Tuit Cámara Comercio Quito: https://x.com/lacamaradequito/status/1957556217460502890?t=HcNxQ4FB0E6OO6Q4sYv35w&s=19

Tuit Cámara Producción:

https://x.com/CamaraCIP/status/1957552329693040803

Según fuentes policiales, el ataque fue perpetrado por sicarios que llegaron en motocicleta, disparándole en varias ocasiones en la cabeza. Aguayo murió en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica. La Policía Nacional ha iniciado investigaciones para determinar si el crimen estaría relacionado con extorsiones, aunque esta hipótesis aún se encuentra bajo análisis.

Investigación en curso

La Policía ha recolectado evidencias balísticas y testimonios de testigos cercanos a la farmacia. Además, se están revisando cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Autoridades locales han declarado que se trabajará con “toda la capacidad investigativa” para esclarecer los hechos y evitar impunidad.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) indica en su análisis estadístico semestral que la proporción de homicidios por uso de armas de fuego incrementó en 5 puntosporcentuales respecto al primer semestre de 2024 y que el 78,61% de homicidios intencionales se concentra en tres zonas de planificación —zonas 8, 4 y 5—, con un 39,5% correspondiente a la zona 8 que incluye Guayaquil, Durán y Samborondón. Guayaquil concentra el 31,7% de homicidios de todo el país.

Un líder gremial comprometido

Aguayo fue una figura destacada en el sector empresarial de Esmeraldas. Como presidente de la Cámara de Comercio, promovió iniciativas para fortalecer el comercio local y la seguridad en el sector productivo. Además, su labor como médico le ganó el respeto y aprecio de la comunidad. Su asesinato ha generado conmoción entre empresarios y ciudadanos que lo conocían.

Contexto de violencia en la región

Este crimen se suma a una serie de hechos violentos en Esmeraldas y otras provincias, donde los ataques a empresarios y comerciantes han ido en aumento, generando preocupación sobre la seguridad y la influencia del crimen organizado en la región.

Organizaciones sociales y gremiales han pedido a las autoridades acciones rápidas y efectivas para frenar la ola de violencia y garantizar la protección de líderes comunitarios y empresarios.

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Este asesinato se suma a uno de los casos de violencia en el país, mientras el gobierno celebra sus propias “victorias” en materia de seguridad, sin ofrecer respuestas efectivas para proteger a empresarios y ciudadanos frente a la ola de criminalidad que azota a Ecuador.

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“Nos reunimos con la Cámara de Comercio de Quito, para presentar propuestas claras: seguridad, justicia, empleo y reglas que generen confianza. Impulsaremos inversión productiva, banca pública con créditos accesibles, modernización del Estado, alianzas estratégicas e infraestructura con enfoque territorial. La unidad, el diálogo y la seriedad serán la base para reconstruir un país que se nos cae a pedazos. ¡Es tiempo de sanar y trabajar juntos!”, expresó González en su cuenta de X.

En la reunión, la candidata expuso su plan de gobierno y detalló sus propuestas para impulsar el crecimiento económico, mejorar la seguridad y fomentar la generación de empleo. Además, buscó disipar las dudas del sector privado sobre el rumbo económico que tomará el país en caso de resultar electa.

Desastre ambiental

En su visita a Esmeraldas, la candidata se refirió a la falta de transparencia por parte del Gobierno en el derrame petrolero que afectó a esta provincia.

“No tenemos cifras exactas, y sin cifras exactas no se pueden tomar decisiones. No hay un verdadero manejo del Estado. El presidente de la República ha fracasado en la gestión de esta crisis. Las Fuerzas Armadas tienen experiencia en desastres naturales; pudieron haber organizado albergues y garantizar agua y alimentos a la población afectada. La ausencia de liderazgo ha agravado la situación de miles de esmeraldeños”, expresó.

González alertó que calificar como “sabotaje” al desastre es peligroso porque puede impedir la activación de seguros de cobertura ambiental.

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Desde que ocurrió la emergencia, Petroecuador no había proporcionado públicamente el dato oficial del volumen derramado, a pesar de los constantes pedidos realizados por medios de comunicación. Tanto la entidad como distintas autoridades habían sostenido que aún no contaban con la cifra definitiva.

Cifras contradictorias: ministra dijo 3.800, Petroecuador confirmó 25.116

Sin embargo, en días recientes, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró en entrevistas que presuntamente un sabotaje provocó la rotura del SOTE. En ese momento, indicó que se regaron 3.800 barriles de crudo, una cantidad significativamente menor a la que luego expuso el informe técnico y confirmó la petrolera estatal.

