La sentencia responsabiliza a Ecuador por violaciones a derechos fundamentales como la propiedad colectiva, la libre determinación, la vida digna, la salud, la alimentación, la identidad cultural, el ambiente sano, la vivienda, las garantías judiciales y la protección judicial. El caso, denunciado hace 19 años, analizó las afectaciones al territorio y modo de vida de estos pueblos, así como los hechos violentos ocurridos en 2003, 2006 y 2013.

Uno de los episodios más graves ocurrió en 2013, cuando dos hermanas indígenas, de 6 y 12 años, fueron sacadas de su hábitat, separadas y llevadas a distintas comunidades. La Corte ordenó al Estado determinar a los responsables de este hecho, investigar los ataques y muertes, y realizar un peritaje cultural para establecer una reparación adecuada.

Medidas ordenadas por la Corte

La Corte IDH dispuso que el Estado ecuatoriano adopte medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de la Consulta Popular de 2023, que establece la no explotación del crudo en el bloque 43 del Yasuní. Además, exigió que las licencias ambientales para proyectos extractivos incluyan estudios de impacto que prevengan afectaciones a los pueblos en aislamiento.

El tribunal también ordenó la creación de una comisión técnica para evaluar la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane (ZITT) y asegurar su protección. Respecto al Campo de Armadillo, la Corte determinó que la declaratoria de interés nacional para actividades petroleras afectó los derechos de propiedad y libre determinación de estos pueblos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó el fallo como «histórico» y destacó su importancia para la defensa de los pueblos en aislamiento. Por su parte, el colectivo ambientalista Yasunidos celebró la decisión, afirmando que «es una victoria fundamental para los pueblos en aislamiento y una razón más para exigir el cumplimiento de la consulta por el Yasuní».

Un precedente regional

La sentencia de la Corte IDH sienta un precedente significativo para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en América Latina, donde países como Brasil, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia también albergan a grupos que eligen mantenerse alejados de la sociedad externa.

El fallo subraya que «el principio de no contacto y el respeto a su elección de permanecer en aislamiento deben ser las premisas fundamentales para guiar las acciones estatales». Además, el Estado ecuatoriano tiene un año para presentar un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia y realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.

Este caso no solo representa una derrota para el Estado ecuatoriano, sino también un avance crucial en la defensa de los derechos de los pueblos más vulnerables de la región.

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En artículos anteriores me he referido a la posición de los neoliberales, libertarios anarco-capitalistas, empresarios con iguales visiones y gobiernos empresariales que los representan. Todos movilizan la ideología perversa de la “libertad económica” (https://t.ly/F3w_j) y tienen como “enemigos” a los impuestos (https://t.ly/kBHLZ) y a los derechos laborales (https://t.ly/kIU0n). He señalado que desconocen la historia económica del capitalismo y, sobre todo, la de América Latina. Por eso cabe preguntarse: ¿por qué también tienen como otro enemigo al Estado a tal punto que los anarco-capitalistas piensan en su desaparición?

Los historiadores han despejado esos mitos a cada paso. El mercantilismo, que fue la política hegemónica entre los siglos XVI al XVIII, y que sostuvo la acumulación originaria de capitales, se basó en el Estado interventor para garantizar coloniajes, saqueos, latrocinios, enriquecimientos, esclavitud, explotación humana, tanto por parte de los grandes imperios europeos, como de los “empresarios” que crecieron a su amparo. El proteccionismo de las naciones industriales de Occidente no se entiende sin el Estado. Y tampoco el “libre-cambio”, que al mismo tiempo que “liberaba” mercados, utilizó al Estado no-intervencionista para garantizar los flujos del enriquecimiento de las burguesías. El capitalismo entre los siglos XIX y XXI no ha dejado de apelar al Estado cada vez que se ha requerido regular la “competencia” privada, favorecer a las corporaciones, intervenir y hasta invadir otros países para proteger empresas e inversiones de tipo imperialista. O cuando se ha requerido contener el ascenso de los movimientos sociales para evitar revoluciones y cambios que alteren el sistema vigente. Contrariando las ideas sobre “achicamiento” del Estado, buenas para la propaganda y el “populismo” derechista, en el mundo Occidental los Estados Unidos tienen un Estado poderoso con capacidades mundiales, los países europeos se distinguen por los sistemas de economías sociales de mercado con Estados igualmente fuertes. Ni qué hablar de países como China y Rusia, o como India y Japón.

En América Latina el asunto es aún más claro y contundente. En esta región las ideas sobre libertad económica extrema, que no se llevan a la práctica en los países capitalistas centrales, son acogidas como modernas y avanzadas en los círculos que elevan a las actividades privadas al nivel de únicas posibles y aceptables. La historia nuevamente les contradice. La conquista y la época colonial están marcadas por el intervencionismo estatal y el monopolio de las metrópolis. Los procesos de independencia latinoamericanos, tan importantes en la historia mundial por la ruptura del coloniaje, no pudieron evitar la constitución de Estados oligárquicos durante el siglo XIX, revestidos como repúblicas “democráticas” proclamadas solo a nivel ideológico, mientras en la realidad concreta unas élites minoritarias y hasta parásitas, acumularon riqueza y poder, aprovechando de las inversiones públicas, favoreciéndose con las leyes y con el control de las instituciones. Los Estados decimonónicos fueron fuentes para los negocios y la reproducción social y económica de esas élites, a través de múltiples mecanismos: contrabando, evasión y elusión tributaria, sobreprecios, ventas o compras fraudulentas, contratos lesivos, concesiones territoriales o mineras, recursos públicos, juicios, estafas millonarias, peculados y tantas otras formas que han caracterizado el enriquecimiento de las clases empresariales, los agroexportadores y los hacendados latinoamericanos, sin dejar de lado la superexplotación permanente sobre todo tipo de trabajadores.

De tal modo que a los ideólogos de la “libertad económica” bastaría recomendarles la lectura de autores bien conocidos como Carlos Sempat Assadourian y Sergio Bagú sobre la época colonial, o las historias económicas generales sobre América Latina que han escrito reconocidos académicos: Luis Bértola, José Antonio Ocampo, Víctor Bulmer-Thomas, Carlos Marichal, Tulio Halperin Donghi, Rosemary Thorp. Si se dan algo más de tiempo podrían leer la monumental Historia de América Latina que coordinó Leslie Bethell u otra, también monumental, que publicó la UNESCO. Y seguir, además, a las decenas de autores que han publicado estudios sobre cada país latinoamericano. De este modo, podrían cotejar las realidades de la región con las especulaciones teóricas acerca de las economías capitalistas centrales que hicieron autores como Friedrich von Hayek (1899-1992), considerado el pontífice de las ideologías neoliberal-libertarias. Comprobarían que el Estado estuvo presente durante toda la época oligárquica y con más fuerza e intervencionismo en el siglo XX. La industrialización y la reforma agraria tienen como conductor al Estado. Las burguesías latinoamericanas crecieron bajo el amparo del Estado.

