La encuesta que abarca una muestra de 620 personas de Quito y Guayaquil de entre 18 a 65 años se realizó entre el 8 y 9 de octubre de este año, de forma presencial. Con un margen de error +/- 4 y un 95% de confianza.

La curvatura de aprobación y desaprobación del presidente tiene un fuerte camino de descenso si lo comparamos con el 85,47% de personas que indicaban una buena o muy buena gestión. La encuesta también investigó sobre la credibilidad del mandatario, un 58,75% no le cree, mientras un 41,25% le cree.

Por otro lado, una encuesta de CID Gallup de septiembre del 2024 sobre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados, coloca a Noboa en la quinta posición con un 47%, cinco puntos más arriba. Se utilizó como metodología las llamadas por celular y la encuesta cara a cara con una muestra de 1.200 personas, un margen de error de +/- 2.8 y un nivel de confianza de 95%.

La desestabilización que sufre Noboa en su evaluación como presidente se da en los meses más críticos del país por la crisis energética, que ha llevado a los ciudadanos a sufrir hasta 14 horas de cortes de electricidad y ha agravado la crisis económica y de seguridad en Ecuador.

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«Durante el domingo 29 y lunes 30 de enero, todas las estaciones mantendrán sus accesos cerrados, ya que después de la primera fase de inducción dinámica con pasajeros, en la cual movilizamos alrededor de 10 mil personas con gran éxito, es pertinente y necesario mantener un proceso de evaluación de la operatividad», dice el comunicado.

El servicio se retomará el 31 de enero. La empresa también informa que el sábado 4, domingo 5 y el lunes 6 de febrero, los accesos de las estaciones permanecerán cerrados debido al proceso electoral.

Durante el tiempo que permanezca sin funcionar, el Metro de Quito realizará actividades técnicos – operativas: mantenimiento en el sistema de seguridad, pruebas de tracción, simulacros de evacuación, inducción y capacitación del personal, entre otros.

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«La Comisión Pluripartidista Ad Hoc va a sesionar de forma presencial, tenemos que cumplir la norma. Vamos a estar apegados a la ley y haremos un trabajo responsable», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que existen rumores de que se va a enviar a los asambleístas a sesionar de manera telemática.

“Esto es algo preparado desde la presidencia para que la Comisión no pueda sesionar, nosotros somos asambleístas y estamos en pleno derecho de ir al Pleno”, afirmó Calo.

El asambleísta recalcó que no se dejarán llevar por la manipulación y los chantajes de la presidenta Guadalupe Llori.

“No es la primera vez que hay chantajes para no sesionar, en la primera sesión de la Comisión hubo una supuesta amenaza de bomba», sostuvo Calo.

También detalló que una vez que hayan sesionado los 5 miembros de la Comisión elaborarán el informe y se presentará a la Asamblea Nacional para que los 137 asambleístas tomen su postura.

Por último, manifestó que tenían previsto entregar el informe de evaluación hasta el 25 de mayo, pero debido a los obstáculos que ha puesto Llori, el plazo se alarga hasta los primeros días de junio.

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Los hechos

La sesión inició con 137 legisladores y después de conocerse y aprobarse el primer cambio del orden del día del asambleísta Marcos Molina (ID) se debía tratar el siguiente punto. Llori no lo hizo. Alegó que las medidas cautelares estaban vigentes y no se podía conocer la denuncia de Esteban Torres (PSC) en su contra y la creación de una Comisión Ad Hoc. Provocó gritos de los legisladores de UNES y el PSC, sin embargo, no reculó.

El secretario general Álvaro Salazar recordó que hay que escuchar a la asambleísta proponente. “En la Asamblea mando yo”, dijo Llori. Después de los reclamos y una pequeña paralización de la sesión, Llori tomó una decisión inesperada, aceptó la apelación a la Asamblea por parte de Esteban Torres. Las dos veces anteriores le había negado ese derecho.