En el comunicado difundido este martes, EP Petroecuador detalló que se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua, mediante 179 tanqueros, que han sido trasladados a la Refinería Esmeraldas. Allí se realizarán los respectivos procesos de separación en tanques especiales conocidos como slop.

La empresa señaló que “la rápida respuesta de EP Petroecuador permitió la contención en los diques construidos de manera inmediata, tras la alerta”. Además, se han desplegado tareas de limpieza en las riberas, orillas y vegetación de los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, zonas afectadas por el derrame.

En el marco del convenio con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la estatal destinó hasta la fecha aproximadamente USD 4 millones para la implementación de medidas de contingencia.

El informe aseguró que, respecto a la producción petrolera, “todos los pozos que fueron apagados por el evento ambiental se encuentran operando normalmente y se han retomado las exportaciones de Crudo Oriente”.

Despliegue de ayuda y refuerzo en el control en playas

Se destacó el despliegue de atención a las comunidades. Se instaló un sistema de bombeo para captar agua del río Esmeraldas, y con el apoyo de la Armada del Ecuador, Termoesmeraldas y la Cruz Roja Ecuatoriana, se distribuyeron 4’227.521 litros de agua potable. Además, se entregaron 8.607 raciones alimenticias, kits de purificación y tanques para almacenamiento. A través de brigadas médicas, se brindaron 1.238 atenciones de salud en comunidades, recintos y parroquias.

Las acciones de limpieza también alcanzaron las playas, donde se mantiene el monitoreo constante de trazas de hidrocarburos y restos de petróleo arrastrados por la marea. Actualmente se ejecutan tareas en Musine, Tonsupa, Peñas Blancas y Cabuyal. Por otro lado, inspecciones junto al Ministerio del Ambiente (MAATE) en las playas Piqueros, Tongora, Cabo San Francisco, La Galerita y el Refugio de Galeras San Francisco no detectaron presencia de hidrocarburos.

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Las iniciativas incluyen transferencias monetarias para ciudadanos vulnerables, bonos para emprendedores afectados por las lluvias y una indemnización inmediata a las familias perjudicadas por la rotura del oleoducto en Esmeraldas. A continuación, el detalle de cada medida:

Programa «Ecuatorianos en Acción»

A través del Decreto Ejecutivo No. 578, el presidente Daniel Noboa estableció el mecanismo “Ecuatorianos en Acción”, una transferencia monetaria temporal dirigida a personas de entre 30 años y 64 años con 11 meses que residan en provincias declaradas en emergencia por la época lluviosa: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay.

El objetivo del programa es fortalecer las capacidades de los ciudadanos afectados e incentivar su participación activa en acciones destinadas a superar la emergencia. Los beneficiarios recibirán un total de 800 dólares, divididos en dos pagos de 400 dólares cada uno, mediante transferencia bancaria.

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con varios requisitos:

• 1. Tener entre 30 años y 64 años con 11 meses.
• 2. Residir en una de las provincias mencionadas.
• 3. No estar afiliados al IESS.
• 4. No recibir bonos o ayudas monetarias del MIES.
• 5. No constar como fallecidos en el Registro Civil.
• 6. No tener antecedentes penales.

El primer pago se entregará tras verificar el cumplimiento de todos los requisitos. El segundo pago se realizará únicamente si el beneficiario ha cumplido con las actividades asignadas y validadas por la Unidad del Registro Social.

Este mecanismo busca brindar una respuesta ágil ante la emergencia, con enfoque comunitario y corresponsabilidad ciudadana.

Programa “Incentivo Emprende”: apoyo directo para reactivar la Economía Popular

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 576, el presidente Daniel Noboa puso en marcha el programa “Incentivo Emprende”, orientado a brindar financiamiento y alivio económico a personas en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Esta medida responde a los impactos provocados por la temporada invernal y busca reactivar la economía desde la base popular.

El proyecto tiene dos componentes principales:

1. “Reactívate, Incentívate Emprendedor – IEPS”: se trata de un incentivo gubernamental dirigido a los actores de la Economía Popular y Solidaria (EPS) que han sido afectados por las lluvias. Este apoyo económico busca mitigar el impacto productivo de la emergencia y asegurar la continuidad de sus actividades. Se otorgará una transferencia monetaria única de 1.000 dólares a cada actor de la EPS que cumpla con los criterios establecidos.
2. “Criterio de Protección Social”: este componente, ejecutado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), permitirá activar ayudas inmediatas para personas que, pese a estar en situación de necesidad, hayan sido excluidas de otras transferencias monetarias. Estas ayudas se entregarán siempre que, en el proceso de verificación mensual, se constate que los beneficiarios cumplen con los requisitos de elegibilidad definidos por la normativa vigente.

