Los principales objetivos al reestructurar la deuda pública de un país podrían resumirse así:

1. Reducir las tasas de interés aplicables a la deuda;
2. Reducir el saldo del capital adeudado;
3. Ampliar los plazos de pago;
4. Producir alivio financiero fiscal inmediato;
5. Volver la deuda sostenible; y,
6. Que el país deudor retorne y tenga acceso a los mercados externos de capitales para conseguir financiamiento oportuno en buenas condiciones.

La reestructuración parcial de deuda pública, únicamente con tenedores privados de Bonos Globales que realizó Ecuador el año 2020, fue eso, parcial.

La reestructuración:

1. Redujo la tasa de interés promedio aplicable al saldo del capital adeudado;
2. Redujo el capital adeudado en 1541 millones de dólares, un 8,8%; y,
3. Logró alivio financiero fiscal por 5 años, hasta el año 2025.

Sin embargo:

1. Sin razón válida alguna, los reestructuradores de la deuda pública, excluyeron de la reestructuración el paquete de Bonos Globales 2020, causando un enorme perjuicio al Estado ecuatoriano al pagarlos al 100% de su valor nominal, cuando el canje de los otros 10 paquetes de Bonos Globales se realizó pagando un precio equivalente al 40% su valor nominal;
2. La reestructuración del año 2020 incrementó en 10 años los pagos que debe realizar Ecuador por capital e intereses;
3. Ecuador no ha logrado retornar a los mercados internacionales de capital para obtener financiamiento en condiciones adecuadas; y,
4. La deuda pública sigue siendo no sostenible, más aún, cuando sin crecimiento económico suficiente y estable, ahora mismo el saldo por pagar suma 80000 millones de dólares.

Independientemente de los beneficios de un eventual canje de deuda soberana por los llamados “Bonos Azules” para defender la naturaleza, la inesperada y reciente oferta del Credit Suisse Bank para comprar con descuento Bonos Globales de Ecuador en poder de tenedores privados, también hace posible que su precio suba rápidamente, y que los tenedores que los vendan, realicen un gran negocio, si como es altamente probable, los compraron a precio inferior al ofertado. El que pueda ver que vea.

La entrada ¡El que pueda ver que vea! | Opinión se publicó primero en La Calle.

Según fuentes cercanas a la cartera de Estado, la obra estaría envuelta en una cortina de dudas y falta de transparencia. Se presumen que un importante bufete de abogados de la capital de la República, firma allegada a Vera, habría sostenido reuniones opacas con compañías interesadas en invertir en el proyecto. Con esto, los “cercanos” del exministro habrían tenido acceso a información privilegiada del proceso. Dichas reuniones se habrían llevado a cabo durante visitas a Houston, EE.UU., y  México D.F.

Pero el entramado no acaba allí. Presumiblemente, para no dejar huella, es otra la empresa encargada de manejar las relaciones con los compradores interesados. El 6 de octubre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas lanzó la Ronda Intracampos II y contrató a la empresa petrolera Hole Maker. No obstante, fue la “única” con la capacidad de tener contacto con los posibles ofertantes de los campos a licitar.

Sobre la Ronda Intracampos II

El Gobierno Nacional busca captar inversión privada por USD 2.051 millones con la licitación de la Ronda Petrolera Intercampos II. El proyecto está conformado por seis bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos: Lumbaqui, Saywa, Tamya, Tetete Sur, VHR este y VHR oeste. Según el Ministerio, la obra se socializó con las comunidades del sector: las nacionalidades Kichwa, Cofán y Shuar.

Vera, toda una joya

Desde mediados de octubre de 2022, se destapó una serie de escándalos de corrupción en los que estaría involucrado Xavier Vera. La mayoría de casos se habrían cometido cuando ejercía la titularidad del Ministerio del ramo.

La primera piedra para Vera apareció cuando el medio digital Zoom publicó un documento en el que supuestamente demostraba que el ex alto funcionario tenía carné de discapacidad. Con la especie, Vera se habría beneficiado de un descuento en la tarifa de luz. Más adelante, el portal digital La Posta reportó más documentos sobre el carné “trucho”. Finalmente, la asambleísta por UNES, Sofía Espín denunció a Vera por uso doloso y tenencia ilícita de carné de discapacidad.