Ecuador sirve nuevamente entre los ejemplos más radicales de cómo el “Estado mínimo”, practicado durante el siglo XIX y mantenido por el Estado oligárquico hasta bien entrado el siglo XX, hizo del país uno de los más atrasados de América Latina y del mundo. Los presidentes Vicente Rocafuerte (1834-1839), Gabriel García Moreno (1860-1865/1869-1875) y Eloy Alfaro (1895-1901/1906-1911) lograron avanzar al país por su intervencionismo estatal y lo mismo ocurrió con la Revolución Juliana (1925-1931), con la cual se conquistaron los derechos laborales. La situación nacional cambió radicalmente por el desarrollismo, favorecido en los 70 con la riqueza petrolera. El neoliberalismo que se profundizó en las dos décadas finales del siglo XX y los inicios del XXI, ya no se preocupó del desarrollo, sino del aprovechamiento del Estado para los buenos negocios y la corrupción de sectores privados beneficiados con las sucesivas políticas de los gobiernos literalmente sujetos a sus consignas económicas y a las del FMI. Fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que cortó esa vía y sentó las bases para una economía de tipo social. Ocurrió lo mismo con los gobiernos del primer ciclo progresista de América Latina al iniciarse el siglo XXI, ampliamente estudiados. Este escenario es el que agudizó la unificación del neoliberalismo entre las elites empresariales y ricas de la región, al mismo tiempo que sirvió de base para el despegue del libertarianismo anarco-capitalista.

La ideología actual de la “libertad económica” no aporta más al progreso ni al desarrollo económico con bienestar social en América Latina. Los estudios e índices de instituciones como la CEPAL lo están demostrando. Los panegiristas no cuestionan al Estado que sirve a los propietarios privados del capital, sino al tipo de Estado “enemigo” que los regula, controla y los somete a las leyes sociales. La experiencia vivida con el inicio del siglo XXI ha provocado que adviertan que el progresismo latinoamericano representa un peligro al interés de acumulación privada perpetua y dominio oligárquico. Sería peor si ese progresismo da un paso adelante para impulsar abiertamente políticas para crear una sociedad post-capitalista. Neoliberales, libertarios y élites ricas están dispuestas a frenar toda fuerza social y política que los enfrente. Lo vienen haciendo a través de la persecución, el lawfare, la criminalización de la protesta social, la inseguridad ciudadana, la narco-política, la desinstitucionalización No importan Constituciones ni derechos. Cuentan con apoyo nacional e internacional. Ecuador desde 2017 y Argentina desde 2023 han pasado a ser los países a la vanguardia del triunfo de la “libertad económica”, a costa de la sociedad y la democracia.

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Entre 1775 y 1783, las Trece Colonias de América del Norte libraron una guerra con Gran Bretaña para obtener la independencia, que fue anticipada con la Declaración del 4 de julio de 1776. Una vez obtenida, los Estados Unidos pasaron a edificar un Estado federal, con gobierno republicano, presidencial, democrático y constitucional. Alexis de Tocqueville (1805-1859), pensador liberal francés, escribió dos tomos con el título “La Democracia en América”, destacando el auge de ese país, bajo un pionero enfoque histórico y sociológico, que se adentró en las bases sociales de la que consideró una admirable nación.
 
Hasta inicios del siglo XX, los EE.UU. se condujeron bajo la diplomacia del aislamiento frente a la conflictiva Europa y de proteccionismo en lo económico, al considerar que el libre comercio no convenía para lograr el desarrollo industrial del país. Pero, con la proclamación de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) en 1823, destinada a frenar cualquier intento neocolonialista de Europa sobre el continente, los EE.UU. aseguraron un creciente intervencionismo sobre América Latina y el Caribe. Simón Bolívar (1783-1830) advirtió, con una clarividencia impresionante, ese expansionismo. Confió que la República de Colombia (1819) podía contrarrestarlo y conducir a la integración de toda la región hispanoamericana, apartando a los EE.UU. En carta del 5 de agosto de 1829 dirigida desde Guayaquil escribió al coronel Patricio Campbell: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”.
 
Si se estudia las relaciones entre EE.UU. y América Latina durante el siglo XIX puede dimensionarse el sentido profético que adquirieron esas palabras. Los intervencionismos y las acciones expansivas fueron experimentadas directamente por los países centroamericanos y en el Caribe particularmente por Cuba. Ese historial condujo al presidente y caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro (1842-1912), a convocar un Congreso Internacional Americano que se reunió en México el 10 de agosto de 1896, a pesar del boicot de los EE.UU. Pero eso no impidió que los ocho países asistentes aprobaran una contundente Declaración, que respaldó la lucha independentista de Cuba, el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiva y, ante todo, postuló la necesidad de sujetar la Doctrina Monroe a un derecho público internacional, que debían acordar todas las repúblicas americanas.
 
Durante el siglo XX los EE.UU., en plena expansión imperialista, abandonaron su antiguo aislacionismo, se convirtieron en el primer país en concentrar las relaciones económicas con América Latina, desplazando a Europa y sus numerosos intervencionismos a escala mundial tuvieron el propósito de garantizar tanto sus intereses geoestratégicos de hegemonía como los de sus empresas e inversionistas. El americanismo monroísta se reimpuso con la II Guerra Mundial (1939-1945). Ecuador fue víctima de esa situación, porque fue forzado a suscribir el Protocolo de Río de Janeiro (1942) derivado de la guerra con Perú, ante la proclamada unidad continental contra el Eje nazi-fascista. De ello dejó testimonio en su libro el canciller Julio Tobar Donoso. Atrás del telón también estuvo la disputa petrolera entre compañías británicas y norteamericanas en la Amazonía ecuatoriano-peruana, que destacó un libro de Manuel Medina Castro. La Guerra Fría, destinada a frenar cualquier avance del “comunismo” en el mundo, arrastró a Latinoamérica a raíz de la Revolución Cubana (1959). La cruel e inhumana repercusión en América Latina ha quedado para la historia en todos los países en los que se instaló la doctrina de la “Seguridad Nacional” y la persecución a toda izquierda, así como en los regímenes militares terroristas del Cono Sur en la década de 1970.
 