Indemnización inicial a familias afectadas por la rotura del oleoducto en Esmeraldas

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 577, el presidente Daniel Noboa ordenó una compensación económica preliminar para los hogares afectados por la rotura del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ocurrida el pasado 13 de marzo en Esmeraldas.

Cada grupo familiar damnificado recibirá un pago equivalente a un salario básico unificado, canalizado a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Este monto será entregado como apoyo inicial, y se considerará dentro de la cuantificación total de los daños.

EP Petroecuador trabajará de forma articulada con otras entidades estatales para identificar a los beneficiarios, gestionar los recursos y ejecutar los pagos correspondientes. El Gobierno reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y evitar que las comunidades afectadas tengan que esperar años en procesos judiciales para acceder a una reparación. La respuesta será inmediata y directa, vía decreto ejecutivo.

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El desastre, ocurrido el 13 de marzo tras la rotura del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), dejó al descubierto las falencias del Estado para gestionar emergencias ambientales y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, no ha dudado en calificar la situación como una «catástrofe» y criticó fuertemente la descoordinación entre las autoridades locales y nacionales. «Esto no es una emergencia, es una catástrofe. No tenemos cómo manejarla», declaró Villacís, quien aseguró que el Gobierno Nacional ha dejado a las comunidades afectadas en el abandono.

Por su parte, Ronal Moreno, alcalde de Quinindé, ha denunciado la inacción de las instituciones gubernamentales y ha recordado que este es el tercer derrame de petróleo en los últimos ocho años en la zona. «Este es el peor evento de derrame que hemos tenido en el último tiempo», afirmó Moreno, quien criticó la falta de presencia y apoyo del Ministerio de Agricultura a los trabajadores que perdieron sus cultivos.

Descoordinación y mensajes contradictorios

Villacís denunció que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial no incluyó a representantes del cantón Esmeraldas en sus deliberaciones, lo que ha dificultado la gestión de la emergencia. «Nosotros no fuimos parte de ese COE provincial, a excepción de una mesa», explicó el alcalde.

Además, Villacís señaló que las declaraciones del presidente, Daniel Noboa, sobre la restitución del servicio de agua potable en Quinindé fueron erróneas, ya que la contaminación no afectó directamente a esa localidad. «El derrame es después de Quinindé, y por geografía, los ríos nacen en la sierra y desembocan en el mar. Nunca va a haber un contraflujo», aclaró.

Por otro lado, el alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, criticó la falta de presencia de instituciones clave en la zona afectada. «Lamentablemente, hasta el momento, no hemos visto presencia de estas instituciones. Criticamos cierta inacción de las instituciones del Gobierno», expresó Moreno, quien exigió una investigación inmediata para determinar las causas del derrame y sanciones para los responsables.

Crisis humanitaria y ambiental

El derrame de crudo contaminó los esteros Achiote y Caple, así como los ríos Viche y Esmeraldas, avanzando 52 kilómetros río abajo hasta llegar a la parroquia San Mateo. Este desastre ha afectado gravemente los ecosistemas locales y ha dejado sin sustento a cientos de familias de pescadores y agricultores que dependen de estos recursos para su supervivencia.

La empresa de agua potable Epmapse suspendió la captación de agua del río Esmeraldas, dejando a miles de habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames sin acceso al líquido vital por al menos siete días. Richard Nazareno, jefe de producción de Epmapse, explicó que la decisión se tomó para evitar la contaminación de pozos y lagunas de presedimentación, pero esta medida ha generado una crisis humanitaria en la región.

Falta de apoyo y raciones insuficientes

Villacís también denunció que las raciones de ayuda enviadas por el Gobierno Nacional son insuficientes para cubrir las necesidades de las familias afectadas. «La gente siente que se levanta información, pero no llegan las raciones«, expresó el alcalde, quien aseguró que las comunidades afectadas necesitan apoyo inmediato para enfrentar la escasez de agua y alimentos.

«Estamos mal. No podemos cometer una irresponsabilidad de captar agua contaminada para procesar y enviar a nuestras familias», agregó Villacís, quien explicó que la restitución del servicio de agua potable podría tardar al menos 15 días, según estimaciones de Petroecuador.

Un llamado a la acción

Ante esta crisis, los alcaldes de Esmeraldas y Quinindé han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad y brinde el apoyo necesario para mitigar los efectos del desastre. «Emeraldas es la provincia que da el 60% del petróleo pero cuando hay una contaminación, parece que no existiéramos», lamentó Villacís.

Moreno, por su parte, insistió en la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para evitar que este tipo de desastres se repitan en el futuro. «En los últimos ocho años ya tenemos tres derrames de petróleo. Esto no puede seguir pasando», afirmó el alcalde de Quinindé.