El segundo tropiezo (consecutivo) ocurrió cuando La Posta reveló audios y chats sobre presuntos sobornos que habría pedido Vera. En un audio, el exgerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño afirmó que el exministro le habría ofrecido USD 2 millones por la gerencia de transporte. En otro archivo, el abogado Adrián Zamora dijo que le habría pagado a Vera USD 150 mil por un puesto.

Por este último caso, Fiscalía allanó tres inmuebles, dos de Vera, uno en Quito y el otro en Guayaquil; y su despacho en el Ministerio de Energía. Actualmente, Fiscalía lo investiga por el presunto delito de cohecho. Frente a todo esto, Vera renunció el 28 de octubre a la jefatura de Minas.

No es todo…

Otras posibles irregularidades habrían sucedido en el transcurso de los dos últimos casos. Un periodista de La Posta también mostró una hoja de ruta de cómo Vera habría manejado fuera de sus competencias el Ministerio. Por esto, sujetos habrían intentado sobornar al periodista.

Ahora, otro posible caso de soborno sale a la luz y comprometería más al exfuncionario. Se trataría de una presunta venta de cargos públicos en el área minera. Radio La Calle tuvo acceso a una conversación entre un delegado del ex ministro con un “interesado”. A continuación un chat de funcionarios de la cartera de Estado:

La entrada <strong>Vera y Ronda Intracampos II: ¿Una venta millonaria que perjudicaría al Estado?</strong> se publicó primero en La Calle.

En una entrevista realizada el 30 de septiembre para nuestro medio, Molina, graduado de Magister en Derecho Constitucional, brindó detalles sobre las preguntas de consulta popular.

El constitucionalista piensa que las preguntas 3 (Garantizar la autonomía de la Fiscalía); 4 (Reducir el número de asambleístas); 5 (Número mínimo de afiliados en movimientos políticos) y 6 (Eliminar la facultad de designar que tiene el CPCCS), son juegos políticos del Gobierno que vulnera la institucionalización del país.

“Las preguntas cambiarían una media de 35 artículos, por una Constitución neoliberal que busca la desinstitucionalización y privatizar los procesos del estado “dijo.

Dentro de la pregunta 4 por ejemplo, Molina piensa que si se disminuyen la cantidad de asambleístas, el Gobierno tendría más posibilidades de compra de votos y facilidad de centralismo. Además, provincias chicas como Galápagos o Imbabura perderían representatividad en el Parlamento.

“Lo que buscan realmente, es volver al Congreso de los 90, que centraba su poder en las principales ciudades”.

Aunque la Corte Constitucional del Ecuador se encuentra aún en evaluación de las preguntas, se puede entender que el Gobierno del presidente Lasso tiene en realidad otras intenciones detrás.

Además, el jurista entiende a las preguntas referidas al eje medioambiental, como relleno que difumina las preguntas realmente importantes, para obtener mayor acogida de parte de la sociedad. Para él, al menos cinco preguntas de las ocho planteadas, podrían resolverse de forma parcial. Es decir, sin la necesidad de convocar a un proceso de consulta ciudadana. (J.C)

La entrada ¿La consulta popular busca la desinstitucionalización del Estado? se publicó primero en La Calle.

Este 28 de julio, las organizaciones ecuatorianas del FIDH manifestaron su preocupación por los relatos descritos en diferentes medios de comunicación que se manejan bajo la construcción del discurso de un “enemigo interno” que se debe combatir.

Las organizaciones aseguraron que este discurso pone en riesgo la vida y seguridad de las personas defensores de los derechos y del territorio.

Así también, la FIDH que alberga a más de 192 organizaciones de Derechos Humanos de 117 países señaló que las personas en defensa de los derechos están siendo víctimas de constantes actos de violencia, criminalización o difamación por parte de los medios de comunicación.

“Según informes de Global Witness se registró a nivel mundial asesinato de 227 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en 2020”, indica el informe.

Además, se señaló a América como el territorio más peligroso.

Según estos informes, desde el 2015 casi el 30% de los asesinatos están relacionados con la explotación de recursos forestales, minería, agroindustria, represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura.