Tras el derrumbe del socialismo de tipo soviético y el “fin” de la Guerra Fría, en lo que va del siglo XXI los EE.UU. han pasado a otro tipo de confrontación internacional con China, Rusia y los BRICS. El ascenso de esos países ha determinado un nuevo mundo multipolar y multicentral, continuamente analizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO “China y el mapa del poder mundial” (https://t.ly/jNkWZ). Al mismo tiempo, en los EE.UU. se delinean geoestrategias que no se agotan en el campo de la “cooperación” con las fuerzas armadas, sino que tienen múltiples mecanismos de acción en economía, política, educación, cultura, propaganda, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin es impedir la pérdida del hegemonismo monroísta.
 
Ante este panorama, los gobiernos de América Latina no deberían dejar de considerar las enseñanzas de la historia. Pero eso es casi imposible de obtener cuando hay gobiernos identificados con aquellas derechas y burguesías beneficiarias del modelo neoliberal, el libertario o que logran el poder con presidentes empresarios. Son élites culturalmente cautivadas por el “American way of life” y por los viajes, estudios, departamentos, inversiones, compras o negocios que realizan en EE.UU. y que entrarían en riesgo si asumieran posiciones tajantemente patrióticas. De modo que la experiencia histórica de la región conoce que en esos casos prima la subordinación a la “diplomacia del dólar” y la incapacidad para advertir las variadas formas en que pueden ser afectadas la soberanía y la dignidad de sus propias naciones.
 
La historia apunta ahora a Ecuador. Al descalabro institucional con Estado reducido, heredado del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), se ha unido la explosión de los “holdings” de la narco-delincuencia con el de Guillermo Lasso (2021-2023) (https://t.ly/Ivrzw), quien, además, ha dejado un lesivo acuerdo de cooperación militar con los EE.UU. (https://t.ly/wtDfo), que actualiza y moderniza las líneas del antiguo TIAR (https://fb.watch/pwfDJ_f8ej/). Es cierto que el país no puede librar un combate aislado. Varios gobiernos han expresado su deseo de colaboración. Pero más fuerza han tenido los EE.UU., interesados en cubrir con sus estrategias de seguridad nacional a todo el continente, como en reiteradas intervenciones lo proclamó la general Laura Richardson (https://t.ly/v8A_v), comandante del Comando Sur, miembro de la delegación que llegó hace pocos días a Ecuador y que ha ofrecido un “plan de cinco años” para la seguridad en este país (https://t.ly/s-5uH). La Corte Constitucional emitió un cuestionado dictamen que, al mismo tiempo que evita el paso del acuerdo por la Asamblea Nacional, deja en manos del presidente Daniel Noboa la última responsabilidad. El acuerdo militar incluye disposiciones inconvenientes, ajenas a la materia central, que libra al personal civil o militar norteamericano del fuero legal ecuatoriano, dentro del territorio nacional (https://t.ly/f8ifS), como bien lo han observado desde el exterior (https://shorturl.at/cALX5).
 
El problema rebasa lo estrictamente legal y jurídico. Tiene que ver con la confrontación entre latinoamericanismo y monroísmo, con el juego de fuerzas en las geoestrategias mundiales y, sin duda, con los cálculos políticos al interior de Ecuador. Todo ello no impide subrayar que, en lugar de subordinar la cooperación extranjera a los intereses nacionales, el acuerdo que suscribió Lasso implica hacerlo al revés. Por eso en Ecuador se pregunta ¿qué hará, finalmente, el presidente Daniel Noboa?

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El ministro de Economía, Luis Caputo anunció las medidas para ajustar el gasto estatal. «Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres. Con un déficit fiscal que supera los 5.5 puntos del PIB, con un banco Central con una hoja de ruta mal diseñada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a tres bases monetarias en pasivos remunerados», expresó.

Entre las medidas se encuentran:

• No se renuevan los contratos laborales del estado que tengan menos de 1 año de vigencia.
• Se decreta la suspensión de la pauta de Gobierno nacional.
• Los ministerios se reducen de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54 (Reducción de 50% de gasto público).
• Reducir al mínimo las transferencias  discrecionales del estado nacional a las provincias.
• El estado nacional no pagará más obras públicas.
• Reducir subsidios a la energía y el transporte.
• Fortalecer las políticas sociales.
• Reemplazar el sistema de importaciones SIRA.
• Aumentar en 50% la tarjeta alimentar

Otros puntos

En el nuevo gobierno se generaron fluctuaciones. Aunque el cambio oficial se mantuvo en 365.50 pesos, el valor del dólar en el mercado informal osciló entre 960, y 1.000 pesos, según La Voz de América.

El portavoz de la presidencia, Manuel Adorni informó que Milei revisó, el 11 de diciembre, los contratos estatales con el fin de exigir el 100% de la presencialidad a los funcionarios públicos. Las próximas medidas a anunciarse giran alrededor de la política monetaria, tasa de interés y la deuda. (MIB)

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«El sistema eléctrico más que en emergencia se encuentra en manos de la negligencia. Estamos en manos de funcionarios que sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares», dijo a Radio La Calle.

Acciones cuestionables

De acuerdo con Alvear, los procesos de contratación del gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, deja más dudas que certezas en cuanto al manejo de recursos económicas para mejorar el sector eléctrico.

«El señor Uquillas, cuando volvió al gobierno de Lasso, fue claro al decir que él con USD 80 millones daba mantenimiento a las termoeléctricas y con eso nos olvidamos del fantasma de los apagones. Así hubiese o no estiaje, pero el señor Uquillas, de la noche a la mañana, se olvida de lo que dijo y sale con que va a contratar una barcaza de 440 mw. que viene de Turquía de la empresa Karpower, una compañía cuestionada porque es altamente contaminante. La acaban de botar de República Dominicana porque funciona con full oil. Un combustible más contaminante que el diésel», expresó.

Otro contrato con problemas es el de 32 generadores de electricidad que, presuntamente, tendrían sobreprecios. «No contento con eso, Uquillas vuelve a hacer de las suyas y compra 32 generadores de electricidad con Grupo Electrógeno, equivalente a 54.4 mw. por USD 65 millones. Eso quiere decir que a los ecuatorianos le saldrá cada mega a USD 1’194.000 cuando el precio de mercado es de USD 750.000. Hay un sobreprecio por Grupo Electrógeno de casi USD 500.000. Si lo multiplicamos por 32 máquinas, hablamos de un sobreprecio de USD 15 millones», agregó el experto.

