Quito 28 de dic (La Calle).- Los alrededores del palacio de Gobierno estaban cercados. La Policía Nacional solicitaba identificaciones a quienes buscaban superar los filtros. Entre las calles Benalcázar y Mejía, una larga fila de ciudadanos esperaba para ingresar al edificio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

A pocos metros, los manifestantes de la Unión Popular y de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) exteriorizaban su malestar en la Plaza Grande. Sus consignas eran en apoyo a los trabajadores de Explocen. Los manifestantes, cerca de una decena, tenían maletas en sus espaldas como si recién hubiesen llegado a la Capital. Con banderas rojas expresaban su insatisfacción y enojo por los sucesos del fin de semana en la fábrica ubicada en la provincia de Cotopaxi.

La convocatoria se difundió el pasado 26 de diciembre. La idea era que organizaciones sociales se reunieran en un plantón frente al Ministerio de Gobierno, sin embargo el cerco policial impidió el paso de las personas argumentando que solo podía acercarse una a la Cartera de Estado. Esta delegación debía entregar una solicitud a las autoridades para que se realice la protesta. Edwin Bedoya, delegado de los manifestantes, ingresó al Palacio con la misión de lograr la autorización del plantón.

La marcha se convocó dos días antes

“En el oficio se plantea el retiro de la Policía y se acompaña de un pedido al Ministerio del Interior para que no se agudice la situación en Explocen. Nosotros pedimos que los agentes se retiren de la empresa, porque este es un tema laboral. Alrededor de 160 familias no cobran los sueldos desde hace tres meses”, dijo Bedoya.

Blanco de abuso policial

Los trabajadores solicitaron la solución inmediata del conflicto que lleva de más de 166 días. “Explocen tiene que enfrentarse a los aparatos de represión. Las leyes están a favor del patronal”, añadió Bedoya.

En Navidad, los huelguistas anunciaron que se registró una incursión militar y policial en la fábrica. Los ciudadanos fueron víctimas de múltiples agresiones físicas, por lo que responsabilizaron al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El 25 de diciembre, último William Guanoluisa fue retenido y posteriormente liberado, sin embargo se irrespetaron sus derechos humanos. “Las leyes están a favor de los aparatos de represión. Estábamos en una reunión de diálogo social hasta que ingresaron sin previo aviso miembros de las Fuerzas Armadas, acompañados del gerente de la Empresa, de inmediato empezaron las agresiones”, acotó.

La Constitución de la República en el Art. 98 establece: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

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Quito 26 de dic (La Calle).- Este sábado se realizará la audiencia de Habeas Corpus para determinar si la detención del ciudadano William Guanoluisa por parte de la Policía Nacional del Ecuador es ilegal. Esta decisión fue tomada luego de que El Consejo de la Judicatura en Latacunga cerrara ayer a las 14:00. Los trabajadores de Explocen notificaron que en la tarde un grupo de militares armados llegaron a la fábrica

«Responsabilizamos a los Ministros de Interior y de Defensa por la seguridad y la vida de los compañerxs del @ComiteCt #NavidadConRepresion», publicaron a través de Twitter.

De acuerdo con las declaraciones de Felipe Ogaz, miembro de Acción Jurídica Popular el viernes 25 de diciembre, el dirigente William Guanoluisa realizaba el cambio de guardia cuando un grupo de agentes policiales lo detuvieron. Después de que los uniformados no pudieron levantar cargos en su contra, lo soltaron. De inmediato, los abogados presentaron el recurso de habeas corpus por la detención del ciudadano, que según ratificaron no presenta argumentos válidos. Esta tarde, el oficio será atendido en el organismo.

Ogaz manifestó su preocupación por la aprehensión de su compañero cuando el Consejo de la Judicatura mantenía cerradas sus puertas. «Esto es grave. Él podría haber desaparecido. No es posible que el Consejo de la Judicatura decidiera cerrar el 25 de diciembre como si estuviésemos libres de que algo así sucediera. Si una fábrica esta en huelga, entra en custodia de los trabajadores. Nadie debería entrar a las instalaciones y mucho menos detener a uno de los trabajadores. Es ilegal», afirmó

Blanco de abusos

Hasta el momento se cumplen 166 días de la huelga de los trabajadores de Explocen. Durante este periodo, los laboradores fueron víctimas de abuso policial y posible desalojo según la Acción Jurídica Popular. Una de las trabajadoras informó que los agentes policiales ingresaron de manera violenta, rompiendo candados y mallas y agrediendo a compañeros. A las 7 de la mañana, 150 policías allanaron el sitio para realizar un «inventario».

