«Se ha planteado mi nombre, recibí esta invitación por parte de Centro Democrático conjuntamente con Jimmy Jairala, nuestros nombres están sobre la mesa para buscar este consenso en un frente de los partidos políticos y movimientos sociales de centro e izquierda que permitan a Ecuador tener una respuesta programática y coherente para los temas importantes: seguridad, economía, salud, educación y ambientales», dijo en Radio Pichincha.

El exfuncionario apuesta por una unidad para construir una propuesta que recupere la democracia y la convivencia social pacífica. Además señaló que es necesario regresar al Ecuador para realizar la campaña política para estas elecciones generales. «Más que aceptar cualquier candidatura, mi nombre está para contribuir a la construcción de este binomio, las candidaturas de una gran alianza del centro y las izquierdas como tal.

Policías y el crimen organizado

Serrano advirtió que al menos 1.500 policías en servicio activo tienen relación con el crimen organizado. Agregó que se envió un listado con los nombres a la ministra del ramo, Mónica Palencia.

«Le dimos el listado de los primeros 15 policías, el primero de la lista, el mayor Córdova ya huyó ¿Quién es el mayor? Vinculado a las estructuras criminales de narcotráfico y que dirigía la inteligencia en puertos y aeropuertos en Guayaquil. Le dieron el pase a Ambato y huyó. No se presenta desde hace 3 semanas a trabajar», expresó. (MIB)

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«La ciudadanía debe conocer que este proyecto no se tramitó durante el gobierno de Guillermo Lasso, del cual fui ministro de Ambiente, Agua, Transición Ecológica. Nosotros tuvimos una política ambiental clara, para la protección de la bioversidad ecuatoriana», escribió en el documento.

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Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron a diario La Hora que se abrió una indagación previa por el caso en la población de Olón, Santa Elena. «Como en todos los casos de los cuales tiene conocimiento la FGE, se abrió una IP (indagación previa)». (MIB)

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El acuerdo ministerial sobre las jornadas de trabajo desfigura la jornada de 8 horas y cambia su estructura:

Artículo 3.- De los horarios o jornadas ordinarias o regulares. Se consideran horarios ordinarios o regulares, y por tanto no sujetos a la autorización por parte del Ministerio del Trabajo, aquellos que se encuentren enmarcados en las siguientes circunstancias:

a) Jornada ordinaria diurna de ocho (8) horas diarias.

b) Jornada ordinaria nocturna de ocho (8) horas diarias.

c) Jornada ordinaria mixta de ocho (8) horas diarias, esto es, la que inicia en jornada ordinaria diurna y termina en jornada ordinaria nocturna o viceversa.

d) Jornada de cuarenta (40) horas semanales transcurridas en cinco (5) días consecutivos. e) Jornada parcial permanente de menos de cuarenta (40) horas semanales ocurridas en cinco (5) días a la semana.

f) Jornada de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en hasta cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, de acuerdo con lo determinado por el artículo 47.2 del Código del Trabajo.

g) Jornada parcial de menos de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto.

h) Jornada ordinaria en la que implique un descanso de hasta dos (2) horas en la mitad de la jornada.

i) Jornada regular de las diferentes modalidades contractuales emitidas por el ministerio del ramo de conformidad al artículo 23.1 del Código del Trabajo.

Por tanto, en el artículo 4 se habla de jornadas dinámicas de trabajo, es decir, la distribución de las 40 horas semanales de trabajo que podrán llegar hasta las 12 horas diarias. Si bien tendrá que tener la autorización del empleador, permite al empleador dividir las cuarenta horas diarias según mejor le parezca.

La jornada continua de trabajo se colocó por 70 días. «Si las actividades desarrolladas requieren la prestación de servicios ininterrumpidos, las partes de la relación laboral podrán pactar por escrito la ejecución de jornadas consecutivas de trabajo que podrán acumularse hasta por un máximo de setenta (70) días continuos, previa autorización de la autoridad competente. Las jornadas continuas de trabajo se podrán ejecutar durante los siete (7) días de la semana, en jornadas diarias de hasta ocho (8) horas que serán distribuidas en función de las necesidades de la actividad».

Más precariedad

Además el contrato productivo, que data del gobierno de Lenín Moreno, subirá de uno a tres años.

Artículo Único. Sustitúyase el artículo 5 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-220, por el siguiente texto:

“Art. 5.- De la duración del contrato productivo.- La duración del contrato productivo, en forma continua o discontinua, será de hasta un año, pudiendo renovarse en dos ocasiones por el mismo período, por lo que no podrá ser superior a tres (3) años en total.