Si a los USD 65 millones de los generadores se suman la contratación de la barcaza por USD USD 244/ 250 millones. El perjuicio para el Estado llega a los USD 310 millones.

Otras complicaciones

De acuerdo con Alvear, el problema del estiaje no es nuevo, pero a ello se sumó una indisponibilidad de 1.700 mw. «770 con las termoeléctricas y 1.000 con las hidroeléctricas, pero que dando mantenimiento al betusto sistema de termoeléctricas no hubiésemos tenido problemas de indisponibilidad. Dejaron pasar esto porque en el fondo estaban maquinando la contratación de la barcaza turca y los grupos electrónicos que generan un megawatt excesivamente caro con motores del año 2011».

El experto dijo que Gonzalo Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado, eso se llama dolo. «No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido».

El sistema eléctrico se sostiene en tres pilares: Generación, transmisión y distribución. En el caso del primero existen dos problemas: la falta de ejecución del contrato de fideicomiso para iniciar la construcción de los proyectos: El Aromo(258MW), Villonaco 3 (110MW),
que fueron adjudicados en el Gobierno de Lenin Moreno. Tal contrato también tenía como objetivo materializar el Bloque ERNC 500 MW de energía renovables en proceso. La inacción del presidente ha dejado este tema en el vacío.

A eso se añade el fracaso de la licitación de 400MW, Bloque Ciclo Combinado de Gas
Natural, que llevaba más de 3 años en proceso gracias a la negligencia del Ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. También la licitación de la línea de transmisión nororiental para el sector petrolero que ha quedado en nada.

Sector camaronero

El presidente Guillermo Lasso prometió electrificar a las camaroneras y afirmó que el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha aprobado una línea de crédito para
tender líneas de transmisión para beneficio de tal industria.

«Dijo que ha conseguido una línea de crédito para construir una línea de transmisión de 1.000 mw. para el sector camaronero ¿qué energía va a pasar por esa línea de transmisión si tenemos la indisponibilidad de 1.700 mw y no se ha hecho absolutamente nada para generar nuevas materias de energía».

Aquí puede revisar los documentos de denuncia sobre este tema. (MIB)

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Egred aseguró para Ecuavisa que el proceso se llevará a finales de este año, a más tardar. Su argumento es que Sánchez perdió su carrera en la institución al se procesada por la Fiscalía, tener prisión preventiva y someterse al linchamiento mediático.

El jurista mencionó que su defendida busca una reparación económica «por detenerla injustamente», sin embargo, no detalló la cifra. Además, recalcó que Sánchez no ha podido insertarse en ningún trabajo por el hostigamiento al que fue sometida.

Sánchez en prisión

Las autoridades detuvieron a la excadete el pasado 16 de septiembre de 2022. Luego de cuatro meses de prisión, un juez de Quito ordenó su liberación, pero le otorgó medias cautelares.

El 19 de enero de 2023, la directora de la Escuela, Irany Ramírez, comentó que Sánchez fue dada de baja luego de que reprobara el cuarto semestre en la Universidad Central del Ecuador (UCE). Ramírez señaló que no rindió los exámenes de curso y reprobó siete materias.

«La universidad notifica a la Escuela la no aprobación y la dirección de educación realiza esa diligencia», apuntó para diario La Hora. (NJC)

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»La Institución se ha visto forzada a tener que desinvertir del portafolio del Fondo de Pensiones administrado por el BIESS, aproximadamente USD 480 millones, en lo que va del 2023. Este monto podría ascender a USD 1.511 millones hasta el cierre del presente ejercicio fiscal», dijo la vocal María de los Ángeles Rodríguez en una carta dirigida al ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Por otro lado, manifestó que existe una extrema presión en los Fondos del IESS para la entrega de prestaciones, por lo que el pago de la deuda es urgente para evitar desinversión y descapitalización. El problema también acarrea el retraso de pagos a prestadores externos en los servicios vitales de atenciones médicas.

Según el documento, la cartera de Estado ha dejado de transferir alrededor de USD 1.250 millones por concepto del 40 % de aporte que le corresponde. En este mismo período, el BIESS invirtió USD 1.627 millones en bonos del Estado.

»Lo cual evidencia que el IESS ha financiado el Presupuesto General del Estado, por un valor total aproximado de USD 2.877 millones con recursos de los afiliados, jubilados y beneficiarios a nivel nacional», resaltó.

Las soluciones del IESS

Rodríguez que para cubrir la brecha de financiamiento mensual del pago de pensiones a nuestros jubilados y pensionistas destinan los valores recaudados en los préstamos hipotecarios y quirografarios de los mismos jubilados.

Esta solución es demasiado arriesgada ya que los montos no van a los fondos de inversión del BIESS. La alternativa de la institución genera un lucro cesante y la descapitalización del Fondo de Pensiones.

Desde el 2014, el IESS enfrenta una crisis que solo va creciendo con los años. Para el pago de pensiones, los afiliados aportan con el 11.6 %, mientras que el Estado contribuye con el 40 %, todo ese dinero va a un fondo común para pagar a los jubilados.

El ahorro de los afiliados para el 2023 sumará USD 3.080 millones, pero el gasto para las pensiones es de USD 5.279 millones, es decir, queda un vacío de USD 2.199 millones que a veces lo cubre el Estado o el IESS con sus ahorros. (AGM).

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«Todo ese presupuesto debería estar en los vouchers para que ellos se atiendan, por lo tanto, lo que se debe hacer es desestatizar», dijo.

Para Abad, los que más «sufren» con este sistema son las empresas. Lamentó que tengan que padecer tanto por pagar el seguro a sus empleados y sobre todo que estén «sujetos a tantas imposiciones».

«Hay que privatizar. En vez de pagar un mamotreto en el seguro con cientos de personas que no hacen nada. Además, nos tienen de arriba para abajo cuando queremos hacer algo», apuntó.

No es la primera vez que Abad comenta este tipo de ideas, pues en entrevistas pasadas aseguró que el Estado debería reducirse. Además, reprochó que sea él quien tenga que pagar la educación y salud de los ecuatorianos.

