Masacre en altamar

En El Guabo, provincia de El Oro, 60 sujetos armados en lanchas interceptaron una embarcación civil cerca de La Gabarra este viernes. Sobrevivientes relataron a como los atacantes lanzaron granadas tras acorralar a entre 12 y 15 personas en la bodega del navío, incendiándolo.

La Policía Nacional confirmó 4 muertos y 7 heridos, aunque la cifra podría aumentar ante la desaparición de víctimas. Los heridos fueron derivados a centros de salud en Machala y Puerto Bolívar. Fuentes policiales atribuyen el ataque a una disputa entre los grupos narcocriminales Los Lobos y Sao Box por rutas marítimas.

Inseguridad en las calles de El Oro

Mientras tanto, en Machala, dos sicariatos se ejecutaron en menos de 24 horas: uno en plena vía pública y otro en el barrio Los Algarrobos.

En Huaquillas, un ataque armado dejó dos muertos —uno con antecedentes penales y una comerciante como daño colateral—. En Pasaje, un bombero voluntario previamente amenazado fue ejecutado a balazos.

Matanza en Guayas

La madrugada de este 10 de agosto, ocho personas (7 hombres y 1 mujer) fueron acribilladas frente a una discoteca en Santa Lucía. Agentes hallaron más de 90 restos de bala en la escena. Siete víctimas murieron en el acto; la octava falleció en un hospital.

Entre los identificados figuran Jorge Luis Urquizo Ferruzola (hermano del alcalde de Santa Lucía) y dos hombres con procesos por robo y homicidio. Un día antes, en Daule, dos personas fueron asesinadas en su vivienda de la urbanización Málaga II tras ser localizadas por sicarios que superaron controles de seguridad.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa justificó el estado de excepción (vigente desde el 6 de agosto) por el «incremento de violencia por grupos armados organizados«. Sin embargo, las masacres ocurridas posteriormente al decreto cuestionan la efectividad de la medida.

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El Comité expresó su “profunda preocupación” por la alta prevalencia de feminicidios y violencia sexual, así como por el reducido número de condenas y la falta de protección y apoyo efectivo a las víctimas.

Los expertos que conformaron este comité señalaron que las víctimas, especialmente mujeres y niñas afrodescendientes, indígenas y de zonas rurales, aún enfrentan barreras importantes para acceder a justicia y servicios de apoyo.

“Ecuador debe intensificar sus esfuerzos para erradicar la violencia de género, asegurar investigaciones exhaustivas y brindar reparaciones efectivas a las víctimas”, manifestó Carlos Gómez Martínez, miembro del Comité.

En cuanto al aborto y los derechos reproductivos, el informe reconoció ciertos avances en el acceso a la salud y educación sexual, así como en la prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, criticó que la interrupción voluntaria del embarazo aún sea penalizada en la mayoría de los casos.

También cuestionó que las mujeres enfrentan obstáculos para acceder a abortos legales, debido a limitaciones como la objeción de conciencia de profesionales de salud. En este aspecto, el Comité instó a Ecuador a “garantizar el acceso seguro y legal al aborto, especialmente en casos donde el embarazo cause dolor o sufrimiento significativos a la mujer o niña”.

Estado de excepción y abusos en detenciones

El informe del Comité también destacó la persistencia de los estados de excepción, al menos durante el 2024 en el marco del conflicto armado interno. La ONU criticó la normalización de esta medida y denunció reportes de violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y tortura.

Entre enero y junio de este año, se registraron más de 35.000 detenciones en este contexto. “Es un número demasiado alto; Ecuador debe restringir el uso del estado de excepción a situaciones realmente excepcionales y garantizar la proporcionalidad en todas las medidas adoptadas”, sostuvo Gómez Martínez.

Condiciones críticas en el sistema penitenciario

El Comité hizo un llamado urgente a Ecuador para abordar la crisis en su sistema penitenciario, caracterizado por el hacinamiento y el aumento de muertes violentas. Desde 2018 hasta 2023, el país registró más de 600 muertes violentas en centros de detención, incluyendo la de dos directores penitenciarios.

Gómez Martínez subrayó que, a pesar de los esfuerzos de militarización para controlar la violencia, los centros penitenciarios se enfrentan a “condiciones inhumanas” y carecen de servicios básicos de salud, alimentación y rehabilitación. El Comité recomendó reducir la sobrepoblación y fortalecer la capacidad del sistema de rehabilitación con una perspectiva de derechos humanos.

La situación carcelaria en Ecuador no seguirá los lineamientos de la ONU, pues el pasado 6 de noviembre el presidente Daniel Noboa envió un proyecto de reforma a la Corte Constitucional para que las personas privadas de la libertad sean excluidas del grupo de atención prioritaria.

Corrupción en el sistema judicial

La ONU expresó también su inquietud por la corrupción dentro del poder judicial, que según la Fiscalía incluye sobornos a funcionarios para beneficiar a organizaciones criminales. El Comité lamentó la falta de medidas efectivas de protección frente a amenazas y agresiones contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos.

“La corrupción en el sistema judicial es extremadamente peligrosa, ya que compromete el estado de derecho y la credibilidad del sistema de justicia”, indicó Gómez Martínez, enfatizando que Ecuador debe investigar todos los casos de corrupción y proteger a los operadores de justicia y a los defensores de derechos humanos.

Otros puntos de preocupación

La ONU también se refirió a la flexibilización de las leyes para el uso de armas personales y la militarización de la seguridad ciudadana, medidas que, advirtió, aumentan los riesgos para la vida e integridad de los ciudadanos. Además, se mostró alarmada por el uso desproporcionado de la fuerza en el contexto de detenciones y los escasos avances en los procesos judiciales relacionados.

El Comité finalizó exhortando al gobierno ecuatoriano a adoptar una política integral de protección para defensores de derechos humanos y a implementar mecanismos de denuncia internos en el sistema penitenciario para reducir la violencia entre internos y el uso excesivo de la fuerza por parte de guardias.

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