“Estamos contentos por la sentencia. Agradecemos a Dios, nuestros abogados, la Coordinadora Nacional Campesina. Lo que le pedimos al Estado que no se quede en papeles. Nosotros siempre hemos sido olvidados y esperamos que se cumpla y no nos mientan como han hecho siempre”, dijo a los medios Susana Quiñonez, una de las afectadas.

Sin agua ni luz

“La situación de los campamentos es horrible. No tenemos luz, agua. No tenemos nada. Los cuartos son pequeños, una barbaridad. Nos quedamos ahí para que verifiquen la verdad porque querían taparla, pero nosotros estamos en resistencia. Los campamentos siguen igual, la empresa se burla de nosotros. Querían tumbar los campamentos para eliminar evidencia por eso nos quedamos ahí. Si toca morir ahí, allí moriremos”, agregó Susana.

Por otra parte, July, quien también resiste en los campamentos. “Estoy muy feliz porque hemos tenido un avance respecto al caso, pero no queremos que esto quede impune, sino que el Estado reconozca lo han hecho con nosotros. Nos han intimidado. No hemos tenido avances por parte del Gobierno, seguimos en los campamentos sin luz, sin agua”.

El Proceso

La abogada de los empleados de Furukawa, Alejandra Zambrano, indicó cuáles son las incidencias de esta sentencia.  “El 15 de octubre recibimos la sentencia de apelación de la Corte Provincial donde se indica que hubo violaciones a los derechos humanos a este grupo de personas. Concluye que hubo trabajo infantil, violación del derecho al trabajo. Establece que los contratos de arrendamiento solo son una pantalla para cubrir la relación de trabajo que existía con estos 123 trabajadores”.

Otras violaciones son el derecho a la salud, vivienda, educación y vida digna. La afectación a la dignidad humana es el centro en este caso.  “En el caso de la esclavitud, se llegó a identificar con los testimonios de los trabajadores, que existía una violación”.

En este caso existen 1.244 afectados. Sin embargo, cada afectado debe comparecer en su propio juicio. Un segundo grupo de 216 afectados también demandaron a la empresa y solicitaron reparación. La audiencia se realizará el próximo 16 de noviembre. Para los 123 trabajadores, el Estado deberá entregar una indemnización por años de trabajo y otra por entrega de tierras (5 hectáreas).

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En abril del 2021, la Corte Constitucional condenó a la empresa japonesa por esclavizar a 123 agricultores. En esta plantación, los abacaleros laboraban más de 10 horas al día, en condiciones infrahumanas de hacinamiento, sin protecciones para la maquinaria agrícola, sin agua potable, luz ni saneamiento.

Además de lesiones en las extremidades, todos los agricultores sufrían alguna enfermedad crónica, infecciones en la piel o enfermedades respiratorias. Incluso, muchos niños fueron obligados a trabajar desde muy temprana edad.

El fallo determinó una indemnización económica, además de la entrega de cinco hectáreas de tierra de cultivo, a cada uno de los demandantes. También exigieron disculpas públicas en los principales periódicos del país.

La sentencia también dispuso a los ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud emitir disculpas públicas en sus páginas web, por no haber actuado oportunamente, para frenar estas prácticas, desde sus competencias.

Sin embargo, el proceso de reparación a las víctimas sigue sin cumplirse, pues Furukawa apeló al fallo de la Corte. Incluso, ahora buscan calificar de invasores a los empleados y negar el trabajo infantil, a fin de desestimar la sentencia.

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