Su compañero de fórmula, Daniel Noboa, no se queda atrás. En un mitin político mencionó que el sindicato de médicos son una «mafia». También, señaló que los doctores «que sí quieran trabajar y atender» deberían ser inscritos de manera directa en el Sistema de Salud.

«No hay suficientes doctores para atender a la gente. Para coger un turno le dicen a la gente que venga en tres meses, la gente se muere así”, resaltó en una transmisión en vivo de Noticias Comunitarias Esmeraldas.

La doctora Ana Paula Intriago mencionó que no es culpa del sindicato de doctores que haya problemas en los turnos para atención médica. Resaltó en sus redes sociales que el verdadero problema del sistema de salud pública es la gestión del Estado, la falta de presupuesto e infraestructura.

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Abad mencionó que «todos lo beneficios» que promueve el Estado «le garantizan a la mujer que va a tener sus mejoras». Para ella, la canasta básica o los bonos a las mujeres cabezas de hogar las lleva a pensar que todo será más fácil.

«Como quien dice desechan al marido porque no sirve. Yo (el Estado) seré tú marido y el padre de tus hijos porque ellos tendrán educación gratuita», refirió.

En declaraciones pasadas, Abad cuestionó que el Estado tenga que pagar por la educación y la salud de los ciudadanos. “La cuestión es: ¿por qué el Gobierno tiene que darnos la educación gratis?”, preguntó en tono burlón.

Asimismo, expresó que las personas que quieran educarse deben buscar la manera para lograrlo. “Nosotros podemos trabajar o nuestros padres pudieran trabajar y darnos la educación que merecemos, que queremos», dijo.

¿Qué es para el Chavo?

Abad recalcó que los derechos de vida, propiedad y libertad son «naturales», es decir, «que los otorga Dios». Según la candidata, los derechos de educación, salud, jubilación, trabajo, otros, no son derechos.

«Eso no viene de alguien que nos pueda ofrecer vida o libertad gratuita. Eso no te puede ofrecer un Gobierno, candidato o burócrata», apuntó.

Foto: El Mercurio.

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En una investigación de Radio Pichincha se reveló que el equipo de seguridad de Villavicencio estaría conformado por un mínimo de seis personas, dos oficiales y tres miembros de tropa, quienes se turnan todo el día de lunes a domingo. El equipo lo lideran dos capitanes, quienes ganan en promedio USD 120 diarios y se turnan los fines de semana.

Los otros cuatro policías tendrían ingresos de USD 60 al día. El costo diario de ese personal de seguridad sería de USD 480 diarios. En un mes, USD 14.400. Cada vehículo policial recibe 10 galones de gasolina. Dependiendo del tipo, la suma diaria sería de USD 24, USD 720 al mes, así lo revelaron fuentes de la Policía Nacional y el Regimiento Quito.

En total, sumando equipo y logística, la seguridad costaría USD 504 diarios, es decir, USD 15.120 mensuales, lo que da como resultado USD 181.440 anuales. La protección de Villavicencio no es nueva, empezó hace 15 meses, por su posición de presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, por lo que, en total se habrían utilizado USD 226.800. (MIB)

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La mañana del 28 de marzo y con un panorama aún devastador, habitantes del cantón llegaron a la «zona cero». El objetivo de estos grupos es encontrar a las personas que estaban en el lugar antes del incidente. Los ciudadanos llegaron cargando picos y palas para iniciar con la labor de búsqueda.

Los allegados de las víctimas lloran mientras cavan la tierra. La mayoría sin esperanza de encontrar a sus conocidos con vida. Sin embargo, con la idea de «al menos encontrar sus cuerpos».

¿Dónde están mis abuelitos?

Iván Quizhpi busca entre los montículos de tierra la casa donde residía para encontrar a sus abuelos. La pareja de ancianos se encontraba tomando café junto a toda la familia cuando el deslave llegó.

«Con las justas salí corriendo con mi guagua, pero ellos ya no alcanzaron», mencionó.

El joven recuerda que apenas hace una semana entrevistó a sus abuelos para un trabajo del colegio. Mientras que ahora los busca con la mascota del hogar, intentando ubicar donde quedaría la vivienda.

Perdí a mis cuatro hermanos y a mi padre

Sandra Caranqui llegó desde Machachi la madrugada del 27 de marzo para encontrarse al barrio de su niñez en ruinas. Desde ese momento no ha parado de buscar en el lugar donde perros de los bomberos de Quito «olfatearon algo». Ella está consciente de que sus familiares ya no están con vida, pero quiere encontrar sus cuerpos.

Minutos antes de la tragedia, ella estaba hablando por teléfono con su padre, cuando él le comentó que estaba por salir de la casa por el riesgo de estar ahí. Sin embargo, al volver a llamar no tuvo respuesta. «Le llamamos y ya no teníamos las esperanzas que avanzaron a escapar», dijo.

De la familia Caranqui están desaparecidos: el padre de 55 años y cuatro menores de 17, 16, 14 y 9 años, todos hermanos.

Liliana Caranqui, acotó para La Calle, que sus hermanos regresaron a la zona de riesgo porque en los «supuestos albergues» no había nada para que se puedan acomodar. (D.C.)

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En 1885, el Estado le otorgó un espacio minero legalizado a la empresa. Sin embargo, un asociado le exigió 30 mil hectáreas más. Esto desencadenó un problema entre Gobierno, la empresa y las concesionarias, pues consideró que esto perjudica a la producción minera de Zamora.

El Estado ganó el proceso en contra de adjudicar estas hectáreas a la empresa en 1996, pues se determinó que la sociedad no tenía un sustento legal para la exigencia. No obstante, no se han respetado los acuerdos legales que se impusieron.

Los pequeños mineros exigieron al Estado que regularice estas áreas y su actividad. Entre sus peticiones están: regularizar y establecer medidas mineras para este grupo de trabajadores y las concesionarias.

Demandas en la Asamblea

La asambleísta por Pachakutik Isabel Enríquez exhortó al Gobierno que se respete a los mineros artesanales que continúan a la expectativa de las regularizaciones. «Las postergaciones necesitan parar y el Estado debe responder las demandas», apuntó.

Además, mencionó el caso similar de la empresa Club Street. «Una compañía que no tiene sus estados financieros claros y las oficinas físicas no se encuentran, son empresas de papel», aseghttps://www.presidencia.gob.ec/uró.

Además, señaló que el Estado necesita hacer cumplir la sentencia y dejar de filtrar territorios propicios para la minería ilegal porque los únicos favorecidos son los empresarios.

