De acuerdo al registro actualizado este 30 de enero, las empresas que lideran este ranking de deuda es: Bananera Noboa, Bonanza Fruit, Consorcio Tecnovía y Empresa Eléctrica del Ecuador.

Actualmente, registra más de USD 89 millones de deudas firmes. Además, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) reportó obligaciones patronales en mora por un valor de USD 20.925.36 y 30 glosas impugnadas por un valor de USD 29,742.76.

Hoy en día, el representante legal de la bananera es Roberto Ponce Noboa, primo del empresario y seis veces candidato presidencial, Álvaro Noboa.

Lo que necesita el país

En medio de una crisis económica y la declaratoria de conflicto interno armado, el gobierno de Daniel Noboa busca la manera de obtener recursos para el país. Hasta el momento, la Asamblea ha aprobado dos leyes propuestas por el Ejecutivo y quedan dos sobre la mesa.

La alternativa que generó controversia entre los legisladores y la ciudadanía es el incremento del IVA al 15 %, un planteamiento que espera recaudar USD 1.071 millones desde marzo y USD 1.306 millones anuales.

Las bancadas analizan otras alternativas para obtener recursos, sin embargo, para los ciudadanos la solución también está en el cobro de las evasiones tributarias.

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En un comunicado el SRI expresa que «la administración tributaria se encuentra realizando todos los análisis técnicos correspondientes, en torno a la información entregada por el primer mandatario, junto con las demás acciones legales, dentro del ámbito de sus competencias, enfocadas en proteger los intereses estatales, principalmente aquellos relacionados a la justa recaudación de tributos.»

Las acciones se llevan a cabo luego de que el presidente Lasso pidiera al SRI que inicié una investigación hacia el expresidenciable, Xavier Hervas, pues dijo que existen presuntos «montos incompatibles» en sus tributos en comparación a sus ingresos, entre los años 2009 y 2020.

Además solicitó que se investigue las declaraciones de impuesto a la Renta de Hervas, quien declaró un valor aproximado de USD 3.600 e incluso registra años con declaraciones en cero. Sin embargo, Lasso cuestionó que Hervas haya declarado por montos mayores el Impuesto a la Salida de Divisas, lo que resulta incompatible.

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La información que recopilaron 600 periodistas alrededor del mundo reavivó el viejo debate sobre las empresas en paraísos fiscales y cómo un pequeño, pero poderoso, porcentaje de la población evade impuestos y esconde sus patrimonios.

«Los gobiernos de todo el mundo prometieron leyes más estrictas , convocaron audiencias públicas y lanzaron investigaciones: al menos 19 sondeos e indagaciones por parte del Parlamento Europeo, Europol y autoridades en 15 países», dice la ICIJ en un artículo.

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Problemas en Latinoamérica

Tres presidentes de la República tuvieron en algún momento empresas en paraísos fiscales, según reveló la investigación. La noticia mermó mucho sus índices de aceptación y los llevaron a investigaciones que, sin embargo, lograron sortear con un poco de dificultad.

En Chile, los legisladores acusaron al presidente Sebastián Piñera. Pandora reveló la existencia de USD 152 millones de la participación de sus hijos en una empresa minera. Está compañía no tenía ciertas restricciones ambientales que según la ley, impone el gobierno chileno liderado por Piñera en ese momento.

Piñera negó cualquier conflicto de intereses. El Senado de Chile votó 24-18 a favor de destituirlo de su cargo, pero la votación no alcanzó el umbral requerido.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso también sobrevivió a un esfuerzo de juicio político en respuesta a las revelaciones de que transfirió activos a Dakota del Sur, meses después de que nuestro país aprobara la ley que prohíbe a los funcionarios ser propietarios de empresas offshore.

La Asamblea anuncio un exhorto y envió el caso a la Fiscalía, la oficina de impuestos y otras agencias para ver si violó alguna ley. La Contraloría no encontró irregularidades y la Fiscalía todavía no se pronuncia.

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En Europa

Para el viejo continente la historia es distinta, las investigaciones avanzan a paso lento especialmente para los países de Europa del Este, donde el escándalo les costó el puesto a algunos políticos.

Fue el caso de República Checa, donde las revelaciones de los Pandora Papers aparecieron una semana antes de las elecciones de Primer Ministro. Andrej Babis lideraba las encuestas y se preparaba para la reelección.