Mientras tanto, las comunidades de Esmeraldas, Quinindé y Rioverde continúan lidiando con las consecuencias de un desastre que no solo ha contaminado sus ríos y playas, sino que también dejó al descubierto las profundas desigualdades y la falta de preparación del Estado para enfrentar emergencias de esta magnitud.

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Según Petroecuador, la rotura no ha afectado las exportaciones de crudo ni el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. La empresa estatal aseguró que, aunque el bombeo del SOTE está suspendido, el transporte por líneas secundarias continúa operando sin interrupciones. Sin embargo, el derrame ha provocado una emergencia ambiental que ha alarmado a las autoridades y habitantes de la región.

Impacto ambiental y social

El crudo derramado ha contaminado los esteros Achiote y Caple, así como los ríos Viche y Esmeraldas. La mancha de petróleo avanzó 52 kilómetros río abajo, llegando hasta la parroquia San Mateo, en el cantón Esmeraldas, a las 13h30 del viernes 14 de marzo. Este desastre ha afectado gravemente los ecosistemas locales, incluyendo la playa Las Palmas, e impactó a comunidades de pescadores y agricultores que dependen de estos recursos.

Además, la empresa de agua potable Epmapse suspendió la captación de agua del río Esmeraldas, dejando a miles de habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames sin acceso al líquido vital por al menos siete días. Richard Nazareno, jefe de producción de Epmapse, explicó que la decisión se tomó para evitar la contaminación de pozos y lagunas de presedimentación.

Respuesta de las autoridades

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Esmeraldas declaró la emergencia ambiental y exigió una investigación inmediata para determinar las causas del derrame, así como sanciones para los responsables y medidas de compensación económica y ambiental para las comunidades afectadas.

Mientras tanto, brigadas de emergencia y equipos de contingencia del SOTE y del poliducto Esmeraldas-Santo Domingo trabajan en labores de contención y limpieza en los kilómetros 442, 445 y 448, en la zona de Viche. Se han implementado diques de contención, barreras y métodos manuales para recuperar fluidos y suelos contaminados.

Denuncias sobre la magnitud del derrame

Fuentes extraoficiales señalaron a La Calle Habla, medio local de Esmeraldas, que el volumen del derrame superaría los 200.000 barriles de crudo, lo que lo convertiría en uno de los peores desastres ambientales en la historia reciente del país. Ante esta situación, las comunidades afectadas exigen respuestas urgentes y acciones concretas por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales.

El incidente ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera y la necesidad de reforzar medidas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales. Mientras las labores de mitigación continúan, la población espera soluciones inmediatas para enfrentar las consecuencias de este desastre.

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Por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre las últimas investigaciones desplegadas por el agente asesinado.

La institución policial expresó su pesar por la pérdida de Ramírez. En un comunicado oficial, reafirmaron su compromiso de continuar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, subrayando que la muerte de su compañero no quedará impune.

Actualmente, las investigaciones de la Policía están en marcha con el fin de identificar y capturar a los autores del crimen. Equipos especializados de la Policía trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace. El ataque a un miembro activo de la fuerza ha intensificado el clima de inseguridad que se vive en Esmeraldas.

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Según la plataforma SOS cárceles, el ciudadano cumplía una sentencia de 26 años por el delito de asesinato. «Xavier era jornalero y cuidaba una finca en la ruralidad de su provincia, hasta que un día entraron unos cuatreros a asaltar en su lugar de trabajo. En su defensa abrió fuego, para evitar ser asesinado por los delincuentes», informó la plataforma en su cuenta de X.

A pesar de que los medios de comunicación preguntaron por los canales oficiales respecto a este caso y las circunstancias que llevaron al reo a sufrir de estas enfermedades, el Servicio Nacional de Protección a Privados de la Libertad (SNAI) nunca respondió a las dudas.

El personal de la morgue solicitó a los familiares que lo lleven a una sala de velación, pero no tienen los recursos suficientes. Según SOS cárceles, requieren de la ayuda ciudadana para su velorio. (MIB)

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El hecho ocurrió el 20 de febrero de 2024, cuando dos jóvenes líderes de la comunidad Tseipi de la Federación de Centros Chachi del Ecuador (FECCHE) fallecieron en un incidente violento. Los dirigentes se desplazaban en un vehículo y fueron atacados con armas de fuego por personas desconocidas a la altura del sector Camarones de la comunidad Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro. Producto del ataque, el conductor perdió el control del vehículo y los líderes murieron.