Se podrá acordar un periodo de prueba de hasta noventa (90) días. Si al cumplirse este plazo las partes acuerdan continuar con la relación laboral, se entenderá a partir de ese momento, para todos los efectos legales, como un contrato indefinido. El contrato indefinido mantendrá las condiciones establecidas en los términos de la contratación inicial.

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«Luego de un manejo de las cuentas fiscales realmente desastroso, que se origina con una intencionalidad política para demostrar, falsamente y manipulando la información de la gestión del Ministerio de Economía, que el gobierno dejaba la casa en orden. La consecuencia directa e inmediata es que no tienen un centavo en la caja fiscal», dijo en entrevista en Aunque no esté de moda de Radio Municipal.

Agregó que el gobierno no movió un dedo en reactivar la economía real. «Poner en marcha una economía en la que se incremente el consumo, la producción y el empleo, para eso se necesita una economía económica desde lo fiscal que sea fuerte y orientada a la inversión pública».

Esto llevó a crear una inversión pública que solo constara en las actas y no en la práctica. «La inversión pública en el papel era la quinta o sexta parte de la inversión que fue hace 10 años. Se retiraron, desde la gestión del gobierno, recursos que circulaban normalmente en la economía. Por ellos menos dinero en la economía, menos posibilidad de que la economía se reactive».

Cifras erradas

«Lo peor de todo es que para mostrar como que si fuera un éxito de este gobierno la reducción del déficit fiscal. En el presupuesto general del estado en 2023 se inflaron notablemente los ingresos y se desinflaron los gastos. El resultado final aparecía muy positivo, pero en la realidad los ingresos eran bastante menores», explicó

Es el caso del sector petrolero. De acuerdo con lo que consta en el presupuesto general del Estado se producen diariamente 515.000 barriles en promedio, sin embargo, esta cifra no concuerda con la realidad ya que se producen 486.000. Por cada barril de petroleo falso, eran USD 70 menos que entran diario a la caja fiscal. Además que habían muchos más gastos de los que estaban en el presupuesto.

«El resultado, simple y llanamente, es que no alcanzó la plata. Este momento no tienen para poder cerrar el año y le dejan al nuevo gobierno el peor mes, diciembre, para que se hagan cargo de este muerto bastante grande», acotó el experto.

¿Y las soluciones?

Para el ex ministro hay varias salidas y todas requieren una brutal política. Una de ellas es cobrar los impuestos. «A la fecha, ya estamos con alrededor de USD 2.000 millones de impuestos que no han sido pagados por grandes contribuyente morosos y el SRI debería echar mano de esos recursos. Una de las empresas relacionadas al presidente electo está en esa lista».

En vista de que un nuevo gobierno asumirá el poder en diciembre, Noboa deberá presentar la proforma al presupuesto general del Estado máximo hasta enero de 2024. El problema es que no existe una base de ingreso y egresos para establecer dichos presupuestos, lo que sí hay es una acumulación de deudas enormes sin registrar. «A esto los economistas le llamamos la bola cuando se hace mal un presupuesto. En el papel sí aguanta, pero en la realidad no hay dinero y empiezan a generarse muchos atrasos».

La deuda de los GAD provinciales, por ejemplo, se acerca a los USD 600 millones. Sumadas a los GAD municipales llega a los USD 1.500 que deben pagarse por ley. Sin embargo, esos pagos no son los únicos. Están los proveedores del Estado a los que no se han pagados USD 2.000 millones. Como todo esto consta en el presupuesto general no se los denominan deudas si no atrasos porque se supone que en un momento entrará esa plata. Eso será el siguiente año, pero como no está registrado, el pago se retrasa cada vez más y se forma una bola de deuda. (MIB)

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En el audio se puede oír: «oye Rocky, tal vez tú no te has enterado, pero yo ya renuncié al Ministerio de Agricultura y Ganadería y mandé a la (…) a esos (…)».

Álava presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Agricultura el pasado 28 de abril y un día después el presidente Lasso dijo que había solicitado la renuncia a los miembros de su gabinete.

«El Gobierno Nacional, en su primer año de gestión, está realizando una evaluación de todo su gabinete y efectuando los cambios que considere pertinentes en función de la mejor ejecución del Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025», señaló la secretaría de Comunicación en Twitter.

