Esta etapa de juicio se trató de instalar desde febrero pasado, pero no se había logrado por problemas en la conformación del tribunal de juicio. Incluso, en esta convocatoria se trató de diferirla debido a que el conjuez, Adrián Rojas, estaría contaminado.

Según Marcelo Ron, abogado Celi, existen dos razones por las que el conjuez, Adrián Rojas, debe excusarse de ser parte del Tribunal de Juicio.

Una de las razones sería que Rojas decidió ordenar la prisión preventiva por cohecho, el cuál sería derivado del Caso Las Torres, es decir una causa conexa, y para disponer la medida cautelar analizó elementos de convicción que serán parte del juzgamiento por el delito de delincuencia organizada.

David Vaca, abogado defensor de Esteban Celi, considera que el conjuez Rojas debe excusarse de conocer el caso por delincuencia organizada, pues ya conoció información en un caso conexo, el caso por cohecho en el que se inició una instrucción fiscal por 90 días contra los hermanos Celi, Pedro Saona y la empresa China CAMC. 

Sin embargo, el mismo Rojas y la Fiscalía rechazaron el pedido del caso. Por lo que Walter Macías, juez ponente del caso, descartó el pedido e instaló la audiencia

Diana Salazar, fiscal General del Estado presentó su alegato de apertura. La fiscal relató que en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia funcionó una estructural delincuencial. Organización que estuvo presidida por Pablo Celi, Pablo Flores y José Agusto Briones, quienes eran los titulares de esas instituciones y que gestionaron el cobro de un soborno por el 20% de una factura por USD 20,3 millones, que Petroecuador debía a Nolimit.

Luego vendrá la fase probatoria. Se cree que el juicio podría durar entre cuatro y seis semanas. Entre las partes acusadoras y los procesados han anunciado un total de 297 testigos y 69 peritos.

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Esteban Celi asumió su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada y el desvanecimiento de millonarias glosas. El acusado dijo que recibió una transferencia por 110 mil dólares. También aseguró haber contactado al socio principal de Nolimit, a través de Raúl De La Torre, para gestionar pagos de la contratista de Petroecuador.

Incluso, afirmó que su hermano, Pablo Celi, no tenía conocimiento sobre estos pagos y que jamás recibió dinero. Sin embargo, Esteban Celi no aceptó todos los hechos narrados por la Fiscalía. Por ello, el juez dictaminó que no cumplía con los requisitos suficientes para acceder a la rebaja de la pena.

La Fiscalía pidió pena de 40 meses de prisión y una reparación al Estado por 648 mil dólares, para Esteban Celi, si confesaba los detalles de la operación. Usualmente, un delito de este tipo se sanciona con 7 a 10 años.

La defensa de Celi solicitó otro procedimiento abreviado. El juez Córdova dispuso el diferimiento de la instalación de la audiencia de preparación y evaluatoria de juicio por delincuencia organizada, programada para este 21 de septiembre, debido a estas diligencias pendientes, solicitadas por las defensas de los procesados .

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“Constan ingresos por USD 345 mil depositados por parte de Naparina Corp S.A. y su propietario Enrique Cadena Marín, intermediario petrolero, y salidas por USD 122.400 para Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra prófugo, y su padre Jaime Baquerizo Chávez”, reseñó el medio.

Una treintena de cuerpos del expediente se refieren únicamente a las cuentas bancarias de Santiago Cuesta. Asimismo, figura su esposa Gloria Vinueza (junto al hermano de esta) y Julio César Vinueza. La evidencia indica cheques y papeletas de depósito o de cobro y detalla los bancos utilizados para el supuesto ilícito.

¿Qué hizo Fiscalía?

Durante el operativo se allanó la casa de Santiago Cuesta Caputi, alfil de Lenín Moreno. No obstante, el ex asesor no ha sido vinculado y tampoco se le ha solicitado asistir a declarar. Además, su nombre figura en las transcripciones de algunas grabaciones en poder de Fiscalía.

Actualmente, Santiago Cuesta está en España y fue intervenido por su estado de salud. Frente a los allanamientos de Fiscalía por el caso Las Torres, publicó un comunicado. En este desconoce sobre “compras, ventas, transacciones y cualquier tipo de negociación petrolera que se haya realizado entre el Estado ecuatoriano representado por alguna de sus autoridades y alguna empresa compradora o intermediaria del petróleo”, informó el medio.

Caso Las Torres

Fiscalía investiga a un grupo de servidores públicos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de la estatal Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la Contraloría General del Estado.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera en Miami. Posteriormente fueron apresados el Contralor subrogante Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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