»La minería de oro se ha intensificado, pese a que desde el 2011 la justicia constitucional ordenó medidas cautelares prohibiendo actividades mineras en los cantones de Eloy Alfaro y San Lorenzo», dice el organismo.

Los recurso legales disponían a las Fuerzas Armadas en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Control y Regulación minera mantener las zonas libres de minería; al Ministerio del Ambiente monitorear; y a los gobiernos locales proveer agua apta para el consumo a las poblaciones cuyas fuentes de abastecimiento de líquido vital hayan sido contaminadas por actividades mineras.

Una ley de papel

Hace cuatro años, en 2020, el organismo denunció que pese a las resoluciones judiciales, la minería ilegal se había intensificado durante la pandemia del COVID con consecuencias nefastas más allá de la contaminación.

En noviembre de 2020, en el área de San Lorenzo fallecieron cuatro mujeres y un niño, debido a un deslave producido por las actividades mineras ilegales.

»Es evidente la responsabilidad del Estado en la muerte de los dos líderes chachi. Los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Gobierno y Defensa no han cumplido, ni cumplen las órdenes judiciales y los jueces no hacen nada efectivo para imponer el cumplimiento de sus órdenes. Mientras tanto, las economías criminales se fortalecen en la zona», resaltó la Alianza por los Derechos Humanos.

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Las autoridades encontraron 27 bultos con droga, igual a una tonelada de cocaína, camuflada en sacos de yute. Además, decomisaron 918 galones de combustible, que tenía como destino Centroamérica.

Los implicados y el material incautado fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para que inicien con los trámites legales. Las instancias judiciales se mantienen en proceso.

Actualización

Luego de que las autoridades presentaran todas las pruebas de descargo, un juez dictó prisión preventiva contra los implicados. La audiencia de formulación de cargos será en los próximos días.

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El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, indicó para La Calle, que las instituciones que fueron víctimas de estos hechos se encuentran ubicadas en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Manabí. Además, solicitó una reunión con el Ministerio de Educación. Dicha entidad delegó a algunos funcionarios, pero no han recibido una respuesta de confirmación.

El colectivo instó a la cartera de Estado a realizar un seguimiento exhaustivo de estos casos para dar con los responsables y esclarecer los protocolos necesarios. «Son las familias y el magisterio quienes están garantizando que la educación no se detenga, mientras que el Ministerio solo emite acuerdos», expresó.

Otras peticiones

La UNE solicitó que las clases virtuales se mantengan hasta que se definan los protocolos y las condiciones necesarias para impartir clases. Además, pidió que se bajen las tarifas de internet y energía eléctrica al 50% de su costo en hogares donde se registren estudiantes.

También expusieron la idea de fomentar acuerdos con empresas tecnológicas para que puedan acceder a computadoras, celulares o tablets a precios accesibles. Según la organización, varios estudiantes no se presentaron a clases por problemas de conectividad.

«Es necesario que se declare en emergencia a los sectores de educación y salud con el fin de incrementar presupuestos y priorizar políticas y sociales», alegó.

Finalmente, recalcó la importancia de trabajar en planes de riesgo para que las escuelas sepan cómo actuar ante coches bomba, amenazas o atentados.

Alguna vez hubo el «Plan Escuela Segura»

En la administración del expresidente Guillermo Lasso y la titularidad del Ministerio en manos de María Brown, se implementó lo que sería el «Plan Escuela Segura». Un proyecto que se supone reduciría los niveles de inseguridad en 220 escuelas del país.

Sin embargo, hasta el 23 de noviembre de 2023, fecha en la que todos los funcionarios se despidieron del poder, no se evidenciaron los resultados del plan. El proyecto tendría el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

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La tarde de este 13 de enero la Policía Nacional reportó que tras la mediación de la iglesia católica se logró la liberación de 11 agentes penitenciarios de la cárcel de Esmeraldas. Los servidores fueron puestos a buen recaudo y enviados a una casa de salud para su valoración médica.

Horas más tarde se reportó la liberación de 13 agentes penitenciarios de la cárcel de Tungurahua. De igual manera, la Policía destacó que recibirán atención médica antes de acudir con sus familias.

Hasta el jueves 11 de enero se reportó 178 rehenes en siete cárceles del país, 158 guardias de seguridad y 20 funcionarios administrativos.

ACTUALIZACIÓN 20:20

El SNAI informó que al momento, 133 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) y tres miembros de personal administrativo siguen retenidos. Al momento reportó el fallecimiento de un agente penitenciario identificado como Daniel Tinitana y otro servidor herido, ambos del Centro Penitenciario de El Oro.