La respuesta del exministro

Luego de la difusión del presunto audio, Álava publicó un comunicado, a través de su cuenta de Twitter, en el que agradece a Guillermo Lasso por haber confiado en él para el cargo en esa Cartera de Estado. También señaló que el audio fue editado para dañar su «buen nombre».

«Rechazo toda intención que quiera dañar mi buen nombre. En cuanto al audio que circula en redes sociales, el cual ha sido editado y manipulado», dijo.

Ayer en la tarde, Lasso posesionó al nuevo titular del Ministerio de Agricultura, Bernardo Manzano.

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“El informe que lleva este señor al presidente de Colombia fue aprobado por la Comisión de Fiscalización, por una mayoría de cinco votos y no ha pasado por el Pleno de la Asamblea. A diferencia de lo que él comunica en Colombia, no es un informe que la Asamblea haya aprobado. Es un informe de él, su equipo de trabajo y los legisladores que votaron a favor”, dijo en una entrevista con BLU Radio.

A juicio de Borja, el informe de minoría también debió ser conocido por el presidente Duque. En segundo lugar, el exfuncionario señala que existe una arrogación de funciones por parte de Villavicencio. “Él no representa a la Asamblea Nacional, sino que es un actor político ecuatoriano que se ha definido clara y públicamente que tiene un odio y venganza contra el expresidente Rafael Correa que no va a superar y que es el móvil para elaborar este informe”.

Lavado de activos

Sobre si existió entre Venezuela y Ecuador, un sistema para lavar activos, que permitió el movimiento ilegal de USD 2.600 millones, Borja responde que esa conclusión es falsa y equivocada. “El sistema unitario de compensación regional funciona como el sistema anterior que teníamos los países latinoamericanos. El sistema SUCRE reemplaza la decaída del sistema ALADI para promover el comercio intrarregional. Lo que dice Villavicencio es bastante impreciso”.

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Informe con errores

Sobre el informe, el exministro precisó que fue elaborado por Villavicencio y su equipo técnico. “Tanto así que mucho antes que el informe se apruebe, él venía dando declaraciones. En segundo lugar, lo hicieron pasar como informe de mayoría cuando solo lo aprobaron 5 asambleístas de la comisión”.

La entrega del informe al presidente Duque, de acuerdo con Borja, está enmarcado dentro del objetivo de Villavicencio. “Armar un relato de que habría existido una estructura de crimen organizado y lavado. De alguna manera, algunos actores políticos colombianos le dan lugar a un show político porque está plagado de irregularidades. Estas personas inducen al error al presidente Duque. Cosa que sucederá con la Fiscalía colombiana”.

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De acuerdo con un vídeo, el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez habló la madrugada de los hechos con el exministro de Salud, Mauro Falconí. En el audiovisual, Falconí le indica que le desfiguraron la cara y que arrastraron al ascensor e intentaron violar a su pareja.

«Por medio de la Policía Nacional internaron armar una coartada», explicó la asambleísta en su disertación. No obstante no se explicó a quién benefició esa coartada y que elementos tuvo.

Juicio político

Guamaní dijo que tenían pruebas suficientes para empezar el proceso de juicio político contra Carrión. Indicó que ni Gabriel Martínez ni el defensor del Pueblo han entregado respuestas escritas, documentales o comparecencias.

«La defensoría del Pueblo informó que las vacaciones a las que se acogió el defensor finalizan este 17 de junio y que se acogerá a una licencia. Esto no es verdad porque la licencia la concede la Asamblea Nacional», añadió.

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«Yo hablé con el presidente la noche anterior y le dije que esperaba recibir lo de Sinovac. Él me dijo de chiste a chiste: “Ándate, pero tómate unos dos cocteles a mi nombre. Y eso fue”, expresó para Mundo Diners.

El exfuncionario dijo que no se fugó del país. «Yo le dije a mi abogado que pensaba irme el fin de semana a Estados Unidos y me dijo: Aquí hay un problema político y mediático muy fuerte… váyase mientras pueda, y esa fue la razón. Pero yo no me fugué», añadió.

Vacunados VIP

Zevallos explicó porque vacunaron a altos funcionarios del Gobierno.

«En una reunión de Gobierno decidimos que había que mandar un mensaje de institucionalidad al país, por eso, invitamos a la fiscal general, al procurador, al contralor, al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, a varios ministros de más sesenta años de edad… porque son elementos importantes para preservar la institucionalidad del país».

