En la resolución del pasado 13 de noviembre, la Asamblea condenó las acciones inconstitucionales de Ivonne Núñez como representante de la Institución, rechazó y desconoció el sumario administrativo que suspendió a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y resolvió presentar ante el órgano de la administración de justicia constitucional una acción de interpretación a los artículos usados para dicha sanción. Sin embargo, Núñez ha dicho en medios de comunicación que existe desconocimiento constitucional de las leyes por parte de los asambleístas y aseguró que no tiene responsabilidad directa sobre el sumario, por lo que no debía ser convocada a comparecer. Ha pretendido cargar de esta responsabilidad a una funcionaria subalterna, así como también lo ha hecho la Canciller Gabriela Sommerfeld en este mismo caso.

Sobre estas declaraciones, la asambleísta nacional por la bancada de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega, quien impulsó una solicitud de inicio de juicio político en contra de la ministra ante la Corte, dijo en entrevista a este medio que la Constitución de la República, como norma suprema, establece claramente en sus artículos 131 y 149 la jerarquía del Legislativo para sancionar autoridades de elección popular. Sin embargo, el inicio de estas acciones inconstitucionales, según la asambleísta, habrían iniciado con el acuerdo ministerial Nro. MDT-2024-175 expedido el 11 de septiembre que buscó normar un proceso de sumarios administrativos a las autoridades electas democráticamente. Esta sería “la vía” que encontró el Ejecutivo para emprender la suspensión de la vicepresidenta, aunque no se haya logrado el objetivo de removerla de su cargo.

En la comparecencia, a la que estaría llamada por segunda ocasión la ministra Ivonne Núñez, debería explicar el sustento del sumario administrativo que sancionó a Verónica Abad con la suspensión de 150 días, cuando la LOSEP establece en su artículo 87 que la suspensión podía ser de 80 días, así como su responsabilidad en las acciones y omisiones del Ministerio del Trabajo. Estas inobservancias a la Ley han permitido que el presidente Daniel Noboa designe a la secretaria de Planificación, Sariha Moya, como encargada de las funciones vicepresidenciales. Por lo tanto, mientras no se dé el pronunciamiento de la Corte Constitucional no se puede tener claridad sobre estas interpretaciones arbitrarias de la Norma Suprema, considerando, además, que se ha iniciado el proceso de renovación parcial de nueve jueces, lo que podría postergar aún más una respuesta.

El proceso de juicio político de Ivonne Núñez iniciaría en abril de 2025, por el orden de prelación de otros tres juicios en la Asamblea Nacional, pero esta serie de solicitudes realizadas por asambleístas, así como por organizaciones políticas y sociales del país, buscan dejar un precedente para la política nacional y evitar que se vuelva a violentar la Constitución de la República. Se esperaría que, por el tiempo que resta l actual cuerpo Legislativo, la próxima Asamblea continúe con el proceso de sanción o censura a la titular del Ministerio del Trabajo por incumplimiento y abrogación de funciones.

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“Para enfrentar esta ola de inseguridad no basta una ley. En Ecuador cada dos horas se comete un asesinato. Solo en lo que va del año, más de 1.655 personas perdieron la vida de forma violenta. EL uso legítimo de la fuerza ya está reglamentado tanto en la normativa nacional como internacional”, dice el principio del comunicado.

Agregaron que, como bancada, decidieron votar a favor del proyecto “para evitar que se convierta en una excusa para la incompetencia de Lasso. Los índices de inseguridad son responsabilidad directa del Gobierno. La bancada RC buscó modificar los artículos ambiguos sobre la protesta social conscientes que no pueden ser un instrumento contra los luchadores populares que seguirán enfrentando las políticas neoliberales, estaremos vigilantes”.

De acuerdo con la bancada, los 10 años anteriores fueron una muestra de un buen trabajo en seguridad. “Cuando Ecuador fue el segundo país más seguro de la región, la RC demostró que este problema, más allá de una ley necesita de voluntad política y presupuesto”.

Ley de uso de la fuerza

Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó este proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de la policía, fuerzas armadas y guías penitenciarios.

En ejercicio de un punto de información, el asambleísta Ramiro Narváez, ponente del informe, aclaró que el texto trabajado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de ninguna manera autoriza el uso de la fuerza para sofocar las manifestaciones pacíficas, al contrario, la propuesta garantiza el derecho a la resistencia y a la protesta; prohíbe el uso de armas letales en este tipo de operativos, precisamente para salvaguardar la integridad de las personas. MIB

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