¿Deberíamos preocuparnos por la Ley Orgánica reformatoria a varios Cuerpos Legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral? ¿Qué cambios son los más alarmantes?

Creo que, si hay que preocuparse, precisamente por el hecho de que hay al menos cuatro cambios que amplían el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que le reduce la capacidad de control democrático a través de la intervención de los jueces, sobre todo para que Policía y Fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones criminales. No solo por medio de espionaje de fuentes humanas, sino fundamentalmente por el ciberespacio.

Creo que este es un primer elemento clave porque la ley reformatoria permite no solo que se pueda crear la figura del agente encubierto informático, sino que permite que todas las grabaciones de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, pero también las que realicen policías y militares con equipos de dotación propios, puedan servir como medios probatorios de incriminación.

El segundo cambio demuestra una mayor influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que no son ni de defensa ni de seguridad. Esta delegación de competencias o esta restitución de facultades le da mayor peso político y económico a las FF.AA., lo cual da cuenta de la debilidad que hoy tiene el poder civil sobre ellas.

El tercer cambio tiene que ver con la visión narcotizada de la seguridad que se basa en ampliar algunos tipos penales como el terrorismo o incluir nuevos tipos penales bajo la lógica de que eso va a ser suficiente para contrarrestar la ola criminal en la que vivimos.

¿El espionaje y la influencia de las FF.AA. en otras áreas no atentaría contra la democracia?

Tiene que ver con la base conceptual de la política de seguridad que ha planteado el gobierno. Esto se basa en la idea de que al estar en una guerra contra los narcotraficantes se requiere mayores facultades para la persecución de los delitos del crimen organizado. El dilema que propone esta base conceptual es más seguridad a cambio de menos derechos y libertades civiles. Lo podemos ver en el caso de El Salvador, donde un presidente, Bukele, ha logrado contrarrestar las pandillas a costa de un enorme desgaste de las reglas democráticas.

Se debe a esta base conceptual de guerra contra las drogas que evidentemente va carcomiendo el margen democrático bajo el pretexto de garantizar y dar seguridad. Es un error que se plasma en las normas. Lo peligroso de esto es que, al abrirse las puertas para un mayor poder punitivo, las víctimas de la persecución y hostigamiento no serán solo criminales relacionados a organizaciones transnacionales sino también opositores políticos, periodistas incómodos, generadores de opinión que molesten al gobierno de turno.

Esto se vivió en el caso del gobierno de Rafael Correa, que compró el programa Galileo a la empresa Hacking Team para hacer espionaje y persecución político y lo hizo con los dirigentes indígenas, con los yasunidos y una serie de opositores políticos. Lo hizo al margen de la ley, ahora lo grave es que se está creando un marco legal para que esto se permita y legalice.

¿Esto se relaciona de alguna forma con las compras en seguridad que ha estado haciendo el Gobierno Nacional?

Eso es parte de lo que podríamos especular. No hay datos ni evidencia concluyente al respecto, pero si hemos visto el acercamiento que se ha dado con el Gobierno de Israel que entre sus productos estrella tiene la oferta del programa Pegaso, un spiceware para hacer espionaje cibernético, no es difícil pensar que una de las adquisiciones que haga el gobierno o que ya hizo fue precisamente la de este programa con toda la asesoría y equipamiento que eso implica.

Con respecto a la tenencia de armas ¿hay beneficiados allí? Porque el presidente ha dicho que lo han pedido las empresas de seguridad privada, los agricultores ¿quién se beneficia de esos cambios?

Sin duda yo creo que hay un sector claramente beneficiario que son los grupos económicos vinculados a ciertas agroindustrias que han venido presionando desde algunos años atrás para que se les dé mayores facilidades en la tenencia y porte de armas y constantemente las empresas de seguridad privada, no así los guardias, cuyo gremio ya salió a manifestar su rechazo. Los guardias seguramente no estarán de acuerdo porque los expone a mayor riesgo letal, pero los dueños están de acuerdo porque esto supone mejorar su servicio y por lo tanto rentabilizar mejor la oferta de protección privada.

Esto tiene que ver mucho con el modelo neoliberal y la política económica del gobierno porque ese es uno de los grandes puntos ciegos en el análisis de la seguridad. Normalmente se suele pensar que la seguridad no tiene nada que ver con la política económica cuando es todo lo contrario. Hay una relación intrínseca entre ambos campos de acción porque la política económica del gobierno que apuntala un gobierno neoextractivista, privilegiando ciertos sectores económicos, fomentando la acumulación a nivel del capital financiero. Es absolutamente congruente con esta liberalización del mercado de las armas y con la conversión de la protección en una mercancía.

En el fondo lo que está pasando es eso. El Estado ya no administra ni garantiza la protección del ciudadano, sino que le convierte a la protección del ciudadano en una mercancía que, así como se la compra, también se la vende. Por lo tanto, quien tenga mayores recursos, tendrá mejor capacidad de comprar la protección. Es a lo que nos avoca, tanto la Asamblea con su ley como el decreto ejecutivo 707.