Los trabajadores revelaron la carta dirigida al defensor del pueblo, Freddy Carrión, en la cual explicaron los últimos hechos suscitados en la huelga. «Nosotros como trabajadores, para superar el conflicto, hemos hecho varias propuestas a la contraparte, mismas que mantenemos, sin embargo, no han tenido oídos ni han sido consideradas. Con el ánimo de llegar a un acuerdo en beneficio de ambas partes solicitamos la mediación de usted para que el diálogo fructifique», reza la solicitud.

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«Nos han informado que en la noche de hoy, vienen dos contingentes más (Policía Nacional) desde Quito para desalojar a los compañeros que se encuentran en huelga», expresa una de las trabajadoras.

Los afectados alertan que la Policía Nacional permanece en los interiores de la empresa desde la mañana. «Los agentes ingresaron de manera violenta, rompieron los candados y la malla, agredieron a los compañeros, uno de ellos fue detenido», explica la trabajadora.

La mañana de este viernes, la Policía Nacional reprimió a los trabajadores de Explocen que se encuentran en una huelga de más de 160 días.

Los trabajadores denunciaron al coronel Juan Carlos Salazar, «quien, desde el principio de la huelga, ha venido agrediendo a los trabajadores de Explocen». Aseguraron que no «claudicarán» en su lucha «porque es nuestro derecho, nuestra huelga legítima».

La Policía no aceptó los hechos

La tarde de este viernes 25 de diciembre, la Policía Nacional emitió un comunicado en redes sociales. El documento no evidencia la represión que sufrieron los trabajadores por parte de la fuerza pública, pero sí reconoce la presencia de los agentes en el lugar.

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El Comité de trabajadores de Explocen dio a conocer el hecho a través de un video en sus redes sociales. En el audiovisual, uno de los afectados afirma que la Policía Nacional agredió de forma «física y psicológica, disparando en los interiores de la empresa».

Uno de los trabajadores denunció, en el video, al coronel Juan Carlos Salazar «quien, desde el principio de la huelga, ha venido agrediendo a los trabajadores de Explocen». Aseguró que no «claudicarán» en su lucha «porque es nuestro derecho, nuestra huelga legítima».

Los trabajadres agredidos aseguran agentes de la Policía Nacional golpearon a uno de sus compañeros y lo subieron a una patrulla.

Los hechos

Los trabajadores de Explocen C.A cumplen 167 días de una intensa huelga en defensa de sus derechos laborales.  El Colectivo Acción Jurídica Popular denunció que los trabajadores despedidos ¨fueron arrojados a la calle en pandemia, sin indemnización, alegando fraudulentamente la aplicación del Art. 169 del Código del Trabajo”.

El gerente general de la empresa, con el respaldo del ISSFA, rebajó la jornada laboral y en consecuencia las remuneraciones de la mayoría de trabajadores. El Gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días que no fueron remunerados completamente.

A inicios de diciembre, Defensoría del Pueblo (DPE) alertó sobre un posible desalojo de los trabajadores de la empresa por parte de la fuerza pública.

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«Se recuerda a las autoridades gubernamentales que las y los trabajadores ejercen su derecho a la huelga; la fuerza pública no puede intervenir hasta que el caso concluya; en observancia, aplicación y respeto de los estándares del régimen laboral y derecho humanitario», dice parte del comunicado de DPE.

Defensoría solicitó que el Ministerio de Trabajo envíe una persona que constate la situación en los exteriores de Explocen, frente al posible desalojo.

150 días de protesta

Los empleados de la empresa llevan 150 días de protesta en los exteriores de EXPLOCEN C.A. El Colectivo Acción Jurídica Popular denunció que los trabajadores despedidos ¨fueron arrojados a la calle en pandemia sin indemnización, alegando fraudulentamente la aplicación del Art. 169 del Código del Trabajo”.

Por su lado, la Fiscalía de Cotopaxi solicitó la comparecencia de los miembros directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). Entre ellos, el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín.