«La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables necesita hacerse cargo de la sentencia de 1996 en el caso Cumbaratza. Y dejar de favorecer a las empresas mineras«, finalizó.

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Lasso dijo que el apoyo y el reconocimiento a las “mujeres fuertes” del país aparece en acciones concretas. “Primero, creamos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en segundo lugar, declaramos el Registro único de Violencia como política pública y en tercer lugar amplificamos la voz de las madres víctimas de femicidio”, expresó.

No sería necesario amplificar esas voces si existiera una política pública para disminuir los femicidios. Solo en 2022, la cifra de muertes violentas por cuestión de género llegó a 332, según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. Esto quiere decir que asesinaron a una mujer cada 26 horas.

El mandatario agregó que “educamos con enfoque de género a las fuerzas públicas y otras instituciones”. Esa educación llegó tarde en el caso de Germán Cáceres, quien se encuentra en proceso de juicio por ser el autor del femicidio de su esposa María Belen Bernal. No es el único caso, en Ambato un mayor de Policía violó a una niña de 9 años y se encuentra en proceso de juicio.

Otros vacíos

Para la ministra de educación, María Brown, es un “reto” romper la barrera laboral para que la mujeres en ese rubro lleguen a cargos altos. Algo que no ha tenido solución en anteriores gobiernos y que tampoco la administración actual ha propuesto cambiar. Agregó que “las mujeres somos capaces de hacerlo todo”, sin mencionar que un verdadero apoyo estatal nos permitiría conseguir esas metas.

Lasso recordó que la principal demanda es el aumento de presupuesto para aplicar la Ley de erradicación de la violencia de género, una normativa vigente de 2018 que no tuvo tratamiento en el gobierno de Moreno y a la que el actual presidente prometió darle importancia y recursos. Eso en 2021 cuando todavía existía la Secretaría de Derechos Humanos. “Por eso invertiremos USD 24 millones hasta 2025”, una promesa que lleva desde el inicio de su mandato y que hasta ahora no ha tomado forma. (MIB)

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En América Latina, las desigualdades sociales han tenido vigencia y variaciones en función de las distintas épocas históricas. Entre las sociedades aborígenes esas desigualdades se hacen visibles desde el período que los arqueólogos denominan como “desarrollo regional”, con “señoríos”, cacicazgos y curacazgos.

Las grandes culturas imperiales de Aztecas, Mayas e Incas, sobre las cuales hay ricas referencias entre los primeros cronistas de indias y que han sido estudiadas ampliamente por etno-historiadores contemporáneos, se basaron en profundas divisiones jerárquicas y evidentes desigualdades sociales. Pero, sin duda, la conquista y el coloniaje ibérico, inauguraron los procesos que han servido de base para explicar el origen de las desigualdades contemporáneas.

Durante la colonia se sancionaron legalmente las diferencias, sobre principios racistas y clasistas, de modo que los “blancos” no solo concentraron el poder, sino que tuvieron privilegios en cargos públicos, títulos o educación. Los indígenas -y peor los negros esclavos- no solo fueron sometidos y reducidos a condiciones de pobreza extrema, sino que su fuerza de trabajo fue permanentemente sobrexplotada. Los indígenas no podían ascender en la sociedad y tampoco educarse como lo hacían las castas “superiores”. Las terribles condiciones de vida y trabajo de los indígenas y de las capas más “bajas” de la sociedad colonial, marcaron la estructura social de América Latina.

La situación no cambió con las independencias y la constitución de los Estados Nacionales. Por lo menos hasta mediados del siglo XIX se mantuvo la esclavitud, mientras los pobladores fueron excluidos de la “democracia” por no contar con ingresos mínimos ni saber leer o escribir y los indígenas fueron expresamente marginados. La hegemonía de terratenientes y comerciantes permitió que gozaran del privilegio de la riqueza legalmente reconocida. Fueron los liberales y radicales quienes progresivamente cambiaron esas herencias, al reconocer derechos individuales universales y la igualdad jurídica de los ciudadanos, aunque esa ciudadanía censitaria continuó restringida hasta bien entrado el siglo XX.

El principio de “igualdad” simplemente jurídica y legal, derivado del pensamiento ilustrado y de la filosofía republicana, ha predominado durante el siglo XX, encubriendo las desigualdades sociales que la realidad económica siempre impuso. Ensayistas y politólogos constantemente denunciaron esas realidades. Pero ha sido el desarrollo de la economía el que ha permitido ya no solo visualizar las desigualdades sociales, sino medirlas. Sin duda el refuerzo que ha dado la historia económica ha sido fundamental.

La economía no fue una carrera o especialización autónoma sino desde las décadas de 1920 y 1930, aunque no en todos los países. Normalmente los estudios de economía eran reducidos y vinculados a la formación de los abogados, como también ocurrió largamente con la sociología y la politología. La “teoría económica” provenía, sobre todo, de los grandes países capitalistas centrales y no era raro que a sus autores se les tuviera como autoridades indiscutibles.

En todo caso, lentamente comenzaron los estudios económicos sobre las realidades nacionales en distintos países y se levantaron precarias estadísticas sobre asuntos nuevos, ya que fueron tradicionales las estadísticas -muy elementales- sobre comercio exterior y hacienda pública. El despegue de la economía latinoamericana está vinculado a los gobiernos “populistas” de las primeras décadas del siglo XX, a las facultades de economía que se fundaron, también a la conformación de bloques mundiales (capitalismo, socialismo y Tercer Mundo) después de la II Guerra Mundial, la creación de organismos internacionales a raíz de los Acuerdos de Bretton Woods, en forma particular a las actividades de la CEPAL creada en 1948 y singularmente a las políticas desarrollistas de las décadas de 1960 y 1970.

Hoy contamos con una diversidad de estudios sobre América Latina en los cuales se ha esclarecido el asunto relativo a las, aún antes de los modernos e interesantes, en los que, sin embargo, América Latina está ausente.

Los estudios contemporáneos han permitido comprender, con mayor profundidad, algunas situaciones. Está muy claro que América Latina sigue siendo la región más inequitativa del mundo; que la ideología neoliberal introducida en la región desde la década de 1980 solo agravó los términos de la desigualdad social; que esa desigualdad continúa afectando la vida y las condiciones de trabajo de amplios segmentos de la población, caracterizados por la pobreza, el desempleo y el subempleo, que afecta sobre todo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La pandemia de la Covid incluso agravó las desigualdades sociales, sin que todavía se recuperen las situaciones anteriores a 2020, como ha ocurrido en Ecuador, donde las desigualdades incluso se han agravado: mientras en 2019 el ingreso mensual por persona del 5% más rico era 43,28 veces superior al del 5% más pobre, en 2020 era 59,25% mayor, en 2021 fue 47,68% y en 2022 es de 47,72% (). Y el tema es tan significativo que entre los 17 en 2015 y que deberían cumplirse hasta 2030, constan: fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de las desigualdades.