Sobre los periodistas vacunados, dijo que buscaban dar un ejemplo. «Es decir, si vacuno al señor Diego Oquendo o a Gonzalo Rosero, estoy haciendo algo ejemplificador porque en el hospital de Chone un día el 80 % del personal médico de primera línea no quiso vacunarse diciendo que no cree en las vacunas».

Médicos que contagian

El exministro se ratificó en que los miembros del personal de salud llevan el virus a los hospitales.

«Las estadísticas mundiales muestran que en el 70 % del personal de salud que asistía a fiestas, reuniones… adquiría el virus allí, y tengo una serie de documentos que lo respaldan. El exministro de Salud, el doctor (Mauro) Falconí, atiende una fiesta con mariachis, regresa y contagia a mi despacho, y muere Gabriel Rivadeneira, el abogado del MSP».

El plan de vacunación

¿Hubo o no un plan? Zevallos dice que si y que el expresidente Moreno lo sabía.

«El plan de vacunación fue discutido diez veces con el presidente, frente al presidente, él participó, fue informado… ¿Por qué el presidente dijo que estaba en la cabeza del ministro? No entiendo. Es algo que no logro entender».

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La institución confirmó, mediante su comandante general Jhonny Aguilera, la fuga de dos exministros del gobierno de facto de Jeanine Añez. Según el representante de la fuerza pública, los exfuncionarios tomaron un vuelo de la Fuerza Aérea Boliviana de Santa Cruz, rumbo a Puerto Suárez. Según Aguilera, los fugitivos tuvieron por destino final las tierras de Brasil y Panamá, donde arribaron hace varios días.

Desde el 17 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia anunció que solicitará a la Interpol la difusión de sello azul. El objetivo de la Fiscalía es facilitar la captura de los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López. 

Antecedentes

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía General de Bolivia emitió órdenes de aprehensión contra los exministros de Gobierno y Defensa del régimen de facto de Jeanine Añez. Las órdenes fueron justificadas por una investigación sobre la compra de gases lacrimógenos con sobreprecios y acusaban a los exministros de “uso indebido de influencias” y “otros delitos”.

La Fiscalía del país andino abrió la causa contra los exfuncionarios del gobierno de facto por denuncias de parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Según los informes del MAS, los exministros suscribieron un contrato con la empresa Bravo Tactical Solucitions, con sede en Estados Unidos. El acuerdo habría permitido la adquisición de bombas lacrimógenas por precios de entre los USD 36 y 39 por unidad. (JEB).

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“Reina, Richard, Benigno y Gustavo son profesionales altamente respetados que representan lo mejor de América Latina y el Caribe. Su experiencia complementaria en los sectores público y privado, sus enfoques innovadores y su amplio conocimiento de las necesidades. Además de los desafíos que enfrenta la región fortalecerán el liderazgo del BID durante estos tiempos de crisis”, afirmó el presidente, Mauricio Claver-Carone.

Atropello constitucional

La decisión del organismo internacional viola el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana que reza:

“Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes dos años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección, o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que celebren contrato con el Estado. Bien sea para la ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos o explotación de recursos naturales, mediante concesión, asociación o cualquier otra modalidad contractual, ni ser funcionarias o funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país”.

El ministro de la deuda

El pasado 7 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció la aceptación de la renuncia de Martínez después de dos años y cuatro meses en el cargo.

El exministro deja un legado cuyo principal sostén es la deuda externa. Préstamos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el propio BID. Tenedores de bonos deuda y una renegociación que extenderá los pagos hasta 15 años más son parte de su gestión.

Martínez indicó que ese dinero permitirá mitigar los estragos económicos de la emergencia sanitaria. Sin embargo, la deuda pública aún se mantiene en USD 59.000 millones.

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Dentro del caso también estaban involucrados Juan Carlos B., Johanna V. y quienes tuvieron la sentencia de 3 años y cuatro meses de prisión.

Además de esto, el Tribunal estableció que Walter A. no era cómplice sino coautor del delito. Como cómplice le habían dictado 3 años de prisión. Esa condena, con el nuevo delito, subió a 4 años y 10 meses de privación de libertad.

Según la Fiscalía, Iván Espinel se benefició con activos de origen ilícito. Los acusados, por su parte, colaboraron para ocultar la determinación real de fondos producto de actos ilícitos y prestar sus nombres o el de empresas para el cometimiento de delitos.

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