Asimismo, datos del Ministerio del Ministerio de Trabajo revelan que el gerente perjudicó a 72 trabajadores, con un total de 1.977 días sin remuneración. Un video ciudadano evidencia el abuso de poder por parte de la fuerza pública; los trabajadores reivindican su lucha a la voz de «Explocen no se vende, Explocen e defiende».

Finalmente, frente a esto el director del Centro de Derechos Económicos y Sociales–CDES, Pablo Iturralde, aseguró que el Ministerio de Trabajo «tiene la obligación de revisar que los contratos sean legales y que respeten los derechos de los trabajadores».

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A partir del 03 de diciembre, Oswaldo Jarrín Román, presidente del Consejo Directivo, y otros altos funcionarios del ISSFA deberán acudir a la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso EXPLOCEN. Adicionalmente, los directivos del ISSFA están obligados a justificar las acciones del gerente de la empresa, Byron Vizcaino, que violentaron los procesos de contratación colectiva.

 La huelga en EXPLOCEN

Los empleados de la empresa EXPLOCEN C.A. cumplen 122 días en una intensa huelga. Esta inició tras el despido intempestivo de trabajadores con más de 20 años dentro de la empresa. El Colectivo Acción Jurídica Popular, en representación de los empleados de EXPLOCEN, denunció que los trabajadores despedidos ¨fueron arrojados a la calle en pandemia sin indemnización alguna alegando fraudulentamente la aplicación del Art. 169 del Código del Trabajo”.

Tras esta vulneración de derechos laborales, el gerente de EXPLOCEN, aplicando la normativa prevista en la Ley Humanitaria, rebajó la jornada del resto de empleados; en consecuencia, su ingreso salarial.

Por ello, los huelguistas exigen el respeto a sus derechos de contratación colectiva y estabilidad laboral. “El Ministerio de Trabajo ha sido cómplice para que se rebaje el salario a personas con discapacidad; incluso sin tener presente que sus propios acuerdos ministeriales lo prohíben”, denuncia el Colectivo Acción Jurídica Popular.

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“La arremetida en contra de nuestros derechos laborales ha encontrado apoyo en las acciones de Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT y el FUT. Ha hecho gestiones para que entreguemos la fábrica al dueño de la empresa y terminemos la huelga (…) Nuestros derechos no se venden ni se negocian y la interferencia que Mesías Tatamuez haga en tal sentido, no la protegerá en nuestra voluntad de defender nuestros derechos”, indica una parte de la misiva.

Los representantes de los trabajadores indicaron que no recibieron el apoyo de la dirigencia sino evasivas. “Por ejemplo, no se hizo frente al ministro de Trabajo, Andrés Isch cuando señaló que los trabajadores habíamos dado una golpiza a un inspector de trabajo. Falsedad que no se quiso reclamar a esta autoridad que nos ha denunciado por ataque para amedrentarnos”, agregan.

Los trabajadores tienen el apoyo

“Es una pena que manipulen así la información. Yo no conozco la carta, pero voy a decir que he hablado con Freddy (presidente de los trabajadores de Explocen) y dice que los abogados dijeron eso. Voy a pedir una audiencia en el Ministerio para que vaya la directiva a escuchar”, le dijo Mesías Tatamuez a Radio La Calle.

El dirigente indicó que una persona particular no puede llegar a un acuerdo con la empresa. “La directiva sabe cuanto se ha apoyado y las autoridades también saben cómo se ha apoyado (…) Yo no sé qué intereses mezquinos habrá afuera o adentro, pero el responsable de todo esto se llama Ministerio de Trabajo y no la CEDOCUT, peor las personas”, agregó.

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El recurso fue presentado en la Fiscalía General del Estado por prevaricato e incumplimiento de decisiones de autoridad competente.

También presentaron una demanda contra los árbitros Néstor Layedra y Franklin Valencia; por abandono del recurso de apelación, a pesar de que el artículo 247 numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos y la Sentencia de la Corte Constitucional 13-17-CN/19, lo prohíben.

Los trabajadores de Explocen se encuentran cerca de tres meses sin sueldos, tras la huelga que mantienen. El Ministerio de Trabajo no se pronuncia al respecto.