Por otro lado, en la cárcel de Loja un servidor del CSVP evadió a sus captores y saltó el muro del centro. Personal de Fuerzas Armadas identificó al agente y le brindó ayuda inmediata, según el reporte.

ACTUALIZACIÓN 22:34

El SNAI informó que la noche de este 13 de enero, los protocolos de seguridad y trabajo conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas concluyeron exitosamente con la liberación de todos los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y miembros del personal administrativo retenidos en los diferentes Centros de Privación de Libertad (CPL) del país.

»Esta cartera de Estado iniciará las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsables de los últimos acontecimientos registrados en los CPL», dicta el comunicado.

Más datos

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ejecutado 10.478 operativos en las 24
provincias del país, arrojando los siguientes resultados:

• 1.105 personas detenidas; de esa cifra, 125 por terrorismo
• 28 grupos terroristas desarticulados
• 5 terroristas abatidos
• 27 personas privadas de la libertad recapturadas
• 8 policías liberados
• 2 policías fallecidos en el cumplimiento de su deber
• 413 armas de fuego incautadas
• 224 armas blancas incautadas
• 12 alimentadoras
• 14 embarcaciones aprehendidas
• 338 explosivos incautados
• 324 vehículos recuperados
• 8.709 municiones incautadas
• 160 motocicletas recuperadas
• 1.035 galones de combustible
• 100 celulares decomisados
• 8 atentados a infraestructuras policiales
• 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas

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«Estamos jodidos con la inseguridad. Las 10 preguntas son sobre seguridad, sobre procedimientos de accion de las Fuerzas Armadas (…) Y la 11, es sobre la generación de empleo«, manifestó Noboa, respecto de la pregunta sobre el posible regreso de los casinos.

Casinos en hoteles

El Jefe de Estado recalcó que esta propuesta está reglamentada para que solo haya casinos al interior de hoteles. Y adicionalmente, enfatizó que existirá una tasa del 5% destinada para enfermedades mentales, (incluída la ludopatía, o la práctica compulsiva de uno o más juegos de azar) y 5% para promoción turística.

«Hoy en día vivimos en un estado en el que existe la mayor cantidad de ludopatía en la historia de la humanidad, pero en las apuestas online», argumentó Daniel Noboa. Según expuso, este tipo de apuestas no generan empleo. Pero «un casino genera empleo», aseveró.

Afirmaciones sin cifras

Posteriormente, expuso que especialmente en provincias como Santa Elena, el fin de los casinos (tras la Consulta Popular impulsada por Rafael Correa hace más de una década), habría originado que mas de 25.000 familias, se quedaron «en la calle». Sin embargo, nunca ofreció cifras o estadísticas para sustentar su afirmación.

¿Cuánto ganaría el Estado si gana el sí en la pregunta 11?

«Se estima una recaudación de más de USD 300 millones, a parte de más de USD 100 millones entre las dos tasas (descritas), pero los casinos deberían ser altamente regulados, solo en hoteles y zonas turísticas. ¿Por qué? Porque va a incrementar el número personas que se quedarían en esos hoteles y se generaría más empleo, en zonas que hoy en día tienen un desempleo arriba del 50% como Santa Elena, el norte de Manabí, Esmeraldas, el sur del Oro. La idea es darle la oportunidad a zonas olvidadas a tener empleo», explicó Noboa.

«Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos, a algunos se les ocurre brillantes ideas: reformas constitucionales a la Asamblea, un referéndum. Hicimos una consulta con la que podíamos presentar un numero de preguntas rápidas y eficaces«, añadió el mandatario, respecto a las crítica recibidas por otros actores políticos.

JR

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Según el primer mandatario, desde el «primer minuto de gobierno» implementaron los objetivos trazados en su campaña. Una postura que despertó la indignación de los ecuatorianos, pues la noche del 29 de diciembre, una ola de violencia se desató en Esmeraldas. Autos en llamas, más de cuatro fallecidos, varios heridos y jóvenes con armas fue el escenario que vivió la provincia verde.

Esos nuevos acontecimientos se desataron pese a que la ministra de Gobierno y el Interior, Mónica Palencia, aseguró que los militares empezarían a caminar en las zonas de más riesgos en el país, entre ellas, Esmeraldas. Según ella, eso evitaría que los niveles de violencia suban con ayuda del famoso «Plan Fénix».

«Hay que entender que los cambios no se dan de la noche a la mañana. Las cosas se están implementando poco a poco», resaltó.

Otra urgencia de Noboa

Otro de los cambios que tienen pendiente Noboa es el proyecto de «Ley no más apagones» que envió a la Asamblea Nacional. El presidente alegó que el Legislativo tiene que dar paso al documento para evitar que las pérdidas económicas del país entero se agudicen.