Obligación del Estado ecuatoriano

Cabe recalcar que es obligación del Estado garantizar entornos seguros para la defensa de los derechos y territorios, según lo establecido por el Acuerdo Regional de Escazú.

«Esto incluye frenar cualquier acción u omisión que busque intimidar o amedrentar a las personas defensoras e investigar cualquier acto que pone en riesgo su vida”.

En el documento se recalca la importancia de la participación del Estado ecuatoriano junto con organismos regionales, medios de comunicación nacionales e internacionales para prestar atención a los editoriales, entrevistas y declaraciones de cada persona que pueda poner en riesgo la integridad de las personas defensoras de los derechos.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de evitar difundir mensajes que generan odio, discriminación o estigmatización hacia la labor de las personas que ejercen su labor en defensa de los DDHH”.

La entrada El discurso del «enemigo interno» pone en riesgo a los defensores de derechos en el Ecuador se publicó primero en La Calle.

Nebraska Montenegro es la presidenta de la organización y a sus 66 años encabeza la lucha de este sector del colectivo trans que solicita la reparación estatal. “Se cumplen tres años de la demanda al Estado ecuatoriano y no hay ninguna respuesta. Estamos exigiendo que se dé trámite a este pedido sino recurriremos a otras instancias”, aseguró.

Añadió que la situación de las sobrevivientes es difícil. Muchas de ellas deben trabajar en la informalidad. “Hay compañeras que tienen más de 70 años y están en la vía pública cuidando carros para sobrevivir”.

En los años 80 y 90 cuando la homosexualidad figuraba como delito en el Código Penal, las calles no eran seguras para el colectivo LGBTIQ+. La discriminación en los hogares hacía que tuvieran que enfrentarse al mundo solas y solos a muy temprana edad. La marginación les impedía llevar una vida digna. Finalmente, la violencia policial ponía en peligro sus vidas. El colectivo trans continúa siendo uno de los más vulnerables de toda la comunidad.

“Se cumplen 3 años de la demanda que las sobrevivientes de Coccinelle al Estado por delitos de lesa humanidad. Hay compañeras que murieron precariamente. Las personas que quedan siguen luchando aunque tienen una edad avanzada. El Gobierno Central no se preocupa, no crea planes para que puedan incluirse y vivir dignamente el resto de su vida”, explica Emilio Cruz, activista y también miembro de la Nueva Coccinelle.

El aporte

Coccinelle fue una organización de extrema importancia para la comunidad GLBTIQ+ en los años 80 y 90. Los miembros del colectivo sufrían no solo la discriminación ciudadana sino también torturas, violaciones y malos tratos por parte de la Policía, especialmente la comunidad trans. “Nosotras empezamos a luchar por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Fue la primera organización que se volcó a las calles para luchar por la despenalización. Éramos perseguidas, reprimidas y torturadas”, explicó Nebraska.

El 25 de noviembre próximo se cumplirán 24 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Sin embargo, en la actualidad, los miembros del colectivo GLBTIQ+ todavía sufren discriminación y la marginación en varios aspectos sociales. Por lo que urge que el Estado pueda emitir políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de esta comunidad en el Ecuador. MIB

La entrada Sobrevivientes trans alzan la voz frente a un Estado ausente se publicó primero en La Calle.

«Las comunidades ahora podrían empezar a organizarse para repeler la violencia, eso es sumamente grave”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El docente recalcó que en el país existe una realidad de indigencia y de miseria, no solo en términos económicos sino en posibilidades de futuro.

“¿Frente a eso que está haciendo el Estado ecuatoriano por solventar estos problemas?”, se cuestionó Llerena.

Además, comentó que vivimos en una ciudad de niños mendigos. “Cada semáforo de esta ciudad tiene un habitante que muchas veces son niños que están en los brazos de sus padres”, sostuvo el catedrático.

Por otro lado, afirmó que la pobreza, la falta de posibilidades de futuro, y el cansancio eran componentes con los que la generación de los 90 convivió.

“Esta ausencia de futuro se proyectó, esta imposibilidad de pensar la vida y de tener proyectos nos lleva a una destrucción del vínculo social», aseguró Llerena.

