Las personas están siendo procesadas debido al aumento sospechoso de su riqueza personal. Su cuenta sobrepasa los USD 8 millones después de haber obtenido supuestamente contratos de manera irregular en diversos hospitales públicos, recogió Primicias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que el dictamen estaba respaldado por más de 180 elementos de prueba que demostrarían la responsabilidad penal de estos individuos. Además, el juez de Milagro decidió sobreseerlos.

La investigación

La investigación fiscal expuso que 22 implicados presentaron ofertas de suministros médicos en los procesos de contratación de hospitales públicos. Los contratos fueron otorgados a varios de los coautores a través de proformas que aparentemente eran más ventajosas.

Asimismo, se alegó que aquellos que recibieron los contratos, realizaban pagos en efectivo o mediante transferencias bancarias a Gino P. y Judith R.

La Fiscalía también ha agregado que los coautores poseían un Registro Único de Contribuyentes (RUC) válido para realizar las ofertas, pero sus actividades laborales eran diferentes. Por ejemplo, durante un allanamiento a uno de los proveedores, se constató que en el lugar funcionaba una ferretería donde se encontraron documentos relacionados con las contrataciones y la conexión entre los acusados.

Estas personas no pudieron justificar el aumento de su patrimonio, el cual aparentemente se generó después de haber obtenido contratos en varios hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud (MSP) en Milagro, Durán y Babahoyo. (DCJ)

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Según Almeida, Ulloa aumentó su patrimonio aproximadamente USD 1 millón entre el 2019 y 2020. Aseguró que el titular del CPCCS no posee un historial desde el 2013 que le permita justificar de manera juramentada el incremento monetario que posee.

De la misma manera indicó que sus acusaciones se respaldan en las declaraciones vertidas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y en la página de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, resaltó que todavía se está investigando este aumento en el último año.

“Como legislador investigador investigué este caso de corrupción y como ciudadano me encuentro en la facultad de denunciar. Espero que la fiscal Salazar otorgue las sanciones correspondientes”, manifestó Almeida.

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El Tribunal estuvo integrado por los jueces Daniella Camacho, David Jacho y Wilman Terán. Ellos asumieron que la sentencia dictada el 1 de abril de 2019 está debidamente motivada, por lo que la ratificaron en todas sus partes.

Según el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, Pedro Delgado recibió la sentencia máxima con agravante estipulada en el artículo 29, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La exposición del Fiscal estuvo basada en el hecho que Delgado no compareció durante el proceso ni en el juicio.

Frente a esto, Toainga también reiteró que el imputado se encuentra prófugo de la justicia por el delito de peculado bancario. Por ello, Pedro Delgado recibió ocho años de pena privativa de libertad.

Otros delitos

Según la investigación fiscal, Delgado tuvo un incremento de su patrimonio en el periodo desde mayo de 2009 a diciembre de 2012. En ese entonces, se desempeñó como funcionario público. Por estas razones, recibió una sentencia tipificada bajo el delito de enriquecimiento ilícito que contempla el COIP en el artículo 296.

La Corte Nacional de Justicia también llamó a juicio a Delgado por el presunto delito de uso doloso de documento falso. El delito está contemplado en el artículo 341 del Código Penal,  bajo una pena de reclusión de 6 a 9 años.

La imputación se debió a que el título de cuarto nivel presentado por Delgado era falso pues correspondía a otra ciudadana. Además, el INCAE Business School, presentó un certificado en el que determinaron que el título obtenido por Pedro Delgado en 1993, como Máster en Economía Empresarial, carece de validez.

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Los delitos que le imputan, giran en torno al tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Por este motivo, Ordoñez pidió al Consejo de la Judicatura “celeridad en la ejecución de las sentencias para recuperar lo robado”, escribió en un comunicado.

Su abogado, Stalin Raza, indicó para un medio de comunicación impreso que la Larrea no tenía fondos para cubrir las deudas que le son impuestas. Por ello, si no pudiera subsanar las mismas, eso no impediría que salga de la cárcel.

Los juicios de Larrea

El próximo 29 de noviembre, María Sol Larrea cumplirá las condenas impuestas y podrá salir en libertad.

Los delitos que hasta ahora ha cumplido lograron que ella lleve dos años y 3 meses en la cárcel. Estos incluyen: 20 meses por enriquecimiento ilícito, 2 años por tráfico de influencias y uno por peculado. En el caso, no hubo acumulación de penas.

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