De allí, Virgilio Saquicela tomó el control de la sesión. Con la votación afirmativa de 84 legisladores se apeló a la presidencia. Llori se quedó en una curul y Saquicela solicitó votar por el cambio del orden del día de Holguín. 93 votos a favor permitieron que el pedido de la asambleísta se debata como segundo punto en el Pleno.

El debate

La asambleísta ponente abrió el debate. “Se caerán las caretas y sabremos quienes son los del pacto. Nadie está por encima de la ley y deben reconocerlo. Que las medidas cautelares no interfieren con la creación de una Comisión multipartidista Ad Hoc”, dijo Holguín.

El asambleísta Juan Fernando flores del BAN, bancada oficialista, criticó este cambio del orden del día y dijo que la bancada no se prestará para irregularidades y el irrespeto a la Primera función del Estado. Acto seguido, los legisladores del BAN abandonaron la sesión. Una parte de la bancada de la Izquierda Democrática.

Finalmente con 84 asambleístas presentes se dio paso a la votación. Con 81 votos y tres abstenciones se creó la Comisión Multipartidista Ad Hoc para evaluar a Guadalupe Llori. Estará conformada por: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y Jhon Vinueza (independientes). Tendrá 35 días para presentar su informe. MIB

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«La administración de justicia no podía entrometerse en el poder legislativo porque va en contra de los pilares fundamentales de la democracia», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El vicepresidente sostuvo que el criterio del Procurador General del Estado no se compadece con la realidad legal de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Saquicela también manifestó que la presidenta de la Asamblea Nacional tiene la obligación legal y moral de poner a consideración del Consejo de Administración Legislativa (CAL) estas denuncias hasta el viernes 8 de abril.

“Tenemos que recibir las denuncias en el CAL y ver si es que la denuncia es en contra de uno de los vocales”, comentó el vicepresidente.

Saquicela afirmó que se necesita el cambio de la presidencia en la Asamblea por el bien del país, del Pleno y por el bien de las leyes, pero debe darse dentro de un marco constitucional.

“Si se queda Guadalupe Llori que se quede y que abra un marco de diálogo. Es necesario el diálogo al interior de la Asamblea Nacional con todas las fuerzas políticas”, expresó Saquicela.

También sostuvo que al país no le interesa quien esté al frente de la Asamblea, sino que funcione este poder del Estado. “La Asamblea debe buscar una agenda real que beneficie a la ciudadanía”, manifestó el vicepresidente.

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“En cualquier momento se puede realizar la muerte cruzada. Que estemos de acuerdo o no es otro tema”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle. Recalcó que fueron elegidos por la ciudadanía y tienen un periodo que cumplir. Sin embargo, no le temen a que se impulse la muerte cruzada.

Respecto a la Ley de Inversiones, Guamaní comentó que aún no han tomado una decisión y se encuentran todavía analizando el proyecto. “Seremos propositivos como siempre lo hemos hecho, entregando las observaciones que creamos necesarias”, aseguró.

Guamaní dijo que le preocupa que partes de la Ley se pueden interpretar como la privatización de instituciones públicas. “Otorgar a las empresas privadas la prestación de un servicio público se puede interpretar como la privatización de algunas empresas públicas. Nosotros no lo vamos a aprobar y emitiremos nuestras observaciones”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que la conformación de una comisión multipartidista para evaluar al CAL es ilegal y que la evaluación debería realizarse a toda la Asamblea Nacional y no solamente a este organismo.

“La ley Orgánica de la Función Legislativa es clara cuando manifiesta que esta conformación de la comisión multipartidista se la impulsa para destituir autoridades, no para evaluar”, afirmó.

También reiteró que el país necesita estabilidad y gobernabilidad. “Para eso todas las instituciones tienen que sentarse a dialogar, independientemente de las banderas y membretes políticos”, expresó Guamaní.

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“Nosotros dialogamos con todas las bancadas y en todas existe malestar respecto al funcionamiento de la Asamblea Nacional, excepto en la bancada de CREO”, manifestó la asambleísta durante una entrevista con Radio La Calle.

Aguirre expresó que Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, violó la institucionalidad y atentó contra la democracia al apagar las luces, dejarlos sin micrófono y sin sonido, durante la sesión del pasado 24 de febrero.