Pandora reveló que Babis, un populista que hablaba en contra de la corrupción de las élites políticas y económicas, utilizó empresas fantasma en paraísos fiscales para comprar un castillo en la Riviera francesa.

No reveló el castillo ni las empresas, como exige la ley checa. Una encuesta de los medios sugirió que el 8% de los partidarios de su partido cambiaron sus votos como resultado de las revelaciones. Terminó en segundo lugar y el país se prepara para una coalición de partidos que formará un nuevo gobierno.

Consecuencias de Pandora

La Unión Europea empezó a tomar medidas para reducir la evasión fiscal. «Unshell, la propuesta, buscaría garantizar que las empresas de buzón que tienen «ninguna o mínima actividad económica» en la UE no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal», indicó la Comisión.

Por su parte, la Europol ha realizado un informe donde alerta que no solo los políticos realizan evasión, sino también grupos de crimen organizado, terroristas y lavadores de dinero.

El Parlamento británico ha solicitado al gobierno un control sobre las islas anexadas al Reino Unido, un lugar donde todos estos personajes ocultan su dinero.

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Pandora Papers llegó al Pleno Legislativo y casi se puede decir, usando el argot popular, que “por las mismas” se fue. Las expectativas sobre la aprobación del informe que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales eran pocas. La ID, PSC, BAN y algunos legisladores de Pachakutik manifestaron que no se “prestarían para atentar contra el estado de derecho”, es decir, que no perturbarían al presidente de la República.

Las expectativas bajaron aún más cuando, coincidencialmente, la Contraloría General del Estado anunció que se archivará el examen especial de Guillermo Lasso al no encontrar ningún bien o capital en paraísos fiscales relacionados a él durante el período de candidato presidencial y su posesión.

Siguiendo la idea de la asambleísta Moreira, que dijo “no esperamos nada de los asambleístas y aún así logran decepcionarnos”, y es verdad. En el debate, varios legisladores defendieron a capa y espada a Lasso, “un hombre honesto que hizo su dinero de forma correcta”, dijeron, y que “no hay que escandalizarse por sus empresas offshore disueltas”.

En la otra esquina, los asambleístas de UNES se hicieron las preguntas que también se hacen los ecuatorianos decentes. Es que cuando aparecen acusaciones de evasión fiscal no hay marcha atrás y la crítica y la duda siempre serán necesarias.

Desde 1994, con Andean Investment, Lasso tuvo capital en paraísos fiscales con el único fin de evadir impuestos. De las empresas relacionadas a él no hay registro de pago de impuestos en el país. ¡Y no nos inmutamos! La élite económica de este país saca su dinero del país, no paga todos los impuestos y no nos interesa.

El daño que hace la evasión al país es gigante, le cuesta al país USD 7.600 millones que podrían destinarse a educación, salud y fortalecimiento de la economía, pero un presidente que aún mantiene la figura de “protector” de Banisi Holding, tiene nexos con offshores demuestra el rumbo que toma nuestro país. Uno que intenta congraciarse con los empresarios y olvidarse de la legalidad que le exige mantener a sus ciudadanos.

«Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada», decía el gran Oscar Wilde y tenía razón. Olvidamos que el valor de la honestidad, generosidad y desprendimiento son vitales para un político preocupado por su pueblo y de una asamblea que no encubre el sol con un dedo.

¿Pandora Papers irá al olvido? Parece que sí. Allí donde el Legislativo deja quemimportismo, a los ciudadanos nos queda la crítica e indignación. Pero también nos quedan las calles.

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¿Es legal la evasión de impuestos?

La existencia de empresas offshore no tiene que tacharse de por sí, como ilegal. Es normal en el giro comercial internacional que existan estas empresas. Su existencia no implica un delito, sino el uso que se da sea para esconder dineros procedentes de la corrupción pública o de evasiones fiscales y tributaciones en cada uno de los países.

Estos 600 periodistas han hecho una labor profunda para detectar estos casos. En el caso presente en Delaware, personas jurídicas arman sociedades de carácter extranacional para establecer un poderoso escudo fiscal y no tributar conforme a las leyes que determina el Ecuador. Implica un prejuicio fiscal y una evasión de la norma que prohíbe ocupar cargos y funciones públicas.

