Los neoliberales, los anarco-capitalistas, los empresarios que se ven representados por esas ideologías y los gobiernos surgidos bajo sus consignas, desconocen la historia económica y social del capitalismo y de América Latina. En consecuencia, hoy son sus “enemigos” el Estado, los impuestos, los derechos laborales y ambientales, los movimientos sociales, las reivindicaciones populares.

Desde que la primera Revolución Industrial (mediados siglo XVIII) instauró el capitalismo en Inglaterra y otros países europeos, los empresarios acumularon riquezas escandalosas y poder político, porque los Estados no intervenían en la economía, no existían leyes laborales y tampoco impuestos directos. Frente a ellos contrastaba la explotación a los trabajadores y la miserable vida que llevaban con sus familias. Bajo esas condiciones surgieron la creciente lucha de clases y las teorías anticapitalistas. Gracias a la conciencia generada se avanzó en la necesaria intervención del Estado, los derechos a los trabajadores y el cobro de impuestos. Solo así mejoraron las condiciones de vida, trabajo y el progreso general. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX la pobreza era una realidad todavía vigente.

En los Estados Unidos esas condiciones heredadas comenzaron a cambiar radicalmente con el New Deal inaugurado por Franklin D. Roosevelt (1933-1945) y en Europa con la implantación de los Estados de Bienestar, después de la II Guerra Mundial (1939-1945). Como en ninguna otra época despegó el desarrollo, se abolió la pobreza absoluta, se extendió la clase media y, sobre todo, gracias a los Estados intervencionistas se avanzó en inversiones públicas, trabajo y, especialmente en Europa, derechos laborales y servicios públicos entre los que destacaron seguridad social, educación y salud. Ante el avance del socialismo en el mundo, el capitalismo se vio obligado a cambiar y admitir reformas sociales.

Y ¿cómo se financió ese adelanto humano? Con impuestos. En EE.UU. desde 1913 se estableció el de rentas que durante el New Deal se incrementó sustancialmente, hasta alcanzar el 94% sobre ingresos superiores a los 200 mil dólares (unos US$ 2.9 millones actuales) durante la II Guerra.  En el Reino Unido el más antiguo impuesto sobre las rentas se estableció en 1799, pero fue temporal. En realidad, en Europa los impuestos a la renta se consolidaron a fines del siglo XIX e inicios del XX; pero las altas tasas pertenecen a la segunda postguerra, fluctuando entre el 60% y el 90%.

En América Latina el desarrollo del capitalismo es un verdadero drama, cuyo despegue prácticamente ocurre en el siglo XX, sin superar del todo los Estados oligárquicos. La escandalosa miseria, pobreza y explotación laboral y social se extendieron durante toda la vida de las repúblicas. Los primeros impuestos sobre las rentas se introdujeron en Brasil (1922), México y Chile (1924), Ecuador (1928), Argentina (1932), aunque con variaciones entre menos del 10% y hasta el 50%. Lograron aumentarlo, aunque en forma temporal, los gobiernos “populistas” de las décadas entre 1920 y 1940, así como los del progresismo contemporáneo del siglo XXI, que sentaron bases para construir Estados de bienestar latinoamericanos. Gracias al Estado, las inversiones públicas, los derechos laborales, sociales y ambientales, mejoraron las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores humanos. Esos avances igualmente se lograron con los impuestos directos, sin llegar nunca al nivel que tuvieron en los EE.UU. hasta la década de 1970, que todavía bordeaban el 70%.

A partir del ascenso del neoliberalismo mundial, a consecuencia de las políticas impulsadas por Ronald Reagan (1981-1989) y la influencia hegemónica de los EE.UU., se inició la era del cuestionamiento a los Estados de Bienestar y a todo tipo de intervencionismo estatal, derechos laborales, servicios públicos, seguridad social, avances humanos y, sin duda, impuestos. Durante las dos décadas finales del siglo XX pasaron a reinar las economías del privilegio para garantizar rentabilidades empresariales y el poder económico de las capas ricas. En los EE.UU. el impuesto a la renta bajó al 50% y en poco tiempo al 28%. En Europa la situación impositiva fue reformada, pero todavía se conservan altos impuestos para el financiamiento de las políticas sociales. La concentración de la riqueza ha llegado a niveles alarmantes, según los reconocidos estudios de Thomas Piketty. En América Latina el ingreso del neoliberalismo resultó fatal para las políticas sociales y pasó a ser característica permanente no solo la evasión tributaria de larga historia en la región, sino la fuga y ocultamiento de capitales en paraísos fiscales, así como la galopante condonación o reducción de deudas y de impuestos para los empresarios, revestida como “incentivos” tributarios. Hoy, países como Ecuador tienen tasas tributarias menores al promedio latinoamericano que, de acuerdo con la CEPAL, es del 20 y 22% frente al PIB, mientras en la OCDE es del 34%. Además, desde 2017 se han sucedido en Ecuador tres gobiernos empresariales (dos presidentes empresarios-millonarios), que han consagrado un “modelo” de gerencia del Estado para garantizar negocios privados, abandonando todo objetivo de desarrollo económico con bienestar social. El otro extremo ha pasado a ser Argentina, donde se impulsa un modelo más agresivo, que considera que hay que acabar con el Estado y sostiene que los impuestos son un “robo”.