Desde luego, queda igualmente en claro, que el cuadro económico de las desigualdades sociales no solo es fruto de un pasado histórico de exclusiones y explotación humana, así como de concentración de la riqueza en minorías constituidas como clases dominantes en las distintas etapas seguidas por los países latinoamericanos, sino que es una realidad derivada del poder en los Estados, captado por esas minorías ricas.

Por consiguiente, las soluciones al problema de las desigualdades sociales no pasan únicamente por su reconocimiento teórico y la formulación de políticas económicas destinadas a la redistribución de la riqueza, sino por la reestructuración de las condiciones del poder. Y esta perspectiva toma cada vez mayor fuerza en América Latina, de modo que hoy existe un proceso de construcción y toma de conciencia social -cuya extensión en el tiempo es imprevisible-, sobre la necesidad de superar las desigualdades sociales y avanzar en la inevitable afectación que ello provocará sobre las capas concentradoras de la riqueza.

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El presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, manifestó que el Estado deberá pagar una indemnización de USD 31 mil a la víctima por daños materiales e inmateriales. En la resolución del caso, el titular recalcó que se violaron las garantías judiciales, la libertad e integridad personal de Cortez.

El afectado estuvo casi once años sometido a un proceso penal sin justificación. Por ese motivo, los jueces vieron vulnerada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. Respecto a las detenciones ilegales, la Corte resaltó que permaneció incomunicado y a cargo de una autoridad que no tenía la competencia para entender el caso.

Primera detención

Gonzalo Orlando Cortéz Espinoza fue miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante 15 años, hasta llegar al rango de Sargento Segundo. El exmiembro laboró como especialista técnico de equipo electrónico de comunicación y navegación terrestre de la Fuerza Aérea. El 28 de febrebro de 1994 fue dado de baja de la institución tras una petición voluntaria del mismo Cortez.

Según un informe de la CIDH, el 19 de marzo de 1997, el Juez Penal Militar de la Primera Zona Aérea ordenó la detención provisional de Cortez por el presunto robo de un equipo electrónico. Los peticionarios del caso alegaron que la orden fue improcedente e ilegal ya que un juez militar no era competente para ordenar la detención de un civil.

Segunda detención

El 11 de julio de 1997 fue detenido sin boleta de encarcelamiento por agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Luego lo trasladaron a la Base Aérea y estuvo incomunicado. La boleta fue dictada cinco días después y la víctima fue presentada ante el juez 19 días tarde.

Durante esta detención, Cortez fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los guardias pateaban la puerta de la celda de la víctima y era agredido verbalmente para crearle temor.  También fue obligado a pagar por sus alimentos y los servían con escupitajos y masticados. 

Tercera detención

El exmilitar fue liberado al pagar una considerable suma para su fianza. Sin embargo, apeló por sus derechos ante un juez, quien resolvió la devolución de su dinero. El 28 de febrero del 2000, Cortez fue a la Base Aérea a hacer el retiro de dicha fianza. En ese momento, nuevamente fue detenido por miembros del servicio de inteligencia militar sin orden detención.

Los peticionarios manifestaron que un policía se prestó a redactar un parte policial falso haciendo contar que él efectuó el arresto en la calle Montúfar, cuando realmente se efectuó en la Base Aérea “Mariscal Sucre”.

El proceso penal se prolongó por casi diez años, en donde la víctima tenía incertidumbre sobre su libertad y fue juzgado dos veces por el mismo delito. Además, la defensa resaltó que el tener este caso abierto fue un obstáculo para que Cortez accediera a otras oportunidades laborales. (A.G.M).

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«Buenas noches, presidente Guillermo Lasso. Le está hablando la comandancia de Los Tiguerones y Lobos. Vemos todo lo que está sucediendo con nuestros hermanos en los pabellones 8 y 9 (de la Penitenciaría del Litoral). Usted se está prestando para cosas ilícitas. Y no vale. Hoy lo que va a pasar si me mete con nosotros, serán reventados con bombas almacenes, locales, personas inocentes y policías. Estamos activos. ¡Muerte, muerte, muerte!», señala uno de los criminales.

En el video se observa a varios sujetos con armas. Los antisociales se identifican con dos de las bandas narcodelictivas más peligrosas del Ecuador. Solo un hombre envía el mensaje, quien lleva una máscara de payaso.

El contenido circula en redes sociales desde la noche del 1 de noviembre. Durante ese periodo, al menos 10 actos delincuenciales más, relacionados con explosivos y balaceras, sucedieron en Guayaquil, Durán y Santo Domingo. No obstante, si bien son ataques coordinados por bandas criminales, no se han atribuido el crédito en cada atentado.

Los Chone Killers también…

Durante la noche del martes, la banda Chone Killers amenazó con asesinar a personas inocentes si no cumplen sus exigencias.

“Se les hace un llamado a que el señor de la SNAI y los señores policías y el señor Presidente: tome conciencia de esto y regrese a nuestros hermanitos al Pabellón 2, los Chone Killers, si no empezaremos con las muertes violentas en gasolineras y todo lugar que sea concurrido con bastante gente inocente serán exterminados por culpa de ustedes”, concluye el comunicado.

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En menos de un mes, el Ecuador conoció que desaparecieron 55 mil quintales de arroz y 228 toneladas de rocas con oro de las bodegas del Estado. Ambas, valoradas en $ 3.1 millones. Ahora, una nueva “desaparición” se sumaría a esta lista, ¿quiénes responden por estas irregularidades?

Las instituciones involucradas son los ministerios de Agricultura y Ganadería y el de Energía y Minas; además de instituciones que derivan de ambas entidades públicas.

Sobre el gas

El 27 de octubre del 2022, el asambleísta Salvador Quishpe Lozano (PK), solicitó información al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, por inconsistencias en el Reporte de Evaluación de Producción Vs Objetivos, donde indica una disminución “por arte de magia” de 6 millones de pies cúbicos de gas. El acta aún no ha sido respondida por el funcionario.