Irregularidades

A finales de septiembre 2020, la abogada de los trabajadores de Explocen, Angélica Porras dijo que el Director Regional De trabajo, quien preside el tribual de conciliación y arbitraje, no cumple con los requisitos del Código de Trabajo No.518 para desempeñar su cargo. El Director no cuenta con el requisito mínimo de cinco años de ejercicio profesional notorio.

Además, la viceministra de Trabajo, Sharian Moreno, secretaria relatora en la mesa de negociación en el caso Explocen, cambió los textos de las actas. Los trabajadores de Explocen pusieron un reclamo de la participación del Ministerio de Trabajo en la mesa de negociación.

Los hechos

Desde julio 2020, las y los trabajadores de la fábrica de explosivos Explocen, perteneciente a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, permanecen en una huelga legítima. Exigen al instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y otros accionistas les suscriba un nuevo contrato colectivo.

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Como resultado los trabajadores afectados dejaron de asistir a las mesas de negociación. Se reactivó el tribunal de conciliación y arbitraje que llamó a dictar la audiencia el pasado viernes 25 de septiembre.

“Los trabajadores hicimos un reclamo formal al Ministerio de Trabajo. Expusimos que deben tener más cuidado porque están llevando adelante una negociación entre empleador y trabajador. Además debían enviar el acta diaria a las partes implicadas”, dijo Angélica Porras, abogada de los trabajadores afectados, en entrevista con Radio La Calle.

Irregularidades

El Director Regional De trabajo, quien preside el tribual de conciliación y arbitraje, no cumple con los requisitos del Código de Trabajo No.518 para desempeñar su cargo. El Director no cuenta con el requisito mínimo de cinco años de ejercicio profesional notorio.

La abogada Porras aseguró que existen muchas irregularidades más. En este caso el Director Regional de Trabajo está causando incompetencia en el tribunal.                

En 2015 la gerencia intentó vender Explocen a una empresa china. Los trabajadores se opusieron. Ahora, presenciamos un segundo intento de privatizar la empresa. Existe un acta de enero 2020 donde se habla de un presupuesto definido para despedir a todos los trabajadores de Explocen.   

El movimiento indígena de Cotopaxi

Explocen se ubica en una zona de territorios indígenas, en la vía que conduce Saquiislí a Poaló.

La intervención del movimiento indígena de Cotopaxi ha sido de solidaridad y acompañamiento a los trabajadores. Sin embargo, existe otra cuestión que tiene que ver con las tierras.

La abogada dijo que existe la posibilidad que el territorio donde se ubica Explocen pertenezca al movimiento indígena de Cotopaxi; pero, desconoce la posible toma de tierras por parte del movimiento.

Los hechos

En medio de la crisis del Covid- 19, empresas ecuatorianas despidieron a su personal, ante esto la Asamblea dispuso que las empresas se acojan al numeral 6 del Art. 169 del Código de Trabajo. Ese artículo señala que una causa para la terminación del contrato es un “caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitarícu”

Desde el pasado mes de julio, las y los trabajadores de la fábrica de explosivos Explocen, perteneciente a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, permanecen en una huelga legítima, encaminada a exigir al instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y otros accionistas les suscriba un nuevo contrato colectivo.

Las protestas adquirieron mayor fuerza tras el despido de cinco trabajadores y el anuncio de un posible cierre de las instalaciones adjudicada al confinamiento por Covid-19.

El pasado 24 de agosto, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT decidieron sumarse a la huelga que protagonizan los trabajadores de Explocen. 

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Explocen en un icono de lucha por los derechos de los trabajadores y es necesario apoyar para que los derechos no sean violados.

Los hechos

En medio de la crisis del Covid- 19, empresas ecuatorianas despidieron a su personal, ante esto la Asamblea dispuso que las empresas se acojan al numeral 6 del Art. 169 del Código de Trabajo. Ese artículo señala que una causa para la terminación del contrato es un “caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas del campo, guerra y, en general, cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto, no lo pudieron evitarícu”

Desde el pasado mes de julio, las y los trabajadores de la fábrica de explosivos Explocen, perteneciente a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, permanecen en una huelga legítima, encaminada a exigir al instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y otros accionistas les suscriba un nuevo contrato colectivo.

Las protestas adquirieron mayor fuerza tras el despido de cinco trabajadores y el anuncio de un posible cierre de las instalaciones adjudicada al confinamiento por Covid-19.

