En el 2006, Energy & Palm empezó a comprar tierras en el cantón San Lorenzo. Dentro de esas adquisiciones constan tierras que fueron consolidadas como parte de la Comuna.

Sin embargo, la comuna se constituyó en el año 2000 mediante título de propiedad comunal. El ex Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), reconoció la posesión de 1430 hectáreas a través de la Ley de Comunas del Ecuador.

Asimismo, fue reconocida en los derechos colectivos de la Constitución del Ecuador y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

Se prevé que para el 31 de agosto se realice la audiencia en el juzgado de San Lorenzo, en la que esperan que las tierras “arrebatadas” les sean devueltas. La lucha de estos comuneros por su territorio lleva casi 17 años.

Intimidación

En 2020, la compañía demandó por USD 300 mil a siete líderes de la comunidad, por daños y perjuicios. Para los comuneros, esta fue una forma de intimidarlos. “Nos están extorsionando para que les dejemos el territorio ahí y no reclamemos más”, sostuvieron.

Racismo estructural y esclavitud moderna

La presidenta de Acción Ecológica, Natalia Bonilla indicó que, el Estado ha permitido la venta del territorio comunero. “Como este es un territorio que está ocupado por poblaciones afroecuatorianas e indígenas, el Estado ha permitido eso”, comentó para Radio La Calle.

“Se llega a racializar la naturaleza, como si esta fuera una naturaleza de personas afro e indígenas y por tanto vale menos, y que por tanto es menos importante, que puede ser destruida y ser deforestada. (…) Es un racismo estructural del Estado”, sostuvo.

De la misma manera, denunció que los comuneros que laboran en Energy & Palm deben llevar sus propios instrumentos para trabajar. Además, tienen que comprar material, y en el caso de que la empresa les provea algún insumo, se lo descuentan.

“También hay contaminación”

Bonilla aseguró que estas plantaciones han generado grandes impactos ambientales. La amenaza para los bosques del Chocó, el impacto sobre la biodiversidad del agua subterránea y muchos más efectos provocaría esta empresa. «A las personas de las comunidades, les provocan enfermedades de piel y otras más que afectan seriamente a su salud», expresó.

Además, afirmó que el Ministerio de Ambiente nunca ha arribado hasta la comunidad para constatar la contaminación que hay en la comuna de Barranquilla. (M.W.)

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