Bajo estas nuevas condiciones, el estrangulamiento a los impuestos directos y especialmente aliviando a los ricos, vuelve imposible ejecutar políticas sociales, pues se carece de recursos internos. Los gobiernos acuden al FMI, cuyas medidas empeoran los problemas, como se ha demostrado en toda la región. Las estadísticas y estudios internacionales comprueban el agravamiento de la pobreza, la expansión de la miseria, el derrumbe del trabajo, el crecimiento de la informalidad y de la emigración, la explosión del crimen organizado. El reciente libro Política social, pobreza y desigualdad en el Ecuador: 1980-2021, coordinado por Xavier Jara, Andrés Mideros y María Gabriela Palacio, pormenoriza la situación histórica de Ecuador en el período estudiado (https://t.ly/hD6p_), en el cual resaltan las políticas sociales acompañadas por impuestos directos y el cobro a los tradicionales evasores durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Cabe concluir que en América Latina la “libertad económica” del neoliberalismo-oligárquico y el libertarianismo anarco-capitalista es un concepto empresarial abiertamente perverso, al impedir el bienestar humano en la región.

A pesar de esas expresiones de estancamiento y hasta retroceso histórico, en el mundo también se retoma la conciencia sobre el papel del Estado y de los impuestos. Al interior del G20/OCDE se discute un impuesto global del 2% a los super millonarios, así como el pago de impuestos de las corporaciones multinacionales en todos los lugares en donde operan, con una tasa adicional mínima y mundial del 15% sobre sus ganancias; mientras en las Naciones Unidas hay una primera resolución para un convenio marco sobre cooperación fiscal (https://t.ly/0a6yb). Mayores impuestos a las capas ricas y a las empresas privadas concentradoras de la renta socialmente generada es una de las vías prioritarias para romper el muro que impide el desarrollo con equidad y democracia en América Latina.

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¿Abuso de poder o poder en abuso? No cabe duda de que el presidente Daniel Noboa, cada vez que puede (porque ha demostrado que puede), hace conocer sobre los alcances que tiene el Ejecutivo sobre los tentáculos de los otros poderes, pasando por encima de lo que la misma Constitución dicta para un Estado de Derecho. Esta vez la periodista de nacionalidad cubana, Alondra Santiago Rodríguez, fue alcanzada por otro argumento carente de validez jurídica y la racionalidad que últimamente determinan acciones, hasta penales, sobre algunos ciudadanos. En horas de la mañana de este martes 25 de junio, la periodista dio a conocer en sus redes sociales la notificación de revocatoria a su visa remitida por la Cancillería ecuatoriana. Varias han sido las reacciones que profundizan aún más la politización de un tema, o situación, que le incomoda al gobierno del “Nuevo Ecuador”.

La Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana determinó que Santiago “ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, luego de que el 12 de junio de 2024 la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la entidad emitiera un criterio en favor de un proyecto de Revocatoria de Visa de Residencia Permanente; solicitud de la que se desconoce procedencia y argumentos legales ante la luz pública. Lo cierto es que, una vez más, el presiente Noboa ha usado los poderes del Estado para sacar del camino a quienes le incomodan o, como lo ha dicho en otras ocasiones, van en contra de su línea de gobierno.

El concepto de inseguridad, para el primer mandatario, parece no estar del todo claro o puede estar claro que es la pieza comunicacional clave en su estrategia de crear enemigos internos que marquen la agenda política y mediática en el país. Asimismo, las seguridades jurídicas, la soberanía y las garantías constitucionales tampoco están bien definidas para su neonato gabinete que más que hacer política pública está bastante ocupado en saciar los caprichos presidenciales y mantenerse en el poder, algo que parece no haber cumplido su exministra de Energía, Andrea Arrobo.

Si bien la banda presidencial tiene inscrito el lema “Mi Poder en la Constitución”, no significa que el primer mandatario pueda, éticamente, usar deliberada e interpretativamente lo que dicta la Carta Magna en un Estado de Derecho para atropellar derechos. Y es que, hoy, el tema sobre Alondra Santiago va más allá del supuesto irrespeto al Himno Nacional, incluso, más allá de la libertad de expresión. Pues, paradójicamente, a Santiago no se le acusa de hacer periodismo, se le acusa de “activismo” en favor de la línea ideológica contraria a su corto gobierno. Situación que la opinión pública no ha dejado de comparar con los casos de su vicepresidenta Verónica Abad y de su exesposa Gabriela Goldbaum.

Sin embargo, y para sorpresa de pocos, lejos de que esto pueda ser una clara violencia de género, para su trasnochado electorado, atentar a la democracia ya no es la falta de cumplimiento a un plan de gobierno ni la escaza gestión estatal o la insistencia renuente de implementar políticas neoliberales, sino que una periodista hable o que una ministra desobedezca, una vicepresidenta se defienda y que una madre proteja a su hija. Lo peor, para una sociedad fragmentada, es que este tipo de vulneraciones son legitimadas por ciertos actores que hacen catarsis de su odio, discriminación y polarización ideológica a través de acciones que rebasan la delgada línea entre gobernar y abusar del efímero poder.

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