El docente aseveró que debe existir la posibilidad de construir instituciones lo suficientemente sólidas, fuertes para que se construya una institucionalidad que responda frente a las necesidades de la gente.

La entrada Vivimos en una ciudad de niños mendigos ¿Qué está haciendo el Estado? se publicó primero en La Calle.

Recordó que el pasado 9 de septiembre, el Grupo de Detenciones Arbitrarias abrió el expediente de Jorge Glas y lo remitió a la Relatoría de la salud, tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como también a la Relatoría de ejecuciones extrajudiciales.

“Lo que queremos es que estas relatorías emitan un pronunciamiento oficial para seguir presionando a nivel internacional y demostrar que el Estado ecuatoriano está haciendo caso omiso a los pronunciamientos oficiales”, afirmó Vera.

También explicó que existe un informe consolidado que se llevó a cabo gracias a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se llegó a la conclusión de que el Estado ecuatoriano ha sido negligente con el caso de Jorge Glas y esto se ve reflejado en su deplorable estado físico y psicológico.

“La situación psicológica de Jorge Glas es muy aguda, recordemos que él se encuentra en uno de los centros penitenciarios, en donde se han suscitado las masacres carcelarias”, expresó la representante.

Vera hizo un llamado a la ciudadanía para que recuerden que Jorge Glas tiene derechos, pues, aunque lo satanicen mediáticamente, es un ser humano que merece que se le otorguen beneficios penitenciarios. Además, recalcó que desde el 14 de diciembre del 2020 tiene estos beneficios penitenciarios y no están siendo respetados

Por otro lado, expuso que la familia de Glas es víctima de estigmatización y linchamiento mediático. “Los medios hegemónicos muestran a la familia de Jorge Glas como si fueran narcotraficantes que tiene dinero de la corrupción”, dijo durante la entrevista.

Reiteró que lo único que se pide es que se cumplan con los principios constitucionales, legales y los tratados internacionales de derechos humanos. “Nosotros si tenemos las pruebas suficientes para demostrar que existe una persecución política y Jorge Glas es un hombre inocente”

La entrada Sonia Vera: «El Estado ecuatoriano ha sido negligente en el caso de Jorge Glas» se publicó primero en La Calle.

“(…) La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que:

1. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese Tratado y en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, este último a partir del 26 de agosto de 2006; en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán, en los términos de los párrafos 62 a 64 de la presente Sentencia.

2. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, este último a partir del 26 de agosto de 2006, en perjuicio de sus familiares Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 66 a 89 de la presente Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 90 a 94 de la presente Sentencia…”

¡Por fin, algo de justicia!, a la madre Coraje Clorinda Guzmán Viuda de Garzón, y a toda la familia Garzón Guzmán. El pueblo del Ecuador tiene la obligación ética de conocer y no olvidar este drama, de aplaudir con el corazón y reconocer a esta dignísima familia sufriente.

Por fin se concreta esta nueva histórica sentencia condenatoria contra el Ecuador. Así que, aunque sea tarde, los últimos y actuales gobiernos y las autoridades responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sepan que tienen que pagarla muy caro: recuerden esta sentencia condenatoria por hechos ocurridos en 1990, los ahora “ausentes” Moreno, Romo y otros muchos más de estos últimos treinta años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar sentencia condenatoria este primero de septiembre contra el Estado ecuatoriano, por un imprescriptible delito de lesa humanidad: la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón, ocurrido entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 1990.

La desaparición forzada se dio en las presumibles manos del SIC-10, la estructura secreta de la Inteligencia policial creada en el régimen de Febres Cordero, que luego se llamó Unidad de Investigación de Actividades Subversivas UIAS, y después Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, como se denominó al final del período el temible aparato de aniquilación y terrorismo fundado en 1985, y que siguió funcionando tras el fin del Febrescorderato, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, quien a pesar de haber cerrado la torturadora estructura policial SIC (Servicio de Investigación Criminal, o “Camal Humano”), no logró desmantelar todo el resto mayor del aparato de tortura y terror del SIC-10.

