones se sumaron las del alcalde. Guarderas manifestó que organismos como la Fiscalía y la Contraloría deberían investigarlo, ‘no el concejo metropolitano’.

La empresa de Guarderas: Coppa y Pi S.A

El nombre del alcalde que reemplazó a Jorge Yunda, figuraría en los accionistas de una empresa domiciliada en Panamá. Esta misma empresa guarda relación con la inmobiliaria a cargo del proyecto «Urkupamba». Cabe recordar que desde la consulta popular del 2017, ningún funcionario público puede poseer algún tipo de empresa en paraísos fiscales.

La empresa extranjera Quevedo Ponce Incorporated es la principal accionista de la inmobiliaria Coppa y Pi S.A. perteneciente a Santiago Guarderas. Esta, lleva funcionando desde 1996 y en 2010 estos datos se difundieron. Guarderas, junto con su hermano aún aparecen en los datos tributarios públicos de su empresa. Versión contraria a la que expresó el alcalde donde estipulaba que se desprendió de ella antes de ejercer cargo público.

Un dato llamativo es que Guarderas poseía un estudio jurídico Quevedo y Ponce ubicado precisamente en la misma dirección que la empresa extranjera Quevedo Ponce Incoporated: Av. 12 de octubre y Lincoln. El estudio fue develado en como un intermediario de empresas offshore. El consorcio internacional de periodistas a cargo del caso Pandora Papers reveló este dato en 2016.

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