«No podemos permitir que un país que tiene la capacidad de exportación y producción no tenga energía sostenible», dijo.

Este proyecto plantea la condonación de intereses derivados del saldo de las obligaciones por el pago del servicio público de energía eléctrica a clientes finales de las distintas empresas de distribución del país.

”Con la Ley de Competitividad Energética garantizaremos el suministro de energía que el país requiere”, fue el mensaje del Ministerio de Energía en su cuenta de X.

Algunos puntos claves:

• -El Presupuesto de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL, se financiará a través de los aportes de las empresas del sector eléctrico. En este sentido, se prevé un incremento de USD 10 millones al presupuesto anual.
• -El Operador Nacional de Electricidad, CENACE, no ejercerá actividades empresariales de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.
• – El Ministerio de Energía podrá requerir de manera excepcional el apoyo de empresas privadas-domiciliadas en Ecuador– cuando el sector público no pueda cubrir la demanda de energía a nivel nacional.
• – Incentivos para empresas privadas que contribuyan al ahorro de energía a través de la instalación de proyectos eléctricos propios, es decir, podrán deducir hasta el 100 % adicional de ese ahorro en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta.

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Moradores del barrio 15 de Marzo informaron sobre sujetos armados robando en La Cruz, mientras que residentes de Codesa presenciaron la explosión e incendio de un vehículo. La situación obligó al cierre del paso vehicular entre el redondel de Jaime Hurtado y la Y del León, afectando la movilidad.

En La Primavera y el barrio Chone, dos vehículos más fueron incendiados, según confirmaron habitantes. Alertas a través de radios de transporte urbano instaron a evitar los barrios del sur de Esmeraldas. Hubo reportes de robos a mano armada en la calle Manuela Cañizares y otros sectores como Club Unión y el cementerio municipal.

Ante la gravedad de los incidentes, Bomberos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional se movilizaron, instando a la calma. Actos religiosos nocturnos fueron suspendidos, y se especula que los ataques podrían estar vinculados a rivalidades entre grupos delincuenciales, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.

El recuerdo de hechos similares el 25 de julio pasado, con vehículos incendiados, balaceras y amenazas, resalta la complejidad de la situación en la capital esmeraldeña.

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La funcionaria dijo a Radio Centro Digital que el gobierno ha mantenido conversaciones con empresas israelitas, mexico-americanas y salvadoreñas. Enfatizó en que existen planes de financiamiento interesantes. El Ejecutivo aspira que hasta el 5 de enero del próximo año esté lista la adquisición de dos terrenos para la construcción de las primeras obras.

Por otro lado, indicó que el presidente Daniel Noboa dio la instrucción de que los militares salgan a las calles y no se queden en los cuarteles. Esta sería una de las acciones para llevar adelante el Plan Fénix que busca combatir la inseguridad.

“Estamos en las zonas más calientes, esto es paulatino, no se da de la noche a la mañana. Tenemos resultados plausibles”, dijo en entrevista para Teleamazonas.

Agregó que en Machala la incidencia de homicidios se redujo de un 2.8 % al 1.5 %. Por otro lado, Durán disminuyó su incidencia de 20.5 % al 13.7 %. Resaltó que en el país existen cuatro focos de inseguridad y abarcan las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. (AGM).

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En el operativo, los militares aprehendieron a tres sujetos implicados en el supuesto delito de extorsión, sin embargo, otros sí lograron escapar. El occiso, identificado como William Cruz, fue alcanzado por uno de los proyectiles en el operativo militar.

Aunque el agente recibió atención de los paramédicos, las balas alcanzaron varios órganos y falleció horas más tarde.

Mientras tanto, el futuro de los militares lo determinará la Fiscalía, que aún no ha difundido un comunicado o un pronunciamiento sobre el proceso.

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La mañana de este 4 diciembre, otra masacre se desató en el puerto pesquero de Esmeraldas. El hecho dejó un muerto y un herido. En el mismo sector ya se desató una balacera que dejó nueve muertos, en abril pasado.

La víctima era conocida como «el Zapatón» y fue asesinada mientras estaba trabajando en una bodega de mariscos. El herido fue trasladado a una casa de salud para que reciba atención de inmediato.

El 3 de diciembre, otra balacera se desató en los exteriores de un centro comercial en Manta. El ataque dejó varios heridos, incluso un bus se estrelló contra otro auto por tratar de salir del sector. Según versión de los testigos, uno de los heridos era un agente de tránsito que se encontraba en el lugar.

Aunque las autoridades no se pronunciaron, la Policía Nacional desplegó algunas patrullas para dar con el paradero de los implicados.