Fui testigo de la impunidad más infame desde esas épocas hasta el presente. Conocí a doña Clorinda, la madre de Gustavo, en la Plaza Grande, junto a Luz Helena y Pedro (los padres de los desaparecidos hermanos Restrepo), cuando un manojo cada vez más creciente de madres de desaparecidos, empezaban a llegar a la plaza y a juntarse a la nueva generación de defensores de DDHH y a la familia guerreramente heroica.

Todos los ministros de Gobierno, subsecretarios, fiscales y agentes fiscales, comandantes de policía y autoridades en tres décadas, desde el luego prófugo César Verduga en adelante, taparon el caso, no hicieron nada por indagar, ensuciaron a la víctima y dieron largas (¡por 31 años!) a su desconsolada, luchadora y ya anciana madre: Doña Clorinda. Verduga, con la ayuda de su propio aparato de derechos humanos oficial del que provino: la ALDHU, elucubraron la canalla tesis inicial de que Gustavo Garzón, autor de varios libros, el que más recuerdo: “Brutal como el rasgar de un fósforo”, dizque había desaparecido ‘por ingresar a las guerrillas de Colombia’.

Gustavo desapareció a poco de salir del Penal García Moreno de Quito, donde permaneció tras ser torturado y acusado de “sedición subversiva” como “guerrillero” de las Montoneras Patria Libre, MPL, una organización armada que nació como escisión de Alfaro Vive Carajo, AVC. Garzón es el ocultado espejo nacional del testimonio dado por otros intelectuales, poetas y escritores asesinados o desaparecidos al haber optado por la vía armada, que fue la opción de los jóvenes y los poetas sensibles en los años 60, 70 e incluso en las postrimerías de los 80.

Gustavo es, pues, el espejo desconocido por el Ecuador y el continente, del asesinado poeta y guerrillero peruano Javier Heraud, del intelectual argentino y militante montonero Rodolfo Walsh, o del también argentino y militante del PRT Haroldo Conti; o del poeta y guerrillero del ERP salvadoreño Roque Dalton, o del poeta y guerrillero guatemalteco de las FAR, Otto René Castillo.

Al salir libre, acudió en la noche del 9 de noviembre al legendario y ya extinto bar – salsoteca, donde pululábamos los jóvenes de entonces y muchos militantes de izquierdas: el “Son Candela”. Sus amigos y amigas íntimos que estuvieron con él aquella noche, cuentan que se despidió y salió, solo, a la muy noche entre el 9 y 10, de aquel lugar cálido hacia la calle, para San Juan, su barrio tan popular y emblemático, donde vivía con sus hermanos y su madre, a la que llamó para decirle que no se preocupara, que volvía esa noche. Nunca regresó y desapareció, para siempre.

Tras Verduga y el régimen de Borja, callaron este crimen de Estado y entrabaron y dilataron toda investigación y sanción, los gobiernos de: Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Lucio Gutiérrez, Palacio, Correa, Moreno y Lasso. En total once gobiernos ocultaron el crimen y nada hicieron por dar a la madre una certeza. La policía y la fiscalía probaron que, pueden pasar décadas, que siguen teniendo un enorme poder en gobiernos de todas las tendencias.

En el gobierno de Moreno, jugaron un rol vergonzoso, el procurador Iñiguez Salvador (por desgracia, hijo de uno de los mejores ecuatorianos y amado amigo personal: el eximio historiador Dr. Jorge Salvador Lara), así como la cancillería y el ministerio de gobierno del Morenismo. Se comportaron como los anteriores, expertos en dilatar, mentir, manipular y ensuciar a la familia, al igual que los gobiernos previos que nada hicieron por Clorinda y Gustavo. Estuve en la Secretaría de Derechos Humanos un corto tiempo en el año 2018 y me indigné cuando supe que la carpeta del caso de Gustavo, ¡31 años más tarde!, llevaba la etiqueta infamante: “Confidencial – Secreto de Estado”.

Recuerdo que les mandé a la mismísima recontra a los “kikuyos” del Estado que, tres décadas después, seguían dilatando y manchando al muerto desaparecido. Era como si tantos sinvergüenzas funcionarios civiles en treinta y un años, tuvieran solo la misión de tapar el vil crimen y ensuciar al fantasma.

Tres años más tarde, cuando era insostenible para el Estado seguir mintiendo, se supo que la representación oficial del Ecuador aceptó el 28 de enero del 2021, en el cierre de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal e internacional por la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón.