Nuestra ley también prevé la destitución para quienes incurran en estas actividades. De comprobarse en el campo político y judicial debería tener consecuencias de carácter político, administrativo y también investigaciones de carácter penal.

El presidente Lasso ha dicho que los consorcios en EE.UU. no tienen relación con él ¿Debería investigarse si esto es cierto?

La Constitución ordena que se presuma la inocencia de las personas hasta que se haya probado lo contrario. Esto sucede cuando se realiza una investigación que debe realizar la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y en el ámbito legal está asignada a la Fiscalía General del Estado. Debieron ponerse en marcha inmediatamente para clarificar este asunto.

¿Existe algo que pueda hacer el Consejo Nacional Electoral con este tema?

Estas investigaciones no son competencia de la función electoral. La función electoral organiza elecciones, cuenta los votos, proclama resultados y posesiona a los electos. La investigación de responsabilidad política corresponde a la Asamblea Nacional.

En el lado penal es trabajo de la Fiscalía descubrir si existe evasión fiscal. En lo administrativo, la Contraloría General del Estado debe realizar una investigación, de encontrarse culpabilidad puede desprenderse una sanción de destitución.

Si esto sucede debería ir a la Asamblea y la Corte Constitucional para que se emitan los dictámenes correspondientes, en caso de existir algún indicio de ilicitud o responsabilidad si lo determina la ley. Las autoridades elegidas por voto popular tienen prohibido tener empresas, directa o indirectamente, en el exterior.

¿Cuánto tiempo tomaría?

La Contraloría con un examen especial podría tardar, con la solicitud de información al exterior, de cuatro a seis meses. Luego de eso vendría el pronunciamiento de la Asamblea u la Corte Constitucional. El resto es un poco más ágil. En el caso de Fiscalía, para responsabilidades legales, tiene hasta dos años para hacer la investigación.

¿Existe la voluntad política de estas instituciones?

Esperemos que sí porque muy agiles en temas de corrupción no han sido. Más ha primado el show que la agilidad en las acciones. Los amarres en el caso de la señora Cerda, pese a que hizo apología del delito, su sanción fue de 15 días sin sueldo. En el caso de Bella Jiménez hay una Comisión que recomienda la destitución, pero no hay rapidez.

En el ámbito de Fiscalía hay casos que duermen el ‘sueño de los justos’. INA Papers ya pasó de los dos años, pero aún se sigue investigando. Hay casos como Las Torres donde la investigación ha sido sumamente ágil, todo depende de la voluntad que pongan los políticos.

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Hace 4 años, el flamante secretario jurídico de Presidencia, Fabián Pozo, tuiteaba que los paraísos fiscales eran necesarios.

«Yo creo que los paraísos fiscales no son malos, es más, son necesarios mientras existan infiernos fiscales. Legítima defensa», escribió.

En 2012, indicaba que era «legítima defensa» eludir impuestos si son muy altos. «Vengo varios meses con la idea de que si los impuestos son demasiado altos ¿la elusión sería legítima defensa?», expresó.

Ya cambié de opinión

Los tuits de 2011 del consejero presidencial ad honorem, Aparicio Caicedo, también le ganaron más de una crítica.

«Mi consejo del día: hagan dinero y llévenlo a un paraíso fiscal. Evadir impuestos es ético. Es defensa frente al robo», escribió en un tuit.

«Amigos, tienen el derecho y el deber de interpelarme por mis opiniones actuales y pasadas. Ocuparé una función pública y es normal que pase. Incluso sano. He cambiado de opinión sobre muchas cosas en 10 años, comprenderán, como sucede con lo dicho en el polémico tuit del 2011», se defendió Caicedo.

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«Mi consejo del día: hagan dinero y llévenlo a un paraíso fiscal. Evadir impuestos es ético. Es defensa frente al robo», escribió en un tuit.

La crítica llevó a Caicedo a borrar el tuit. Sin embargo, no fue el único que escribió ese año sobre la evasión fiscal.

«Evadir impuestos es heroico, es como negarse a prestar el servicio militar en su época». Otros trinos indicaban que evadir impuestos es como quemar el carnet militar en la Guerra de Vietnam.

¿Qué dice la ley?

“La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada”.

Las sanciones varían de 1 a 7 años de cárcel, dependiendo de la forma del delito. Pueden tener la pena máxima si incluyen la participación de miembros de la función tributaria.

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