La noche del 1 de diciembre un ataque armado se desató en los exteriores de un centro comercial en Durán. El atentado dejó cinco personas muertas, sin embargo, los moradores comentaron que el número de muertos ascendía a siete.

Los occisos pertenecían a una agencia de tricimoto. Las primeras declaraciones indicaban que los sujetos se habían negado a pagar una supuesta vacuna.

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Un familiar del periodista- quien trabajaba en el servicio de protección presidencial- recibió la llamada. »A mí me llama la atención el por qué lo ubican y lo conocen si mi vida ha sido extremadamente reservada», resaltó en un video difundido por Hoja de Ruta.

»La Prefecta de Esmeraldas está muy enojada y está dispuesta a acaba con la vida del ‘Chochólogo’ (seudónimo adoptado en redes sociales)», citó textualmente lo expresado en la llamada anónima.

Durán pondrá una denuncia en Fiscalía el próximo viernes 24 de noviembre. También hizo un llamado a los organismos que dicen »proteger la libertad de expresión» que pongan atención a su caso. Además, responsabilizó a la prefecta Zambrano si llegan a atentar contra su vida.

Las acusaciones de Zambrano

El pasado 14 de noviembre la prefecta Zambrano culpó al periodista Andrés Durán por los asesinatos de los funcionarios del gobierno provincial.

“Eso hizo que se abriera una brecha de amenazas. A ese señor le sigo un juicio porque ha puesto en riesgo vidas inocentes, a mi familia y el progreso de Esmeraldas, puesto de que desde ahí trabajamos con zozobra”, señaló la autoridad.

En agosto de 2023, el periodista publicó en el medio digital Hoja de Ruta un reportaje sobre el patrimonio de Zambrano. Esta documentación pública consta en el sitio web de la Contraloría General del Estado. La noticia llegó a los oídos de la prefecta, por lo que realizó un video de respuesta donde lo insultó, pero no pudo desmentir la información.

Zambrano señaló que puso una denuncia en contra del periodista y que ya van cuatro funcionarios a los que les han arrebatado la vida. Aseguró que ha presentado las debidas denuncias en Fiscalía. (AGM).

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El anuncio oficial lo hizo el Comandante de la Policía César Zapata. Según la información, el sospechoso pertenece a la banda criminal de Los Lobos y era procesado por el procesado por el delito de femicidio. Fue capturado en Ponce Enríquez, provincia del Azuay.

Despliegue investigativo de nuestras unidades permitió la captura Omar O., décimo #MásBuscado a escala nacional, procesado por el delito de femicidio, en Ponce Enríquez #Azuay.

El antisocial estaría involucrado en la muerte violenta de 3 mujeres en #Esmeraldas. pic.twitter.com/JEM9PYmDm4

— GraD. César Augusto Zapata Correa (@CmdtPoliciaEc) November 21, 2023

Desparecieron a uno

Uno de los cuatro implicados en el triple femicidio de las chicas en Quinindé, en Esmeraldas, fue encontrado desmembrado en el sector de Gallo Rumi, en Chimborazo.

El implicado fue identificado como Luis Fernando V. B., quien conducía el vehículo que transportó a las víctimas desde Santo Domingo a Esmeraldas.

La tía de Yuliana M., Paulina Rueda, comentó para Diario el Extra, que una oficial de la Policía le confirmó el hallazgo del sujeto. Recalcó que esa información le dijeron el miércoles 19 de julio, pero el hallazgo lo hicieron unos días después de encontrar a su sobrina.

Además, una fuente reveló al medio que el cuerpo estaba en descomposición por acción de insectos y otros animales. Sin embargo, la mano del sujeto se encontraba en un estado medianamente identificable y la enviaron al centro de análisis.

Enfatizó que por la manera en como fue hallado el cuerpo y el estado en el que estaba, las autoridades continúan las investigaciones.

Dos ya estaban presos

La Policía Nacional capturó a dos de los cuatro implicados en el triple femicidio de las chicas, así lo afirmó el ministro del Interior, Juan Zapata. Uno todavía está prófugo.

Según las autoridades, los sujetos fueron detenidos en Azuay. Un juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Quinindé ordenó boleta de captura y prisión preventiva contra los cuatro sospechosos de femicidio.

El día del crimen

Las mujeres eran oriundas de Quito y Santo Domingo. Sus familiares reportaron su desaparición desde el 4 de abril. Las chicas habían sido contratadas para una ”presentación musical” y nunca más volvieron.

No obstante, la tía de una de las fallecidas señaló que las mujeres no pertenecían a un grupo musical y que no fueron a una presentación, sino que se trató de un viaje de amigos a una playa de Esmeraldas. (AGM).

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