“El Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada y en consecuencia reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos, en relación a la familia del señor Garzón, el Estado ecuatoriano reconoce sus responsabilidades”, sostuvo entonces la representante del Estado, María Fernanda Álvarez.

La demanda contra el Estado, presentada años antes por el abogado defensor de DDHH César Duque, sostuvo que el caso fue documentado en el Informe estatal de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón fue privado de su libertad por agentes estatales.

Más ahora, la Corte sostuvo con frontalidad: “Luego de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad, en septiembre de 2011, se inició  una indagación previa en relación con este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación. El proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad”.

“Con tinta roja del corazón” fue el título del evento a lleno completo que organizamos un 10 de noviembre por Gustavo Garzón, con mi antigua hermandad de la ya yerta APDH y su corajuda militancia de entonces, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde él tantas veces pasó en sus talleres literarios.  A la madre Clorinda, la llamé “la mujer de negro perpetuo” en el único editorial (“Anatomía de la impotencia”) que, desde ese 1991, me publicara el diario “La Hora” en tres décadas. Y Jimmy Coronado, mi entonces hermano de la APDH fue por esa época el “Hijo Adoptante” de Doña Clorinda Guzmán de Garzón, cuando el sábado 28 de agosto de 1993 creamos el programa “La Adopción de la Ternura” y dimos una pareja de jóvenes entrenados en derechos humanos a todas las madres de desaparecidos de entonces.

Así vivió aquella generación de madres y de hijos adoptantes, que amaron el amor y lucharon la lucha. Nunca olvido el rostro de Doña Clorinda y su bello testimonio al periodista Cristóbal Rodríguez de Diario La Hora en 1996, cuando fui sentenciado a prisión. Qué palabras tan generosas tuvo entonces. Y nunca olvido, tampoco, la calculadora y rastrera actitud de tantos presidentes, ministros, subsecretarios, políticos, comandantes de policía, fiscales y procuradores desde aquel 1990.

La madre coraje, doña Clorinda, puede por fin descansar un poco. Porque su lucha la siguieron sus dignos hijos y nietos. Gustavo Garzón aún señala con su índice, ensangrentado y desaparecido, al Ecuador entero.

(Gracias a mi amigo y hermano Ernesto Pazmiño, abogado de DH, por compartirme la sentencia)

Anexos:

Sentencia de la Corte:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf

Vídeo Corte:

La entrada ‘Con tinta sangre del corazón’ / Opinión se publicó primero en La Calle.

“Junto a mis tres hijos -Bladimir, Ipatia y Paulo- cada día nos sentimos trastocados por la ausencia de María Beatriz”, dice Néstor, sin poder contener la rabia y la tristeza en su mirada. Además ser miembro de la organización, es esposo de María Beatriz Usama, desaparecida en la ciudad de Latacunga, el 26 de enero de 2006.

La desaparición forzosa se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a las víctimas. Familiares y amigos de personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta, sus emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación. Anhelan, a veces durante años, noticias que nunca llegan.

¿Qué ha hecho el gobierno de Moreno ante esta realidad?

En el año 2019, ASFADEC denunció la falta de atención del gobierno. A pesar de la millonaria inversión en la Policía y Fiscalía General del Estado, no se evidencia ningún avance en los procesos de investigación.

El Gobierno de Moreno rechazó la cifra de desaparecidos, aduciendo que se trata de “casos imaginarios”. “Ahora dicen que los desaparecidos no hay; es decir que tuvimos desaparecidos imaginariamente”, dice Néstor.

Logros de la ASFADEC

“Gracias a la lucha de familiares de personas desaparecidas tenemos la ley de actuación en casos de desaparición”, manifestó Salazar.

El proyecto de ley se concentra en tres puntos; prevención, se debe crear políticas públicas en contra de la desaparición forzada; Institucionalidad, se necesita montar una Dirección Nacional de Personas Desaparecidas; y capacitación, la Policía Nacional y la Fiscalía deben poseer conocimientos de cómo actuar.

La entrada Ecuador registra 1.392 casos de personas desaparecidas se publicó primero en La Calle.