El FUT en coordinación con varias centrales sindicales realizó un plantón de protesta y demanda ante la Corte Constitucional, para exigir el rechazo que manifiestan los empresarios en contra el Art. 169 del Código de Trabajo.

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En la sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, el dirigente de Explocen, Franklin Caiza, dio a conocer los procesos judiciales que los trabajadores enfrentan por reclamar sus derechos. Acusó que la empresa no ha cumplido con todas sus obligaciones con respecto a los Derechos del trabajador y denunció el uso del aparataje estatal para silenciar las protestas, a través del uso de la Policía, las FF.AA. y Fiscalía. Los trabajadores enfrentarían tres procesos penales: por instigación, paralización de servicios públicos y por incumplir orden de autoridad competente.

Además, criticó al Ministerio del Trabajo, por intentar detener la huelga que fue aprobada por la entidad misma. Según la abogada de los trabajadores de Explocen Angélica Porras, el ministro Andrés Isch basaría su argumento para desarticular la protesta en una figura legal que no existe. “Tendrían que reformar la Constitución”, para prohibir la protesta aseguró la abogada.

Autoridades minimizan la protesta

Alejandro Vela, en cambio asegura que las responsabilidades de su cargo no tendrían que ver con la empresa de explosivos y que su trabajo es administración del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Menciona que la empresa tiene un inversionista privado minoritario EEUU y que por tanto no recae todas las decisiones sobre el ISSFA.

Según Vela, su responsabilidad está relacionada con el ISSFA, pero reconoce las condiciones de los trabajadores. Dijo que quienes protestan son “un grupo pequeño de trabajadores” y que también hay quienes están contra la paralización de las actividades. El director del ISSFA asegura que la toma de la planta ha provocado la pérdida económica USD 280.000, que podrían afectar a los afiliados y advirtió del posible cierre de la empresa.

Después de esta intervención, Vela salió de la sesión. Frente a este suceso la Asambleísta Marcela Holguín dijo, «qué objeto tiene hacer una sesión donde las autoridades se quedan cinco minutos no responden y se van».

Ante las declaraciones de Vela, la Abogada de los trabajadores de Explocen, precisó que el único que menciona el cierre de la empresa es él. Que los trabajadores buscan mantener la empresa en funcionamiento y solo piden que se respeten sus derechos. Esto se sumó a las demás voces de los asistentes, quienes coinciden con el reclamo de los trabajadores y piden que se respete los derechos.

Además, la principal autoridad no se presentó a la comparecencia, acto que fue condenado por la Asambleísta de Revolución Ciudadana. Quien después de conocer que Andrés Isch, ministro del Trabajo, habría presentado una excusa para no asistir a la reunión, resaltó que ya se ha hecho costumbre que los ministros del Gobierno no asistan a las comparecencias de fiscalización de la Asamblea y que ese podría ser causal para juicios políticos. (AB)

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“No tenemos avance alguno por parte de las autoridades del ministerio de trabajo y por parte de la Fiscalía tenemos cuatro juicios por instigación, paralización de Servicios Básicos y no cumplimiento de Autoridad Competente”, indicó para Radio La Calle, Freddy Caiza, dirigente del Sindicato de Trabajadores de esta fábrica.

Agregó que los dueños de la empresa, directivos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el gerente general de Explocen,no han dado la cara con los trabajadores para arreglar la situación.

EL pasado 11 de julio, representantes de los trabajadores colocaron una acción de protección en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar por los juicios en su contra. Fiscalía no abrió investigación al Ministerio de Defensa por la militarización de Explocen.

Militarización de la empresa

“La empresa está militarizada hasta el momento. No comprendemos como una persona «Gerente» civil tuvo el poder para mover las instituciones del estado como EJÉRCITO , FISCALÍA Y POLICÍA en contra de trabajadores honrados y responsables que buscamos en derecho la contratación colectiva”, dijo Caiza.

El mismo criterio tiene la abogada de los trabajadores de la fábrica, Angélica Porras. “Que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tenga acciones en Explocen, no quiere decir que el Ministerio de Defensa se crea el dueño de la fábrica”.

El siguiente paso es seguir denunciando a nivel nacional e internacional las persecuciones de la Policía, Ejército y Fiscalía “Además de radicalizar nuestra huelga con una medida más extrema como la huelga de hambre”, concluyó Caiza.

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