Sobre el arroz

En el caso de los 55 mil quintales de arroz, este medio conversó con el asambleísta Walter Gómez (UNES), quien aseguró que, en los siguientes días, la Comisión de Soberanía Alimentaria tratará este y otros temas en el Legislativo.

“Creamos una subcomisión, y vamos a tener las comparecencias del ministro y del liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) en la segunda semana de noviembre”, dijo Gómez.

Las irregularidades denunciadas en los anteriores días quedan, por ahora, en un limbo jurisdiccional. Los entes responsables aún no realizan un pronunciamiento oficial. Y las comisiones fiscalizadoras empezarán a recabar información en los siguientes días.

(J.P.C)

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Según diario Expreso, la Dirección de Control Minero señaló que, en agosto de 2020, la cantidad de material aurífero registrado en sus bodegas fue de 2.021,64 toneladas. Todo el material almacenado proviene de incautaciones en actividades mineras ilegales. Un año después, la cantidad registrada en abril de 2021 fue de 1.793 toneladas.

En total, 228 toneladas han salido de la agencia sin que se conozca su destino ni uso. El Instituto de Investigación Geológico y Energético reveló que dicha cantidad poseía un aproximado a 706 onzas de oro, cuyo valor en el mercado bordearía los $ 1’382.378.

Último caso registrado

El 25 de septiembre de 2022, dos camiones no autorizados y sin custodia militar extrajeron material mineralizado (roca con oro y plata) de las bodegas de la institución. Aunque se detuvo a los choferes horas después, aún no se puede explicar cómo se extrajo con esa cantidad de material de una bodega del Estado ecuatoriano.

Presunta corrupción organizada

En marzo de 2021, un exdirector de la entidad presentó una denuncia por estos actos de delincuencia y corrupción organizada. En el proceso consta una declaración que devela “complicidad con los guardias de las bodegas y elementos activos y pasivos de la Policía, quienes habrían cobrado entre USD 5.000 y USD 15.000 para permitir la salida de los sacos del lugar”.

Además, según asegura el exfuncionario, la modalidad realizada por estas bandas se conocería como “cambiazo”. Proceso que consiste en reemplazar el material precioso por otro que se asemeje, como el ripio.

Esta presunta de red de corrupción en los interiores de las agencias referentes a la minería, se suma a la reciente acusación al ministro de Minas y Petróleo, Xavier Vera, por supuesto intento de soborno a un medio de comunicación. (J.P.C)

Fuente: Expreso

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«La desaparición de Germán Cáceres tiene responsabilidad compartida”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Matovelle recalcó que la Fiscalía tenía elementos para detener al entonces teniente cuando rindió su declaración. Sin embargo, quedó libre al no existir suficientes pruebas en su contra, según la institución. Cáceres declaró que salió de la Escuela de Policía con María Belén y posteriormente la dejó en la avenida Simón Bolívar, donde ella tomó un taxi.

El jurista reiteró que la Policía tenía la obligación de investigar a Cáceres. “Es sospechoso que la institución policial no le haya puesto el ojo y resulta que se les escape”, afirmó. Además, comentó que el plazo para encontrarlo ya venció y aún se desconoce su paradero. El abogado aseveró que el único objetivo es encontrar a Cáceres y que cumpla con la condena que le corresponde.

Por último, manifestó que no son ajenos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si el caso lo amerita. “Se actuará conforme a lo que se permita dentro del marco legal nacional e internacional”, sostuvo.

Caso Bernal

María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre en la Escuela de Policía y su esposo figura como el principal sospechoso del femicidio. El 21 de septiembre, equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de la abogada enterrado en el cerro Casitagua. El femicidio de Bernal dejó en evidencia una serie de negligencias por parte de la Fiscalía y la Policía. Todavía no se tienen datos sobre el paradero del exteniente.

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Tras el trabajo en las mesas de diálogo entre la Asamblea y el Gobierno Nacional, se realizó la entrega oficial del anteproyecto de la Ley de Inversiones. La transformación digital y las zonas francas son dos de los elementos principales que acoge la iniciativa.

En febrero del 2022, el proyecto de la ley de atracción de inversiones fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional con carácter urgente, sin embargo, en el mes de marzo se dio paso a la moción de archivo. La justificación de algunos miembros del pleno se basaba en que la propuesta conducía a la privatización.

 Ante la situación el presidente Guillermo Lasso mencionó a través de su cuenta de twitter que la ley de inversiones fue negada porque el Gobierno Nacional no aceptó sus chantajes.

Hoy en día, después de 7 semanas de trabajo, tanto el poder Ejecutivo como Legislativo han llegado a un 90% de acuerdos con un mínimo del 10% en discensos. De las 118 observaciones se han acogido 104 para la construcción del documento en la ley de inversiones.

La propuesta será entregada el día miércoles al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en el Salón Tránsito Amaguaña de la sede legislativa. En lo posterior, el Ejecutivo entregará formalmente el proyecto a la Asamblea Nacional para su tratamiento de carácter económico urgente, si así lo dispone el mandatario.

El segundo peldaño en la comisión mixta

La violencia en el país es otro de los temas a tratarse en la comisión mixta. El próximo jueves 6 de octubre, se tiene prevista la instalación de una mesa de diálogo para establecer reformas que contribuyan a la erradicación de la violencia.

‘’ Es menester que toquemos temas como la inimputabilidad de menores de edad, exotrsión, porte armas con todos lo requisitos que deban establecerse (…)’’, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, en el contexto de la inseguridad del país.

En complemento, Esteban Torres , asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC),  manifestó que el trabajo de la comisión mixta puede contribuir con aportes a la inimputabilidad de menores de edad, mismos que han caído en el reclutamiento del sicariato.

Respecto al porte de armas, resaltó que en diciembre del 2020 fue el primer legislador que presentó un proyecto relacionado a este tema controversial.

‘’No está prohibido el porte de armas en el Ecuador, pero hoy hay una serie de decisiones ministeriales y acuerdos que impiden que buenos ciudadanos cumpliendo los estrictos requisitos puedan acceder a un medio defensa, que no va a solucionar porsupuesto el problema de la inseguridad en el país, pero que va aportar a la seguridad especialmente de los hogares’’, dijo Torres en relación al tema de porte de armas.

A la mesa de seguridad se prevé que asista; el ministro del Interior, Juan Zapata; el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez  y los jefes de las bancadas que conforman la Asamblea Nacional. Además, se pretende invitar a los representantes de la Corte de Justicia, la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional. (A.G.)

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