Entonces no es que todo el mundo se va a armar sino los que tengan el dinero para hacerlo…

Sin duda alguna. Es una política súper elitista porque parte de un presupuesto falso pretendiendo que los ciudadanos y los civiles vamos a poder armarnos cuando es evidente que lo harán los sectores socioeconómicos que primero cuenten con los recursos para capacitarse, entrenarse y comprar las armas y municiones permanentemente. Eso es un poco la ilusión que genera, pero que evidentemente tiene un enorme redito en los sectores más acomodados de la sociedad que también están asustado y ven en esta opción la garantía de protección y cuidado.

Lo riesgoso de esto es que además se constituya lo que se conoce como vigilantismo, es decir, estrategias que utilizan los que son víctimas de crimen para poder enfrentar a los criminales y evitar ser victimizados. El vigilantismo en América Latina ha tomado varias formas, pero tal vez la más popular sea los linchamientos colectivos y las autodefensas. Los linchamientos normalmente son esporádicos, las autodefensas son más bien sostenidas en el tiempo.

Lo que podemos encontrar es que, si uno analiza la economía en ciertas zonas del Ecuador y la captura criminal del aparato policial, donde cada vez se muestra una policía más corrompida es muy probable que el país con esta flexibilización de la tenencia y porte de armas, más estos otros dos ingredientes, faciliten la creación de grupos de autodefensa vinculados a agroindustrias.

Ya hemos visto las denuncias de los gremios de pescadores artesanales por el tema de la piratería en el mar y también se ha autorizado el servicio de seguridad privada en espacios acuáticos. Es lo que ha pasado en la región y Ecuador no es un país excepcional, está en la norma general de lo que ha ocurrido en otros países violentos. (MIB)

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«Ya sabemos por qué se suspendió la audiencia; la señora ministra de Gobierno ha recusado a nuestro juez y justo le notifican con la recusación a solo minutos de la audiencia. (…) El abogado del ministerio estaba ahí y no sabía nada de la recusación», escribió Soria de acuerdo al reporte de Sputnik.

Según la ley del Poder Judicial ecuatoriano, una vez notificada la recusación se suspende la competencia del juez del caso.

A inicios de octubre, Bini planteó un recurso de habeas data contra el Estado ecuatoriano ante la Unidad Judicial Penal de la parroquia Carcelén Quito (norte). Él denuncia supuestas escuchas y seguimientos ilegales desde abril de 2019.

Entre los demandados figuran la ministra Romo, el director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Juan DeHowitt, y el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Con la demanda, el programador amigo de Julian Assange busca que el Gobierno le informe si hay alguna orden para seguimientos en su contra o para interceptar sus dispositivos electrónicos.

El caso

Bini fue arrestado el 11 de abril de 2019 en el aeropuerto internacional de Quito antes de abordar un avión hacia Japón. Ese mismo día Ecuador puso fin al asilo de Assange después de casi siete años de estadía en su Embajada en Londres.

El sueco Ola Bini fue acusado de supuesto espionaje cibernético por el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Puesto bajo prisión preventiva, fue excarcelado en junio después de que un juez de la Corte de Justicia de la provincia de Pichincha (norte) aceptara un recurso de habeas corpus solicitado por su defensa.

Desde entonces comparece una vez por semana ante la autoridad fiscal.

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“El sábado (24) recibí el mensaje de un contacto y me dijo que Paúl Espinosa está a cargo de hackeos y seguimientos. Que Orlando (Pérez), la Prefecta y yo tenemos las comunicaciones interceptadas”, dijo Alexis Moncayo a Radio La Calle.

El comunicador también expresó su denuncia a través de Twitter. “Ayer recibí la misma alerta, que hoy, hizo pública el asambleísta Roberto Gómez, interpelante de la Ministra de Gobierno. En el sentido que, Paúl Andrés Espinosa por orden de María Paula Romo, estaría ilegalmente interviniendo mi teléfono y correos: desocupados busquen oficio”, escribió.

La carta del asambleísta Gómez

El 24 de octubre, el asambleísta independiente Roberto Gómez, uno de los interpelantes en el juicio político contra Romo como mencionamos, le envió una carta a la Ministra, informándole que el teniente coronel Espinosa fue designado para realizar seguimiento de manera ilegal a varios asambleístas con énfasis especial a él y sus colaboradores.

En la misiva le pide que indique, si ella envió directamente o por otra persona al teniente coronel a realizar ese seguimiento, también si esta asignación guarda relación con el sistema informático COSMOS o con el caso conocido en la opinión pública como La Panadería. Ademáers Romo, debe explicar qué funciones tiene el teniente coronel Espinosa.