“Llori ha salido en medios de comunicación a decir que conspiramos y a revictimizarse respecto a errores permanentes que ha cometido en su actuar parlamentario”, afirmó la asambleísta.

Respecto a la posibilidad de realizar una auto convocatoria, Aguirre sostuvo que se necesitan 92 votos para hacerlo. “El pueblo ecuatoriano necesita resultados, tiene temas urgentes que tratar y por eso deberíamos auto convocarnos, porque Llori no nos convoca”, sostuvo.

Por último, la legisladora recalcó que la Ley de Atracción de Inversiones es un proyecto de 260 artículos y muchos de estos artículos tienen como objetivo la privatización y permitir la venta de activos públicos.

“Es importante analizar que esta ley, de cierta manera, facultaría al presidente de la República para delegar a gestores privados que manejen espacios públicos”, aseveró la asambleísta.

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Quito 22 de dic (La Calle).- Alrededor de 400 médicos exigen una solución tras la entrega tardía de la guía metodológica de orientación para incorporarse al año de salud rural. La guía fue presentada el 28 de octubre de 2020, luego de que los estudiantes rindieran el examen de habilitación. El Consejo de Aseguramiento de Calidad de la educación superior (CACES) evaluó sus exámenes con una tabla anterior que mantenía otros índices.

“En el artículo 20 de la metodología, publicada en marzo, consta que aprueban los estudiantes que acierten a 72 preguntas correspondiente al 60% de la evaluación. El 3 de diciembre nos dieron los resultados evaluados con 81 aciertos o sea el 67.5%. No tiene sentido que nos den una guía posterior al examen. Estaremos 8 meses en desempleo”, dijo uno de los afectados Cristian Palma Subiaga.

El estudiante advirtió que, durante la inscripción y las capacitaciones realizadas en septiembre, las autoridades no recibieron la guía por lo que se rigieron al último documento presentado por la entidad. De acuerdo a las cifras, en la primera evaluación aprobaron más del 60% de los estudiantes y en la segunda, apenas el 48%.

En este punto, los estudiantes proponen una acción de protección a nivel nacional. “Creemos que no tienen el aval económico para solventar los gastos para los médicos rurales: no existe otra explicación. Nos sentimos desprotegidos porque el abogado dio respuestas únicamente para 30 personas. Nosotros estuvimos 15 días recopilando datos y mandando documentos. El abogado apoyará solo a los que tengan dinero para hacerlo”, señaló.

¿Qué opina la Comisión de educación de la Asamblea?

El pasado jueves 10 de diciembre, la asambleísta Silvia Calderón pidió comparecer a los personeros del Consejo de Aseguramiento de Calidad de la educación superior (CACES) ante el pleno por la vulneración de la garantía de derechos a los estudiantes de medicina.  El asesor Leonidas Chiliquinga, de la Comisión de educación, manifestó que la CACES debió cumplir con un plan piloto durante la pandemia que permita medir las falencias de la evaluación.

“Han llegado varias denuncias a nivel nacional. La comisión iniciará un proceso de fiscalización en la primera o segunda semana de enero. Debemos preguntarnos si esta institucionalidad está haciendo lo correcto por un sistema de educación de calidad. Aquí se vulneran dos derechos constitucionales: el proyecto de vida y derecho a la educación», dijo.

El funcionario aseguró que desde hace ocho se evidencia la falta de cupos. De acuerdo con las declaraciones de Chiliquinga, este inconveniente se debe a problemas técnicos. En 2018, se realizaron reformas a la evaluación para transformar la «evaluación discriminatoria»; sin embargo, estas propuestas se aplicaron de manera parcial. El asesor plantea que no se trataría de un tema económico, pues hace poco arribaron los créditos con el FMI.

«No debería existir una afectación. No es un problema de financiamiento, sino de coordinación entre el sistema de salud y educación Las autoridades deben comparecer ante el Pleno y responder a este fallo», acotó. El artículo 104 de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) otorga al CACES la responsabilidad de implementar esta evaluación para profesionales de las carreras de interés público.

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