Otra denuncia en el camino

La asambleísta Lourdes Cuesta, otra de las interpelantes, también expresó que había detectado el seguimiento de sus comunicaciones. “Me han advertido, si, pero realmente no me importa. Porque lo que yo hablo por teléfono, lo estoy diciendo aquí con ustedes. Lo que yo escribo en whatsapp, lo digo públicamente”, le dijo a Pichincha Comunicaciones.

El tema de las intercepciones no entra en la agenda del juicio. El próximo 31 de octubre, la ministra comparecerá ante la Comisión de Fiscalización. Entre las razones del covocado juicio político se encuentran: incumplimiento de funciones, debido al uso de bombas lacrimógenas caducadas y el excesivo uso de la fuerza policial en el Paro Nacional de Octubre de 2019.

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Correa inició un proceso contra David Morales, dueño de la firma, por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos.

Sofía Correa y su hermana Anne iniciaron sus estudios en Francia, ambas con becas del Gobierno francés, en el año 2014. El Servicio de Protección Presidencial de Ecuador (SPP) firmó contrato con UC Global S.L. por sus sus servicios de vigilancia y escolta en ese mismo año. En octubre, las jóvenes recibieron iPhones con la justificación de que tenían un sistema de geolocalización.

Teléfonos con sistema de vigilancia

De acuerdo con la querella de Rafael Correa, ambos teléfonos tenían dos troyanos de Tradesegur incorporados “que permitían el control absoluto los dispositivos desde la sede de UC Global S. L.”, según se menciona en la acusación.

El expresidente Correa declaró que en el año 2015 les facilitaron dos iPhone nuevos más modernos que los anteriores con el sistema Flexispy; una aplicación espía que monitorea las conversaciones. La empresa española habría ocultado la vigilancia a Sofía y Anne como a sus padres. La familia empezó a sospechar del comportamiento de sus escoltas.

La denuncia que tramita el juez Mata en la Audiencia Nacional describe la reunión que mantuvieron la esposa de Correa, sus tres hijos, el acusado y uno de los trabajadores de la empresa. En su defensa, el exmilitar Morales negó que los dispositivos tuvieran un sistema de intromisión. (GG)

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“Indique si usted, el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional o cualquier dependencia se encuentre utilizando los siguiente equipos, servicios o plataforma. GI2 Impact, Verint Web Inteligence y Plataforma Trapdoor. Indique la finalidad o el uso que se les da a estos equipos”, dice parte del pedido.

La misiva también pide a la funcionaria informar si conoce a: Alfredo Larrañaga, Gabriel Guidalevich y Mauricio Bechan. En otro oficio también piden indicar cuáles han sido las actividades del Capitán Gabriel Ramos desde octubre de 2019 y los nombres de los servidores policiales que viajaron el año anterior a Israel y Chipre.

Espionaje

El GI2 Impact son aparatos que permiten interceptar conversaciones telefónicas en un radio máximo de 500 metros. Estos maletines, de procedencia israelí, marca Verint y modelo GI2, se utilizan para escuchar conversaciones de forma ilegal. Aunque también sirven legalmente para identificar los números de supuestos delincuentes antes de proceder a pinchar su señal.

Por otro lado, la plataforma Trapdoor, un sistema indetectable de inteligencia web que no deja rastro, y que proporciona información y objetivos de manera instantánea, a través de macro datos.

De acuerdo con la denuncia, se adquirieron dispositivos a la compañía IOTT & Cobwers de Israel, a través de la empresa Macrotech Cía. Ltda Ecuador, la cual se dedica a la importación de equipos para “inteligencia de comunicaciones y señales, guerra electrónica, inteligencia cibernética e inteligencia web y artificial”.

No es el único tema en el que está implicada Romo. El pasado 26 de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó enfáticamente.

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El abogado de Assange anunció la posibilidad de solicitar asilo al país europeo, ya que está permitido en su Constitución. El jurista denunció además la tortura psicológica y física a la que está sometido en prisión el periodista, quien está totalmente aislado.

Assange, de 48 años, fue detenido por el Gobierno Británico poco después de la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien retiró el asilo diplomático que sostenía el activista con el Estado ecuatoriano desde 2012. Según el mandatario ecuatoriano, la decisión habría sido tomada por el mal comportamiento australiano.

Antes de retirarle el asilo diplomático, Moreno expresó “que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobretodo, la transgresión de los convenios internacionales, han llevado la situación a un punto en el que el asilo de Assange es insostenible e inviable».

Assange en peligro

Desde su captura, Julian Assange fue recluido en el centro penitenciario de alta seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, donde cumple con su sentencia, pese a los diferentes intentos por conseguir su libertad.

La propuesta está en estudio según anunció un vocero del Ministerio de Justica francés, subrayando que los asilos diplomáticos no corresponden a las funciones del ministerio.

El próximo 7 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en Londres para examinar una solicitud de extradición por parte del departamento de Justicia de Estados Unidos.

El país norteamericano busca juzgar al fundador de WikiLeaks por filtrar documentos clasificados del Gobierno, lo que supone una condena de 175 años. (AB)

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